Joaquim Coll. (Galde 06, primavera/2014). Cataluña nunca ha gozado de tanto autogobierno como en la actualidad y pese a esto se está forzando a la ciudadanía a tener que escoger uno solo de los muchos lados que conforman su identidad. Frente a este desafío, Societat Civil Catalana (SCC) ha nacido para alzar la voz de las personas que consideran que Cataluña y el resto de España son tan suyas que cuestiones como la secesión no pueden tratarse con la frivolidad que caracteriza el proceso independentista.

La entidad apareció en público el pasado 23 de abril, en un acto multitudinario en Barcelona, presentando un manifiesto que, muy resumido, es el punto de partida para defender que la secesión ni la queremos ni nos conviene a los catalanes.

Hace unas semanas se presentó un memorándum, después de entregarlo a todo el cuerpo diplomático acreditado en España, explicando la posición de SCC respecto a la iniciativa de las formaciones soberanistas de llevar a cabo un referéndum el próximo 9 de noviembre, mediante una doble pregunta encadenada conceptualmente confusa y democráticamente fraudulenta, y que se quiere materializar incluso fuera de la ley.

SCC ha llegado para quedarse y romper la espiral de silencio que existe a la hora de manifestarse en contra del llamado proceso secesionista y respaldar a los que lo ponen en duda. Parecía imposible, pero finalmente se ha roto un tabú. Que estar en contra de la secesión no te convierta en un nacionalista español de derechas.

En Cataluña, como en cualquier otra sociedad abierta, las opiniones son diversas y la pluralidad política es rica. Sin embargo, desde la Generalitat se está llevando a cabo un plan tramposo que no se basa en la legalidad ni en la legitimidad democrática. Como ejemplo sirva la votación del Congreso del pasado 8 de abril para traspasar la competencia de convocatoria de referéndums a la Generalitat, momento en el que se visualizó que la mayoría de los diputados catalanes optaron por rechazar esa petición, 25 sobre 47.

En esta carrera sin línea de meta visible, el gobierno de la Generalitat no ha dudado en utilizar los fondos públicos para promocionar estructuras de un hipotético país escindido y cuyo objetivo -reconocido en público- no es otro que el de la propaganda para conseguir, no ya la celebración de una consulta, sino ganarla.

Así, el proceso iniciado tras las elecciones al Parlamento catalán de 2012 no es honesto ni transparente, y sitúa a una gran parte de la población en inferioridad, pese a que esta ciudadanía tenga el respaldo de la legalidad. Por si esto no fuera suficiente, tampoco hay base histórica, económica o lingüística que justifique un proceso de secesión que parte en dos a la población catalana y que, en palabras del político quebequés federalista Stéphane Dion, supone siempre un trauma para cualquier sociedad.

Tampoco es cierto que Cataluña fuera conquistada por España, ni que la guerra de 1714 fuera una guerra de secesión. De igual manera, es falsa la idea populista que ha calado en muchos sectores de la sociedad con la ayuda inestimable de los medios de comunicación públicos y que se resume en tristemente famoso: “España nos roba”, ahora adaptado a la recuperación económica con un lema igualmente cínico: “España nos frena”. Artur Mas y su gobierno insisten, contradictoriamente, en que Cataluña es una región rica y una potencia económica. Un mensaje que no es compatible con la versión que la equipara casi con una colonia explotada.

En ocasiones se alega también a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía, aprobado en referéndum con una participación inferior al 50% del censo. Una sentencia poco afortunada en la forma, pero que no modificó prácticamente el texto aprobado por las Cortes Generales y que, sin embargo, es considerado por los partidos nacionalistas como una intolerable humillación.

Societat Civil Catalana considera que la secesión es la peor de las opciones para los catalanes, sobre todo para las clases populares y medias, pues nos arrojaría a un escenario de enormes riesgos e incertidumbres que nos haría más pobres. Pese a la tensa situación, el momento presenta también oportunidades. Convertir las dificultades actuales y problemas enquistados desde hace más de 30 años es lo que anima a las más de 14.000 personas que ya han firmado el manifiesto fundacional de la asociación a dar un paso al frente y salir del anonimato.

* Joaquim Coll, es vicepresidente primero de SCC Societat Civil Catalana.