El modelo de la claridad de Canadá puede emerger a medio plazo como una tercera vía en el conflictivo debate territorial español
(Galde 17, invierno/2016). Alberto Surio.
El pleno del Parlamento vasco ha dado luz verde a la creación de una ponencia de Autogobierno para reformar el Estatuto de Gernika con los votos a favor del PNV, Elkarrekin, Podemos y PSE, la oposición del PP y la abstención de EH Bildu. El texto aprobado considera que la renovación del estatus político de Euskadi «respetará la voluntad política democráticamente expresada por la ciudadanía vasca» dentro del marco legal existente. La coalición soberanista requería que el «único límite» fuese «la voluntad» de la sociedad vasca.
Esta variable acordada es relevante porque incorpora el criterio que manejaron nacionalistas y socialistas en su programa de gobierno en relación con una actualización del Estatuto lo más amplia posible que después debería ser sancionada en referéndum. En el fondo, la vía ya desarrollada, sin éxito, por el Parlamento de Cataluña que terminó con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional algunos artículos claves de la reforma estatutaria. El actual colapso catalán procede en gran medida de aquel desencuentro.
Elkarrekin Podemos ha pedido agotar el plazo de seis meses del que dispone para presentar a la ponencia una propuesta detallada que pretende, según sus responsables, recoger el principio del “máximo consenso entre diferentes”. Una vez con planteadas todas las posiciones en este órgano parlamentario, la ponencia encargará previsiblemente un texto articulado borrador a un organismo externo. Lo más probable es que sea Eusko Ikaskuntza.
Lo cierto es que la búsqueda de un anclaje a la defensa del derecho a decidir dentro de un marco legal que no contempla expresamente el derecho de autodeterminación puede ser uno de los elementos más novedosos del debate pendiente, que se remite a la bizantina discusión sobre la soberanía. El derecho a decidir ‘pactado’ que preconiza Elkarrekin Podemos sintoniza con la posición defendida por el lehendakari Urkullu.
En todo caso, sobre el derecho a decidir difícilmente se va a llegar a un acuerdo porque se reproduce la fractura simbólica y política que desde la Constitución de 1978 se produjo en torno a esta sensible cuestión entre nacionalistas y no nacionalistas. El concepto del derecho de autodeterminación fue planteado inicialmente para la descolonización de los territorios de ultramar que aspiraban a convertirse en nuevos estados independientes y ha terminado convirtiéndose en un tótem doctrinal.
Así, el derecho a decidir es una visión más sofisticada de la autodeterminación original pero contempla una filosofía muy similar en la medida que quiebra el andamiaje jurídico construido en torno al principio tradicional de la ‘soberanía nacional’ recogida en el segundo artículo de la Constitución Española, que habla de “unidad indisoluble” de España y que garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Es decir, reactivar este debate supone en la práctica reabrir de lleno un nuevo proceso constituyente. Paradójicamente, la alusión a la plurinacionalidad estuvo latente en diferentes Constituciones del siglo XIX (en 1812, en 1837 y en 1845) y se referían al territorio español como “las Españas”.
El precedente de Loiola. La enorme dificultad para busca una solución intermedia nos remite a las discusiones que se plantearon en la mesa de las conversaciones de Loiola ente el PNV, el PSE y la izquierda abertzale. En algunos de los documentos que se barajaron en aquel diálogo, que terminó fracasado, se apuntaba a la necesidad de que el respeto a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca se adecuara siempre a lo que en cada momento histórico plantease el ordenamiento jurídico. Algunos de aquellos borradores, escritos en su día por Jesús Eguiguren, han sido años después incorporados al programa de gobierno de coalición PNV-PSE en el apartado relativo al autogobierno.
No obstante, el hecho de que la ponencia se haya puesto en marcha con el apoyo inicial del PNV, Elkarrekin Podemos y PSE sugiere que, al menos en el procedimiento, se ha articulado una mayoría transversal diferente a la relación de fuerzas que caracteriza el proceso catalán hacia la independencia, basada en la acumulación de fuerzas soberanistas.
Los pasos de la ponencia vasca podrían incidir en el concepto de la ‘plurinacionalidad’, asumidos de lleno por Elkarrekin Podemos y por el PNV, e incluso por algunos sectores socialistas. Así, el candidato a las primarias del PSOE, Pedro Sánchez, aboga en su propuesta por un reconocimiento constitucional de la realidad plurinacional de España. El gran desafío es buscar un consenso en torno a la capacidad de decisión que sea compatible con la legalidad . El principio de plurinacionalidad podría convertirse en un concepto talismán, una bisagra útil para encauzar el debate. En este sentido el PNV y Elkarrekin Podemos tienen serias posibilidades de articular un eje de reflexión compartida que pretende empujar a medio plazo al PSE y a Euskal Herria Bildu a flexibilizar sus respectivas estrategias.
Los temores de Europa. Uno de los escollos para la viabilidad de una ‘tercera vía’ es que cualquier modificación del estatus quo de los vascos debería pasar primero por una modificación de las condiciones de juego establecidas en la legalidad española. De entrada, solo si la legalidad española es sometida a un debate sincero sobe la plurinacionalidad del Estado será posible que determinadas reivindicaciones puedan ser no solo defendibles sino incluso materializables algún día en el ordenamiento jurídico.
El contexto, de entrada, es desfavorable. La situación europea, marcada por la incertidumbre del ‘Brexit’, apunta un cierre de filas de los estados, temerosos de que el resquebrajamiento de las soberanías tradicionales desestabilicen el tablero europeo y provoquen un efecto dominó. La multiplicación de los viejos nacionalismos y de las soberanías clásicas debilitarían a la UE en beneficio de otros actores como Rusia, Estados Unidos y, a partir de ahora, el Reino Unido.
Sin embargo, también podía plantease la conveniencia y oportunidad de otros mecanismos pactados intermedios que alivien determinados conflictos nacionalistas aplicando, por ejemplo, la fórmula de la ‘claridad’ canadiense. En Quebec, después de dos referéndums perdidos por los soberanistas, el Tribunal Supremo de Canadá y después una ley de Claridad de la propia Federación canadiense establecieron una serie de condiciones para llevar a cabo un proceso hacia la secesión. Por un lado, que existiera una mayoría democrática clara para la secesión que se hubiese manifestado en tal sentido de forma reiterada. En segundo lugar, que la pregunta que se formulase fuese también clara, sin subterfugios semánticos.
Es decir, la vía de la claridad rechaza el derecho unilateral a la secesión, pero a la vez obliga a la negociación de un nuevo estatus entre la Federación canadiense y la provincia de Quebec que encauce el contencioso. Es decir, combina el principio democrático con el principio de legalidad. Los soberanistas quebequeses se muestran muy reacios a esta propuesta.
Esta bandera de la claridad canadiense -en algún momento esgrimida por los socialistas de Cataluña, aunque después la aparcaron por diferencias internas- forma parte de las tesis manejadas en la actual dirección de Podemos y podría emerger en los próximos meses como una contribución renovadora al espinoso debate territorial.