Galde 37, ura 2022 verano. Rodrigo Irurzun, Soledad Montero.-
La montaña rusa en que se ha convertido el precio de la energía ha hecho que acapare portadas de todos los medios en el último año. Se ha escrito mucho sobre el tema, poniendo de relieve que el mercado marginalista no funciona, explicando las causas de estos precios, que incluyen factores «externos» como el precio del gas o de los derechos de CO2, y factores como el diseño del mercado, que lo hacen tremendamente injusto y desproporcionado. Los beneficios caídos del cielo que tradicionalmente disfrutaban las centrales amortizadas, se han multiplicado por tres, y la hidráulica ha ofertado a precio de gas porque es su «coste de oportunidad», mientras las eléctricas hacían caja y empresas y hogares se apretaban el cinturón, bajaban la persiana o pasaban frío.
Pero además del análisis del precio del mercado, merece la pena analizar si este sistema eléctrico está preparado para una transición energética que parece ya estar en marcha. Una transición energética que implica a todos los sectores, y la mayoría de la energía que consumimos no es electricidad. Ésta representa entre el 20% y el 25% de la energía consumida, en función del país. Sin embargo, los planes de descarbonización de la economía se basan, entre otras cosas, en una mayor electrificación, ya que la electricidad es un vector energético versátil, limpio en el lugar de utilización, y con gran facilidad de incorporar renovables.
La mayor parte de la energía que se consume se destina al transporte (entre el 30% y el 40%) o a usos térmicos como la calefacción, el agua caliente o procesos industriales. Y aunque es posible que parte del consumo actual de combustibles fósiles se abastezca en el futuro de combustibles de origen biológico o con hidrógeno de origen renovable, el papel de este último puede no ser tan relevante como nos venden, ya que su utilización es compleja, su eficiencia baja, y puede ser más un globo sonda de la industria que una alternativa real que salvará al Mundo de la crisis energética.
Hoy en día resulta cada vez más rentable sustituir viejas centrales de carbón, gas, fuel y nucleares por instalaciones eólicas o fotovoltaicas, gracias a la enorme caída de los costes de estas tecnologías. Y puesto que el sistema eléctrico es una pieza clave en la transición, se ha generado una auténtica carrera por acaparar puntos de conexión a la red, con una enorme saturación de proyectos eólicos y fotovoltaicos que está generando grandes tensiones en los territorios donde se quieren ubicar.
Este es el escenario donde transcurre hoy la transición energética, una transición, que a base de irse posponiendo por intereses económicos de unos pocos, nos afectará de manera cada vez más negativa y como no podía ser menos en una situación tan injusta, la sufrirán en mayor grado y en primer lugar aquellas personas consumidoras que menos han contribuido a llegar a esta situación. Pero también una transición energética que se hace para que todo se quede prácticamente igual, es decir, que las personas consumidoras se enteren poco de lo que pasa y por qué pasa y que sea difícil cambiar las reglas del juego, de este modo las grandes empresas podrán seguir manteniendo el control sobre un sector estratégico como es el de la energía.
El nuevo modelo energético que se reclama desde las organizaciones sociales no se basa únicamente en sustituir combustibles fósiles por renovables, sino que es fundamental democratizar el sistema, reducir el consumo, y garantizar unas tarifas justas. La conformación del precio de la energía en el mercado mayorista se ha convertido en un entramado financiero que sostiene la estructura empresarial oligopólica y si bien los gobiernos (no solo el español) están adoptando diferentes medidas para reducir precios, no han conseguido aún regularizar la situación y mientras tanto, la clientela cautiva del suministro eléctrico lo sufren, tanto directamente en sus recibos como de manera indirecta en la inflación que padecemos ya.
Por contra, las grandes empresas energéticas (ya sean petroleras, gasísticas o eléctricas) tienen un enorme poder económico que las convierte en uno de los sectores con mayor capacidad de influencia sobre el poder político y los medios de comunicación. En el sector eléctrico, tanto la generación, como la distribución y la comercialización, están en manos de unas pocas empresas. Y es que la realidad nos demuestra que la liberalización del mercado eléctrico no ha conseguido crear un mercado más competitivo gracias a la lógica “neoliberalista” de autoajuste oferta y demanda. Al contrario: mantiene un modelo de concentración, principalmente en tres empresas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, que por cierto, han sido expedientadas por el organismo de vigilancia de mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), por las mismas actuaciones: manipulación de precios en el mercado mayorista.
El control que estas empresas ejercen sobre las redes de distribución, impide o dificulta que la ciudadanía activa se organice en torno a alternativas emancipadoras, que les permitirían generar y gestionar la energía que consumen. Además, la enrevesada normativa sectorial, opaca y tremendamente compleja, hace muy difícil eso que dice la normativa europea que quien consume se convierta en sujeto activo del sistema, participando en la gestión de la demanda, o poniendo en marcha iniciativas como Comunidades Energéticas Locales o participando en la flexibilización de los flujos de electricidad por medio de los agregadores de demanda, que aprovechan la capacidad bidireccional de comunicación de los contadores digitales para permitir a las personas colaborar en la gestión de la demanda, interrumpiendo o aumentando su consumo en función de las necesidades de la red.
Además, pese a que llevamos años escuchando el concepto de autoconsumo, la normativa sigue encapsulando a los sujetos en dos categorías: productores y consumidores, no habiendo aún una referencia legal al sujeto prosumidor, aquel que genera y/o consume en función del momento, cuestión que permitiría dilatar en el tiempo los coeficientes dinámicos de reparto. Los coeficientes dinámicos de reparto de la energía en un autoconsumo colectivo permiten que esta se reparta en cada momento de forma proporcional al consumo de cada autoconsumidor, en lugar de un reparto rígido, permitiendo así un mejor aprovechamiento de las instalaciones y de las redes.
La transición energética propuesta desde hace años desde sectores ecologistas debe basarse en una reducción drástica del consumo, pues las renovables también tienen impactos, debido al territorio y materiales que consumen. Sin embargo, no se incentiva suficientemente el ahorro y la eficiencia. El sistema se basa en la garantía de suministro, esto es, satisfacer la demanda, sea cual sea, y al coste que sea, sin dar la oportunidad a la persona de entender cómo funciona el sistema, y por tanto, de adecuar o adaptar sus consumos en función de necesidades no solo individuales sino del propio sistema.
Una parte de la solución puede encontrarse en una mayor intervención pública, que contribuya a diversificar la propiedad y evitar la falta de competencia que existe actualmente. El objetivo es doble, por una parte para que se regule con criterio de interés general, y no dejar así a la ciudadanía en manos del funcionamiento de los mercados y por otro lado para que invierta en nuevas centrales de producción renovable, de modo que la energía pública de producción propia pueda ser utilizada para usos sociales.
Otra parte de la solución pueden ser las comunidades energéticas y las instalaciones para autoconsumo. Pero la gran apuesta del oligopolio es mantener el control sobre las grandes instalaciones de generación y sobre las redes de transporte y distribución. Todo ello basado en un mercado especulativo que no refleja los precios de las materias primas, sus externalidades (positivas o negativas), y que no tiene en cuenta las necesidades sociales o la evolución planificada a medio o largo plazo. Un mercado en el que todavía dominan las energías fósiles y la industria nuclear, que representan más del 50% de la generación, y que dependen por lo tanto de los equilibrios y precios internacionales de las materias primas.
Es necesaria una revolución energética, que ponga los recursos en manos de las personas, con soluciones cercanas y transparentes, pues es la mejor forma de entender cuáles son realmente las necesidades energéticas que tenemos como sociedad, así como el impacto que tienen nuestras acciones, asegurando además un precio adecuado, y con un control público que evite la especulación y las situaciones de dominio de mercado en un sector clave como es el energético. Parte de la solución reside en una normativa que facilite esta transición, pero la otra parte reside en una ciudadanía organizada que apueste por soluciones creativas en el marco de lo que hoy en día ya son realidades posibles.
Rodrigo Irurzun y Soledad Montero (Área de Energía de Ecologistas en Acción).
