Entrevista. Javier de Lucas, “Derechos Humanos prioritarios”

Egilea: Peio Aierbe

Catedrático de filosofía del derecho y filosofía política. Promotor y primer director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Fue director del Colegio de España en París. Su campo de investigación preferente es el análisis crítico de los instrumentos jurídicos de las políticas migratorias y de asilo, minorías, ciudadanía, racismo y xenofobia y otros problemas en el ámbito de los derechos humanos. Es uno de los referentes fundamentales en el ámbito de los Derechos Humanos y colaborador de las ONG que trabajan en ese campo. Incansable animador de un buen número de foros, jornadas y encuentros para la sensibilización de la opinión pública, la formación de agentes sociales y expertos en materia de inmigración, sobre todo en relación con el mundo del derecho. En la actualidad es senador, como independiente, en las listas del PSPV por Valencia.

(Galde 25, uda/2019/verano). Peio Aierbe entrevista a Javier de Lucas.- 

Has criticado repetidamente las políticas de inmigración y asilo que han propiciado el bloqueo del Mediterráneo como espacio de contacto, convirtiendo las fronteras en instrumentos de necropolítica ¿puedes ampliar la definición de dicho término?

JAVIER DE LUCAS.- Lo utilizo en el sentido propuesto por Achille Mbembé y que trae razón de Foucault: entiendo por necropolítica la concepción que sostiene que el sentido último de soberanía reside en el poder social y político de decidir sobre la vida y la muerte. A mi juicio, la orientación de las políticas migratorias desarrolladas por buena parte de los países receptores de movimientos migratorios (EEUU, Australia y, sí, por los Gobiernos de la UE), integran esa noción, aunque sea por omisión. Las pérdidas de vidas humanas son asumidas como costes colaterales de las políticas de contención de fronteras, muertes estadísticamente inevitables aunque se diga, claro, que no se desean. Pero la forma grosera en que se pretende hurtar toda responsabilidad sobre esas muertes achacándolas a riesgos asumidos por los propios inmigrantes y, sobre todo, atribuyéndolas exclusivamente a las mafias de tráfico y explotación de personas (que, indudablemente, tienen una gravísima y primaria responsabilidad) no puede ocultar que en aras de las supuestas exigencias de seguridad y mercado, se omite el cumplimiento de deberes jurídicos elementales. Y que esos seres humanos son medidos, pesados, valorados en términos de precio, no de dignidad, por expresarlo kantiana y machadianamente.

¿Es posible modificar las políticas de cierre de fronteras sin desmontar la imagen creada de la inmigración como una amenaza para nuestra seguridad y para el estado de bienestar?

J. de L.- La primera exigencia para modificar las políticas de cierre de fronteras es criticar e invalidar lo que he llamado narrativa tóxica sobre las migraciones. Para eso hace falta saber oponer y explicar los datos, los hechos reales que desmienten las mentiras y falacias que constituyen en gran medida el discurso oficial sobre las migraciones que consume buena parte de la opinión pública. No olvidemos que esas mentiras y falacias, ese discurso que deforma y manipula la realidad migratoria no es sólo ni básicamente el resultado de la ignorancia, sino de la manipulación. Y que la responsabilidad no es sólo de los medios de comunicación, sino en buena medida de los partidos y agentes políticos que envían un mensaje simplista, maniqueo, de fácil consumo: utilizan la migración como problema-obstáculo que dicen los sociólogos, es decir, recurren a ella como coartada, como arma electoral, en los clásicos términos del discurso del miedo, del agresor externo frente al que hay que cerrar filas y contra el que necesitamos protección. Al mismo tiempo, es un discurso que participa del cinismo de la integración de la migración clandestina como mano de obra barata, que sirve además para desestabilizar el mercado de trabajo a favor de la explotación.

Este fin de semana celebramos en Madrid la asamblea de Migreurop, red que trabaja contra las políticas de externalización de la Unión Europea ¿cuál puede ser una estrategia adecuada que avance en conseguir vías seguras de acceso a la UE para migrantes y solicitantes de asilo?

J. de L.- No hay soluciones mágicas, ni recetas simples. Pero hay reformas que pueden adoptarse. Pondré dos ejemplos. En relación con la revisión de la directiva de retorno 2008/115, debería encaminarse al refuerzo del ejercicio de los derechos de los migrantes: así, garantizar el acceso a tutela judicial efectiva, garantizar la posibilidad de interponer recurso y el efecto suspensivo del mismo, y proponer medidas alternativas al internamiento sin ampliar el plazo actual. En relación con el sistema europeo de asilo, la reforma de la Regulación de Dublín es la clave para cambiar el sistema actual. Primero es necesario lograr un consenso con la idea de que la protección de refugiados es una responsabilidad compartida, y después ya podríamos hablar de armonización y estandarización del sistema, sobre la base de dos criterios: primero, la abolición del principio anacrónico que vincula la responsabilidad de tratar la solicitud de asilo con el país al que el solicitante llega en primer lugar: frente a ello, se trataría de introducir un mecanismo de cuotas permanentes de reparto. En segundo lugar, establecer que el criterio principal para determinar el Estado responsable del tratamiento de solicitud de asilo sea el examen de los vínculos que el solicitante tenga con un Estado miembro.

La política de Salvini de cierre de los puertos italianos a los barcos de salvamento, tanto de las ONG como de la propia marina italiana, fue vista con escándalo por la mayoría de la opinión pública y resulta que hoy, es la política adoptada por todos los gobiernos, incluido el español, que niega el permiso para hacerse a la mar al Aita Mari y al Open Arms. En el caso de España ¿podrá revertirse esta política en la actual legislatura?

J. de L.- Lo que puedo decir es que trabajaré por ese objetivo. Pero no ignoro que la verdadera alternativa, una política común europea en materia de migración y asilo que no venga definida por la obsesión securitaria y por el cinismo respecto a las exigencias del mercado de trabajo interno de cada país, se aleja cada vez más. Podríamos hablar de la ausencia de solidaridad de los Estados del norte y este de Europa con los gobiernos de España, Italia y Grecia, reducidos a su función de guardianes. No parece que Macron o AKK (la nueva líder alemana) vayan a reconducir el eje francoalemán a la tarea de motor de esa solidaridad, algo que exigiría cuotas obligatorias de redistribución entre los Estados de la UE en materia de asilo. Y en materia de política migratoria frenar la cabalgada renacionalizadora estimulada por los nacionalismos populistas parece empresa difícil.

¿Cuál es tu valoración del GCM (Global Compact for Migration – Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular) aprobado en Marrakesh el pasado mes de diciembre?

J. de L.- La primera apreciación es recordar algo obvio para los juristas, que tiene una enorme trascendencia y hace aún más incomprensible la oposición a este GCM. No es un Pacto, un Convenio, en el sentido de los que constituyen la arquitectura del Derecho internacional público impulsado por la ONU. Es un instrumento que reúne recomendaciones y buenas prácticas, que no son de suyo grandes novedades, aunque eso no quiere decir que carezca de utilidad. Por tanto, es una falacia oponerse a uno y otro instrumento alegando violación o restricción de la soberanía nacional. Se trata de un conjunto de recomendaciones, en la línea de principios orientativos, iniciativas o estrategias de actuación y buenas prácticas que, de hecho, en muchos aspectos ya se encuentran en vigor. Y el primer debate es éste. ¿Debíamos haber intentado pasar a un marco normativo que avanzara en la timorata Convención de 1990? En realidad, el GCM no supone la existencia de un modelo universal de políticas migratorias, ni en el sentido de que exista un modelo teórico de validez global ni, menos aún, que se haya propuesto desde la ONU un modelo omnicomprensivo, único. Algo imposible, porque la gestión de la movilidad humana tiene supuestos históricos y contextuales propios no ya para cada región, sino para cada país. Un ejemplo: las migraciones en el contexto del <invierno demográfico> en la vieja Europa. Un invierno demográfico que no es consecuencia de un cambio esporádico en la natalidad, sino en el cierre de las expectativas de independencia para los millenials (y no sólo). El GCM acierta al subrayar la necesidad de combatir las falacias, errores que acompañan a la narrativa tóxica sobre migraciones. El GCM hace hincapié en algo muy lógico: siendo los movimientos migratorios un fenómeno global holístico y estructural (y de naturaleza radicalmente política, también en su dimensión internacional) es necesaria la coordinación, la cooperación internacional y multidimensional para el objetivo de Gobernanza. Pero hay críticas a señalar:

  1. La misma noción de gobernanza mundial, débil de un lado, contradictoria de otro, pues la insistencia en el objetivo de migraciones seguras y ordenadas evoca sin duda el viejo concepto de dominio unilateral de las migraciones en beneficio de las potencias de recepción, de la lógica del mercado transnacional y no parece alterar la perspectiva sobre el factor clave: la desigualdad en las relaciones internacionales.
  2. Rige todavía la vieja noción de la ayuda al desarrollo de los países emisores y de tránsito, a cambio de parar la inmigración y recoger los desechos… Externalización de las políticas migratorias
  3. Sigue dominando la consideración sectorial y con ella la propuesta de un contrato social y político demediado para los inmigrantes, concebidos a la vieja manera como aves de paso, desde una concepción decimonónica del trabajo (no especializados, productivo en el primer sector) y de ahí la insistencia en su extranjerización y las dificultades para una integración real. No se contempla su agencia y presencia en público: presencia ausente. Los inmigrantes, de acuerdo con esta visión, son trabajadores o no son inmigrantes y eso vale también para los que no se ocupan en el mercado formal.
  4. La perspectiva de derechos humanos es débil: su carácter de ajenos, extranjeros, lastra el reconocimiento de sus derechos (regateado, a la baja) si bien se subraya la existencia de un marco normativo extenso y vigente. No se combate suficientemente el condicionamiento etnocultural al reconocimiento y garantía de derechos, que fomenta xenofobia y racismo desde la falsa conexión lógica entre diferencia y desigualdad.

¿Estamos a tiempo todavía de construir una Europa basada en la garantía de los derechos para todas las personas, defensora de su diversidad y con un alto grado de igualdad y de inclusión?

J. de L.- Me impongo en esto, como en general en lo que toca a nuestra contribución en el ámbito público, la lección de Honneth: el imperativo moral del optimismo, que no tiene nada que ver con ese buenismo justamente denostado, ni con la ingenuidad de quien ignora las condiciones reales. Es cierto que da miedo la crecida en toda Europa de un movimiento xenófobo, racista, de un ralo nacionalismo etnocultural, es decir, monista que, en realidad, es la coartada para imponer el statu quo que pretende el neoliberalismo de mercado, la vieja ley de la desigualdad. Porque detrás de los alegatos identitarios y de la ideología reaccionaria que apela a supuestos valores quebrantados y a los buenos viejos tiempos, las más de las veces hay un proyecto de mantenimiento de una sociedad desigual, que desmonta derechos y refuerza privilegios. Creo que es el caso de VOX, incluso malgré soi. Pero hay otra Europa. Sobre todo, hay una vitalidad en la sociedad civil europea, en movimientos sociales y vecinales, en el nuevo municipalismo, en la conciencia de la necesidad de un contrato social verde, protagonizado en buena medida (aunque no sólo) por las jóvenes generaciones, conscientes de la verdadera dimensión global de los problemas urgentes, que no pueden ser abordados desde esas perspectivas reductivistas, sino desde la conciencia de una solidaridad que no es sólo propia de la conciencia de la especie, sino del imperativo prioritario del respeto a la vida, como lo muestra la primera de esas urgencias, la emergencia climática. Eso exige una sociedad que se rija por la primacía del pluralismo inclusivo; que no tema a la diversidad, sino a la desigualdad; que entienda que la igual libertad, la garantía de los derechos de todos, no es una opción, sino una condición sine qua non.

Vienes reivindicando que la ciudadanía, como acceso a la titularidad de derechos, no esté vinculada a la nacionalidad sino a la residencia efectiva ¿cómo cabe argumentarlo en un clima político en el que se está asentando priorizar a los “nuestros” frente a los “otros”?

J. de L.- La condición previa es modificar esa visión de los nuestros y los otros como dos categorías permanentes que dividen el mundo y que se traducen por ejemplo en una legislación migratoria que trata de extranjerizar de forma permanente al inmigrante, de definirlo siempre como otro, dificultando enormemente el proceso de integración, que tiene como dimensión básica la igualdad en los derechos pero que exige también un proceso social de negociación, de mutua acomodación y reconocimiento, que es complejo y exige al menos mirar a medio plazo. A mí me parece que la experiencia muestra que un buen punto de partida es el reconocimiento de la condición de vecino, en el sentido social y luego en el jurídico y político. Cuando se reconoce a aquel que está entre nosotros de modo estable como un vecino más, con idénticas necesidades y los mismos deberes, que comparte en condiciones de igualdad ese espacio público primigenio que es el local, tenemos mucho ganado.

Estamos viendo resurgir el intento de anteponer la condición de migrante a la de menor, en el caso de los llamados Menas, con la intención de propiciar su expulsión a Marruecos, principalmente. Lo viene negociando desde el pasado octubre el gobierno de Sánchez, Pablo Casado ha anunciado una iniciativa parlamentaria al respecto ¿hay instrumentos jurídicos que permitan oponerse a estas medidas si, finalmente, se llevan a efecto?

J. de L.- Sin ninguna duda. La respuesta es sí. No hay que inventar nada: se trata de tomar en serio y ser coherente con instrumentos jurídicos básicos entre los que me permito recordar dos, obvios: la Convención de derechos del niño, de Naciones Unidas, ratificada por España (y por todos los países de la UE), y la Ley orgánica de protección del menor. No ignoro los intentos del PP en Melilla, de Vox y sus aliados en Andalucía; tampoco las decisiones de la Sra Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid para la externalización en Marruecos de residencias o centros para menores. Ni la obsesión de algunos partidos políticos canarios por desembarazarse de los menores: todas esas propuestas son simplemente incompatibles con ambos instrumentos básicos. Otra cosa es que debamos mejorar sustancialmente el sistema de acogida y tutela de los menores para que no se produzcan situaciones inaceptables, como ha sucedido recientemente en Catalunya, o para que, al llegar a la mayoría de edad no se vean sin más en a calle. En materia de menores inmigrantes creo que conviene prestar atención a las observaciones y recomendaciones que figuran desde hace años en los Informes anuales del Defensor del Pueblo y en algunos de sus informes específicos, aunque lamentablemente han caído en saco roto por parte del Gobierno central y de no pocas de las administraciones públicas autonómicas y municipales. Además, hay propuestas en marcha en este momento en algunas administraciones autónomas que podrían ser discutidas como criterios generales y también experiencias aprovechables de diferentes ONGs, desde Save the Children a la Fundación Raíces, por mencionar sólo dos.

Tras una intensísima dedicación, a lo largo de más de 30 años, de análisis crítico de los instrumentos jurídicos de las políticas migratorias y de asilo, das el paso a la arena política incorporándote al Senado ¿qué nuevos retos afrontas al dar este paso? Has acompañado incansablemente la labor de los movimientos ciudadanos que luchan por otra política migratoria, por el cierre de los CIE, por la defensa incondicional de los derechos de todas las personas… ¿tu condición de senador va a limitar ese apoyo con el que siempre hemos contado?

J. de L.- Diré ante todo que afronto esta nueva etapa consciente de la responsabilidad pública que supone, pero también con cierta tranquilidad, la que me da, por así decirlo, el que tengo la vida hecha a estas alturas. Eso no quiere decir que ignore que hay desafíos y riesgos en esta tarea. Es un cometido que me sitúa, desde luego, fuera de cierta zona de confort, la que se le atribuye al académico. Aunque, la verdad, en estos treinta años he vivido en numerosas ocasiones la experiencia del fracaso en las propuestas que sostenía, que sosteníamos y no me han ahorrado las críticas, sin duda justificadas en muchas ocasiones. En todo caso, me planteo esta experiencia como senador no tanto como un riesgo, sino como una oportunidad, aunque sin ingenuidades. Si acepté la propuesta del President Puig de ir como independiente al Senado en las listas del PSPV por Valencia fue sobre todo por el desafío que suponía: tratar de hacer las cosas desde el otro lado de la barrera (aunque no evidentemente, desde el poder ejecutivo). Sé de la limitación que impone la disciplina parlamentaria, de partido. Pero quienes me han incorporado a este ámbito conocen perfectamente mi trayectoria, en la que he criticado por igual la acción de gobierno del PP o del PSOE, o de otros partidos en los ámbitos autonómico, municipal y europeo cuando no me ha parecido correcta. Insisto, a estas alturas, con mi vida hecha, por decirlo así, no voy a traicionar mis convicciones. Sé que tampoco puedo imponerlas taumatúrgicamente. Pero creo que es una oportunidad para llevar a las cámaras legislativas otro punto de vista: precisamente el que llevo, el que llevamos defendiendo mucha gente, todos estos años. Defender en el Senado, por ejemplo, la idoneidad de que instrumentos clave en política migratoria y de asilo sean de competencia de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, las administraciones más cercanas, pero con dotación de medios, con mayor transparencia y desde el objetivo claro de la mutua acomodación, condición sine qua non para el respeto de los derechos y del pluralismo inclusivo.

Manuel Cruz, presidente del Senado, filósofo y buen amigo tuyo, citaba en su toma de posesión a Javier Muguerza para afirmar que luchará con esperanza, sin esperanzas y contra toda esperanza ¿Es una confesión por adelantado de los obstáculos cuasi insalvables que personas como vosotros vais a encontrar en vuestra labor?

J. de L.- Si conozco algo a Manuel Cruz -y algo lo conozco, creo- esa referencia tiene mucho más que ver con una firme declaración de intenciones, que no con poner la venda antes que la herida. Entiendo su apelación al lema muguerziano que, por cierto, tiene lejana inspiración, quizá malgré soi, en un aserto de Romanos, 4, 18-20 (qui contra spem in spem credidit), como una declaración de compromiso, de voluntad de trabajo, sin ingenuidades, pero con firmeza. A estas alturas todos conocemos las dificultades. Y aunque acabemos de aterrizar en el ejercicio de tareas políticas, ni somos ingenuos ni nos tomamos por quijotes frente a molinos. Pero sí nos gustaría pensar (creo) que nos acompaña el viejo empeño del caballero por desfazer entuertos. Sin ambiciones de cambiar el mundo, sino de mejorar los problemas reales que afectan a los otros. Uno a uno. Los que se pueda.

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