Elkarrizketa: Esteban Beltrán, Amnistia Internacional

 

«Los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional»

Galde 36 – primavera/2022.- Sabiñe Zurutuza entrevista a Esteban Beltrán, Amnistia Internacional.

Esteban Beltrán, es desde 1997 director de la Sección de Amnistía Internacional en España. Diplomado en Estudios de Desarrollo, es profesor invitado en diversas universidades. Ha trabajado como consultor de DD.HH. en diversos países de Europa y América Latina y en la actualidad es miembro del Equipo Global de Gestión de A.I.

Llevamos ya un tiempo de guerra en Europa, concretamente en Ucrania. ¿Cual es la valoración de Amnistía Internacional de lo que ocurre allí?.

Esteban Beltrán.- En primer lugar estamos ante un crimen de agresión por parte del ejército ruso. La invasión de Ucrania por Rusia es una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas y un acto de agresión que constituye un crimen de derecho internacional

La invasión de Ucrania por Rusia es importante, grave y está definida por una sola característica: la agresión. Rusia está invadiendo el corazón de Ucrania, buscando derribar su gobierno legítimamente elegido, con un impacto masivo, real y potencial, en la vida y el bienestar de la población civil; ninguna de las razones que ha esgrimido Rusia permiten ni remotamente justificar sus actos

En segundo lugar es una tragedia: se están cometiendo crímenes de guerra contra la población civil bombardeando edificios e infraestructuras civiles, escuelas, hospitales y han huido ya del país casi tres millones y medio de personas.

En tercer lugar es una tragedia para el pueblo ruso por la represión del Kremlin sobre sus ciudadanos: Las autoridades rusas han lanzado una campaña de represión sin precedentes en todo el país contra el periodismo independiente, las protestas contra la guerra y las voces disidentes tras la invasión rusa de Ucrania Al bloquear los medios de comunicación críticos más populares, cerrar emisoras de radio independientes y obligar a decenas de periodistas a interrumpir su trabajo o abandonar el país, las autoridades han privado casi por completo a la población rusa de acceso a información objetiva, imparcial y fidedigna. El órgano regulador de los medios de comunicación de Rusia, Roskomnadzor, también ha bloqueado el acceso a Facebook y Twitter.

Esta represión no es de ahora. Las autoridades rusas llevan 20 años librando una guerra encubierta contra las voces disidentes practicando arrestos de periodistas, tomando medidas drásticas contra salas de redacción independientes y obligando a propietarios de medios de comunicación a imponer la autocensura.

¿Qué está haciendo Amnistía Internacional durante la guerra en Ucrania?

E. B.- Nuestro trabajo está enfocado en proteger a la población civil ucraniana y en denunciar y en documentar los crímenes de guerra que se están cometiendo durante el conflicto. Es decir, investigar y documentar. Investigadores e investigadoras de la organización están documentando violaciones de derechos humanos, incluso utilizando modernas tecnologías, a través de nuestro Laboratorio de Pruebas, gracias a cuyo trabajo hemos denunciado el uso de municiones prohibidas, ataques a hospitales y áreas civiles.

Proteger a las personas en peligro inminente, entre las cuales hay defensores y defensoras de derechos humanos, ayudando a su reubicación en un lugar seguro.

Difundir y movilizar. Hacemos públicas las investigaciones y movilizamos a la sociedad para ser muchas las personas pidiendo a los responsables que detengan las violaciones de derechos humanos.

Presionar a las autoridades rusas, ucranianas, ONU o la Unión Europea, entre otras, para hacerles llegar nuestras preocupaciones y peticiones. También estamos en contacto con las autoridades españolas, a las cuales hemos hecho llegar nuestras peticiones, centradas en comercio de armas y protección de personas refugiadas.

¿Estamos en un momento de cierta impotencia en lo referente a la defensa de los derechos humanos?

E. B.- Sí, la invasión de Ucrania que vivimos, o la reciente toma del poder de los talibanes nos puede llevar a sentirnos impoten­tes. Pero también comprobamos cómo la sociedad muestra de forma más clara su rechazo a estos ataques a los derechos humanos y la solidaridad frente a quienes los sufren, y eso también supone un motivo para el optimismo y la construcción de un futuro mejor. También la crisis climática puede provocar una angustia paralizante, pero también en este caso vemos ejemplos de resistencia e ilusión a lo largo de todo el planeta, en particular de jóvenes y comunidades indígenas.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/greta-thunberg-y-el-movimiento-viernes-por-el-futuro-reciben-el-maximo-galardon-de-amnistia-internac/

Lo mismo sucede con el feminismo. Mujeres y niñas en todo el mundo son víctimas de todo tipo de violencias solo por el hecho de ser mujeres, pero gracias a la lucha de los movimientos feministas se han conseguido grandes avances. Entre otros, los relacionados con el derecho al aborto: recientemente Colombia celebraba el fallo de la Corte Constitucional a favor de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas de un embarazo. Después de la legalización del aborto en Argentina el año pasado y la reciente despenalización en México, este fallo es otro ejemplo más del impulso imparable de la marea verde en América Latina y que se suma a otros países como Corea del Sur e Irlanda del Norte.

¿Dónde situarías la clave para explicar el retroceso al que estamos asistiendo en lo referente a los derechos humanos en el mundo? ¿Tenemos mecanismos eficaces para avanzar en una más efectiva protección de los mismos? ¿Es posible defender los derechos humanos a través del derecho?

E. B.- La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19. Sumado a recientes situaciones, como la invasión de Ucrania por Rusia, que supone una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas y un acto de agresión que constituye un crimen de derecho internacional, pueden parecer retrocesos en los derechos humanos, y muestras de cómo los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional.

Sin embargo, todo esto también ha dado pie a que surjan en todo el mundo movimientos de protesta de una población defraudada por sus gobiernos. Es necesario que se protejan, refuercen y financien los mecanismos e instituciones regionales y globales de derechos humanos por parte de todos los Estados.

Algunos instrumentos, como la Corte Penal Internacional, son clave para acabar con la falta de impunidad que perpetúa esos crímenes. Este mecanismo es clave para luchar contra los denominados crímenes más atroces, como son el genocidio, los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Ya es una buena noticia que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya pedido investigar los delitos humanitarios que se están cometiendo en territorio ucraniano. Y aunque ni Rusia ni Ucrania forman parte de la CPI, gracias a la jurisdicción universal este tipo de crímenes se pueden investigar por cualquier otro Estado. Ya ha sucedido en otras ocasiones, como con los crímenes de la guerra de Siria que fueron juzgados por tribunales alemanes. O cuando en España se juzgaron las dictaduras de Argentina y Chile en 1998.

Sin embargo, también son necesarios cambios en el funcionamiento de la ONU, en especial de su Consejo de Segu­ridad, cuya capacidad de veto para crímenes de guerra no debería existir. Es necesario para que sirva de prevención real de crímenes de guerra y de lesa humanidad como los que se están pudiendo dar en Ucrania, pero también en otros lugares como Yemen, Afganistán, Eritrea… Se han producido avances como el Tratado sobre el Comercio de Armas, pero aún tenemos que forzar a todos los estados a que lo apliquen de forma efectiva. https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/armas/

Una última reflexión; la lucha perfecta por los derechos humanos viene cuando se combinan las leyes internacionales y el poder movilizador de la mayoría de la población ante un evento trágico o una situación injusta.

En relación con lo anterior ¿no hay también una cierta dejación en la batalla del discurso frente a los grupos más poderosos? Da la impresión de que los derechos de las empresas, y unos supuestos derechos de los mercados, están imponiéndose sobre los derechos de las personas y los grupos más vulnerables. ¿Cómo ves la posición de las ONG ante todo ello?

E. B.- La gestión de la vacunación frente al coronavirus ejemplo de cómo los poderosos (gobiernos y empresas) imponen sus intereses a los derechos de la ciudadanía global, al monopolizar la tecnología, bloquear y presionar para evitar que no se compartiera la propiedad intelectual, y al cobrar precios elevados por las vacunas, priorizando el suministro a los países ricos.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/covid-19-los-paises-ricos-y-las-empresas-farmaceuticas-han-fracasado-catastroficamente-al-no-garantizar-el-acceso-equitativo-a-las-vacunas-en-2021/

Pero no ha habido dejación: organizaciones como Amnistía y muchas otras hemos levantado la voz sobre esto y si algo nos enseña la pandemia es que las soluciones son globales o no son. : https://elpais.com/ciencia/2021-11-28/tres-vacunados-por-cada-cien-personas-en-los-paises-pobres-el-caldo-de-cultivo-para-nuevas-mutaciones-del-coronavirus.html

Quizás, no es lo más frecuente, pero a veces personas luchadoras consiguen vencer y obtener justicia de grandes empresas como las víctimas de los vertidos de Shell en Nigeria.  https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/reino-unido-sentencia-historica-obliga-a-shell-a-responder-de-sus-abusos-en-nigeria/

En ese sentido, también buscamos controlar a las grandes empresas tecnológicas, como Facebook y Google, y sus prácticas de vigilancia generalizada; (https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/google-facebook-surveillance-privacy/); comprobamos de dónde salen los materiales de muchos de los móviles que tenemos entre manos (https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/trabajo-infantil-tras-las-baterias-de-los-telefonos-inteligentes-y-los-automoviles-electricos/), y denunciamos a empresas como NSO, cuyos software están sirviendo para espiar a opositores, activistas, peridistas, etc. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/the-pegasus-project/

Cada día se producen avances en ámbitos como los derechos de las mujeres, personas LGTBI, libertad de expresión, pena de muerte. Y hace falta recordarlos para no perder el ánimo ni la perspectiva. El futuro y el presente no están fríamente delineados; también dependen de nosotros/as.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/33-logros-de-derechos-humanos-que-celebrar-este-ano/

Asistimos a un auge preocupante de la ultraderecha tanto aquí, como en otros países ¿crees que se están combatiendo poco los mensajes de estas formaciones? ¿Qué debería hacerse a este respecto?

E. B.- El aumento de discursos de odio, autoritarios, están aumentando en estos últimos años. Pero también mayor conciencia social de que determinados discursos no son inocentes y las palabras de odio suelen acabar convirtiéndose en violencia. En Amnistía Internacional ya lanzamos hace unos años una campaña de movilización europea, para hacer frente a las políticas de demonización que señalan a «chivos expiatorios» (migrantes, mujeres, coletivo LGBTI) y de retroceso en derechos humanos que se están intentando abrir camino en varios países de la Unión Europea, para colocar en el centro del debate valores como la solidaridad, la empatía y la dignidad, y abrir camino a un futuro donde los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos.

Sin embargo, es necesario seguir luchando para que los Estados adopten medidas para prevenir y combatir el racismo y la xenofobia y los discursos de odio contra las mujeres, o contra otros colectivos minoritarios, hacer frente al lenguaje que estigmatiza colectivos para evitar que se continúe propagando el miedo y utilizando los prejuicios como arma. Ante los discursos de odio que pretenden enfrentar a las personas, urge que pongamos en el centro valores como la solidaridad, la empatía y la dignidad, combatir la desigualdad y reclamar que los derechos de todas las personas sean respetados.

También es decisivo, para evitar que triunfen los demonizadores,  que podamos llevar al ámbito de los derechos humanos a una mayoría de la población. Los derechos humanos no son solo para minorías de un país sino también pueden ayudar a tener mejores vidas a la mayoría: por ejemplo que funcione bien la atención primaria garantiza el acceso a la salud de millones de personas, así como la educación. Los países mas estables socialmente son aquellos con una mayoritaria clase media, una buena inversión pública en derechos y una desigualdad reducida entre personas ricas y pobres. Los derechos humanos son el mejor antídoto contra los discursos del odio.

 

¿Qué valoración haces de lo referente a las migraciones hacia Europa y las dificultades de miles de personas para encontrar acogida y refugio?

E. B.- Llevamos años denunciando cómo las políticas europeas en relación a las personas migrantes y refugiadas se han ido alejando de las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas tanto por la Unión Europea en su conjunto como por los Estados miembros. La organización ha denunciado el alto coste en violaciones de derechos humanos consecuencia de la «fortaleza Europa» como por ejemplo devoluciones en caliente o malos tratos en frontera a las personas migrantes y refugiadas. La falta de solidaridad entre los estados ante crisis humanitarias como las de Siria o Afganistán, o en el caso de las personas que huían de Libia hacia Italia, han ahondado en el sufrimiento de esas personas. Amnistía Internacional también ha denunciado el castigo a la solidaridad de defensores y defensoras de derechos humanos, la organización ha documentado casos de restricción y criminalización de la ayuda y la solidaridad con personas en movimiento ante la inacción de los Estados en 8 países: Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Reino Unido y Suiza. En relación a las condiciones de acogida, son muchos los ejemplos también en los que los Estados de la UE han fallado en sus obligaciones internacionales. Sin ir más lejos, Amnistía Internacional publicó un informe en diciembre de 2020, tras un año de observación de la actuación de las autoridades españolas en las islas Canarias, donde confirmamos el fracaso en las políticas para una gestión migratoria. Miles de personas se han visto abocadas a unas condiciones de acogida indignas como en el caso del Puerto de Arguineguín, y sin acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes.

La activación de la Directiva de Acogida Temporal para las personas que huyen de Ucrania es sin duda una buena noticia, pero es necesario también que se garantice que no se va a discriminar a nadie en su aplicación, es decir, que también a las personas no nacionales de Ucrania, pero que se han visto forzadas a huir del país, tienen también acceso a esta protección.

¿Cómo ves la situación de la violencia contra las mujeres? ¿Se están tomando las medidas adecuadas para combatirla?

E. B.- La violencia contra las mujeres es una de las más graves y extendidas violaciones de derechos humanos en todo el mundo; la sufre la mitad de la población. Es cierto que en España hubo un punto de inflexión con la Ley Integral contra la Violencia de Género en el ámbito de pareja y ex-pareja en el año 2004, pero la realidad es que todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar todos sus derechos de una manera efectiva. Deben seguir produciéndose cambios profundos en el ámbito de la justicia, en la prevención y en la adecuada atención a las víctimas, y aquí el compromiso político en los tres niveles, central, autonómico y local así como del resto de actores implicados es fundamental. Debe haber una constante evaluación de las medidas adoptadas para asegurar que las mismas proporcionan una respuesta adecuada. Por otro lado, España debe seguir avanzando en la protección de las mujeres frente a todas las violencias que sufren por el mero hecho de ser mujeres. El proyecto de ley integral sobre libertad sexual que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso es sin duda un paso positivo en esa dirección aunque hay que lograr que no lleve a la clandestinidad y a una creciente vulnerabilidad a las trabajadoras sexuales.

Hace poco ha visto la luz un informe del Gobierno vasco sobre las torturas sufridas por Mikel Zabalza y su posible muerte en el cuartel de Intxaurrondo. ¿Qué opinas del tratamiento de los casos de torturas en España y su esclarecimiento?

E. B.- El caso de Mikel Zabalza fue uno de los casos denunciados y trabajados por Amnistía Internacional cuando ocurrieron los hechos. También hablamos con otra de las personas, Ion Arretxe, torturado en esa operación policial y recientemente fallecido.

España tiene el triste record de acumular 12 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de torturas, la última en marzo del año pasado. La prohibición de la tortura es absoluta. La adecuada investigación de casos de tortura sigue siendo una tarea pendiente en el Estado español, empezando por la adecuada tipificación del delito de tortura en el art. 174 del Código Penal que, además de no reconocerlo como un crimen de derecho internacional, no recoge ciertos elementos básicos de la definición contenida en el art. 1 de la Convención contra la Tortura, tales como que pueda ser cometida por terceros por instigación, consentimiento a aquiescencia de autoridad o funcionario público o que la finalidad de la tortura pueda consistir en intimidar o coaccionar a esa persona u otras.

Amnistía Internacional lleva décadas documentando casos de tortura y otros malos tratos en España, y lleva años mostrando preocupación por las numerosas denuncias tanto en la vía pública como en dependencias policiales, y también dentro del contexto de la lucha antiterrorista. Amnistía Internacional ha lamentado que los sucesivos gobiernos hayan tendido a negar la existencia de casos de tortura y malos tratos a manos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No existe información sistematizada y disponible por parte de fuentes del estado a nivel general, y solo desde el País Vasco se han impulsado iniciativas tendentes a construir un relato de violaciones de derechos humanos que se han sucedido en el contexto vasco durante décadas. Ante la ausencia de iniciativas a nivel estatal, la Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política de 2016 en el País Vasco y la creación de la Comisión de Valoración de casos de violencia policial puede considerarse como una buena iniciativa extrajudicial para reparar y rehabilitar a las víctimas y sus familiares. El derecho internacional contempla la creación de mecanismos no judiciales de establecimiento de verdad y reparación, contemplados tanto por agentes estatales como no estatales, y que no tienen por que ser incompatibles con mecanismos judiciales. Sin embargo, la iniciativa llevada a cabo en el País Vasco no impide seguir exigiendo a las autoridades españolas que garanticen a las victimas el acceso a la justicia, y puedan obtener una indemnización justa, así como la rehabilitación lo más completa posible.

¿Qué opinión te merece la situación de los derechos laborales y hasta qué punto consideras que la reforma laboral recientemente aprobada representa un avance en este terreno?

E. B.- La situación de los derechos laborales en España ha sido tratada en los exámenes que el Comité de derechos económicos, sociales y culturales ha realizado sobre España. En este marco, El Comité pidió a España en 2018 que hiciera una evaluación exhaustiva de su política de empleo, y llevara a cabo los ajustes necesarios que permitan combatir de manera efectiva las causas profundas del desempleo. Asimismo, el Comité mostró preocupación por la brecha salarial entre hombres y mujeres y le instó a redoblar sus esfuerzos para eliminar la persistente brecha salarial. Igualmente, el Comité destacó la incidencia de algunas formas de trabajo precario, en particular de las contrataciones temporales que continuaban siendo altas, situación que afecta especialmente a las mujeres. Y le pidió que tomara todas las medidas apropiadas para prevenir el abuso de formas de trabajo precario, en particular de las contrataciones temporales, entre otros medios, generando oportunidades de trabajo decente que ofrezcan seguridad en el empleo y una adecuada protección de los derechos laborales y reforzara el mecanismo de inspección laboral a fin de que contara con los recursos humanos y materiales adecuados para realizar de manera efectiva la supervisión de las condiciones de trabajo.

En este sentido, es cierto que los contratos indefinidos se han incrementado, pero la tasa de temporalidad sigue siendo muy alta en España, del 25,4%. En el marco de los derechos laborales Amnistía Internacional ha centrado sus esfuerzos en denunciar la situación en Europa de la precariedad de los trabajadores y trabajadoras en el marco del modelo empresarial de las compañías que trabajan con plataformas digitales y la economía bajo demanda (gig economy). Hemos exigido el cumplimiento de las normas internacionales sobre los derechos laborales que las empresas están obligadas a respetar. Fuera de las fronteras europeas, hemos denunciado también la grave explotación laboral de la que son objeto las personas migrantes que trabajan en las infraestructuras del mundial de futbol en Catar, entre otros aspectos.

Has solido referirte a los recortes en políticas sociales (salud, educación) como vulneraciones de los derechos humanos. ¿Qué tienes que decir a este respecto?

E. B.- Los recortes en las políticas sociales que hemos vivido en España han constituido violaciones de derechos humanos. Así lo ha considerado Amnistía Internacional y numerosos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. España ha ratificado una serie de tratados internacionales y regionales de derechos humanos que exigen que los derechos sociales se respeten, protejan y se hagan realidad de manera progresiva. Para ello, el Estado debe adoptar, de manera inmediata, medidas adecuadas, deliberadas y concretas encaminadas a la plena realización de estos derechos hasta el máximo de sus recursos disponibles y actuar con  rapidez y eficacia para alcanzar ese objetivo.

Además, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, existe una fuerte presunción de que las medidas deliberadamente regresivas son contrarias al derecho internacional y, si se adopta cualquier medida deliberadamente regresiva, corresponde al Estado justificar el motivo. Para que estas medidas respeten la normativa internacional deben ser temporales y abarcar únicamente el periodo de crisis económica; razonables, en el sentido de que los medios elegidos han de ser los más adecuados y capaces de alcanzar el objetivo legítimo; proporcionadas y no discriminatorias, entre otros aspectos.

Durante los últimos años y en concreto, entre 2009 y 2018 hemos asistido a una década perdida en materia de inversión sanitaria, en la que el gasto sanitario público en sanidad se ha reducido en un 11,21 % respecto a 2009 y en atención primaria en un 13,10%, en valor real. En relación al presupuesto público para el acceso a la vivienda y fomento de la edificación, este se llegó a reducir en más de un 70,4%. Esta reducción del gasto público ha provocado un retroceso en el derecho a la salud y a la vivienda que, por la manera en que se adoptó, han representado vulneraciones de estos derechos.

Hablemos un momento del derecho al medio ambiente y de las vulneraciones que se están produciendo relacionadas con este asunto. ¿Qué debería hacerse ante la desprotección de tantos millones de personas que son víctimas del cambio climático, muchas de las cuales se ven obligadas a emigrar?

La emergencia climática es una crisis de derechos humanos de una magnitud sin precedentes. El cambio climático amenaza el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las generaciones presentes y futuras y, en última instancia, el futuro de la humanidad.

En octubre de 2021 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció el derecho de toda persona a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al mismo tiempo, se creó la figura del Relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y cambio climático. Se trata de un gran paso adelante que implica reconocer que el disfrute de los derechos humanos depende del medio ambiente en que vivimos y que por tanto, la crisis climática es en sí misma una crisis de derechos humanos.

Sin embargo, vemos cómo los Gobiernos fracasan en sus compromisos de derechos humanos al no adoptar medidas ambiciosas para abordar la crisis climática o al llegar a acuerdos que no llegan a materializarse. Los compromisos de reducción de emisiones son un ejemplo, pero lo mismo ocurre en el ámbito de la financiación para la mitigación y adaptación al cambio climático y en la creación de un fondo adicional específico para pérdidas y daños, destinado a apoyar a las personas de países con ingresos bajos afectadas por pérdidas y daños causadas por la crisis climática.

Todos los Estados deben actuar conjuntamente y de manera ambiciosa ante la crisis climática, siendo mayor la responsabilidad de los Estados ricos y por tanto mayor el esfuerzo que deberán hacer. La transición debe ser justa y los Gobiernos deben respetar, promover y considerar sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando adopten las medidas; es decir, la transición justa debe ser un proceso compatible con los derechos humanos que garantice que todos los derechos de las personas no solo se protegen, sino que se potencian de principio a fin.

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