Derecho a la ciudad y efectos del turismo

Egilea: Jorge Duarte

 

(Galde 23, 2019/invierno). Jorge Duarte Vázquez.-

Antes de hablar de turismo, siempre debemos recordar que el turismo será positivo para una ciudad cuando podamos redistribuir la riqueza, creando empleo estable y de calidad, objetivo que por desgracia no suele ser el prioritario para muchas administraciones que todo lo justifican con su capacidad, así en abstracto, de generar riqueza…

Santiago de Compostela siempre ha sido una ciudad de acogida.

Durante muchos años ha sido receptora de jóvenes que venían a estudiar a su Universidad, aunque este número ha ido disminuyendo con la creación de nuevas universidades en el país. También fue ciudad de acogida para muchas personas que fijaron aquí su residencia por motivos de trabajo, a raíz del establecimiento en la capital de Galicia de las sedes administrativas en los años 80. Sí, y también llegaban a veces algunos peregrinos y turistas llamados por la catedral y una ciudad histórica reconocida como Patrimonio de la Humanidad hace 30 años. Su presencia era poco significativa, tal y como comentábamos estos días en la ciudad durante la celebración del 30º aniversario del grupo teatral Chévere, reciente Premio Nacional de Teatro, que recordaba aquellos veranos de los años 80 en los que cerraban muchos de los bares y pubs, como el Atlántico, que centraban toda la vida cultural y musical de una ciudad vinculada a los universitarios y al funcionariado.

El Año Santo de 1993, el Xacobeo´93 recordado por su mascota “Pelegrín”, fue el punto de arranque de una promoción turística de la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, basada sólo en cuantos más, mejor. A partir de ese año iniciamos un aumento progresivo tanto de peregrinos que realizan el Camino de Santiago, como de visitantes y turistas que multiplican exponencialmente su presencia en nuestra ciudad. Además del Camino de Santiago, los motivos para este aumento pasan por la bajada de precios, por la democratización que supone para el turismo la llegada de las aerolíneas de bajo coste y también por ese afán por coleccionar ciudades o destinos turísticos de moda, entre otros argumentos similares a los de muchas ciudades.

El incremento turístico ha sido el motor para que en los últimos años, aumentase el mercado de compra y venta de edificaciones en la ciudad histórica destinadas casi exclusivamente a “hotelitos con encanto” y albergues turísticos. Esta inercia de abandono usos residenciales para su puesta en venta en el mercado turístico, ha sido uno de los motivos fundamentales para una pérdida de población en la ciudad histórica del 20% en los últimos veinte años, a pesar de las políticas de ayudas a la rehabilitación. El envejecimiento de la población permitía poner en el mercado inmobiliario un gran número de edificios a precios totalmente inasumibles para uso residencial estable, mientras el número de licencias concedidas para todas las tipologías de uso turístico en la ciudad histórica no paraba de aumentar.

Este problema de especulación por los valores de la edificación para usos turísticos estaba vaciando nuestra ciudad histórica de residentes y ese fue el primer objetivo de nuestro grupo de gobierno. Antes del fin de 2015, aprobamos una moratoria prohibiendo la apertura de nuevos establecimientos turísticos de cualquier categoría en el ámbito del Plan Especial que regula los usos urbanísticos en nuestra ciudad e iniciamos la revisión del mismo de forma que en la actualidad está prohibido el uso turístico donde hay una ordenanza de carácter residencial. Con esta medida cuidamos también el comercio local, evitando caer en algo que ya es una realidad en las calles más turísticas con un comercio monocolor destinado a únicamente a los turistas y plagado de tiendas de recuerdos y souvenirs.

A pesar de que los retos de desestacionalizar y descentralizar los flujos turísticos están en boca de todos los grupos políticos, seguimos encontrándonos con una dura oposición de la administración autonómica, en manos del PP, a la hora de tomar decisiones en esa línea. Llevamos todo el mandato reivindicando la necesidad de implantar una tasa turística municipal que permita generar ingresos, tanto para aplicar políticas desestacionalizadoras programando más actividades con tirón y repercusión en la reserva de alojamientos en los meses de menor demanda, como para compensar el sobrecosto que supone mantener los servicios para una población superior a los tres millones de personas anuales que visitan o pernoctan en nuestra ciudad. Por otra parte, tenemos claro que la política más efectiva para la descentralización pasa por diversificar la ubicación de los alojamientos turísticos por toda la ciudad evitando la concentración y especialización de la ciudad histórica como lugar de acogida de las pernoctaciones turísticas. Si el turismo produce riqueza en el entorno de su alojamiento, nada mejor que favorecer, o derivar en este caso, su implantación al resto de los barrios evitando la dicotomía entre la zona turística y el resto de la ciudad, y hoy en día los comerciantes del Ensanche ya ven el turismo como una oportunidad.

El problema mayor en estos últimos años ha venido por las Viviendas de Uso Turístico reguladas por decreto autonómico en 2017, y sobre todo por el elevadísimo número de viviendas en alquiler turístico ilegal a través de plataformas digitales que pretenden favorecer una presunta “economía colaborativa”. Si queríamos mantener la vitalidad de la ciudad histórica, además de prohibir o regular la implantación de nuevos usos hoteleros, tenemos que limitar el cambio de uso de viviendas con uso residencial a uso turístico que está consiguiendo hacer desaparecer el mercado de alquiler residencial en la ciudad histórica.

En el año 2017 realizamos un estudio sobre las viviendas de uso turístico comercializadas a través de plataformas digitales que evidenció lo que ya percibíamos. En el estudio se detectaron más de 700 viviendas con este uso y por su ubicación había cerca de 400 dentro del área del Plan Especial de la ciudad histórica, lo que supone más del veinte por ciento de las viviendas totales. Todas estas viviendas estaban al margen de la legalidad, hasta que la Xunta de Galicia con su decreto de 2017 facilitó la inscripción en un registro autonómico, sin atender a las competencias municipales para regular los usos en la ciudad. El estudio de 2017 revelaba datos escalofriantes para ese objetivo irrenunciable de mantener la vitalidad, como que el 50% de la superficie que podría tener carácter residencial en la zona más céntrica de la ciudad histórica, la almendra o ámbito entremurallas, ya tenía un uso turístico, fuera este legal o acogido a las nuevas herramientas digitales de alquiler turístico. Por nuestra parte, mantenemos la prohibición de legalización de estas viviendas de uso turístico dentro de la ciudad Histórica porque entendemos que es una competencia municipal, y son una actividad comercial que requiere una licencia de actividad municipal como la apertura de cualquier otro negocio. En la actualidad estamos trabajando en mejorar y dotar de más recursos humanos la capacidad inspectora y sancionadora de estas viviendas turísticas que incumplen la normativa urbanística municipal. Además le exigimos, con escaso éxito por ahora, a la autoridad sectorial competente, la Xunta de Galicia, que prohíba a estas plataformas publicitar viviendas turísticas que incumplen la legalidad.

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha intentado hacer valer los derechos de libre comercio y prohibir las regulaciones que afectan a la competencia entre los distintos usos turísticos. Pero las ciudades tenemos una vía para ordenar los usos a través de la legislación urbanística, siempre que las restricciones estén bien fundamentadas. Así lo ha avalado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 enero del 2018, dictando a favor de una medida urbanística de un ayuntamiento de los Países Bajos, Appingedam, consistente en prohibir que el comercio minorista de ropa y calzado se ubicara fuera de la ciudad. Es un claro ejemplo de lucha entre los derechos individuales de libre mercado y la capacidad de la comunidad para regular los usos de nuestro medio ambiente urbano, que es uno de esos derechos junto con el derecho a una vivienda digna recogidos en la Constitución y por los que tan poco han hecho esos partidos que tanto se empeñan en defenderla para otras cuestiones. Regular y acotar los usos turísticos es imprescindible si queremos mantener ciudades vivas que sean algo más que un decorado para turistas, pero sobre todo es un derecho de nuestra comunidad, decidir qué queremos que sea nuestra ciudad.

El impacto sobre el acceso a la vivienda, la banalización del comercio o el colapso del espacio público por los usos turísticos son ejemplos de lo que tenemos que combatir si queremos sobrevivir en una ciudad turística como Santiago de Compostela. Tenemos derecho a habitar nuestra ciudad.

Jorge Duarte Vázquez. Arquitecto. En la actualidad Concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda, Mobilidade e Relacións Veciñais del Concello de Santiago de Compostela.

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