Galde 33 uda/2021/verano. Silvio Prado y Michael Reed Hurtado^[1].- 

La justicia ha sido esquiva en Nicaragua. Como manifestación de poder público, nació politizada, al servicio de liberales y conservadores; hoy, en vez de ser demostración de ecuanimidad e independencia, es un órgano más del Estado-partido que, sin controles, persigue su permanencia. El desarrollo institucional nunca cuajó en Nicaragua y, hoy, las instituciones de justicia –lejos de ser las ideadas en el marco del Estado de derecho– están en jaque. La justicia no sólo opera mal, sino que forma parte de la ecuación criminal incrustada en el aparato de poder público.

Como valor, la justicia y la defensa de lo justo han guiado cantos de cambio y promesas teñidas por los distintos colores políticos que, en distintos momentos, han raptado el poder público en Nicaragua. La materialización de ese valor –es decir, la experiencia concreta de la justicia que se deriva del ejercicio del poder público– no se ha experimentado.

Para promover el cambio en Nicaragua, es necesario recuperar instituciones básicas. Con miras a construir Estado y confrontar la arbitrariedad de las autoridades, se ha levantado un clamor popular en Nicaragua que activamente promueve y demanda justicia en relación con las violaciones cometidas en el marco de la ola represiva que se desató a partir de abril de 2018. Voces nicaragüenses muy variadas se suman a la demanda de justicia, a la aspiración de que los crímenes atroces cometidos no deben “quedar impunes si se quiere construir una Nicaragua distinta”. O como expresa otra de esas voces: “En Nicaragua luchamos para que la justicia deje de ser un sueño y la impunidad nuestra pesadilla”.

Tejiendo esperanza a partir de la determinación de perseguir justicia

La Coalición por la Justicia en Nicaragua es una alianza de organizaciones defensoras de derechos humanos y de solidaridad con Nicaragua constituida hace casi tres años. Sus miembros se encuentran dislocados en cinco países: Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, España y Holanda.

De acuerdo a una definición ampliamente aceptada, por impunidad se entiende “la ausencia, de iure o de facto, de la imputación de la responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo que aquéllos escapan a toda investigación tendente a permitir su imputación, su arresto, su juzgamiento y, en caso de reconocerse su culpabilidad, a su condena a penas apropiadas, y a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas” (ONU Doc. E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1).

En coherencia con lo anterior, la Coalición por la Justicia propugna por la investigación y sanción de las personas responsables de los crímenes, y promueve otras medidas complementarias y necesarias para que la justicia se materialice como valor central del Estado nicaragüense y se avance en un proceso de reparación integral. Estas exigencias están respaldadas por las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que soberanamente el Estado nicaragüense ha aceptado. No son impuestas por poderes foráneos, ni fabricadas por nosotros: son el reflejo de los estándares básicos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

En ausencia de límites políticos y éticos, que en Nicaragua se han extraviado, el derecho internacional de los derechos humanos afortunadamente asegura algunas demarcaciones. Se trata de mínimos establecidos por los mismos Estados para que la impunidad no tiña el ejercicio del poder público y la autoridad se distancie del crimen.

Por ello las organizaciones que conforman la Coalición formulan un reclamo robusto de justicia, que no es negociable, y debe ser protegido de la desnaturalización que puede resultar de su politización o instrumentalización. El proceso es y debe ser guiado por nicaragüenses, con el acompañamiento de la comunidad internacional. El régimen orteguista resiste activamente la demanda de justicia, profundiza su obstinación y ataca a quienes piden rendición de cuentas. Se defiende usando recursos estatales para aplastar los reclamos, como la reciente campaña en contra de la libertad de expresión y los derechos políticos. Justamente, en estas circunstancias es necesario que la comunidad internacional demuestre la vigencia del derecho internacional.

En Nicaragua encaramos una criminalidad arraigada en el Estado que, además de utilizar la institucionalidad para perpetrar y justificar los delitos, utiliza el sistema para garantizar su impunidad. No se trata de una simple desviación del poder o de abusos esporádicos; en Nicaragua se ha encumbrado una criminalidad “que es útil al sistema y es causada por el sistema. Corresponde al ambiente prevalente en el sistema”^[2]. Las graves violaciones cometidas desde abril de 2018, los actos sucesivos de represión y persecución, y la actuación para encubrir a los responsables atacan la cosa pública. El patrón de conducta que se combate no es sólo manifestación de desviación individual, implica desviación colectiva y organizada y, por lo tanto, las respuestas tendrán que establecer responsabilidades individuales y también abordar reformas institucionales.

La única manera de superar el pasado es encarando lo acontecido. No será mediante un borrón y cuenta nueva que se pueda dar lugar a un pueblo tolerante y sin resentimientos. No será mediante la irresponsabilidad que se construya futuro. Lo que hace el derecho internacional es marcar unos límites, mínimos, incómodos, pero que no se pueden obviar para que la arbitrariedad no destruya el juicio. Están allí, justamente, para ser utilizados en momentos como este, cuando “la justicia vale menos que el orín de los perros” (León Felipe).

Una ruta diferente: encarando la impunidad

Para el caso de Nicaragua, todos los elementos contenidos en la definición de impunidad antes citada concurren con claridad: la falta de investigación y atribución de responsabilidades por parte del Estado por los asesinatos; detenciones arbitrarias y torturas cometidas en contra de la población; el decreto de una autoamnistía en 2019 para ocultar y negar lo ocurrido, y la ausencia de reconocimiento de las víctimas y de medidas de reparación. Hasta el momento, la Coalición ha procurado documentar esas manifestaciones para encontrar las rutas que nos permitan superar esta situación.

Desde hace 200 años que nació como Estado independiente, Nicaragua se ha visto desangrada por una concatenación de conflictos armados y pactos políticos que han llevado a amnistías. Estas han impedido conocer la verdad de lo ocurrido y han garantizado la impunidad a responsables de graves violaciones de derechos humanos. De modo que se ha ido legitimando una suerte de trilogía de la impunidad: guerras, pactos y amnistías recíprocas. La Coalición ha plasmado un recuento de esta historia y tradición contraria a la justicia en su informe: Terminar con los pactos y las amnistías como mecanismos de transición. No podemos olvidar, como concluye ese informe, que: “(l)a historia nicaragüense es un eslabonamiento de impunidades que han grabado a fuego en la cultura política el antivalor de quien la hace no la paga”.

En ese contexto, la Coalición analizó la autoamnistía adoptada en junio de 2019 (ley núm. 996) en el marco de una convulsa coyuntura, que incluía una profunda crisis social y política, la criminalización de la protesta social y la absoluta impunidad de quienes habían perpetrado violaciones de derechos humanos. Notando que la norma se inserta en la larga práctica del Estado nicaragüense de utilizar las amnistías como un mecanismo de perdón y olvido, la Coalición concluyó en su informe “Una norma que promueve la injusticia” que: “Al exigir que las autoridades no cumplan con su deber de investigación, de manera manifiestamente arbitraria, el poder público se pone de lado del crimen y de la impunidad de los perpetradores de graves crímenes de Estado. En resumidas cuentas, esta ley es una senda que conduce a la fría y calculada impunidad”.

Construyendo caminos y sembrando esperanza

La Coalición por la Justicia es consciente de que los recursos nacionales de justicia no están disponibles en Nicaragua, pero continuará trabajando para asegurar que en el futuro pueda confrontarse la denegación de justicia y se establezcan condiciones para garantizar los derechos de las víctimas.

La Coalición plasmó su noción de justicia en un informe que expone Una ruta delineada por las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense. En ese documento consigna que “la justicia es la única forma de garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos y romper con el círculo de la venganza y la violencia revanchista que, por desgracia, nuestro país ha padecido en otros momentos de su historia”. Y, advierte que, además de promover la rendición de cuentas y el establecimiento de responsabilidades de los máximos responsables de los crímenes de Estado y de reparar a las víctimas y proteger el ejercicio de sus derechos, será necesario poner en marcha garantías de no repetición que respondan a las causas de las violaciones que han tenido lugar en Nicaragua desde, al menos, abril de 2018.

La búsqueda de justicia en Nicaragua convoca a muchos sectores; es hora de recuperar los valores perdidos y cumplir con los más básicos principios de humanidad: los derechos humanos. Desde diferentes perspectivas se ha construido un coro de voces: “Esta vez hagámoslo diferente: queremos justicia, no más impunidad”.

1. Integrantes de organizaciones que hacen parte de la Coalición por la Justicia en Nicaragua. ↑

2. Bert V.A. Röling, “The Significance of the Laws of War” en Antonio Cassese (ed.), Current Problems of International Law: Essays on UN Law and the Law of Armed Conflict (Milano: Dott A. Guiffrè Editore 1975), p. 133-155. ↑