La cultura del control en los estados autoritarios de derecho

(Galde 16 – otoño/2016). María Luisa Maqueda. Avanzamos a buen paso en la cultura institucionalizada de control que se ha ido instalando en las últimas décadas en Europa bajo la penosa influencia de los Estados Unidos. Mediante lemas tan cínicos como el de la “vivilidad” de las ciudades u otros que reivindican un espacio público no degradado y seguro para “ciudadanos libres” se inaugura la guerra contra las incivilidades y el desorden representados por sectores urbanos marginales, precarios, improductivos, desorganizados, ociosos (mendigos, vendedores ambulantes, jóvenes antinormativos, inmigrantes, prostitutas…) que aparecen conformados como una de las primeras categorías de riesgo que la postmodernidad sacrifica en pro de esa indefinida ideología del orden público en las calles. Cualquier signo diferenciador vale: la apariencia, los hábitos, los antecedentes, la etnia, la juventud… El Estado se rearma de autoridad moral a la hora de excluir a los inútiles e indeseables haciendo de la estrategia de la expulsión social uno de los cometidos del Derecho, que pasa así a convertirse en un instrumento de gestión de esa masa de excluidos que deben ser vigilados y disciplinados dentro de un espacio urbano crecientemente fortificado.

Pero el hecho de que desposeídos y marginales se constituyan en el centro neurálgico de los territorios coercitivos de exclusión no tiene nada de extraño si se enmarca en el contexto de unas políticas neoliberales que promueven precisamente su segregación social. Es más bien un ejercicio de coherencia, porque el capitalismo necesita “manejar” (management) de alguna manera a los frutos de su exclusión económica y social (Nicolás). Hacia ellos, las técnicas actuariales de estigmatización social, prohibición del uso del espacio público, permanente identificación y acoso policial o sanciones reiteradas y amenazantes han calado en los lenguajes mediáticos y han hecho mella en el imaginario colectivo, que las considera aceptables porque promueven la separación social de quienes son mayoritariamente concebidos como una amenaza social. Es, en definitiva, uno de los objetivos que marcan los castigos propios de la postmodernidad: el que se busca situar al margen a toda una población considerada desechable.

Aunque no es el único. Hay otras sanciones que buscan reafirmar las prerrogativas y los poderes del Estado en su vocación crecientemente autoritaria. Son los llamados “castigos de autoridad”, que se proponen desincentivar las respuestas ciudadanas a las situaciones de creciente inseguridad social (Faugeron). El paro en masa, la precariedad salarial o la reducción de la protección y la asistencia sociales que acompañan a un ya raquítico Estado del bienestar generan protestas generalizadas de la ciudadanía que son reprimidas para garantizar el orden en la calle. Los movimientos sociales nacidos en los últimos años como signo de resistencia frente a los avances de un capitalismo cada vez más avaro han pasado a ser la nueva clase peligrosa bajo una racionalidad punitiva que difiere poco de las anteriores. La preocupación –inquietante- de los poderes públicos se orienta, una vez más, hacia una represión indiscriminada que les alcanza a ellos y, bajo su representación, a sectores sociales enteros que se han ido incorporando, casi sin intuirlo, a los usos políticos de la tolerancia cero. Se trata, también esta vez, de garantizar la inmunidad de los espacios públicos, crecientemente privatizados y controlados, ahora frente a cualquier movilización colectiva que denuncie la injusticia inherente a los retos de la globalización económica o la irresponsabilidad política de unos Estados que han abominado de sus funciones de provisión social.

A primera vista pudiera pensarse que es su disidencia visible, considerada irracional, emotiva, radical…, la que preocupa a los poderes públicos en su afán de gubernamentalidad de las ciudades. Pero quizás sea más que eso. Quizás la verdadera razón que guía a esa voluntad de disciplinamiento masivo resida en el temor a que esa dinámica ciudadanista acabe constituyendo a gran escala un nuevo sujeto histórico, revolucionario y cooperativo, que suponga un desafío real a la autoridad del capital y del estado. Negri y Hardt le llaman “multitud” en tanto que contrapoder al capitalismo globalizado. No es masa ni muchedumbre porque no es una fuerza irracional, pasiva y manipulable sino que es una multiplicidad de singularidades que actúa global y organizadamente, como “fuerza de resistencia” frente a la dominación neoliberal, con capacidad de promover la insurrección y la constitución de un nuevo poder que convoque a la democracia y a la lucha contra los actuales modos de producción que permiten apropiarse de lo común y de la vida de tanta gente.

Es posiblemente bajo el signo de esa potencial amenaza que el Estado se rearma frente a cualquier forma de disidencia política. Como le es imposible vigilar a las fuerzas en movimiento, a todos esos grupos emergentes –y escurridizos- de una gran capacidad de movilización en la disputa por los derechos, sus funciones disciplinarias se extienden indefinidamente alcanzando a castigar de modo ejemplar cualquier infracción del orden. De ahí la proliferación de amplias normativas que, en nombre de la seguridad interior, cercenan las libertades cívicas y se proponen combatir a los movimientos progresistas y antiimperialistas que desafían el actual sistema económico (Portilla). Toda una malla de dispositivos legales y policiales que conducen a una multiplicidad de controles que resultan potencialmente aplicables a quien sea, en nombre de la seguridad, porque se trata de un registro al que cualquiera puede ingresar si trasgrede las finas líneas de la disidencia.

Y esta cultura de la emergencia avanza a pasos agigantados por toda la geografía mundial. En la cuna de la represión contemporánea, que son los Estados Unidos, los activistas de los movimientos sociales fueron tempranamente acusados de haber promovido la crisis del welfare state por la sobrecarga incesante de demandas sociales y haber precipitado la puesta en marcha de un proyecto de mano dura que rescatara el orden público del caos. Con él se abrirían paso políticas crecientes de tolerancia cero que se iniciaron en su territorio. Una década más tarde, en los años noventa, al tiempo que se multiplicaban los escenarios de protesta colectiva contra la gobernabilidad neoliberal a partir de los primeros foros antiglobalización de alcance mundial (Seattle, Génova, Rostock, Porto Alegre, Belem, Venezuela…), iban creciendo las regulaciones estatales de corte autoritario que se proponían su criminalización creciente. Como ejemplos merecen citarse prácticas policiales como las del espionaje en Francia de los Servicios de Información de la policía a movimientos sociales de signo contestatario e incluso a intelectuales críticos, tildados de “subversivos”. O legislaciones como la del Reino Unido, que amplía el concepto de “terrorista” – y su régimen de excepción- a los militantes de grupos y organizaciones de derechos humanos que planteen estrategias de lucha y resistencia radicales, aún en el extranjero. La reforma penal española de 30 de marzo de 2015 parece seguir esa misma senda al dar la ocasión de calificar como “atentado terrorista” (art. 573, 2º CP) el que tenga por finalidad “alterar gravemente la paz pública”, con la consecuencia de serle aplicables disposiciones excepcionales llamadas a adelantar el régimen general de la intervención penal, como la “justificación o enaltecimiento del hecho en las redes sociales” (art. 578 CP) o “la difusión de mensajes idóneos para incitar a su comisión” (art. 579 CP).

Pero hay mucho más. En el Estado español, la ofensiva institucional frente a las movilizaciones colectivas protagonizadas por distintos grupos de protesta (“Movimiento de Resistencia Global”, “Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, “Movimiento 15 M” o relacionados con él, como “Marea Blanca”, “Marea Verde”, “Plataforma ¡en Pie!”, “Coordinadora 25S”…) ha sobrepasado con creces los límites de lo previsible. Empezó con una huída hacia el Derecho Penal protagonizada por esa Ley de reforma 1/ 2015, de 30 de marzo, en materia de atentados y desórdenes públicos, cuyas nuevas regulaciones son muy expresivas de un expansionismo punitivo sin precedentes. Por ejemplo, el delito de atentado (art. 550 ss.CP) se concibe cada vez más, sin concesiones, como un desafío al principio de autoridad al alojar conductas menos peligrosas (resistencia pasiva, mera exhibición de armas…) o sujetos (personal de las empresas privadas de seguridad) que antes no tenían cabida en su ámbito aplicativo o disfrutaban de un régimen atenuado. Y el delito de desórdenes públicos (art. 557 ss.CP) sufre unas modificaciones que son aún más alarmantes pues ya no se precisa, como antes, “la actuación en grupo”, ni que “la violencia” –cuya exigencia se suprime a veces (vgr. piquetes informativos de huelga presentes en empresas públicas o privadas) – “se materialice en la causación de lesiones o daños”, ni que se actúe con “la finalidad de alterar la paz pública”, que la jurisprudencia había utilizado en ocasiones para sacar del tipo determinadas formas de protesta reivindicativas de derechos, como el corte de carreteras de jornaleros que reivindicaban la reforma agraria o incidentes en el metro para denunciar la precaria calidad del servicio… Y, además, por si fuera poco, trata como autores del delito no sólo a quienes protagonizan los desórdenes sino también a quienes los incitan o refuerzan su disposición de llevarlos a cabo, aún si lo hacen mediante la distribución o difusión pública de mensajes o consignas provocadoras…

La Ley de Seguridad Ciudadana 5/2015, de la misma fecha, completa este panorama desolador con un abigarrado conjunto de dispositivos represivos contra las libertades públicas de reunión y de manifestación, especialmente significativas en un momento en que la ausencia de políticas sociales y el recorte estatal de ayudas y de servicios como la salud, la vivienda o la educación las hacen imprescindibles para la reivindicación de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. A partir de ella, la prohibición se convierte en la regla y la arbitrariedad policial para definir sus contornos y acordar las sanciones también. Las permanentes comprobaciones de identidad, cacheos, registros corporales, controles…, se erigen, como no podía ser menos, en señas de identidad de un estado de vigilancia cada vez más imponente que rehúye la presencia judicial.

Y es que la desconfianza gubernamental hacia los jueces sentida en los últimos años, a partir de 2012 sobre todo, por el inesperado garantismo de que han hecho gala en el enjuiciamiento de las conductas relacionadas con actos de protesta pública (escraches, concentraciones ante el Congreso de los Diputados o ante el Parlamento de Cataluña, desobediencias, atentados, resistencia a la autoridad …), está muy seguramente en el origen de estas estrategias de control de carácter puramente administrativo que intimidan igual –porque las sanciones pecuniarias son extremadamente graves y la indefensión frente a ellas también- y que contribuyen más ágil y eficazmente a esa cultura postmoderna de la emergencia frente a una población crecientemente nutrida de “antisociales” marcados por la desigualdad y la precariedad de sus derechos económicos y cívicos.

Ante tanto dislate legislativo, queda todo un compás de espera para comprobar si sigue adelante ese combate a que se refiere Balibar contra la universalidad dominante y el sistema establecido de la política en que el poder de regulación de la multitud –de esos grupos sociales de liberación- se imponga y marque el fin de este mapa global de normalización disciplinaria*.

* Esta y otras citas del texto se documentan y amplían en mi artículo “La criminalización del espacio público. El imparable ascenso de las “clases peligrosas”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. RECPC 17-12 (2015).

Categorized | Cultura, Dossier, Política

Txema García
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Sebastião Salgado
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