La doble crisis del empleo

 

(Galde 18, primavera/2017). Albert Recio.

I

La historia del capitalismo es una historia de crisis permanente para la población asalariada. Sólo al final de la “edad de oro” del capitalismo hubo un corto periodo en el que podía pensarse que las clases trabajadoras de los países avanzados (particularmente en Europa occidental) habían conseguido consolidar una serie de conquistas que garantizaban un nivel básico de seguridad económica, de derechos sociales y bienestar. Aunque nunca fueron conquistas universales, como constataron los primeros estudios sobre segmentación del mercado laboral, la crítica feminista y los estudios sobre la inmigración transnacional, abarcaban al menos estratos muy amplios de la clase obrera. Con la crisis de los setenta del pasado siglo y el advenimiento del neoliberalismo se puso de manifiesto que parte de las conquistas habían sido coyunturales. Y se cumplía el razonado pronóstico del economista polaco Michael Kalecki (realizado en 1943): los líderes capitalistas acabarían por preferir la vuelta al viejo capitalismo de paro recurrente porque ello les garantizaba una posición de poder sobre la clase obrera y la democracia social.

Los últimos treinta y cinco años han estado marcados por la hegemonía neoliberal en la gestión macroeconómica. Y por una profunda transformación de la organización de la empresa capitalista apoyada en este entorno macroeconómico, en las oportunidades generadas por las nuevas tecnologías de la información y por una aplicación sistemática de las técnicas de manipulación psicológica. Uno de los elementos básicos de esta transformación ha afectado a los aspectos institucionales de las relaciones laborales, si bien ésta ha adoptado formas e intensidades diferentes en cada país. Las diferencias se deben tanto a la inercia de las tradiciones, a las características de las estructuras de clase de cada país, a los modelos de acción política. En términos generales podemos decir que allí donde predominaba un modelo de regulación laboral basado casi exclusivamente en la negociación colectiva (países anglosajones) la ofensiva neoliberal se ha centrado en atacar directamente a los sindicatos, mientras que allí donde regía una regulación fuerte de los derechos laborales (como en el Estado español) ha predominado la contrarrevolución legal. Pero el resultado ha sido en todas partes el mismo: un debilitamiento de los derechos sociales y colectivos de la población asalariada, una mayor individualización y fragmentación de las relaciones laborales.

El paro masivo ha sido la excusa recurrente para justificar estos ataques a los derechos laborales. El renacimiento de la vieja teoría neoclásica a partir de finales de los sesenta ha propiciado la coartada intelectual a estas políticas. Mientras que las diferentes corrientes económicas heterodoxas consideran que el paro es fundamentalmente el resultado del funcionamiento normal de una economía capitalista (y por tanto su eliminación pasa, cuando menos, por regular el capitalismo), para los economistas neoclásicos el paro es un problema del mercado laboral, más estrictamente del exceso de derechos laborales. Pese a su elevada sofisticación formal su modelo siempre conduce a una solución simplista: bajando salarios se llegará al pleno empleo. Desregular es el camino para bajar salarios. Y este simplista modelo se ha impuesto como base de las recetas de los grandes organismos internacionales que promueven reformas estructurales cada vez que un país tiene problemas. Como la economía española tiene problemas recurrentes de empleo, fruto en gran medida de su posición en el contexto del capitalismo global, nos ha tocado vivir en un territorio donde la reforma laboral ha adquirido un carácter recurrente.

II

La crisis de 2008 ha marcado una nueva vuelta de tuerca. A la crisis se llegó con un mercado laboral complejo y con elevadas tasas de precariedad, en parte propiciadas por las reformas laborales anteriores. Por profundas transformaciones de la organización laboral en sectores clave: cualquier análisis de la organización imperantes en sectores tan dispares como el automóvil o la construcción permitía reconocer la elevada segmentación de las condiciones laborales practicada por las empresas utilizando tanto las posibilidades de una contratación laboral a la carta como las cadenas de externalización y subcontratación. Por el peso de sectores donde en casi todo el mundo la precariedad laboral, en grado diverso, es habitual (como es el caso de construcción y turismo, el eje del “milagro español” del período 1996-2007). También por la política de precarización creciente en el empleo público, visible en sectores como sanidad y educación. Sin perder de vista el papel jugado por la ingente masa de población inmigrada sometida a unas reglas institucionales que las encerraban en la precariedad y el empleo irregular (particularmente grave en el caso de las mujeres ocupadas en actividades de cuidados domésticos). Por esto cuando estalló la crisis ya teníamos tasas de precariedad insoportables y una auténtica devaluación de la norma salarial.

La crisis del 2008, agravada por los programas de ajuste de 2010 y 2012, generó un ejército de reserva masivo. No sólo por la destrucción masiva de puestos de trabajo. También porque en el periodo 2008-2012 se produjo un fenómeno inédito en las crisis anteriores: la llegada masiva de mujeres adultas (mayores de 30 años) al mercado laboral. Unas 900.000 personas que se sumaron a los 3,5 millones que habían perdido el empleo. Este fenómeno es en sí mismo esclarecedor del modelo social generado por años de gestión neoliberal. En anteriores crisis las mujeres no entraban al mercado laboral. Si en la última crisis entraron en parte fue porque había ciertas expectativas de empleo en sectores feminizados (sanidad, servicios de cuidados…), pero en gran parte por la debilidad económica de las familias, con perspectivas de empleo masculino de larga duración y con inusitadas cotas de endeudamiento generadas por el capitalismo financiero. Y un ejército de reserva masivo es siempre una precondición básica para debilitar salarios y condiciones de empleo. Parte de la reducción posterior del paro se debe a una salida del mercado laboral vía emigración (mayormente de antiguos inmigrantes), así como por el “desencanto” de parados de larga duración (especialmente jóvenes y personas mayores de 50 años). Por esto el ejército de reserva real es bastante mayor que la cifra oficial de paro, y sigue constituyendo un amplio espacio de maniobra para las políticas de la patronal.

III

El paro masivo no ha sido la única consecuencia de la crisis. La patronal española ha hecho suyo aquello de “no hay mal que por bien no venga” y ha utilizado la crisis como pretexto para imponer dos reformas laborales sucesivas con la complicidad de los partidos de orden y la bendición de las élites intelectuales. Las dos reformas suponen en muchos casos la profundización de los aspectos más destructivos de anteriores reformas: abaratamiento y mayores facilidades al despido, aumento de las prerrogativas empresariales en términos de movilidad y flexibilidad laboral, etc. Pero la reforma de 2012 introduce un cambio radical en una cuestión que hasta este momento no había sido atacada: la negociación colectiva y los derechos sindicales.

Aunque a menudo hemos criticado la moderación de los grandes sindicatos, un análisis comparativo permitía observar que el modelo de negociación colectiva español garantizaba la cobertura de derechos básicos para millones de personas. Los convenios de sector garantizaban (al menos sobre el papel) unas bases salariales y unos derechos esenciales. Pongo un ejemplo de una investigación europea sobre sectores de bajos salarios en la que participé hace unos pocos años. A la hora de buscar ejemplos de buenas prácticas para gran parte de mis colegas resultó evidente el derecho a la subrogación de personal en aquellas actividades donde es habitual la subcontratación de servicios. En una serie importante de sectores como hostelería, limpieza, asistencia domiciliaria…, los empleados de una subcontrata mantienen el empleo cuando cambia la empresa que ejecuta el servicio (y el salario, porque depende de un convenio sectorial y ha impedido que las empresas compitan en los contratos a base de rebajar salarios). Todo ello ha dependido de acuerdos generales aplicables en los convenios provinciales. La reforma laboral del PP ha ido directamente a quebrar esta cobertura por vía diversas (de hecho la nueva ley laboral contiene mecanismos orientados a dinamitar el modelo de negociación colectiva): promoción de los convenios de empresa, limitación de la cláusula de ultraactividad, variedad de mecanismos para el descuelgue e incluso amplias oportunidades para que las empresas creen su propia representación sindical.

Y el resultado es ya patente, aunque quizás menos devastador porque ha habido una cierta capacidad de resistencia sindical: nuevas reducciones de salarios, aparición de empresas de externalización con convenios propios, etc.

No se trata de una deriva española, de la cutrez del PP y sus aliados (la derecha nacionalista catalana y vasca, los modernos “ciudadanos”). La voluntad de fraccionamiento de la acción sindical forma parte del paquete de recetas que tratan de imponer la UE, el FMI, la OCDE. Recientemente Grecia ha sido objeto de una nueva propuesta de reforma de la negociación colectiva en el mismo sentido que la española. A pesar de que una comisión paritaria nombrada por la UE y el gobierno griego propuso por mayoría no romper la negociación salarial, las autoridades comunitarias han seguido insistiendo en aplicar una reforma a la española. También el presuntamente modernizador Macron ha considerado una prioridad la reforma laboral. Se trata en todos los casos de imponer un marco legal que en la práctica impida una verdadera negociación laboral de carácter colectivo. Esta es una matriz de todas las políticas neoliberales: normativizar y garantizar los derechos del capital.

IV

Revertir esta situación es absolutamente básico para restablecer derechos sociales. Requiere cambiar tanto las políticas económicas como las regulaciones laborales. Sin duda exige desarrollar movimientos sociales de largo alcance. Dada la densidad y poder de los impulsores de las políticas neoliberales es evidente que ello exige un enorme acopio de dinámicas y la integración de colectivos en un solo proceso. Una de las debilidades fundamentales que ha tenido la izquierda en todo el período neoliberal ha sido precisamente su dificultad para integrar a la enorme complejidad de sectores laborales.

Una complejidad que, en parte, es el resultado del éxito de las políticas de fraccionamiento desarrolladas por el mundo empresarial: contratos laborales a la carta, subcontratas, políticas migratorias represivas, políticas de conciliación con un inefable efluvio sexista (que condena a muchas mujeres al empleo a tiempo parcial), represión y debilitamiento del sindicalismo… Es también el producto de una escisión social en el ámbito de los modelos sociales de referencia entre estratos diferentes de asalariados. Escisión favorecida por el desigual desempeño en el proceso educativo y que colabora a generar personas que se viven a sí mismas como competidores en una carrera profesional y fracasados condenados al empleo precario de por vida. Entre los mismos precarios se manifiesta esta escisión y dificulta una acción colectiva común. Por esto cualquier labor de recomposición del conflicto de clases exige al mismo tiempo de buenas propuestas políticas, de iniciativas organizativas, de políticas culturales, de capacidad de transformar una clase dividida en un proceso común. Exige recomponer la cultura igualitaria que está en la base de cualquier cambio social de largo contenido.


* Profesor de Economia del Trabajo y Políticas Socio Laborales en la UAB.

Categorized | Economía, Sociedad

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