La cultura como derecho ciudadano

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¿Es posible regular y garantizar legalmente el acceso a la cultura? 

(Galde 15 verano/2016). Beatriz Barreiro CarrilEl artículo 44.1 de nuestra Constitución establece que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Este artículo se encuentra ubicado en el capítulo tercero (“de los principios rectores de la política social y económica”) del título I (“de los derechos y deberes fundamentales”). El derecho de acceso a la cultura es, por tanto, un derecho fundamental, al igual que lo son los derechos referidos en el capítulo II de dicho título (“derechos y libertades”). Sin embargo, no goza de las garantías de estos últimos: reserva de ley (la prohibición de que su regulación se realice por el Gobierno por vía reglamentaria) y –para aquéllos comprendidos en la sección I del capítulo II (libertad religiosa, derecho al honor, derecho a la intimidad, etc.) – recurso judicial, incluido el amparo constitucional en caso de violación del derecho en cuestión.

Sin embargo, los derechos referidos en el título III, como el derecho a la protección de la salud, y también, el derecho de acceso a la cultura, “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. Nuestra Constitución añade que “sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen” (Artículo 53.3).

Se plantea en los objetivos de este dossier la pregunta si sería conveniente desarrollar legalmente el derecho de acceso a la cultura, y, también, en qué medida ello pudiera contribuir al mayor respeto y promoción de tal derecho, especialmente en el contexto de crisis económica.

En primer lugar, hay que recordar que, como nos indica el profesor Jesús Prieto, en su imprescindible libro “Cultura, Culturas y Constitución”, el derecho de acceso a la cultura conlleva la obligación por parte del Estado de crear las condiciones para que los individuos puedan “participar realmente en la “vida cultural” que demanda el artículo 9.2 de la Constitución” ( señala éste que “corresponde a los poderes públicos… facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida …cultural …”).

Ahora bien, este precepto es bastante general. ¿De qué maneras se puede especificar la obligación estatal en cuestión?, ¿cómo se pueden concretar esas condiciones de participación en la vida cultural? Dar respuesta a este tipo de cuestiones es fundamental, ya que a mayor concreción del contenido y de las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la cultura, mayores serán las posibilidades de reducir el grado de discrecionalidad de la Administración en el diseño y desarrollo de las políticas públicas que afecten a dicho derecho. Tal concreción podría llevarse a cabo a través de la regulación legal del derecho de acceso a la cultura. Pero, ¿qué parámetros de concreción podrían incluirse en una eventual ley de este tipo?

Pues bien, los desarrollos realizados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas en su Observación General (OG) sobre el derecho a participar en la vida cultural, derecho reconocido en el artículo 15.1.a) del Pacto Internacional de DESC, pueden resultar muy útiles en tal sentido. Las observaciones generales constituyen una interpretación autorizada por parte del Comité del contenido y las obligaciones estatales derivadas de los derechos contenidos en el Pacto, y la OG mencionada se presenta como una herramienta esencial para inspirar pautas a incluir en una eventual ley de acceso a la cultura. Además, España es parte del Pacto, por lo que está obligada a cumplirlo, y le vincula la interpretación realizada por el Comité DESC en su OG, en virtud del principio de buena fe que rige las relaciones internacionales.

Así, por ejemplo, la OG establece que del derecho a participar en la vida cultural deriva la obligación estatal de adoptar medidas concretas para lograr que se respete el derecho de toda persona, individualmente o dentro de una comunidad, a “participar libremente de manera activa e informada, y sin discriminación, en los procesos importantes de adopción de decisiones que puedan repercutir en su forma de vida” y en el derecho a participar en la vida cultural. Vemos, por tanto, que esta pauta de participación podría ser incluida en una ley de acceso a la cultura. La necesidad de involucrar a los agentes culturales y a la sociedad civil en general en el diseño de las políticas públicas culturales es apremiante. La inclusión de una pauta de este tipo reduciría la discrecionalidad en el ejercicio de las políticas públicas que afectan al derecho de acceso a la cultura. Cuanto menos, sería necesario consultar a los agentes involucrados antes de la toma de decisión en cuestión, y la falta de consulta en sí misma podría constituir la vulneración de la norma.

Otro elemento del derecho a participar en la vida cultural incluido en la OG que puede ser muy útil para incorporar en el eventual desarrollo legislativo del derecho de acceso a la cultura a nivel estatal es “la accesibilidad que “consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas [de disfrute pleno] de una cultura que esté al alcance… financiero de todos.” A pesar de que este elemento supone una pauta que contribuye a concretizar el derecho de acceso a la cultura, continúa siendo bastante general. Se trata, además, de una cuestión fundamental en tiempos de crisis económica. ¿Podría, por ejemplo, considerarse, que la subida del IVA cultural va en contra de este elemento de “accesibilidad” y por tanto del derecho a participar en la vida cultural, reconocido por el Pacto de DESC?

También para resolver esta cuestión el propio Comité DESC, esta vez en un texto publicado en 2012 con ocasión de las medidas de austeridad llevadas a cabo por varios Estados de la UE (España incluida), ofrece parámetros muy útiles. Así, aunque el Comité DESC reconoció que algunos ajustes son en ocasiones inevitables, ha insistido en que cualquier medida de ajuste que afecte a derechos debe estar sujeta a una serie de requisitos. Es decir, los recortes no irían en sí mismos en contra del Pacto, pero sí podrían contravenirlo formas de llevarlos a cabo que no respeten dichos requisitos. Entre ellos se encuentran la necesidad y proporcionalidad de la medida, o la exigencia de que no sea discriminatoria, por ejemplo, al incluir aquélla medidas fiscales que permitan mitigar las iniquidades que suelen acrecentarse en tiempos de crisis. Otro requisito señalado por el Comité es la realización de estudios de impacto en los derechos económicos, sociales y culturales de las personas más vulnerables de la medida de austeridad que se pretende llevar a cabo. Requisitos de este tipo podrían ser incorporados en el desarrollo legislativo del derecho de acceso a la cultura, y, también, y más ampliamente en cualquier tipo de programa económico desarrollado como respuesta a la recesión económica. Son requisitos que reducen de forma clara la discrecionalidad de las administraciones, ya que, por ejemplo, la mera ausencia del estudio de impacto mencionado supondría la vulneración de la norma.

El derecho de acceso a la cultura no es el único azotado por la crisis económica y los recortes. Otros derechos económicos y sociales también han sido duramente afectados, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda… Ciertamente, una ley de acceso a la cultura no es una garantía inmediata de la mejora en el acceso a la cultura. Sin embargo, resulta claro que contribuiría a la visibilidad del acceso a la cultura como un derecho fundamental.

Beatriz Barreiro Carril. Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Categorized | Cultura, Derechos Humanos, Dossier

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