Galde 47. Negua 2024 Invierno. Iñaki Markez entrevista a María Fuster.-

.Entrevistamos a María Fuster Blay, Presidenta de la AEN-PSM y abogada especializada en salud mental y discapacidad. No estamos acostumbrados a que una asociación con más de dos mil profesionales de la Psiquiatría y la Psicología como es la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental tenga a una abogada al frente. En este caso siendo una profesional del Derecho que tiene un largo recorrido como asesora, docente y colaboradora en este campo de la salud mental y los derechos humanos desde diversas instituciones.

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¿Qué es la AEN-PSM? Conocemos asociaciones gremiales dedicadas a un tipo de profesión, pero esta parece diferente, con unas señas de identidad peculiares ¿no?

Es una sociedad científica y profesional multidisciplinar que agrupa el conjunto de ciencias y profesiones que trabajan en Salud Mental. Tienen cabida profesionales que se estén implicados en una labor colectiva como es la salud mental. La AEN-PSM defiende un modelo de atención, unos conocimientos, habilidades y técnicas, que deben dar respuesta a las necesidades de la población y respetar los derechos humanos. Precisamente una de nuestras señas de identidad es el compromiso ético con la sociedad. Esta asociación pretende ser un lugar de encuentro entre profesionales, instituciones y asociaciones civiles que trabajan por la mejora de la calidad asistencial y su transformación desde una mirada progresista.

El modelo comunitario de atención por el que abogamos se basa en el desarrollo de una red de servicios públicos de calidad que integren los dispositivos necesarios para atender a la población bajo los principios de la equidad y la solidaridad, trabajando en coordinación con los equipos de atención primaria y favoreciendo la participación de las personas afectadas con un compromiso particular con la defensa de los derechos humanos y la no exclusión.

Tenemos cabida todas las profesiones implicadas en una tarea colectiva como es la salud mental, con la participación de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, educación e integración social, juristas, sociología… y otros profesionales que trabajan en este ámbito. Más de dos mil personas asociadas es una cifra más que considerable de profesionales organizados. En nuestra última asamblea acordamos incluir además como personas socias a quienes trabajan como profesionales de apoyo mutuo, es decir, personas con experiencia propia en salud mental que apoyan profesionalmente a personas que están pasando por procesos de sufrimiento. Las voces y experiencias de todas estas profesiones nos amplían la mirada y el conocimiento.

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¿Qué tipo de vínculos tiene esta asociación con los laboratorios farmacéuticos, con partidos y gobiernos? Porque es conocido que otras asociaciones profesionales sí los tienen

Es importante resaltar que la AEN-PSM es una asociación que cultiva la independencia frente a las administraciones públicas, los partidos políticos y la industria farmacéutica para ser de ese modo un interlocutor válido y transparente. Hace ya años se decidió que ni la asociación, ni ninguna de nuestras actividades, estuvieran financiadas ni apoyadas por la industria farmacéutica y esto, aunque limita algunas actividades y su proyección pública, nos facilita el estudio y profundización en muchas cuestiones fuera de importantes conflictos de intereses.

Por otro lado, me gustaría señalar la importancia que damos a la formación de profesionales, por lo que impulsamos formación propia o apoyamos la de otras asociaciones o entidades colaboradoras que cumplen nuestros mismos objetivos. Así mismo es de interés para la AEN-PSM el promover una investigación independiente, plural y que responda tanto a las actuales necesidades del sistema nacional de salud, como al avance de las ciencias que conforman el campo de la salud mental. Parte de esta investigación se publica en nuestras publicaciones, que invito a conocer porque se encuentran abiertas a la población sin restricciones.

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Este año la asociación cumple su centenario, ¿van a llevar a cabo alguna conmemoración por tan importante fecha?

La AEN nació en diciembre de 1924 como Asociación Española de Neuropsiquiatras y ha evolucionado con los cambios políticos, sociales y culturales de estos 100 años. Hace unas décadas que ya desapareció la figura del neuropsiquiatra, somos la asociación de profesionales de salud mental más longeva del Estado, y contamos con una diversa actividad. Como suelo decir, la AEN-PSM está muy viva, a través de nuestras asociaciones autonómicas y diferentes espacios de encuentro, trabajo y divulgación en los que las personas asociadas participan.

Hace dos años pusimos en marcha un grupo de trabajo para generar actividades que tengan que ver con nuestra historia y nuestro centenario. Será en nuestro Congreso del año 2025, que se celebrará en Bilbao los días 5 a 7 de junio, en colaboración con nuestra asociación vasco-navarra, OME, Osasun Mentalaren Elkartea. El lema del Congreso es “El paradigma de la complejidad”, y nos daremos cita para poner en valor nuestra historia y los logros conseguidos a través de nuestro largo recorrido, así como decidir cómo queremos iniciar los siguientes 100 años o, cuando menos, ir creando las bases para nuevos compromisos profesionales con la comunidad para los próximos tiempos.

Nuestra asociación ha contribuido activamente al desarrollo de la salud mental comunitaria, sobre todo desde los años ochenta cuando se produjo la reforma psiquiátrica de este Estado, y hemos participado en los importantes cambios legislativos que recogen el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas con grave sufrimiento psíquico, sus entornos y de los profesionales que los acompañamos. El cierre de los manicomios con sus prácticas permitió recuperar su dignidad en el camino hacia la salud mental comunitaria.

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Actualmente ostenta la presidencia de la AEN-PSM, y es usted jurista. ¿Cómo ha llegado a este cargo?

Suelo decir que el hecho de que una abogada en ejercicio tenga la presidencia de la asociación, es una buena muestra de la apertura de la AEN-PSM a integrar nuevos conocimientos y reconocer que diferentes profesiones, tanto sanitarias como sociales, son importantes para construir el modelo que defendemos. Ser socia de esta asociación y conocer de cerca que otras maneras de trabajar en salud mental eran posibles, fue un momento importante en mi proceso profesional y personal. Me sentí acogida e integrada en la vida asociativa, con una perspectiva transdisciplinar para lograr nuestros objetivos.

La presidencia de la asociación es un cargo que asumí con responsabilidad, alegría y compromiso. Hemos trabajado intensamente estos más de dos años para avanzar en nuestros objetivos, con la mente puesta en la celebración de nuestro centenario. Tras el trabajo realizado durante los tres años para los que fuimos designados como junta, en nuestro Congreso dejaré la presidencia para que otras compañeras puedan seguir liderando nuestra asociación, y pasaré a trabajar activamente en nuestra comisión de ética y legislación, para seguir impulsando reformas legislativas tan necesarias para que el trabajo en salud mental se base en el respeto a los derechos fundamentales de las personas con grave sufrimiento psíquico, así como la dignificación de los profesionales que trabajamos en este ámbito.

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Al hilo del próximo reto asociativo, ¿qué normativa protege los derechos de las personas con problemas de salud mental graves?

Las personas con problemas de salud mental graves tienen una discapacidad. En este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un punto de inflexión en relación a la normativa y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 que establece principios como la igualdad, la no discriminación, la autonomía en la toma de decisiones, la participación plena en la sociedad y la vida independiente (en su caso) con apoyos, el respeto por la diversidad y la accesibilidad. Su objetivo principal es promover, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, mientras fomenta su dignidad y autonomía.

Es un cambio de paradigma, que supone dejar atrás un modelo de asistencia hacia las personas con discapacidad para pasar a un modelo de apoyos. Reconoce que las personas con discapacidad deben disfrutar de los mismos derechos que cualquier otra persona y que deben ser incluidas en todos los aspectos de la vida, desde la educación y el empleo hasta la cultura y la vida política.

El Estado español firmó y ratificó la Convención en 2008, y como país firmante se comprometió a adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar los objetivos del tratado. Además, nuestra constitución establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que nuestra carta magna reconoce se deben interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ya ratificados, por lo que nuestra normativa debe de ajustarse a la Convención. Desde su ratificación, se han ido derogando normas que no se ajustaban a este nuevo modelo, y se han promulgado otras leyes acordes con este importante cambio, como la desaparición de las “incapacitaciones” a través de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad.

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¿Sigue habiendo normativa pendiente de adaptar?

Efectivamente aún queda mucho camino por recorrer, tanto desde el punto de vista normativo como sobre todo de integrar este nuevo modelo en el día a día. Estoy totalmente de acuerdo con que es necesario seguir avanzando en reformas legislativas, que hay que crear nuevos recursos de acompañamiento respetuosos con los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental graves. Pero todo esto debe de ir acompañado de un cambio de mirada y alinearse con los valores éticos que la Convención establece. Tenemos grandes retos normativos por delante, como, por ejemplo, la adaptación de la ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, o la eliminación de la valoración de la peligrosidad en el ámbito penal cuando una persona con problemas de salud mental comete un delito como consecuencia de dicho problema. Necesitamos un nuevo modelo ante estas situaciones.

En resumen, toda ley o norma que sea discriminatoria por causa de la discapacidad debe de ser suprimida o profundamente modificada, por eso aún tenemos una importante labor por delante. Tenemos un compromiso con la defensa de los derechos humanos, por lo que trabajaremos por estos cambios como ya hemos hecho en nuestra historia.

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Teniendo presente que la salud mental es un derecho necesario, lema de hace pocos años en el Día Mundial de la Salud Mental ¿Cree que existe un estigma en torno a la locura? Hay sectores de población que lo asocian a violencia, generando cierto tabú sobre la enfermedad mental.

Aunque vamos conociendo deportistas y personajes públicos que mencionan su malestar psíquico, vemos y leemos que ante episodios psicóticos tras la agitación o riesgos de daño hacia otros y a sí mismos, se asocia con comportamientos agresivos. Esto lleva a generar un estigma de peligrosidad de quienes padecen enfermedades mentales, y se les señala como alguien con riesgo de cometer actos violentos, aunque la realidad esté muy alejada de esa imagen pues no son más agresivas que la población general. Los manuales diagnósticos internacionales no expresan en sus criterios la violencia y, sin embargo, está muy presente en el ideario social, e incluso entre los profesionales de la salud. Así, en esta sociedad muchos actos violentos son atribuidos a enfermos mentales de modo arbitrario, sin considerar circunstancias psicosociales que podrían explicarlos. Esto conlleva a manipulaciones políticas e ideológicas en el ámbito mediático, que desvalorizan el sentido de estos actos y se suelen exponer de modo sensacionalista. Esta percepción permite un estigma para personas incómodas que dificultan los procesos de recuperación e inclusión. Estigma que lleva a mayor discriminación y ahonda en el aislamiento social.

Siguiendo a la AEN, se sugiere “establecer, de acuerdo con las pruebas disponibles, las intervenciones más efectivas para fomentar la integración y reducir el estigma de las personas con enfermedades mentales” pues los estereotipos más frecuentes se acompañan de peligrosidad y relación con actos violentos, incompetencia e incapacidad para tareas básicas de la vida, impredecible de sus reacciones y falta de control. Un estigma alejado de la realidad, insisto.

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Tras la pandemia ¿ha habido cambios en la atención a la salud mental? Tuvimos miedos y angustia y, de pronto, olvidamos lo vivido y sus enseñanzas, para estar sumergidos bajo el influjo de las redes sociales y el consumismo

Los duelos, que muchos quedaron pendientes, también el ‎aislamiento, las pérdidas económicas, temores al futuro y el miedo han generado o agravado trastornos de salud mental. En la población general y, también, en profesionales, lo que supuso cambios obligados en la organización en los propios centros de atención. No solo por la demanda ante cuadros afectivos, mayores consumos de sustancias, trastornos del sueño, ansiedades y otros varios. También con menor oferta de terapias o en las intervenciones de emergencia. En muchos lugares, la mal llamada telemedicina o la teleterapia, que pueden ser buenos recursos, en realidad fueron breves llamadas telefónicas que cancelaban la anterior atención presencial. Con muchas disparidades relevantes en las intervenciones.

Tras aquella pandemia o tras la reciente dana en el Levante o en otras catástrofes, tenemos que obtener aprendizajes para aplicar en nuestras vidas cotidianas y saber tener más presente medidas de salud pública y salud mental, tanto preventivas como de promoción de la salud.

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¿Algo más para terminar?

Necesitamos que, desde una psiquiatría, una psicología y otras áreas de intervención en la Salud Mental, en ese terreno de lo sociosanitario y lo psicosocial, consideren y estén atentas al saber acumulado por las ciencias de la salud, la historia, la sociología, la antropología y otras ramas del conocimiento nos ayuden a comprender el sufrimiento humano, sabiendo sortear erróneas concepciones. Con políticas bien definidas, con sus valores, principios, objetivos y acciones apuntando a mejorar la salud mental de la población, mientras desde los poderes públicos fortalecen los liderazgos y acciones institucionales que permitan erradicar los estigmas y, a su vez, promover el examen público y la evaluación de los recursos necesarios.

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