Fabián Laespada (Miembro de Euskara Denontzat y profesor de euskara en la UD)
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1. Impulsar

Desde la asociación “Euskara Denontzat, sin barreras” hemos promovido desde nuestros inicios eliminar, paulatinamente pero con decisión, las barreras de acceso al conocimiento de nuestra otra lengua oficial, el euskara. Así pues, sugerimos que si la Administración había de velar por ese conocimiento generalizado debía y debe facilitar todas las herramientas a su alcance. Pedimos la gratuidad, o al menos un precio simbólico, durante todo el proceso de euskaldunización. Entendemos que se deben facilitar permisos retribuidos para toda la clase trabajadora, con liberaciones de tiempo y dinero. Por otra parte, entendemos que los profesionales que están a pie de obra de esa euskaldunización, los profesores y profesoras de los euskaltegis, tienen mucho que decir en la evaluación de su alumnado, y, siempre con la garantía de un profesional externo, las pruebas de certificación y capacitación deberían hacerse en los propios centros de enseñanza del euskara. Las convocatorias masivas en el BEC, Ficoba y Seminario vitoriano provocan un grado no pequeño de ansiedad y malestar en los candidatos. Uno, que se ha bregado en estos asuntos durante años, ha visto flaquear y derretirse en un manojo de nervios a tantos alumnos, que llega a la conclusión de que este sistema de reválida patibulario supone un añadido de desasosiego innecesario.

También entendemos que existen en la sociedad vasca bastantes perfiles no tasados que, sin embargo, son más que suficientes para una atención correcta y euskaldún en muchos puestos de la administración vasca. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que en un comercio nos atienda un euskaldún sin ningún problema, y que probablemente no tiene un perfil lingüístico acreditado? ¿Es que para poder atender en euskera debemos pasar necesariamente por un examen que realmente evalúa bastante más que la capacidad comunicativa? ¿Nos parecería adecuado que, en el centro comercial, en la panadería del barrio o en las oficinas del ayuntamiento, certificáramos el nivel de conocimiento del castellano con B2 del Cervantes? Es obvio que miles de puestos de trabajo solo precisan conocimiento del idioma a nivel hablado. ¿Dónde están recogidos esos perfiles? En ningún lado, pero deberían reconocerse tan solo con una prueba oral. Se trata de proceder con flexibilidad, cintura de acción y cercanía a las situaciones diversas de nuestra riqueza sociolingüística. Hay un 19% de Belarriprest, bilingües pasivos, ulermendunak. Nos valen también.

Por último, también deberían valorarse los niveles A1 y A2, pues el esfuerzo para esas personas no ha sido pequeño y son capaces de entender una sencilla pregunta, incluso una respuesta casi mecánica: Bai, andrea, bai, hor goian dago zuzendariaren bulegoa.

Con todas estas propuestas procuramos incluir, facilitar y acercar a muchos ciudadanos el universo del euskara que, a menudo, lo ven como un espacio exigente, refractario, incómodo, ajeno, difícil… Pensemos que el porcentaje de estudiantes que empiezan desde cero y llegan a un nivel de B1 es muy pequeño (no llega al 1%), ya que en el camino la mayoría abandona (ver gráfico).

2. No expulsar

A quienes pensamos que la convivencia lingüística es un acervo social que puede y debe enriquecernos nos parece que en los últimos tiempos se están dando actitudes, declaraciones y ataques que no encajan para nada en una sociedad que se sabe abierta, solidaria y pacificada. Al menos, a nivel teórico. No hace falta soltar aquí una declaración institucional sobre la defensa y promoción del euskera, porque la sociedad vasca mayoritariamente lo considera patrimonio y lo quiere preservar. Pero aquí viene el problema: cómo gestionar el uso, el excuso o el abuso de ese impulso. Para algunos, saltarse la legalidad vigente sobre la exigencia de perfilación lingüística es una actitud encomiable si el objetivo final es lograr una sociedad euskaldún. Es decir, si el pueblo lo quiere, ¿qué me va a decir a mí la ley? Esta peligrosa mentalidad y manera de proceder la hemos escuchado en manifestaciones de calle y de micrófono, sin ningún rubor: ninguna instancia judicial, ni siquiera el Tribunal Constitucional, puede imponernos que en nuestro municipio hayamos decidido realizar todas las comunicaciones exclusivamente en nuestra lengua, el euskara, proclaman. Es de preocupar que la máxima autoridad de mi municipio apoye infringir la ley que su propio partido (junto a todos los demás) aprobaron en Vitoria. Allí se reunió con la autodenominada Euskalgintza, en el Palacio de Justicia; han pasado del acervo lingüístico al grito acerbo de “esto es mío y se hace como yo digo”.

Un rosario de sentencias ha tumbado sendas convocatorias de OPEs. La ley indica claramente cuál debe ser el porcentaje de puestos que cada institución debe procurar; un porcentaje -actualizado cada 5 años- que va aumentando a medida que la sociedad vasca es más euskaldún. Lo que se está consiguiendo es satisfactorio, al menos con los datos sobre la mesa, aunque la realidad sociolingüística y, más todavía, las preferencias lingüísticas de las y los pacientes indiquen una vinculación muy desdeñosa hacia el deseo de ser atendidos en euskara. Por ejemplo, en la OSI Barrualde-Galdakao, donde solicitan ser atendidos por sus médicos de familia en euskara un 27% de los pacientes, el nivel exigido es de 88% y los perfiles acreditados son del 71%. Pero es que en Encartaciones, que desea ser atendido en euskara un 1.6%, se exige que el 71% de los médicos obtengan un B2, y un 50% lo tienen ya acreditado. Otra cosa será la capacitación real de cada profesional sanitario para poder atender en euskara, que eso, a muchos de nosotros/as, sí nos preocupa más.

El mundo Euskalgintza necesitaba un chivo expiatorio para echarle carros de mermelada de vinagre a alguien y atrincherarse en ese maniqueísmo tan acendrado y comprometido cual es la defensa de nuestra lengua secular y propia. Y encontraron un sindicato que había puesto una decena de recursos para defender a sus propias trabajadoras de la maquinaria aplastante de la Administración. También encontraron una asociación como la nuestra, que había asesorado y apoyado a bastantes mujeres que veían sus puestos de trabajo en peligro y no se atrevían a interponer la demanda correspondiente. Se organizaron unas y otros; charlaban y contaban sus experiencias en un chat creado por ellas. Un periodista se infiltró para hacer acopio de ofensas al euskara. Sólo encontró personas que estaban preocupadas y cabreadas con esa situación de interinidad y desasosiego, pero que no maldecían al idioma, sino a los gestores. Como al periodista la realidad le rompía su historia fabulosa y fabulada, inventó calumnias inexistentes, ofensivas organizadas, mafias lingüísticas, nos comparó con Vox -el gran comodín- y Argia publicó un informe plagado de inexactitudes, errores y malos vientos.

Si uno se lo monta de verdades absolutas y modos incuestionables para lograr un supuesto bien superior, es fácil buscar y encontrar enemigos donde, sin embargo, solo existe pluralidad y diversidad de visiones. La expulsión de CCOO de la Korrika es el paradigma de la intransigencia y de “mi tesoro” tan Gollumniano, ese anillo que nadie más puede tocar. Los retos de la normalización lingüística que debemos afrontar desde ya no pueden suponer un enfrentamiento social. Ante las nuevas propuestas de reforma sobre el empleo público, no podemos conformarnos con una reforma legal que solo concite la adhesión de un solo partido, ni siquiera de dos; las diferentes tradiciones ideológicas del país deben llegar a un acuerdo tan plural y mayoritario como el anterior, porque el euskara es de todos, también de quienes lo usan con dificultades o les cuesta un esfuerzo supremo llegar a hablarlo. Incluso de quien no lo habla pero lo respeta. Y, como sociedad plurilingüe, no podemos permitirnos una suerte de “prioridad nacional” que margine de la oferta pública de empleo a una parte mayoritaria de la sociedad vasca. Garantizar el derecho de ser atendidos en euskara no significa que todos los servidores públicos deban conocer la lengua y acreditar su perfil, especialmente si solo el 18% lo pide. Los partidos abertzales, en sus propuestas legislativas, defienden que todos los puestos deberán ser perfilados, o que cada institución deberá decidir a su manera, con la inmensa inseguridad jurídica que esto pudiera provocar. Se podría dar el caso de que algún ayuntamiento decida que solo un funcionario sepa euskara para atender las escasas peticiones de este género.

A muchos no nos gusta expulsar, sobre todo cuando hablamos de una mayoría social, con los mismos derechos que el resto. A veces, se nos pasa por la cabeza que esto de la exigencia de niveles de euskara (exigir un C2 para todos los puestos técnicos) es como una especie de bula, una suerte de privilegio para premiar a los congéneres e ir conformando una casta bien situada que gobierne y gestione durante mucho tiempo, incapaz “de pisar las calles nuevamente de lo que fue …”