Galde 46, Udazkena 2024 Otoño. Antonio Duplá.-

Daniel Rico, profesor de Historia del Arte en la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicado recientemente un ensayo muy interesante: ¿Quién teme a Francisco Franco? Memoria, patrimonio, democracia (Barcelona, Anagrama, 2024). El título ya deja meridianamente claro el contenido. Se trata de abordar los problemas que se plantean en relación con la memoria y el patrimonio al tratar el qué hacer con los símbolos y monumentos del franquismo que puntean nuestros pueblos y ciudades y, también, en algunas ocasiones, paisajes. Hablamos de un asunto de políticas públicas, de políticas públicas de memoria, desde el momento que hay una referencia legal, la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática), además de varias leyes autonómicas similares. La ley general es particularmente prolija sobre el qué hacer con esa serie de símbolos y monumentos, a partir de un “deber de memoria (democrática)” que obligaría al parecer a borrar de una manera u otra casi todos esos restos, con algunas escasas excepciones, planteando un conflicto entre memoria y patrimonio. El tema no es ni sencillo ni cómodo, pues la conciencia antifranquista que se nos supone y la por otra parte encomiable labor de numerosos colectivos memorialistas parecería dar la razón sin mayores matices a estas propuestas legales. Por otro lado, las iniciativas de VOX que pretenden cuestionar, o incluso derogar, algunas leyes de memoria autonómicas, por ejemplo en Aragón y Baleares, nos empujarían de nuevo a apoyar sin fisuras todo este entramado legal de protección de la memoria democrática.

Sin embargo, el autor no se arredra ante este panorama y en un texto claro y lúcido, apoyado en un conocimiento sobresaliente de situaciones más o menos similares en otros países europeos o americanos y en la bibliografía especializada, no duda en denunciar lo que él considera una tendencia iconoclasta harto discutible. Y lo hace recurriendo a argumentaciones conceptuales muy interesantes. Por ejemplo, distinguiendo entre monumento conmemorativo y monumento histórico, subrayando la diferencia de contexto, de alcance, de impacto entre un símbolo o monumento erigido y celebrado en plena época franquista, por así decirlo activo en su dimensión conmemorativa y apologética, y ese mismo símbolo o monumento, tras varias décadas de sistema democrático, cuando ha perdido absolutamente ese carácter activo y queda como resto histórico, con una significación totalmente distinta. En todo caso, como insiste Rico, precisamente su preservación de la mano de una “conservación crítica” puede contribuir a resaltar la derrota del régimen que lo levantó y la victoria del sistema democrático. En el caso de las ciudades añade otro elemento de interés para la discusión que, como historiador, me interesa particularmente. Este conflicto entre Ley de Memoria Democrática y Ley de Patrimonio Histórico presenta otra vertiente fundamental. El borrado y/o demolición de esos símbolos y monumentos franquistas, que han perdido su significación original y su capital simbólico amenazador, implica el borrado de una parte de nuestra historia. Este esencialismo, en su opinión, que impregna la ley en realidad puede contribuir a difuminar una parte esencial de la historia reciente en España. Por el contrario, esa conservación crítica que propugna y de la que presenta ejemplos, ayudaría a conocer y comprender esa historia. Como sostiene el alcalde del pueblo de Amoeiro, en Orense, donde se realizó hace unos años una intervención modélica en el sentido que plantea Rico: «para qué vamos a amputar una parte de la historia cuando lo que tenemos que hacer es contarla» (en p. 143). O como se pregunta el arquitecto Alberto Tellería en el blog de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio: ¿Debe la Memoria Democrática borrar la Memoria del franquismo?

Todas estas cuestiones me interesan particularmente por razones políticas, pero también académicas. Estudiando las inscripciones que durante el franquismo se dedican en lengua latina al dictador, estoy observando que una buena parte de ellas se ha retirado de su emplazamiento o se ha modificado (en Madrid, en León, en Zaragoza, en Ferrol). A partir de una aplicación creo que burocrática de la ley de Memoria Democrática, generalmente por demandas de ciudadanos o colectivos henchidos de buena conciencia antifranquista, en realidad se está procediendo a un cierto borrado de la historia.

Prometo una segunda parte del artículo para ampliar el tema, en la que aludiré también al discutido Monumento a los Caídos de Pamplona.