(Galde 15 – verano/2016). Maria Ptqk. Un año después de las elecciones municipales del 24 de junio de 2015, que puso a plataformas ciudadanas al frente de ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz, Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol o Zaragoza, el cambio asoma en las políticas culturales, pero de forma tímida y desigual. Repasamos avances, retos y coyunturas.
Más que ningún partido, ellos son los verdaderos emergentes de la regeneración política en España. Nacidos del clima post-15M, del que han heredado tanto la actitud dialogante como unos modos de organización de corte asambleario u horizontal, los llamados “nuevos municipalismos” han irrumpido en las instituciones de la mano de plataformas ciudadanas –como Barcelona en Comú, Ahora Madrid o las Mareas gallegas– que integran bajo una misma nomenclatura partidos de izquierda, organizaciones sociales, activistas y personas sin experiencia previa de militancia. Un modelo de gobernanza inédito en la historia democrática española, esperanzador para quienes abogan por un mayor acercamiento entre ciudadanía y administraciones públicas, pero que en términos generales aún no se ha plasmado, de forma visible y decidida, en las en las Áreas de Cultura de los ayuntamientos.
A pesar de ello, estas organizaciones, a caballo entre lo social y lo político, están logrando introducir en el lenguaje institucional conceptos gestados desde el tejido de base (en grupos de trabajo, encuentros profesionales, redes sociales), más acordes con el modo contemporáneo de entender la política cultural. En concreto, con ellas va tomando carta de naturaleza la idea de “la cultura como bien común” que, no solo se opone a la de la cultura como recurso económico (que ha servido a la especulación inmobiliaria, la construcción de marca urbana, la edificación de grandes equipamientos sin criterios de sostenibilidad o la festivalización), sino que además expande y actualiza la idea, más arraigada en el lenguaje institucional de izquierdas, de la cultura como derecho. Al margen de diferencias teóricas, entender la cultura como bien común, y no solo como derecho, supone organizar su gestión de forma social y colectiva, y no (o, al menos, no solamente) mediada por la institución pública o la administración. Las palabras importan, sin duda, pero estamos ante algo más que un cambio de terminología.
¿Cómo se traduce esto a las políticas? En el terreno, la respuesta está cada vez más en los procesos de participación, tal vez el instrumento transversal más relevante, y a la vez complejo, para el desarrollo de modos de gobernanza más democráticos. De hecho, es en las Áreas de Participación y Ciudadanía, y no en las de Cultura, donde se están fraguando muchas de las acciones que, si se implementan adecuadamente, propiciarán cambios estratégicos en los demás campos. En Barcelona, el ejemplo de gestión comunitaria es el Ateneo Popular de NouBarris, a partir del cual se quiere idear un modelo para otros equipamientos. En Madrid, es la biblioteca del barrio de San Fermín, en cuyo diseño participan vecinos, colegios, técnicos municipales y arquitectos. Estos “nuevos municipalismos” –o institucionalismos, en un sentido más amplio– exigen, por un lado, fortalecer los equipamientos de proximidad y el tejido de base (colectivos, organizaciones, profesionales, espacios, redes de trabajo, etc.) y, por otro, descentralizar los mapas culturales urbanos, desde unos centros sobrecargados o sobredimensionados hacia barrios y periferias social y culturalmente activos.
Uno de los escollos es el difícil anclaje de estas medidas en las estructuras administrativas existentes. Los nuevos equipos de gobierno se topan con modalidades contractuales que obstaculizan la toma de decisiones fuera de los criterios establecidos (por ejemplo, la prohibición de atribuir direcciones de equipamientos a colectivos o la obligación de atribuir las contratas municipales a los proveedores de menor coste y no de mejor relación calidad-precio), con unas temporalidades dilatadas que impiden responder con agilidad a las demandas de la vida cultural, o con políticas de protección de datos que frenan la puesta en marcha de medidas de transparencia (para, por ejemplo, conocer el patrimonio y los sueldos de los cargos públicos). La dificultad estriba en que, para llevar a cabo sus programas, los “ayuntamientos del cambio” demandan nuevos marcos normativos pero la capacidad legislativa no reside en ellos sino en el Estado y las Comunidades Autónomas. Sin avances en los niveles administrativos superiores, el margen de acción municipal es limitado.
Mientras, la batalla política se concentra en los nombramientos y las re-estructuraciones de áreas y empresas municipales. Después de años de descrédito social, sorprende constatar que, pese a todo, la cultura sigue siendo un vector estratégicamente disputado como moneda de cambio y como símbolo de poder. Los casos de Madrid y Barcelona son, en este punto, paradigmáticos. En la ciudad condal, la gerencia del ICUB (del que dependen el Consell de la Cultura, BcnInnovació, La Virreina o el Festival Grec) sigue desierta y bajo la gestión del Comisionado de Cultura, cuya titular, Berta Sureda, ha sido relevada en mayo de este año tras el pacto de gobierno de Barcelona En Comú con el PSC y la consiguiente designación del socialista Jaume Collboni como Teniente de Alcalde de Cultura (un puesto que, hasta ese momento, también carecía de responsable). El elegido por Collboni para sustituir a Sureda fue, durante unos días, el veterano del PSC Xabier Marcé, hombre fuerte de la administración y empresario cultural, pero su nombramiento levantó tantas críticas entre el sector profesional afín a Barcelona en Comú que acabó por no producirse. En el momento de escribir este artículo, tanto la dirección del ICUB como la del Comisionado de Cultura siguen pendientes de designación. En Madrid, por su parte, el Área de Cultura ha sido epicentro de ataques y polémicas desde el inicio. Unos días después de su nombramiento, el concejal de Cultura de Ahora Madrid Guillermo Zapata fue cesado a causa de sus tweets de 2011 (donde bromeaba sobre judíos y víctimas del terrorismo en un contexto claramente humorístico). Su sustituta, Celia Mayer, se ha convertido desde entonces en objetivo privilegiado de la oposición, que ha pedido su cese en varias ocasiones. Entre ellas, las protestas suscitadas por el espectáculo de los titiriteros (que se saldó con la dimisión del Director de Programas y Actividades Culturales, Jesús Carrillo) o la retirada por error de una placa conmemorativa, en aplicación de la controvertida Ley de Memoria Histórica. El fortalecimiento de Madrid Activa, entidad que articula algunos de los proyectos de participación y proximidad más emblemáticos, o la restructuración de Madrid Destino, primer instrumento de la estrategia cultural municipal, dirigido por Santiago Eraso, tampoco están libres de polémica.
Otra dificultad, y no menor, es que el propio concepto de política cultural también está cambiando. Hoy, tanto en el nivel de las medidas como en el de los argumentarios, conviven: la defensa tradicional de una administración fuerte, articulada en torno a equipamientos, programación y subvenciones; la expansión de lo cultural hacia lo social, lo educativo y lo participativo, junto con medidas transversales en torno a la digitalización, la creatividad, la innovación y el acceso al conocimiento; la búsqueda de formas administrativas híbridas y más ligeras, mediante entes de intermediación que gestionen los recursos en diálogo con el sector, al resguardo de vaivenes electorales; o la crisis de los criterios de excelencia y excepcionalidad que, durante décadas, han presidido las políticas culturales pero hoy se consideran difícilmente compatibles con los principios de democracia y accesibilidad. La coexistencia de todos estos frentes, con sus complejidades, se da, además, en un escenario decaído, marcado por los recortes y la desinversión, el incremento del IVA cultural, una precariedad endémica, la falta de relevo generacional, la ausencia de marcos normativos, la escasez de planes estratégicos o los casos de corrupción que han afectado también a equipamientos culturales (como el IVAM y el Palau de la Música en Valencia o el Palau de Barcelona, por citar algunos de los más mediáticos). El panorama es tan complicado como, a su manera, estimulante.
En Euskadi no se puede hablar de nuevos municipalismos pues las elecciones no llevaron al gobierno a ninguna plataforma ciudadana. Pero para las autonómicas del próximo otoño, que se anuncian disputadas, hay sobre la mesa varios retos en materia cultural. Entre ellos: el proyecto de Guggenheim de Urdaibai, al que la Diputación de Bizkaia no parece dispuesta a renunciar; el clima de abandono de Vitoria-Gasteiz, con el coma inducido del Centro Cultural Montehermoso; la gestión de la post-capitalidad en Donostia, con Tabakalera como equipamiento central; el cierre indefinido de Chillida-Leku; o el plan de ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, cuyo personal de atención al público, por cierto, se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 6 de junio. Un escenario que abre un amplio campo de juego para los nuevos institucionalismos, con sus plataformas y confluencias.
Maria Ptqk. Productora cultural e investigadora independiente. Actualmente es coordinadora de LaPublika, laboratorio de investigación artística sobre esfera pública, dirigido por la productora de arte contemporáneo Consonni.
