Galde 48, Udaberria 2025 Primavera. Iñaki Bolibar.-
Resulta curioso que más de 150 años después de que Federico Engels publicara su “Contribución al problema de la vivienda”, y tras la enorme cantidad de experiencias y conocimiento que sobre el tema se han acumulado desde entonces, el problema siga abordándose en la actualidad como si de un problema nuevo se tratase, como si, cogidos por sorpresa, resultase necesario por primera vez explicar lo que pasa y reclamar medidas urgentes. Ciertamente cuesta entender que sociedades opulentas como la nuestra, que han logrado avances sustanciales en la cobertura de otras necesidades como la sanidad o la enseñanza pública, estén todavía tan lejos de resolver una de las más básicas: el derecho que establece el artículo 47 de la Constitución Española a disponer de una vivienda digna y adecuada, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas treinta años antes.
Pero todo tiene su explicación. El propio Engels profundizó ya entonces en la indisociable vinculación existente entre el desarrollo del sistema capitalista y el desarrollo urbano, del que la vivienda constituye una parte fundamental. En consecuencia, y por más que hablemos de un derecho , si su producción se somete a las lógicas del mercado, el problema de la vivienda resurgirá una y otra vez con el carácter crítico que presenta en la actualidad, por más que en determinados momentos la presión social y el compromiso de las administraciones públicas puedan conseguir aliviarlo. Esta doble constatación configura el marco en el que debe ser analizado el problema de la vivienda. Por un lado, debe asumirse que la realización efectiva del derecho a la vivienda constituye un problema de carácter estructural dentro de nuestro sistema económico y, por otra parte, cabe constatar que aún dentro de ese mismo sistema, desde hace ya cien años y en nuestro mismo contexto europeo, se han materializado múltiples experiencias que han demostrado hasta dónde se puede llegar cuando los poderes públicos se implican de verdad, y ponen al servicio de un proyecto de vivienda social de gran alcance, todas sus capacidades económicas, legales y administrativas. Cabe citar como ejemplos más significativos las experiencias en el Berlín de la república de Weimar, y en la llamada Viena Roja. Entre los años 1924 y 1930 se construyen en Berlín 135.000 viviendas sociales con financiación municipal, contando con la colaboración de señalados arquitectos de la Bauhaus que, además de aportar un alto nivel de exigencia en relación con la calidad arquitectónica, introdujeron los primeros procesos de industrialización en la construcción de viviendas, con el fin de abaratar sus costes. Entre 1923 y 1934 se construyen en Viena 64.000 viviendas municipales, todas ellas de alquiler social, también con un alto grado de compromiso con la calidad arquitectónica. En ambos casos resulta fundamental la contribución de la movilización social a través de todo tipo de agrupaciones con voluntad y capacidad de impulsar y desarrollar proyectos de vivienda social.
La conclusión es clara y constituye el punto de partida obligatorio para abordar la solución: sólo cuando la producción de vivienda social se sustrae a las lógicas del mercado y se aborda desde la perspectiva de su utilidad pública es posible satisfacer el derecho a la vivienda. Como señala el sociólogo y activista político Andrej Holm (1), una política de vivienda transformadora “implica la ruptura con una organización de vivienda según el mercado. La vivienda deja de ser una mercancía para transformarse en una infraestructura social que se organiza y gestiona bajo responsabilidad pública y control social”. Para ello, señala también en la misma obra, “la mayoría de las intervenciones transformadoras buscan ampliar las estructuras de propiedad colectiva y social en el sector de la vivienda. Entre ellas se incluyen las cooperativas autogestionadas y los proyectos de vivienda comprometidos con los intereses de sus miembros y residentes, las empresas de vivienda sin ánimo de lucro con un compromiso social permanente, y las empresas públicas de vivienda”.
Hablamos por lo tanto de una infraestructura social como lo son la educación y sanidad públicas, la seguridad social, los transportes públicos, o todos aquellos servicios y dotaciones que bajo la provisión y mantenimiento de las instituciones públicas hacen posible la vida con los estándares de bienestar y convivencia de sociedades democráticas y de derecho como la nuestra. Todo ello remite de manera principal a la gestión pública, y hace del compromiso institucional con el derecho a la vivienda la condición necesaria para que el problema pueda ser abordado con posibilidades de éxito..
No es desde luego una tarea sencilla, pero sí conviene recordar que en Euskadi hubo un momento en que se abrió un camino hacia el compromiso institucional del que hablamos. Entre los años 2001 y 2009, y bajo la responsabilidad de Javier Madrazo (IU-EB) en la Consejería de vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, se inició la construcción de casi 10.000 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible, y se configuró un sistema articulado principalmente sobre las reservas obligatorias de vivienda protegida que estableció la Ley del Suelo de 2006, y sobre el carácter permanente de la vivienda protegida, que ya estaba vigente desde el año 2003. La idea era que la promoción pública (VISESA) liderara la promoción de la vivienda protegida, también en venta, de modo que el margen obtenido se dedicara a promover vivienda en alquiler, generando un parque a gestionar por ALOKABIDE. Pero aquello duró lo que duró, y resulta evidente que cualquier proyecto de reactivación debería empezar por analizar qué ha pasado para que ahora volvamos a estar como estamos.
Retomar aquel camino podría ser una buena manera de empezar, pero no sería suficiente. Además de garantizar su continuidad en el tiempo y la disponibilidad de los recursos necesarios, el compromiso institucional debería reformularse para asumir explícitamente que la vivienda social es un derecho, y que como infraestructura social necesaria debe ser garantizado por los poderes públicos, contando con la activación y apoyo a las iniciativas sociales en materia de vivienda accesible, de manera que el trabajo institucional y el impulso social se complementen y enriquezcan mutuamente.
Además, el compromiso institucional debería asumir, como parte imprescindible de sus objetivos, el impulso en materia de investigación sobre los temas fundamentales que condicionarán la calidad del programa de vivienda pública; investigación absolutamente necesaria que difícilmente se va a producir fuera del ámbito público, y que necesariamente debería abarcar los siguientes capítulos:
- Investigación tecnológica sobre cómo construir la vivienda social. Para permitir avanzar en la mejora de los sistemas constructivos, tanto desde la perspectiva de su coste económico, como desde el compromiso radical con la sostenibilidad ambiental del proceso edificatorio. Según Pablo Saiz (2), arquitecto, profesor universitario, investigador, y constructor especializado en vivienda colectiva sostenible y asequible mediante la utilización de estrategias industriales, la construcción de una vivienda en España mediante sistemas constructivos tradicionales requiere 30 horas de trabajo por metro cuadrado, que es el doble de la media de los países europeos.
- Investigación tipológica sobre qué tipo de vivienda debemos construir. Para adecuar de la mejor manera posible los modelos de vivienda a los cambios sociales que se vienen produciendo, desde el compromiso con la calidad arquitectónica, la innovación tipológica, y la eficiencia energética.
- Investigación sobre los recursos urbanos disponibles. Que de manera especial supone profundizar en las alternativas de rehabilitación de la edificación existente. Tanto las operaciones de rehabilitación como la ocupación de suelos todavía vacantes, deben comprometerse con la calidad urbana. Construir vivienda nueva o rehabilitar el patrimonio edificado existente significa hacer ciudad, y eso no debería hacerse de cualquier manera.
- Investigación sobre los recursos territoriales disponibles. Lo que significa contemplar los asentamientos urbanos y las opciones de nuevos suelos residenciales, dentro de su marco territorial real, que casi nunca coincide con la actual delimitación de sus términos municipales, auténticas zonas de confort para las políticas urbanísticas conservadoras. La coordinación intermunicipal debería abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de los programas de vivienda pública, mejorando al mismo tiempo la articulación del territorio compartido.
Iñaki Bolibar. Arquitecto Urbanista.
Notas.-
