Itziar Aramburu
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El debate sobre el acceso de niños, niñas y adolescentes al teléfono móvil se ha instalado con fuerza en familias, escuelas y administraciones públicas. No es extraño. En pocos años hemos normalizado que menores de 12, 13 o 14 años tengan en el bolsillo un dispositivo con internet, redes sociales, mensajería, videojuegos, vídeos infinitos, cámara, geolocalización y sistemas de recomendación diseñados para captar su atención. En estos momentos, quizá la pregunta ya no sea si la infancia debe vivir de espaldas a la tecnología, sino si tiene sentido entregar tan pronto una herramienta que muchos adultos ni siquiera sabemos gobernar.

A la hora de analizar este asunto, convendría tal vez empezar por una distinción fundamental: no es lo mismo un móvil básico para llamar o enviar mensajes que un smartphone con acceso pleno a internet y redes sociales. El primero puede responder a necesidades razonables de comunicación, seguridad o autonomía progresiva. El segundo abre la puerta a un ecosistema digital complejo y altamente persuasivo. Una cosa es que una familia quiera contactar con su hijo al salir de una actividad extraescolar; otra muy distinta es que ese menor tenga acceso continuo a TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, juegos en línea, pornografía, publicidad personalizada y notificaciones durante todo el día.

Los argumentos a favor del móvil existen y no deben ridiculizarse. Puede aportar seguridad en desplazamientos, facilitar la coordinación familiar, permitir pedir ayuda, favorecer la autonomía en determinados contextos, y evitar que algunos adolescentes queden aislados de sus iguales. También puede ser una herramienta de aprendizaje, consulta, creatividad y participación. La alfabetización digital es hoy un reto al que no se puede dar la espalda. No se trata de criar menores incapaces de desenvolverse en el mundo digital. El problema es confundir educación digital con exposición prematura a plataformas que no han sido diseñadas pensando en el interés superior del menor, sino en la retención de usuarios, la extracción de datos y la monetización de la atención.

La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable. Se construye la identidad, pesa mucho la mirada del grupo, aumenta la comparación social y todavía están madurando capacidades de autocontrol, planificación y gestión emocional. En ese contexto, un smartphone no es un simple aparato neutro. Es una puerta permanente a la aprobación o rechazo, al entretenimiento sin pausa, al miedo a quedarse fuera, al conflicto en grupos de mensajería, a la sobreexposición de la intimidad y, en demasiados casos, al ciberacoso. No todos los menores sufrirán esos daños, pero el entorno digital incrementa riesgos que antes tenían menos intensidad y menos continuidad.

Uno de los problemas centrales es la atención. El móvil acompaña al menor en casa, en el aula, en la cama, en el transporte, en las comidas y en los momentos de aburrimiento. Y el aburrimiento, aunque suene antiguo, cumple una función educativa: permite pensar, imaginar, leer, conversar, jugar sin estímulos externos y aprender a tolerar la espera. Cuando cada vacío se llena con una pantalla, se debilitan hábitos fundamentales para el desarrollo. La cuestión no es solo cuántas horas se usan las pantallas, sino qué actividades desplazan: sueño, deporte, juego libre, lectura, estudio profundo, conversación familiar o socialización presencial.

La escuela es otro campo de tensión. Muchos centros han comprobado que la presencia del móvil complica la concentración, aumenta conflictos y dificulta la convivencia. El móvil personal en el aula rara vez es una herramienta educativa neutral: puede generar distracción constante, grabaciones no consentidas, presión social y dependencia de la mensajería. Por eso, limitar o prohibir su uso durante la jornada escolar no debería interpretarse como una medida reaccionaria, sino como una decisión razonable para proteger el aprendizaje y la convivencia.

Ahora bien, una prohibición total tampoco resuelve por sí sola el problema. Si un adolescente no ha recibido educación afectivo-digital, pensamiento crítico y acompañamiento familiar, llegará al entorno digital sin recursos para manejarlo. La respuesta debe combinar límites claros y educación: límites en la edad de acceso al smartphone, en las redes sociales, en los horarios, en el uso nocturno y en los centros educativos; y educación para comprender los diferentes aspectos del complejo mundo digital.

La responsabilidad no puede recaer solo en las familias. Durante años se ha trasladado a madres y padres la idea de que todo depende de “poner normas en casa”. Pero las familias compiten contra empresas con enormes recursos tecnológicos, conocimiento psicológico y modelos de negocio basados en maximizar el tiempo de uso. Pedir a cada hogar que resuelva individualmente un problema estructural es injusto e ineficaz. La protección de la infancia exige también regulación pública, verificación de edad eficaz, controles por defecto, reducción del diseño adictivo, transparencia algorítmica y límites a la explotación comercial de los datos de menores.

La edad de los 16 años aparece cada vez más como una referencia razonable para el acceso autónomo a redes sociales y smartphones plenamente conectados. No porque al cumplir 16 desaparezcan los riesgos, sino porque antes de esa edad la madurez emocional y cognitiva suele ser menor y la presión social puede ser más difícil de gestionar. Una pauta prudente sería retrasar el smartphone personal hasta los 16 siempre que sea posible; si antes existe necesidad de contacto, optar por un teléfono básico o un dispositivo muy limitado; y establecer normas claras: nada de móvil en la habitación por la noche, nada de redes sin acompañamiento, tiempos acotados, espacios libres de pantallas y conversación frecuente sobre lo que ocurre en el mundo digital.

También hay que cuidar la dimensión social. Las restricciones no pueden convertirse en un lujo, solo al alcance de familias con más recursos culturales o económicos. Si se pide a la adolescencia que reduzca su vida en pantalla, hay que ofrecerle recursos fuera de ella: ocio comunitario, deporte, bibliotecas, espacios juveniles, cultura y apoyo escolar.

El fondo del debate no es si estamos a favor o en contra de la tecnología. Esa pregunta es demasiado simple. La cuestión es qué tipo de infancia queremos proteger y qué tipo de entorno digital estamos dispuestos a exigir. Hoy hemos permitido que buena parte de la socialización adolescente ocurra dentro de espacios privados gobernados por intereses comerciales. Hemos aceptado como inevitable que la atención de los menores sea capturada, medida y monetizada. Y cuando aparecen los efectos —ansiedad, dependencia, conflictos, sueño insuficiente, dispersión, exposición a contenidos dañinos— tendemos a responsabilizar al menor o a su familia, como si el problema fuera solo de autocontrol.

Retrasar el acceso al smartphone y a las redes sociales no es tecnofobia. Es una medida de prudencia. Igual que no dejamos conducir antes de tiempo o acceder libremente a determinados contenidos, también podemos reconocer que algunas tecnologías requieren madurez, acompañamiento y límites. La infancia necesita aprender a vivir en el mundo digital, sí, pero no necesita hacerlo sola, demasiado pronto y bajo las reglas de plataformas cuyo éxito depende de que se mire la pantalla el mayor tiempo posible.

El reto no consiste en criar adolescentes desconectados de su tiempo, sino suficientemente libres para no estar permanentemente conectados. Ese debería ser el objetivo: menos dependencia, más autonomía; menos captura de atención, más capacidad de elegir; menos soledad acompañada de pantallas, más vínculos reales. El móvil puede ser una herramienta útil. Pero en menores de 16 años, el smartphone sin límites se parece demasiado a entregar una llave maestra a un edificio que todavía no están preparados para recorrer solos.