Galde 41, Uda 2023 Verano. Juan Romero Romero.- 

La importancia de Doñana es indiscutible y reconocida. Protegida por muy diversas instituciones relevantes como la Unesco -tanto como Patrimonio de la Humanidad como en el programa Man & Biosphere-, el Convenio Ramsar, la Red Natura 2000 o la Unión Internacional de la Naturaleza, por sus valores hidrológicos, ecológicos, culturales, sociales y económicos, entre otros; y dada la alta credibilidad que se puede presuponer a todas estas entidades y órganos competentes en su conservación, parece imposible que exista controversia respecto a la interdependencia del espacio protegido y todas las actividades económicas de los pueblos de la comarca y que no haya consenso en que la única forma de asegurar el futuro de esos pueblos es priorizar la conservación de Doñana.

Pudiera pensarse, desde la distancia, que el problema proviene exclusivamente de la reciente propuesta de ley para adaptar la normativa vigente que regula el territorio agrícola de regadío de la comarca de Doñana, realizada por el Partido Popular con el apoyo de Vox, que plantea ampliar un 20% la superficie regable extinguiendo las responsabilidades de la empresas que llevan desde 2014 ampliando sin control la superficie de regadío y extrayendo agua del acuífero de Doñana sin autorización y causando con ello el deterioro inexorable del Espacio Natural Doñana. El articulado de la propuesta de ley incluso promueve e invita a la deforestación para implantar agricultura de regadío.

O que la mencionada propuesta de ley está siendo tramitada por la vía rápida por la Junta de Andalucía, sin transparencia ni participación pública, sin informes preceptivos ni seguridad jurídica. Ello, en un marco climatológico absolutamente incompatible con ampliar las expectativas de una economía basada en un recurso finito y cada vez más escaso como es el agua y pre electoral en el que la estabilidad social es muy frágil.

El bucle del fracaso: ordenación, incumplimiento, dejación administrativa y amnistía.
(Ver recuadro final: «Evolución normativa y legislativa»)

El problema del agua en Doñana no es nuevo, pero cada década se agrava más por no haber sido ni controlado, ni paliado, ni resuelto. Doñana y su deterioro en picado es un caso paradigmático por muchas razones. La inobservancia y violación continuada de la planificación por parte de muchas empresas de la comarca se ha materializado en malas prácticas agrícolas, conversión espontánea de suelos forestales a agrícolas en los montes de los propios Ayuntamientos y robo de agua mediante pozos sin licencia. Por otra parte, toda la planificación elaborada a lo largo de décadas no ha tenido aplicación, control ni sanción por parte de las diferentes administraciones públicas competentes -locales, autonómica y estatal-.

La conjugación de estos dos hechos en bucle ha significado un crecimiento desmedido del regadío que ha llevado a la sobreexplotación del acuífero de Doñana y la contaminación de sus aguas, abocando a la comarca al colapso económico.

En este bucle encontramos la más importante razón para el fracaso de la propuesta de ley que se quiere aprobar, pues se repetiría nuevamente un error recurrente, que es querer hacer borrón y cuenta nueva con las irregularidades. Por otra parte, es previsible el fracaso de buscar solución en una amnistía que conlleva incrementar la superficie regable -con derecho a solicitar agua-, pues no podrán obtener esa autorización en el contexto de sequía continuada por más de una década, además del gran reto del cambio climático.

Los intereses creados topan con la información científica. Los informes que la Estación Biológica de Doñana, máxima autoridad científica del espacio protegido, ha presentado año tras año en el Consejo de Participación de Doñana han ido mostrando el paulatino empeoramiento de los ecosistemas y las especies, debido fundamentalmente a la reducción del recurso que le da su valor al espacio: el agua. Se los puede denominar informes de las “verdades incómodas”, siendo el de 2023 absolutamente demoledor.

Se puede afirmar que siempre ha habido información suficiente en los centros administrativos y de toma de decisiones que evidenciaba la necesidad de diseñar un modelo territorial que resolviera el control de los recursos hídricos en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, tanto para actividades y usos económicos y de abastecimiento, como respecto a los requerimientos biológicos del espacio protegido.

La Unesco, el Convenio Ramsar y la UICN, que velan por la integridad y la conservación de los valores de Doñana, llevan años advirtiendo el deterioro que observan y haciendo recomendaciones. Pero son ignoradas sistemáticamente gobierno tras gobierno, local, autonómico y central, cualesquiera que fueren las siglas gobernantes y a pesar de la situación de cambio climático. Lo mismo ocurre con las advertencias de la Unión Europea en forma de sanciones y multas a nuestro país por el incumplimiento de los requisitos de conservación en la gestión del espacio natural. Seguirán sucediéndose y las pagaremos del bolsillo de la ciudadanía.

Se justifica la propuesta de ley desde la Junta de Andalucía y una parte de la sociedad -quizá interesada- argumentando que el cambio climático es “un invento de la ciencia”, que las sequías pasan y un día volverá a haber agua para derrochar. Incluso se piden trasvases de aguas no aptas para Doñana, procedentes de la minería del norte de la provincia y construir infraestructuras para ello. Para muchos, la imperiosa necesidad de reducir la superficie de regadío y de diversificar la actividad económica no es más que un engorro para sus intereses, así que prefieren ignorar y negar la realidad evidenciada, como ocurre con el Gobierno andaluz actual.

La creación de un conflicto social para obtener rédito político. La mayoría absoluta de PP y Vox en Andalucía lanza, pues, esta proposición de ley desatendiendo las evidencias científicas y la emergencia climática, como respuesta política a las necesidades de un determinado grupo de intereses, como instrumento para crear rechazo hacia su oponente electoral que es actualmente la autoridad competente en concesiones de aguas y que no podrá satisfacer la demanda que se creará -el Estado y por ende el PSOE- y de inseguridad jurídica en sus actuales términos -puesto que viola el Derecho Europeo-. Por ello, no parece que pueda considerarse una simple huida hacia adelante ante el problema de la sequía y el deterioro de Doñana.

Los grupos parlamentarios que hacen la propuesta de ley pretenden justificarla bajo la amenaza de un conocido chantaje moral: el paro y la pobreza para una parte de la población. Es, por tanto, el conflicto social la fórmula elegida por PP y Vox para prolongar la obtención de beneficios electorales, un poco más de tiempo a expensas de explotar unos recursos escasos que son de todos. No se han planteado públicamente retirar la ley ni siquiera ante el alto coste económico y reputacional que el rechazo de los consumidores europeos a los productos que dañan la integridad de Doñana está comportando para los empresarios de regadío en la comarca que cumplen con sus obligaciones escrupulosamente y para los que no las cumplen, así como otros sectores económicos, la ciudadanía onubense y andaluza en general, e incluso la de todo el país.

Doñana necesita voluntad política, solidaridad empresarial y unidad social para salir adelante

La Junta de Andalucía y los empresarios agrícolas que incumplen la normativa ponen con esta propuesta de ley, por tanto, la espada de Damocles sobre una sociedad con la ventaja de que hay mucho desconocimiento del devenir histórico de Doñana y su comarca, y simplificando su problema histórico del agua en una dualidad: los patos o los agricultores. Así, si defiendes los humedales y la conservación de Doñana eres un psicópata ecologista a quien las familias y empresarios locales no le importan.

No se habla de los fondos de inversión y grandes empresarios con cientos de hectáreas que concentran el 2,5 por ciento de las concesiones de regadío, con el 65% de la superficie regable, y consumen el 80% del agua que cuenta con autorización de extracción del acuífero y que extraen agua sin autorización para una parte de la explotación. Aquellos a los que no les supone gran pérdida el cierre de sus pozos ilegales.

Sin embargo, para una explotación familiar menor de 5 hectáreas, que riega la mitad con pozos sin licencia de agua, cerrarlos les supondría la ruina. Unas 75 familias de Doñana están en esta situación y dependen en exclusiva de sus cultivos para vivir. Por ello, muchas entidades, entre ellas las ecologistas, instan al estudio caso a caso, porque entienden la interdependencia del espacio protegido y los pueblos de la comarca, defienden una Doñana que incluye a esas familias de agricultores y plantean una alternativa posible y deseable basada en un nuevo modelo económico.

Doñana tiene un problema creciente durante décadas con alternativa de solución. Se encuentra ante un nuevo paradigma que requiere de la solidaridad colectiva para finiquitar el abuso y conflicto por el agua en la comarca: un modelo económico de solidaridad colectiva, nuevo en este territorio, basado en la conservación de los valores del Espacio Natural Doñana y acorde con la realidad, estudiando caso a caso en profundidad para aplicar el Plan de la fresa elaborado hace 10 años y que está ejecutado aproximadamente solo en un 5% y buscar soluciones acordes con la importancia intrínseca que la comarca de Doñana tiene para los andaluces y consecuentes con el reconocimiento andaluz, estatal e internacional del Espacio Natural Doñana.

Juan Romero Romero. Del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana en representación de Ecologistas en Acción.