Eneko Andueza, Imanol Pradales y Pello Otxandiano en un debate electoral.

Galde 46, Udazkena 2024 Otoño. Alberto Surio.-

La política vasca inicia el curso con una dinámica diferente a la que caracterizó la última etapa del lehendakari Iñigo Urkullu. Al foro de diálogo en busca de un ‘pacto de país’ para reformar Osakidetza y corregir sus disfunciones estructurales, resurge en el horizonte una expectativa que aparece y reaparece en Euskadi como el Guadiana: el debate del nuevo estatus de autogobierno vasco. Es el eterno elefante presente en la habitación.

El proceso se inicia con cautela después de años de bloqueo. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha anunciado el inicio de un diálogo discreto con los partidos parlamentarios vascos para explorar si hay masa crítica, si existe agua en la piscina para dar un salto cualitativo a la hora de ampliar el consenso que el Estatuto de Gernika en 1979. El mismo Ortuzar reconoce que existe un amplio entendimiento, en torno al 95%, de lo que puede alumbrarse como nuevo pacto estatutario. El problema estriba en el 5% restante, que afecta a cuestiones troncales en la definición de un marco jurídico político basado en el reconocimiento nacional de Euskadi, el establecimiento de un nuevo sistema de garantías del cumplimiento del nuevo pacto, el blindaje de las competencias y el asunto tabú, el derecho a decidir, que sigue siendo la gran manzana de la discordia que impide un entendimiento transversal entre las formaciones nacionalistas y el Partido Socialista. El PP ya se ha situado fuera del escenario al señalar que el País Vasco no necesita en este momento «más autogobierno». El derecho de autodeterminación, que fue desde la época de Lizarra el gran caballo de batalla del enfrentamiento político, es la línea roja que no parece que vaya a disolverse en la actual coyuntura.

Cerrar el círculo

De entrada, se antoja muy difícil que pueda producirse algún cambio en el sistema de alianzas. Al PNV le encantaría  ‘cerrar el círculo’ iniciado al comienzo de la Transición, tras la muerte de Franco, cuando Euskadi comenzó a poner en marcha los cimientos de su institucionalización autonómica. Es decir, que la izquierda independentista pudiera incorporarse al modelo del que se autoexcluyó en 1979, en plena campaña de la violencia de ETA para deslegitimar el sistema estatutario, que consideraba una consecuencia del andamiaje de la Reforma política que no consumaba la ruptura con el franquismo. El resto del nacionalismo apostó por la vía del pacto y la negociación.

¿Hay condiciones para un nuevo acuerdo histórico en el que, junto a la adhesión de EH Bildu, pudiera mantener el respaldo del PNV y de los socialistas, que fueron dos de los artífices del frente autonómico y del Estatuto de Gernika? Se trata de una verdadera cuadratura del círculo que no tiene visos de despejarse ni de resolverse en el corto y medio plazo.

De hecho, aunque EH Bildu ha asumido la necesidad de un cambio gradualista y sin impaciencia, y considera que el debate de la plurinacionalidad abierto por Pedro Sánchez en Cataluña, abre incluso una ventana de oportunidad para la discusión del modelo territorial. Pero esa expectativa, que necesita fortalecerse con la culminación de todas las transferencias pendientes, se debilita al máximo porque la apuesta estratégica de la izquierda independentista sigue siendo el reconocimiento del derecho a decidir, o de derecho de autodeterminación. El PSOE, muy escaldado por la situación de Cataluña, los desafíos de algunos dirigentes independentistas y el marcaje  de algunos sus referentes territoriales, no tiene aún un suficiente margen de maniobra para abrir un proceso de fondo sobre la estructura autonómica y su evolución hacia un modelo federal asimétrico. Sin el concurso del PP no tiene ningún recorrido su apuesta por una España federal, que se ha convertido en un mantra para precisamente superar las limitaciones del debate y el agotamiento del relato estatutario.

De hecho, Sanchez ha presentado el proyecto de nueva financiación autonómica a partir del acuerdo PSC-ERC que otorga a la Generalitat la capacidad de gestión de todos los tributos. Sánchez ofrece ese pacto a todas las autonomías con el objetivo de rebajar la tensión interna y, sobre todo, el malestar de sus propios barones regionales socialistas, críticos con las posibles secuelas políticas en sus respectivos electorados territoriales en los que la bandera de la igualdad puede convertirse en un arma muy poderosa de presión. El agravio de un supuesto trato de favor hacia Cataluña, que los propios negociadores del Cupo solidario catalán, planea con fuerza en la línea de fondo.

El empecinamiento de EH Bildu en clave soberanista parte de una percepción. Los propios dirigentes más veteranos de la coalición son conscientes de que el PNV registra una división de sensibilidades internas, con un sector guipuzcoano que aboga por tejer puentes hacia EH Bildu a la hora de construir un nuevo modelo de autogobierno.

Reabrir el melón territorial

Con una EH Bildu que quiere de nuevo apretar la tecla soberanista y meter el turbo, la gran duda es hasta qué punto va a contar con el respaldo expreso del PNV, una vez culminados los traspasos, que inicia la búsqueda de una propuesta novedosa que genere una situación cualitativamente diferente. A tenor de lo que se conoce, y lo que se puede intuir, al PNV no le interesa en este momento una aventura en relación con el autogobierno. Los socialistas vascos, de hecho, tienen la percepción de que los jeltzales van a oscilar entre determinadas fintas retóricas de principios soberanistas con una aceptación posibilista de las reglas de juego y de las relaciones de fuerza. Es decir, al PNV no le interesa en la actual coyuntura reabrir el melón del derecho a decidir sino de afianzar lo ya objetivo y de sembrar el camino para un futuro. El PSE tiene el convencimiento de que a los jeltzales les interesa tan solo una reforma ‘light’ del Estatuto, si. entrar en cuestiones semánticas peliagudas.

Los socialistas pueden aceptar algunas reivindicaciones de fuerte calado simbólico como el reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi. De hecho, él máximo órgano entre congresos del PSE se llama Comité Nacional desde que el partido se refundara en 1977 tras los años de la dictadura. Los socialistas también asumirán la necesidad de blindaje de las competencias y encuadrarán algunas aspiraciones dentro del imaginario de su apuesta por un Estado federal. Incluso podrían asumir el debate de las selecciones nacionales deportivas como expresión de la singularidad de determinadas nacionalidades. Pero el debate del derecho a decidir marca una frontera clara y el PSE ni está ni se le espera en ese territorio conceptual. Ni está ni se le espera. Otra cuestión es que, en vez de explicitarlo como un derecho, se module la expresión hacia la ‘capacidad de decidir’ en línea con algunas de las reflexiones que figuraron en el preacuerdo de Loiola. En aquel proceso, forzado como un incentivo político para que ETA dejara definitivamente las armas, la organización terrorista quiso que el Gobierno y el PSOE  se comprometieran a asumir los resultados de eventuales referéndum en Euskadi y Navarra en el plazo de dos años. El meollo de los preacuerdos de Loiola -que EH Bildu quiere utilizar como potencial base de un futuro entendimiento- es buscar una estrategia que haga posible la confluencia entre las diferentes sensibilidades.

Tanto los socialistas como los jeltzales interpretaron entonces que la línea dura de ETA reventó aquella mesa de negociación –que se llevó a cabo en el santuario de Loiola con presencia de Iñigo Urkullu y Josu Jon Imaz, por parte del PNV; de Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, de la izquierda abertzale, y de los socialistas Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares.

El preacuerdo alcanzado pedía el reconocimiento nacional del País Vasco, defendía que «todos los proyectos políticos puedan ser defendidos y materializados», y hablaba del respeto a los «procedimientos legales y las normas vigentes». También establecía que los acuerdos adoptados por los representantes de la voluntad mayoritaria vasca fueran «respetados por las instituciones del Estado» y que los procedimientos legales pudieran ser revisados para que no fueran «un límite a la voluntad popular». Aquella declaración apuntaba también que a la ciudadanía vasca le asisten los convenios internacionales sobre los derechos sociales y políticos.

La pérdida de la mayoría absoluta por parte del independentismo catalán, y el consiguiente fracaso del procés, empuja también a las direcciones de PNV y EH Bildu a templar sus posiciones más soberanistas en una coyuntura en la que el respaldo a la secesión de Euskadi respecto a España se encuentra bajo mínimos. El enfriamiento de la pulsión soberanista preludia una reforma estatutaria ‘blanda’.