(Galde 02, primavera/2013)

Campaña unitaria retirada de la LOMCE, ya.

1. La religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar, con el fin de respetar los derechos de toda la comunidad educativa, sin discriminación ni privilegio, evitando todo tipo de segregación por razones de ideas o creencias.

* En todo caso, como ratificó el propio Tribunal Supremo en sentencia de enero de 1997, el presunto derecho de algunos a recibir enseñanza religiosa, no puede derivar en deberes o materias “alternativas” y evaluables para quienes no la solicitan.

2. Para respetar la neutralidad del espacio público y común, no debe admitirse la presencia institucional de simbologías religiosas o de ideologías particulares, que pertenecen al ámbito de lo personal.

3. El dinero público, que obviamente ha de ser destinado a sostener el Sistema Público de Educación, en modo alguno debe financiar el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar ni forma alguna de segregación por razones ideológicas, sociales o de sexo.

4. El dinero público ha de destinarse, prioritariamente, a la financiación de la Enseñanza de titularidad Pública. El Estado no está obligado a financiar la Enseñanza privada, y más cuando hay enormes recortes económicos. El Estado está obligado a hacer crecer, de forma suficiente a las necesidades de la población y de los territorios, a la escuela pública, como eje sustancial y prioritario del Sistema Educativo.

*El Estado no está obligado a financiar la enseñanza privada. La Audiencia Nacional consideró en una sentencia de 1984, que «el derecho constitucional a la libertad de enseñanza y a la libre elección de centro docente no comporta una correlativa obligación estatal de financiar centros privados». “La protección de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos no da derecho a éstos para reclamar «subvenciones o prestaciones del Estado» para que garantice y haga efectivos tales derechos y libertades”. Esta atinada sentencia no fue tenida en cuenta por los diferentes gobiernos de la democracia, cuando se estableció primero el régimen de conciertos y posteriormente con la LOE, del PSOE (Artículo 108,4), nada más y nada menos, que se considerara como Servicio Público de Enseñanza la privada concertada, muy mayoritariamente “dogmática católica”. Cuestión que es totalmente rechazable.

5. Desde estos presupuestos, situados en el mero terreno de la democracia, exigimos la retirada del proyecto de LOMCE que modifica algunos apartados de la LOE y que lejos de rectificar el déficit democrático y el carácter privatizador de anteriores leyes educativas, extiende, entre otros elementos regresivos, aun una mayor injerencia de las confesiones religiosas (en particular de la iglesia católica) en el terreno público y común del Sistema Educativo.

6. A partir de ahí, también promovemos que de la LOE (vigente) desaparezcan los aspectos confesionales, como son: la permanencia de la religión en el horario lectivo y la consideración como “servicio público” de los “centros privados concertados” (de los cuales un 80% son dogmáticos católicos)

No basta con la retirada del proyecto de LOMCE, puesto que la actual ley educativa (LOE) tampoco satisface las demandas democráticas y laicas más elementales. Es preciso abrir una discusión para elaborar una Ley de Educación fundada en los principios democráticos que deben informar a una Escuela pública y laica, universal y enteramente gratuita.

7. En consecuencia, deben ser denunciados y derogados los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979, como continuación del Concordato de 1953 y en clara contradicción con los principios democráticos y de separación entre el Estado y la religión.