Nuria Blaźquez Sánchez y Manu González Baragaña
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1. Afirmar que Europa está en crisis se ha convertido en un lugar común . ¿Cuáles son, entonces, los principales factores que impulsan esa crisis?

Que Europa esté en crisis es cierto en parte y debe abordarse con urgencia. En otros aspectos, sin embargo, este discurso se ha convertido en parte de una estrategia más amplia de ataque a la UE impulsada por otras agendas.

En primer lugar, Europa se enfrenta a una grave crisis de seguridad. La guerra ilegal de Rusia en Ucrania ha generado una inestabilidad prolongada con riesgo de escalada. La guerra está provocando un aumento del gasto militar y de la militarización que puede desplazar a otras prioridades de la atención política y la financiación. A esto se suman las amenazas híbridas, entre las que se incluyen campañas de desinformación fuertemente financiadas, ciberataques, incursiones de drones y sabotajes.

En segundo lugar, la guerra de EE. UU. con Irán ha provocado otra crisis de los combustibles fósiles, lo que supone una presión adicional para la UE. La UE importa el 57 % de su energía y gastó 400 000 millones de euros en combustibles fósiles importados en 2025, una costosa dependencia que debilita tanto la competitividad como la autonomía estratégica de Europa. Esto va más allá del dinero y la dependencia. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los pagos de la UE por combustibles fósiles rusos ascendieron a 430 000 millones de euros. Con la actual crisis del petróleo, los ingresos de Rusia son superiores en unos 100 millones de euros al día, lo que supone un recordatorio más de la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles.

En tercer lugar, existen preocupaciones en materia de competitividad y comercio: la pérdida de puestos de trabajo y empresas a favor de China, la sustitución de puestos de trabajo por la inteligencia artificial, la distorsión del comercio provocada por los aranceles estadounidenses y las subvenciones chinas están alimentando el temor, el riesgo de pérdidas para la industria de la UE y una dependencia poco beneficiosa de terceros países que entraña un riesgo.

También existe una crisis de desigualdad en Europa. 93 millones de personas (el 21 %) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. El 10 % más rico posee alrededor del 57 % de la riqueza total, mientras que el 50 % más pobre solo posee alrededor del 5 %. Aunque los sistemas de bienestar siguen mitigando algunos de los peores efectos, las presiones del coste de la vida, la inseguridad de la vivienda, la concentración de la riqueza y las disparidades regionales han alimentado una sensación creciente de que la economía ya no funciona para todos. Esto erosiona la confianza en las instituciones y crea un terreno fértil para el populismo y la polarización política. La gente busca seguridad y estabilidad, y los gobiernos necesitan demostrar su compromiso de mejorar la vida de las personas mediante la inversión, unos servicios públicos sólidos y unas normas económicas justas.

El espacio civil se está viendo mermado y la democracia se está volviendo menos resiliente. Tanto fuerzas externas como ciertos partidos y gobiernos de extrema derecha dentro de la UE están aplicando estrategias propias de un manual autoritario. Se ha utilizado la desinformación para estigmatizar y desacreditar a la sociedad civil y para socavar su financiación, en un intento de debilitar la capacidad de las ONG para transmitir el deseo de los ciudadanos de contar con políticas progresistas.

Se han utilizado demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) para socavar a las defensoras y defensores del medio ambiente, y la creciente criminalización de las manifestaciones ha debilitado la democracia, ignorando descaradamente la importancia que manifestarse ha tenido a lo largo de la historia. Las manifestaciones contribuyeron a conseguir el sufragio femenino, la ampliación del derecho al voto y la abolición de la esclavitud. Las protestas pacíficas impulsaron los movimientos por los derechos civiles, los derechos laborales, la igualdad de género y los movimientos ecologistas y pacifistas. Sin duda, nadie puede arrepentirse de esas cosas.

La triple crisis del clima, la naturaleza y la contaminación. El Planetary Health Check 2025 señaló que se han superado 7 de los 9 límites planetarios. En 2025, los científicos declararon que se había superado el primer punto de inflexión climático del mundo. El informe sobre medio ambiente y clima en Europa 2025 de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) puso de relieve el deterioro de la naturaleza, el clima y la salud. Las olas de calor de mayo de 2026 fueron un recordatorio de la realidad. La triple crisis, combinada con el aumento de las desigualdades, está afectando gravemente a la vida de las personas, a las comunidades, a los medios de subsistencia de los agricultores, así como a la sociedad y a la economía en su conjunto. A pesar de ello, hay una nueva crisis:

Las protecciones medioambientales y sociales están en peligro. Existe una intensa presión a favor de la desregulación, impulsada por intereses de beneficio a corto plazo e ideologías, una gran desatención por la responsabilidad corporativa y esfuerzos por desestabilizar Europa. La desregulación continuada corre el riesgo de socavar los derechos y el bienestar en toda Europa. Además, debilitará a los líderes del sector y recompensará a los rezagados. El retroceso también reduce la confianza en el Gobierno y en las instituciones de la UE y fomenta el descontento, que se hará patente en las elecciones.

Hace unos años, estos dos últimos aspectos se habrían considerado puntos fuertes de la UE, en comparación con muchas otras partes del mundo. Europa tiene otros puntos fuertes que vale la pena recordar, pero muchos de ellos están en peligro: niveles relativamente altos de protección social, una asistencia sanitaria prácticamente universal, y el hecho de que la UE sea la región menos corrupta del mundo. Cuenta con un sistema jurídico sólido, aunque con recursos insuficientes, y protección contra el discurso del odio. Existen altos niveles de libertad de prensa, con excepciones, y un compromiso continuo con las normas democráticas y la consulta pública, de nuevo con una práctica muy dispar. Todo ello podría convertirse en crisis si no se protege.

Los factores subyacentes a la crisis mencionada y los que erosionan los puntos fuertes de la UE son múltiples y complejos. Muchos de ellos están impulsados por intereses de poder y dinero, ideologías políticas y un clientelismo polarizado. El modelo económico neoliberal, con su enfoque cortoplacista, hace que a menudo se pase por alto el largo plazo y provoca fallos del mercado. La captura corporativa, la corrupción y los fallos gubernamentales, propiciados por una concentración excesiva de riqueza y poder, suelen favorecer a las industrias contaminantes ya establecidas en lugar de contribuir al surgimiento de productos y procesos de producción limpios —la industria que queremos en Europa en 2040.

La inseguridad y el miedo al otro y a lo desconocido erosionan las normas sociales y hacen florecer un tribalismo destructivo, especialmente cuando se aviva mediante esfuerzos por sembrar la duda, difundir noticias falsas y propagar una agenda de miedo debilitante y manipuladora.

2. ¿Es el auge de la extrema derecha en una gran parte del continente una causa de la erosión del proyecto europeo, o más bien un síntoma de su desintegración más profunda?

El crecimiento de los partidos populistas de extrema derecha en Europa supone una crisis de la democracia y los valores, así como una crisis para el proyecto europeo. Los partidos y el pensamiento de extrema derecha están cada vez más presentes en muchas partes de la UE, impulsados por la sensación de precariedad laboral de la gente, la preocupación por llegar a fin de mes, la globalización y la migración. La inseguridad económica y la reacción cultural han impulsado su auge.

El auge de la extrema derecha es también el resultado de errores cometidos en la política nacional y de la UE. La crisis de la desigualdad y la creciente presión sobre la vida cotidiana de las personas se han descuidado con demasiada frecuencia. Muchas personas sentían que ya no se les escuchaba y ya no creían que la política pudiera mejorar significativamente sus vidas. Cuando se considera que los gobiernos son incapaces o no están dispuestos a abordar las preocupaciones de la gente, crece la desconfianza y se abre un espacio para alternativas políticas más extremas.

Los políticos de extrema derecha han aprovechado estas preocupaciones y han avivado el miedo, y algunos han creado programas de odio para obtener beneficios políticos. Socavar el proyecto europeo ha formado parte de su objetivo. Los partidos de extrema derecha reclaman el fin de la UE, a menudo con el apoyo de la desinformación rusa y de la Administración estadounidense.

La UE surgió de la devastación de la guerra como un proyecto construido en torno a una idea sencilla: «nunca más». Ese propósito no debe olvidarse. Hoy en día, con la UE sometida a presiones tanto internas como externas, Europa necesita redescubrir su sentido del propósito y su resiliencia. Debe resistir estas presiones y, al mismo tiempo, ofrecer una visión constructiva que mejore la vida de las personas, fortalezca la democracia y recupere la confianza en el futuro. Sin esa visión, Europa corre el riesgo de convertirse en un bloque vasallo o de fragmentarse en un conjunto de Estados más débiles.

3. ¿Fue la rápida ampliación hacia Europa del Este un error estratégico, dado que no fue precedida por una integración económica y política más profunda dentro de la Unión?

La rápida ampliación hacia Europa del Este fue un éxito en términos de prosperidad y libertad para sus poblaciones. La falta de una reforma de la gobernanza de la UE ha complicado la toma de decisiones, como se vio en la capacidad del entonces primer ministro de Hungría, Orbán, para bloquear el apoyo de la UE a Ucrania. Las futuras ampliaciones deberán resolver este problema de gobernanza para evitar la parálisis de la UE si todos tienen derecho de veto.

Una mayor integración económica y política sigue siendo un reto. Si la UE hubiera esperado, el momento histórico podría haber pasado.

Todos los países tuvieron que aplicar el acervo comunitario de la UE, lo que condujo a una mayor protección de la salud humana, el medio ambiente y los derechos, con importantes avances en la calidad del aire y el acceso a los servicios medioambientales. Sin embargo, los riesgos medioambientales siguen siendo más elevados, la esperanza de vida sigue siendo, en promedio, inferior a la de «Europa Occidental» y el rico patrimonio de biodiversidad ha disminuido.

4. ¿Cómo debemos interpretar el desmantelamiento gradual —o la dilución— del Pacto Verde Europeo y sus políticas asociadas? ¿Están ganando terreno los grupos de presión industriales y energéticos?

El Pacto Verde se ha enfrentado, y sigue enfrentándose, a una avalancha de ataques. Las políticas climáticas se han debilitado, pero siguen en pie; sin embargo, las políticas sobre la naturaleza y la contaminación cero se han reducido, con algunas excepciones. Se han flexibilizado las condiciones para que las empresas puedan operar, reduciendo o retrasando las responsabilidades por los impactos, lo que genera cargas para otros, en lugar de invertir en medios de apoyo más adecuados. Son tiempos difíciles para las políticas progresistas.

El impulso para una transición verde ya comenzó a decaer a finales de 2023. En respuesta a las huelgas de agricultores de 2023-2024, se abandonó la propuesta de reglamento sobre plaguicidas. La estrategia «De la granja a la mesa» se estancó, y las propuestas sobre sistemas alimentarios sostenibles se retiraron antes de ser presentadas.

La extrema derecha ganó fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, y el Partido Popular Europeo (PPE) se decantó por el escepticismo regulatorio. La nueva Comisión, liderada en gran medida por el PPE, se mostró cada vez más receptiva a los argumentos de que la propia regulación es una barrera para la competitividad. 2025 fue un año difícil para el Pacto Verde Europeo, con muchos más retrocesos y oportunidades perdidas que avances, y con expedientes emblemáticos, como la revisión de REACH (reglamento sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias químicas) y la Directiva sobre declaraciones ecológicas, en suspenso.

La iniciativa de «simplificación» de la Comisión dio lugar a diez propuestas ómnibus que, en la práctica, han supuesto una desregulación. La propuesta ómnibus n.º 1 redujo el número de empresas sujetas a la Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD) y debilitó las obligaciones de diligencia debida previstas en la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas (CSDDD). Una campaña de presión específica llevada a cabo por una alianza secreta de empresas, principalmente estadounidenses, que buscaba socavar la CSDDD (tal y como documentaron SOMO y Global Witness).

La propuesta ómnibus de simplificación de la política agrícola común (PAC) también debilitó las protecciones medioambientales. Y la propuesta ómnibus sobre medio ambiente (VIII) desmantela algunas responsabilidades empresariales en la Directiva sobre emisiones industriales (IED) 2.0, debilita salvaguardias medioambientales esenciales para la concesión de permisos y corre el riesgo de exponer a trabajadoras/es y ciudadanas/os a sustancias más tóxicas y peligrosas.

Todo ello pone de manifiesto un compromiso político cada vez más débil con el objetivo de la contaminación cero, a pesar del interés público. Los intereses a corto plazo de las empresas y la agricultura industrial se impusieron a las preocupaciones en materia de salud y responsabilidad. Irónicamente, los beneficios a corto plazo obtenidos podrían acabar debilitando sus perspectivas a largo plazo.

El poder del lobby químico es evidente. Podría decirse que fue el impulsor de la Declaración de Amberes e inspiró el paquete Omnibus sobre productos químicos, que fue mucho más allá de su objetivo de simplificación al incluir propuestas que debilitaban protecciones de amplio recorrido contra sustancias peligrosas en productos de consumo (sustancias cancerígenas en cosméticos). Esto provocó una reacción contraria por parte del Parlamento Europeo y del Consejo y suscitó serias preocupaciones de que el proceso del paquete legislativo estuviera yendo más allá de la simplificación y derivando en un retroceso sustantivo de las políticas.

La propuesta de permitir una autorización de facto de por vida para los plaguicidas asociados a riesgos para la salud vuelve a poner de manifiesto el poder excesivo de los lobbies industriales en detrimento de la salud pública y el medio ambiente. Las autorizaciones deberían tener una duración limitada y estar sujetas a una revisión rigurosa cuando existan alternativas más seguras. Esto fomenta la innovación y limita los impactos sobre la salud.

Los periodistas de investigación del proyecto Forever Pollution Project identificaron una intensa presión para debilitar la respuesta a la contaminación por PFAS («sustancias químicas eternas»), asociadas a graves riesgos de cáncer y alteración endocrina. Los comités de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyeron que los PFAS no están adecuadamente controlados y apoyan una restricción a escala de la UE. Existe una creciente preocupación de que la restricción de la Comisión pueda centrarse únicamente en los usos de consumo, pasando por alto los usos industriales, una de las principales fuentes del problema.

5. En el contexto actual de guerras y falta de liderazgo a la hora de abordar el cambio climático, mucha gente echa de menos el papel que la UE desempeñaba en su día como garante de los derechos humanos y líder en la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué cree que la UE ya no desempeña ese papel? ¿Y qué puede hacer la sociedad civil ante esta situación?

Es cierto que la UE ha perdido credibilidad en sus declaraciones públicas de principios al debilitar sus leyes de mitigación climática y dejar pasar oportunidades de inversiones beneficiosas para todos. Sin embargo, ha seguido persiguiendo la neutralidad climática, aunque no con la rapidez suficiente para cumplir el objetivo de 1,5 °C. Hay avances prometedores: la producción de energías renovables está creciendo gracias a la instalación de bombas de calor, energía solar y eólica, complementadas con el almacenamiento en baterías. Los vehículos eléctricos se están acercando a un punto de inflexión para convertirse en la norma en muchos países.

El progreso en Europa es menos espectacular que el crecimiento de las energías renovables en China, que es líder mundial en muchas de las tecnologías actuales (tras el liderazgo anterior de la UE y a pesar de la excelencia de la UE en muchos ámbitos). Dependiendo de las decisiones que se tomen a nivel de la UE y nacional, Europa podría volver a optar por convertirse en un líder convincente.

En materia de derechos humanos, la UE también está pasando por dificultades, retrocediendo en muchos países y reaccionando demasiado tarde a la hora de defender los derechos humanos a nivel internacional. Se pronunció demasiado tarde y actuó de forma insuficiente ante las violaciones documentadas de los derechos humanos, los crímenes contra la humanidad, el ecocidio y el genocidio en Gaza. En virtud de la Convención sobre el Genocidio, los Estados tienen el deber no solo de castigar el genocidio, sino también de prevenirlo. Esta obligación se activa cuando los Estados tienen conocimiento de un riesgo grave de que se produzca un genocidio y exige esfuerzos serios y razonables para prevenirlo. En este contexto, la negativa de la UE a apoyar la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, a pesar de haber encontrado «indicios» de incumplimientos de las obligaciones en materia de derechos humanos, supuso una profunda decepción para muchos y no ha dejado a la UE en una posición más fuerte. Ha suscitado serias dudas sobre la coherencia del compromiso de la UE con el derecho internacional y los derechos humanos, y ha debilitado su credibilidad como defensora global de ambos.

Entonces, ¿qué puede y debe hacer la sociedad civil?

La sociedad civil europea tiene la misión de actuar como guardián y denunciar los casos en los que se toman decisiones erróneas, lo que incluye recordar a la UE sus obligaciones en virtud del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales (CDF) y de los artículos 11 y 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La ciudadanía necesita ver que los líderes europeos se toman en serio sus preocupaciones; de lo contrario, la confianza en el proyecto de la UE se verá aún más socavada.

La sociedad civil debe seguir abogando por soluciones a los problemas identificados por los ciudadanos de toda la UE y defendiendo sus necesidades y derechos. Esto creará una agenda de esperanza.

Es necesario un esfuerzo de toda la sociedad para defender la democracia, el progreso social y la protección del medio ambiente, con la sociedad civil como eje central. Afortunadamente, todavía hay quienes comprenden y escuchan a la ciencia y a los ciudadanos, y defienden las protecciones sociales y medioambientales en aras del interés público general. Esto incluye también a algunas empresas progresistas, que han reconocido la transición y han invertido en ella. Hay muchas cosas por las que luchar.

La sociedad civil debe movilizar a los ciudadanos para que la mayoría silenciosa se haga oír y los responsables de la toma de decisiones escuchen sus preocupaciones, como ha ocurrido con éxito con la campaña «Hands Off Nature», que reunió medio millón de firmas exigiendo que no se debilitaran las leyes de protección de la naturaleza. Lamentablemente, la toma de decisiones suele basarse menos en lo que está bien o mal, en los hechos y las pruebas, que en el mero cálculo del poder. La gente necesita ser vista y escuchada.

La sociedad civil debe transmitir estas voces, basarse en los hechos científicos y en el impacto sobre las personas, y abogar por la acción política —legislación y financiación— para abordar la triple crisis del clima, la naturaleza y la contaminación: un «pacto verde» renovado.

La sociedad civil necesita comprender mejor los motivos que impulsan a los votantes hacia la extrema derecha y promover medidas que aborden los puntos fundamentales de descontento y permitan a los ciudadanos beneficiarse de la transición, por ejemplo, mediante instalaciones solares en balcones o un transporte público limpio con vehículos eléctricos en régimen de alquiler social: un tipo de acuerdo social para que la transición beneficie a todos.

Las ONG deberían colaborar con las empresas progresistas para contrarrestar a los lobbies empresariales que utilizan la desinformación para defender un statu quo contaminante. Eso solo obstaculizaría la aparición de las empresas y los productos limpios y sostenibles necesarios para una economía próspera de un solo planeta.

Por último, la sociedad civil debe transmitir las voces de los ciudadanos a los que representamos a los responsables de la toma de decisiones, incluidos los jefes de Estado, y abogar por decisiones políticas que les ayuden a situarse en el lado correcto de la historia, lo que incluye mostrar solidaridad entre las naciones de la UE y un apoyo claro a la justicia internacional, los derechos y el Estado de derecho. Más de 400 organizaciones ya se han adherido al Pacto Europeo por el Futuro: un pacto verde y social para una economía de un solo planeta. Esta agenda de esperanza es más necesaria que nunca en estos tiempos de múltiples crisis. Sin ella, las crisis del mañana serán un desafío insuperable.