Celia Murias: editora de Africaye.org y profesora de la Universidad Auónoma de Madrid

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«Misogyny and homophobia share common foundations»

Charmaine Pereira

Asistimos al rápido avance de la agenda ideológica de agentes ultraconservadores, agendas antidemocráticas con el ataque a los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBAQ+ como dos de sus ejes principales de articulación; el género como espacio de disputa a nivel global. El avance de los discursos —y las políticas— asociadas, especialmente aquellas tildadas de antigénero, ha sido implementado en numerosos países del sur global años antes de que se hiciera evidente en Europa y en general, el norte global.

El avance de los regímenes internacionales de protección de los derechos de mujeres, la extensión de los marcos normativos y la adhesión e implementación in crescendo de los países del continente a dichos compromisos, ha sido claramente positivo. Sin embargo, ha enfrentado también la reacción de grupos políticos y religiosos que, de acuerdo con cada contexto sociocultural específico, han operado en su contra, especialmente con aquellos vinculados con la autonomía corporal y sexual de las mujeres, y los relativos a la familia.

Por su parte, el progreso de los derechos de los colectivos LGTBIAQ+ es ambivalente. En la última década la tendencia global ha sido claramente hacia la despenalización e incluso la adopción de medidas protectoras, una tendencia también en el continente africano. Países como Sudáfrica (1998), Sao Tomé y Príncipe (2012), Cabo Verde y Mozambique (2015), o los más recientes Namibia (2024) y Angola (2021) han despenalizado las relaciones homosexuales y/o las identidades de género disidentes, con frecuencia eliminando o modificando artículos de sus códigos penales provenientes de la época colonial, codificados como “actos contra natura” u “acceso carnal contra natura”. Sin embargo, las reacciones antiderechos convierten estos avances en un espacio de continua contestación, con implicaciones sociales e instrumentalizaciones políticas. En los últimos años la homofobia de estado —criminalización institucionalizada de estos colectivos por parte de los estados, supuestos garantes de sus derechos humanos— ha avanzado significativamente. Diversos países han endurecido sus penas o en están inmersos en procesos para ello; Ghana, o, más recientemente Senegal. Incluso países que carecían de legislación previa al respecto han adoptado, en los últimos años y a través de diferentes encuadres legislativos, artículos que criminalizan la homosexualidad; Burkina Faso (septiembre 2025, a través de un nuevo Código de Familia), Níger (mayo 2025, en la Carta de Refundación) o Malí (diciembre de 2024, nuevo Código Penal), son ejemplos de ello.

En ambos casos, mujeres y colectivos LGTBIAQ+, han visto cómo el avance de organizaciones ultraconservadoras religiosas (con especial peso de las evangélicas estadounidenses) con poder, influencia y financiación para apoyar e impulsar reformas legislativas, han supuesto un ataque a los previos avances positivos. Especialmente preocupante en lo relativo a los derechos vinculados con la salud sexual y reproductiva (acceso a métodos anticonceptivos, aborto, etc.), pero también contra la libertad de asociación, a través de la retirada de financiación o el cierre de centros u organizaciones que prestan apoyo a mujeres y colectivos LGTBIAQ+ (contra la Violencia Sexual y Basada en el Género, medicación para enfermedades como el VIH, etc.).

Herramientas multimedia de la investigacion de Open Democracy que refleja el gasto globalde la organizaciones estudiadas (2007-2018)y (2007- 2028) Se pude apreciar un pico en el 2011

Relación simbiótica global-local

El avance de estas tendencias a nivel global tiene su convergencia en clave regional y nacional. Se produce una relación simbiótica entre la agenda de estos movimientos ultraconservadores, y las necesidades político-simbólicas de regímenes crecientemente autoritarios en el continente, que intensifican el uso de políticas identitarias y parasitan los pánicos morales, transformándolos en políticas regresivas concretas, especialmente vertebradas a través de limitar los derechos de las mujeres, y el convertir en chivos expiatorios a minorías o colectivos.

Gobiernos como el ugandés, con Y. Museveni en el poder desde 1986, fue uno de los primeros y más llamativos casos de la injerencia sociopolítica de los actores ultraconservadores (la iglesia evangelista estadounidense) y lleva más de dos décadas siendo paradigma de esta dinámica. En 2009 fue presentada la ley kill the gays, impulsada por políticos locales apoyados financiera y discursivamente por la iglesia evangélica estadounidense y visiblemente por su líder, Scott Lively, predicador y miembro de diversas organizaciones fundamentalistas cristianas evangélicas con un largo historial de movilización contra el aborto o los derechos LGTBIAQ+. La ley fue finalmente anulada en 2014, pero había desatado una oleada de represión y violencia contra personas conocidas o percibidas como homosexuales. A pesar de que parecía que se había neutralizado, en 2023 volvió, con la firma de una ley que imponía medidas aún más duras; penas que podían llegar a la pena de muerte o cadena perpetua por homosexualidad “agravada”, y otros artículos de redacción problemática que criminalizan el “reclutamiento, promoción o financiación”, así como la “autoidentificación”.

Estos ataques han ido de la mano de otra serie de propuestas de medidas contra la libertad y autonomía de las mujeres. En 2014, bajo el pretexto de una ley antipornografía, se intentó regular la “vestimenta indecente” de las mujeres prohibiendo el uso de minifaldas. Otras medidas han ilegalizado organizaciones que prestaban apoyo jurídico o educación sexoafectiva y de salud sexual y reproductiva. A pesar de que muchas de estas medidas han sido retiradas tras ser llevadas a los tribunales, se hace evidente el avance de las lógicas reaccionarias y su instrumentalización política a través del cuerpo de las mujeres y las identidades fuera de la heteronormatividad, así como de qué manera interseccionan religión, política y cultura a través de los valores y normas que se plasman en la legislación.

En esta relación simbiótica una de las características comunes es el refuerzo del liderazgo a través del repliegue identitario que, en gran medida, se cimenta en el control social de las mujeres y de estos colectivos. Se pretende así reforzar su percepción social como garante de la moral y de los modelos familiares y culturales africanos, a través de la categorización como exógenos de ciertos elementos y colectivos. El feminismo tiene una larga trayectoria de mala acogida en el continente (tras décadas de medidas y marcos analíticos del feminismo hegemónico, culturalmente no específico), siendo común la no identificación o incluso el rechazo del término. Ante los avances normativos y sociales para la mejora de las condiciones y derechos de las mujeres, ciertos líderes han hecho uso de relativismo cultural, tildándolo de imposición colonial, “no africano”, con el objetivo de obtener rédito político de los malestares sociales que estos avances puedan generar debido a los cambios en las relaciones de género —los cambios en los roles de género y su articulación en el ámbito social—. De manera similar, es conocido que la homosexualidad ha sido también tildada de no africana, y es a menudo identificada como una tendencia occidental contra los valores sociales y familiares africanos, algo que estos gobiernos y líderes religiosos alimentan.

La incongruencia es que los mismos actores políticos y/o religiosos que se financian de redes político-económicas occidentales —antiderechos y antigénero—, simultáneamente instrumentalizan una identidad africana esencialista —en la que ciertos derechos de las mujeres y homosexualidad son ajenos a sus sociedades— como palanca de autoridad, líderes fuertes que reafirman su soberanía frente a la colonialidad cultural de occidente.

El signo político de los gobiernos no establece necesariamente una correlación con la adopción de esta instrumentalización. Por ejemplo, Uganda ha sido durante décadas aliado de los países occidentales. Por el contrario, la última oleada de homofobia de estado desarrollada en el Sahel —los casos de Malí, Níger y Burkina Faso citados—, tres gobiernos transicionales establecidos tras golpes de estado militares, se caracterizan por una fuerte identificación revolucionaria, opositores activos a las políticas neoloniales y contra la presencia militar europea en la región. Aunque deben considerarse los factores externos e internos específicos en cada caso, el discurso y la simbología como líderes fuertes frente al colonialismo occidental son factores compartidos y relevantes.

El vínculo entre las fuerzas ultraconservadoras globales y el refuerzo de gobiernos con tendencia antidemocrática tiene otro rasgo identificable. La redacción convenientemente vaga o ambivalente de este tipo de nueva legislación —como el caso ugandés antes expuesto, pero común a redacciones de nuevo cuño— tiende a cobijar la arbitrariedad en su aplicación. Tanto activistas de movimientos de mujeres como colectivos por los derechos LGTBIAQ+ señalan su uso indiscriminado para silenciar organizaciones y la criminalización de facto de organizaciones, asociaciones de apoyo o incluso educadoras y periodistas, reduciendo el espacio de la sociedad civil, y la violación de derechos como la libertad de asociación (bajo una presunta “promoción o incitación” de la homosexualidad) así como la reducción del disfrute del espacio público de las mujeres o el miedo de un incremento de las violencias contra ellas.

Financiación

La financiación de la expansión de estos grupos transnacionales ha sido objeto de creciente escrutinio y hay abundante información sobre su escala e interconexiones globales, así como a nivel africano. En 2020 una investigación¹  estableció que diversos grupos de ultraderecha cristiana estadounidenses, muchos vinculados a la administración Trump, destinaron al menos 280 millones de dólares (periodo 2007-2018) en donaciones opacas a nivel global con el objetivo de internacionalizar su agenda e influir en leyes, políticas y opinión pública en torno a los derechos sexuales y reproductivos y contra los derechos LGTBIAQ+. En el caso de África, invirtieron al menos más de 54 mil millones de dólares en el continente. Otra investigación de 2023² concluyó que el gasto de estos grupos se había incrementado notablemente desde 2019, sobre un 50%, por valor de 16,5 millones de dólares hasta 2022, lo que alcanza en total 70 millones en el periodo 2007-2022.

ANEXO 

Herramienta multimedia de la investigación de Open Democracy que refleja el gasto global de las organizaciones estudiadas (2007-2018):

Herramienta multimedia de la investigación de Open Democracy que refleja el gasto en África de las organizaciones estudiadas (2007-2028). Se puede apreciar un pico relevante en el año 2011:

Evolución en el periodo 2019-2022 (IJSC, 2024):