Héctor Mairena
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El 31 de mayo de 2026, una nota oficial del régimen Ortega-Murillo informó de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan. Rivera, de 73 años, era líder histórico del pueblo miskito, fundador del partido indígena YATAMA y había dedicado su vida entera a la defensa de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua. Murió como preso político de la dictadura, después de más de 970 días de encierro ilegal y desaparición forzada.

Brooklyn Rivera había sido detenido arbitrariamente el 29 de septiembre de 2023, al regresar a Nicaragua tras participar en un foro sobre derechos indígenas en las Naciones Unidas. El régimen le había impedido entrar al país por vías oficiales, pero él lo hizo por canales no oficiales. Eso le costó la libertad y, finalmente, la vida.

Desde el momento de su captura, la dictadura lo sometió a desaparición forzada. Durante casi tres años, su familia no supo nada de él: ni dónde estaba, ni las condiciones en que se encontraba, ni si seguía con vida.

La comunidad internacional alzó la voz de múltiples maneras. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU envió una carta formal a Ortega y Murillo exigiendo prueba de vida. El 1 de mayo de 2026, expertos de Naciones Unidas advirtieron que, en caso de fallecimiento, el gobierno tenía la obligación de informar las circunstancias. Nadie respondió. El silencio fue la única política del régimen ante el clamor internacional.

Su muerte no fue un accidente ni una tragedia inevitable. Fue el resultado calculado de un sistema diseñado para destruir a quienes se atreven a disentir. El experto de la ONU Reed Brody fue categórico: «Brooklyn Rivera no falleció por enfermedad. Falleció como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas. El Estado tenía la obligación de proteger su vida e integridad. No lo hizo.»

La saña no terminó con su muerte: el régimen secuestró sus restos y organizó un funeral del que excluyó a sus familiares. Y no solo eso: a la fecha, seis familiares de Rivera que realizaron gestiones para recuperar sus restos y sepultarlo en su tierra, conforme a su última voluntad, se encuentran detenidos y en situación de desaparición forzada.

La muerte de Brooklyn Rivera no es un caso aislado. Es el séptimo preso político fallecido bajo custodia estatal desde 2019. Antes que él murieron como presos políticos el abogado Eddy Montes —asesinado a tiros por un guardia—, Santos Flores —quien había denunciado abusos de Daniel Ortega contra su hermana menor de edad—, el exguerrillero y general en retiro Hugo Torres, el general retirado y ex je del Ejército Humberto Ortega Saavedra, el jurista Carlos Cárdenas Zepeda y el dirigente opositor Mauricio Alonso Petri.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 46 personas permanecen actualmente detenidas por razones políticas en Nicaragua y al menos 9 continúan en condición de desaparición forzada, a las que se suman los seis familiares de Brooklyn Rivera.

Estos casos no son negligencia: son un método de tortura, expresión brutal de la dictadura. Pero también obligan a reflexionar sobre nuestra propia historia y sobre el tipo de democracia que Nicaragua necesita construir cuando recupere su libertad.

No basta la indignación. Son indispensables la reflexión y la propuesta.

La historia política del siglo XX y lo que va del XXI es, en Nicaragua y en el mundo, un largo registro de abusos cometidos desde el poder por fuerzas de distinto signo. La izquierda, que fue la identidad del sandinismo en los años ochenta, no es la excepción, y eso es inocultable. Quienes fuimos parte de la revolución sandinista y hemos asumido las banderas de la democracia lo reconocemos sin evasivas: cuando haya justicia en Nicaragua, cada quien deberá responder por lo propio.

Sin embargo, sectores de la derecha nicaragüense explotan esa realidad con otro propósito: descalificar todo lo que consideran progresista por asociación con el orteguismo, operación que no pocas veces descansa más en la calumnia que en la verdad.

El orteguismo no es un proyecto de izquierda traicionado ni una revolución desviada. Es, simple y llanamente, una dictadura populista, fiel únicamente a sí misma, que mata, encarcela, silencia y despoja. Ha desmantelado la institucionalidad democrática y «legitimado» un poder familiar y totalitario. Es un proyecto dinástico que, apropiándose del erario y fomentando la corrupción, se ha constituido en un poderoso grupo económico que detenta el poder del Estado.

Mientras las corrientes autoritarias y xenófobas avanzan en todo el mundo —erosionando los pilares de la democracia sin ofrecer soluciones reales a los problemas cotidianos de la ciudadanía— las fuerzas progresistas y de izquierda parecen replegarse, incapaces aún de articular una respuesta a la altura del momento. En Nicaragua, sin embargo, la contradicción principal no es hoy entre izquierda y derecha. Es algo más elemental y más urgente: dictadura o democracia.

Reconocer esta realidad debe ser el punto de partida honesto para entender lo que el progresismo y la izquierda democrática necesitan con urgencia: afianzar su identidad sin complejos, presentar propuestas sólidas y realistas sobre los problemas fundamentales de la sociedad, y sacudirse del figureo superficial y de la trampa de causas impuestas en nombre de las diversidades.

Desde esta perspectiva, para quienes asumimos una identidad progresista en Nicaragua, el camino hacia la recuperación del país exige al menos tres compromisos fundamentales, que no son negociables ni circunstanciales.

El primero es el respeto absoluto a la democracia. Ningún proyecto político —por justos que se reivindiquen sus fines— puede imponerse mediante la fuerza, el engaño o el aplastamiento del adversario.

El segundo es la defensa inequívoca de los derechos humanos, sin excepciones y sin selectividad ideológica. Los derechos no tienen color político. Una izquierda que guarda silencio ante las violaciones cometidas por gobiernos que se dicen progresistas o incluso revolucionarios pierde toda legitimidad. Una democracia real garantiza el derecho a disentir sin ser encarcelado ni perseguido, menos asesinado

El tercero es la lucha frontal contra la corrupción, ese cáncer que corroe desde adentro a muchos movimientos políticos —incluidos progresistas— y que entrega argumentos al adversario. La dictadura orteguista ha convertido al Estado nicaragüense en un instrumento de enriquecimiento personal y de control absoluto. Recuperar la confianza pública requerirá instituciones independientes, transparencia y rendición de cuentas reales.

La muerte de Brooklyn Rivera y las violaciones flagrantes a los derechos humanos que ocurren en Nicaragua deben pesar sobre la conciencia de quienes en el mundo han mirado hacia otro lado, de quienes han antepuesto afinidades ideológicas a la verdad de los hechos, de quienes han confundido el pragmatismo diplomático con la complicidad.

Conquistar la democracia en Nicaragua significará recuperar el derecho a votar sin miedo, a disentir sin ser encarcelado, a establecer una justicia verdadera donde cada quien responda por lo que hizo. Cuando así sea, la vocación democrática de unos y otros —derechas, izquierdas, progresistas y conservadores— y la capacidad para resolver los problemas de la gente, estará verdaderamente a prueba.