Galde 35 negua 2022 invierno. Carlos R. Babío Urkidi.-
Si hay algo que quedó demostrado en todo el proceso de recuperación del Pazo de Meirás – aún pendiente de varias resoluciones judiciales – es que sobre este bien se produjo un expolio perpetrado por el franquismo en plena guerra civil. Y que a partir de ese momento la única característica que tenía como propiedad privada del dictador Franco, era la que de manera simulada figuraba en el Registro de la Propiedad, ya que el tratamiento que le daban las administraciones públicas franquistas era el de edificio público. Era nada más y nada menos que la Residencia oficial estival de la Jefatura del Estado.
Y es que si en Meirás se precisaba cualquier reforma, mantenimiento o mejora del Pazo, estas se cargaban a los presupuestos de las administraciones públicas, de manera singular al Ministerio del Ejército. A través de las investigaciones históricas que documentaron los expedientes del juicio que resolvió devolver – aunque de manera provisional – al espacio público este bien, descubrimos que no solo nos robaron un Pazo. Hubo un expolio constante de recursos públicos en beneficio particular del dictador. Un comportamiento muy habitual en los dictadores que tanto cuesta comprender en el estado español cuando hablamos de franquismo.
Más, esa sentencia sobre el Pazo de Meirás, deja a la vista de quien quiera verlo el comportamiento de ese periodo que se bautizó como “transición democrática” y que muchos de sus protagonistas apellidaron como “modélica”. Solo hay que comprobar la “nómina” de personas que actuaron en defensa de los intereses corruptos del dictador en Meirás durante el franquismo, y el papel que jugaron estos altisimos cargos en ese periodo de transición. Cómo se blindaron privilegios y robos. Como se ejecutó la impunidad y el atado y bien atado del testamento político de Franco.
El Pazo de Meirás era un símbolo de un régimen que aún pervive en la Memoria colectiva. Por eso no fue una casualidad que el expolio quedase impune, sino que además el sucesor del dictador lo elevó a rango de nobleza, testimoniando a la esposa del tirano recién enviudada “su real aprecio” en el Boletín Oficial del Estado, creando y otorgándole el “Señorío de Meirás con grandeza de España”, y todo ello por considerar el franquismo “una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria”. Un relato de la transición incompatible con cualquier democracia, que un ministro del PSOE de Felipe González no tuvo reparo en asumir, otorgándole el título a un nieto del dictador tras el fallecimiento en 1988 de Carmen Polo.
Ni Franco ni los herederos de sus privilegios sospecharon que la Memoria es persistente. Franco no solo eliminaba a todo aquel que no pensase como él. Quería borrarlos de la historia a través de una lógica tan simple como terrorífica; nunca existieron personas eliminadas por razón de sus ideas, no existieron abusos y mucho menos un exterminio planificado de personas consideradas enemigas por el franquismo. Y eso era extensible a los abusos y robos cometidos por un régimen totalitario que funcionaba en la medida que era corrupto, trasmitiendo una imagen justamente contraria. Y esa Memoria, callada por obligación por el miedo, el terror paralizante diseñado por el régimen de Franco, comenzó a manifestarse tras la muerte del dictador. Transmitida por quienes la padecieron, fue grabada a fuego por sus hijos e hijas que comenzaron la lucha por la Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas de aquella pesadilla. Lucha que ahora los nietos recogimos con compromiso y decisión.
Así ocurrió en la lucha por la devolución del Pazo de Meirás. No habría ningún patrimonio recuperado en Meirás sin Memoria. Nada. Solo hay que leerse las más de cuatrocientas páginas de la sentencia que devuelve el Pazo de Meirás. En ella se habla de un expolio, de unas élites franquistas que querían buscar los favores del nuevo régimen tras la guerra civil. De una transmisión simulada para engordar el patrimonio personal y privado del matrimonio Franco-Polo mientras todos los gastos se cargaban al erario público. Incluso de los servicios que seguía pagando la Administración General del Estado hasta finales de la década de 1980. Y de la lucha social que se manifiesta prácticamente desde la muerte del dictador, que lejos de desaparecer, sumó apoyos y movilizaciones de manera constante a partir del actual milenio.
Por mucho que se empeñen las élites académicas y políticas conservadoras, tras la lucha de Meirás no hay ninguna escritora. No se trata de discutir la brillantez en el mundo de las letras hispanas de Emilia Pardo Bazán, que creo nadie discute. Solo, repito, hay que leerse la primera de las sentencias que nada nos habla de literatura y sí de abusos de una dictadura aún impunes que es necesario normalizar desde el punto de vista democrático.
Esta fue la novedad que nos encontramos tras la ejecución provisional de la sentencia de Meirás mediante la cual el pasado año el estado se hizo cargo de la propiedad. El mundo conservador gallego, lejos de acompañar esta batalla por la devolución durante más de cuarenta años, solo apoyó la demanda contra los Franco por la posesión del Pazo cuando la Memoria ganó la batalla social. Cuando documentó el expolio durante años de investigación. Cuando divulgó lo que realmente pasó en Meirás ante una sociedad que pudo conocer así los abusos del franquismo. Solo así se consiguió que los que se ponían de perfil ante el franquismo, o incluso tuvieran antes una actitud colaboracionista con los intereses de los Franco, cambiaran de actitud. Fue la movilización, la divulgación social y el trabajo en las instituciones lo que movió posiciones. Y en todos estos ámbitos hay que reconocer el trabajo comprometido y determinante del nacionalismo gallego. Sin él, hoy no estaríamos en el punto en que estamos.
En este último año vimos que el gobierno gallego presidido por Núñez Feijoo pretendió crear un nuevo relato sobre Meirás, intentando que esa propiedad fuera un “Faro de la Igualdad” por estar vinculada a Emilia Pardo Bazán. Una sinrazón si atendemos a los esfuerzos y dedicación de esta mujer en la lucha por precisamente marcar diferencias y desigualdades entre los seres humanos. Y una indecencia, ya que se pretende utilizar el feminismo como causa para ocultar a las víctimas del franquismo. Borrarlas nuevamente de la historia como siempre pretendió el franquismo. También vimos cómo los Franco no solo dan la batalla judicial contra los que no aceptamos el relato impuesto por el franquismo y luchamos decididamente contra la impunidad de este. La dan también contra las administraciones públicas cuando tienen un comportamiento consecuente con la Verdad, la Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo. Porque los Franco siempre sientan en el banquillo de los acusados a aquellas personas o administraciones cuando consideran que atentan de manera mas o menos efectiva contra el relato construido por la propaganda franquista, y que la democracia española avaló en la transición. O bien contra sus intereses económicos asentados bajo los privilegios otorgados por el régimen franquista. Y no necesariamente por este orden.
Primero, claro está, continuando en la pelea por mantener la propiedad del inmueble por el que presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que a día de hoy está pendiente de admisión a trámite. En él también reclaman ser indemnizados por mantenimientos y obras, algunas ejecutadas contra el Patrimonio Cultural y por las que ya fueron indemnizados en su día. También consideran que los más de setecientos Bienes Muebles inventariados por Patrimonio no están afectados por la sentencia que devuelve el Pazo al patrimonio público, y por lo tanto tienen derecho a llevárselos. Esto último ya no sorprende a nadie, claro. Que la familia Franco reclame para sí las pilas bautismales de la iglesia de Moraime en el concello de Muxía expoliadas por decisión de Carmen Polo, o múltiples elementos que terminan en Meirás por decisión del matrimonio Franco-Polo, forma parte del comportamiento habitual de una familia muy acostumbrada al blindaje de privilegios del pasado. Incluso que reclamen judicialmente para sí los muebles de Emilia Pardo Bazán, presentes en el Pazo mucho antes de la llegada del dictador allí.
Lo que ya no es comprensible es que ni el Estado ni la Xunta de Galicia defiendan de manera formal y clara estos bienes, ni desde el punto de vista de la propiedad ni desde la necesaria protección patrimonial pública, cuando además piden insistentemente dedicar esta propiedad a la memoria de Pardo Bazán. De atender a lo presentado formalmente en los juzgados por el Estado y por la Xunta de Galicia, no existe oposición formal por parte de estas administraciones a que el mobiliario de la escritora salga por la puerta del Pazo como propiedad de los Franco. Tan solo el Concello de Sada y asociaciones memorialistas reclaman estos bienes. Sada lo hace judicialmente a través de un “incidente de ejecución de sentencia” reclamando todos los bienes. El Estado, que presentó otro pidiendo la propiedad de solo 133 de los más de setecientos inventariados, anunció que apoyaría el “incidente” de Sada tras la presión social. La Xunta, ni uno ni otro. Y no solo no tiene una actitud activa en la reclamación. Tampoco ejerce sus competencias en patrimonio cultural protegiendo esos bienes.
En enero tendremos una nueva resolución judicial que afectará al futuro de esos bienes. La resolución se aventura incierta. Ante este panorama solo nos queda volver a la movilización social. Porque las administraciones del estado y de Galicia solo se mueven cuando la sociedad se mueve. Y en Meirás está perfectamente demostrado que si la lucha memorialista baja la presión, los Franco avanzan y la democracia retrocede. Algo inasumible desde un punto de vista de una sociedad normal.
