Galde 36 – primavera/2022. Amelia Barquín.-
La segregación social es uno de los rasgos que más visiblemente caracterizan el sistema escolar en Euskadi. Podemos definirla, en pocas palabras, como la concentración de alumnado de origen extranjero y menores recursos económicos en determinados centros, de un modo que no refleja la composición de la población que vive en ese entorno, y que a menudo contrasta con la composición del alumnado de un centro vecino o de varios. La contrapartida es, claro está, la existencia de esos centros donde casi únicamente se escolariza alumnado de origen local y clase media o alta.
En ocasiones se ha buscado la relación de este fenómeno con una segregación residencial preexistente, y se ha señalado que, en las propias zonas de esos centros, viven muchas personas extranjeras o con pocos recursos. Sin embargo, la realidad en Euskadi es que, muy a menudo, en el mismo entorno de una escuela «segregada» hay otra en la situación contraria. Y también sucede que la segregación escolar es siempre mayor que la residencial.
Cuando hablamos de alumnado de origen extranjero, nos referimos al que ha nacido en otros países y también al nacido en la sociedad vasca (es decir, autóctono) y cuyas familias vinieron del extranjero. Algo más de un 11% de la población de Euskadi es de origen extranjero, según datos de Ikuspegi).
La dualidad público/privado del sistema educativo vasco es el principal eje de la segregación, aunque no el único. La concentración de alumnado de origen extranjero y de peor situación económica se produce fundamentalmente en centros públicos (no en todos) y también en algunos concertados. Dentro de la red privada, los centros católicos (aproximadamente el 35% del sistema educativo de Euskadi) acogen alumnado inmigrante en mayor medida que las ikastolas (algo menos del 15% del sistema), donde este alumnado tiene menor presencia. Pero también existen grandes diferencias entre los centros católicos: mientras algunos con vocación social escolarizan una gran proporción de alumnado en desventaja, otros apenas lo tienen en sus aulas. Hay también algunas escuelas públicas en esa última situación.
¿Cómo se produce? Nos referiremos ahora a algunos de los mecanismos más importantes. El pago de una cuota mensual en los centros (con cantidades diferentes entre ellos) se convierte en el modo principal de seleccionar a las familias; mediante ese mecanismo toda una capa social no tiene opción de acceder a tales centros, a pesar de que, como hemos indicado, casi todos ellos son concertados, lo que quiere decir que están sostenidos por fondos públicos y pagados con los impuestos de toda la ciudadanía, incluida la que no puede acudir a ellos.
En numerosos centros se ofrecen servicios (una hora más de clase que en los públicos, por ejemplo) que los conciertos no cubren y que entran en la cuota de las familias. Esos servicios extra son bien valorados por aquellas familias con mayor capital económico y cultural y constituyen un motivo más por el que elegir dichas escuelas.
Otro procedimiento que facilita la segregación es la escolarización en aulas no concertadas de dos años pertenecientes a centros concertados. Como consecuencia, las familias deben pagar una alta suma para cubrir el gasto de escolarización.
Por otro lado, que la atención a las familias que vienen a escolarizar a sus hijas e hijos se produzca en el propio centro supone en ocasiones que quien las atiende les transmita el mensaje de que no son bienvenidas, por no poder pagar la cuota, o por no compartir el ideario religioso o ideológico del centro.
Los puntos que otorga cada escuela a la hora de baremar cada solicitud de matrícula (según criterios adoptados en el propio centro) pueden contribuir a alejar la diversidad social: puntuación por ser hijo o hija de antiguo alumno o alumna, por pertenecer a una familia con implicación en el centro, por ser cooperativista del centro… En centros con alta diversidad social, por su parte, existe una mayor movilidad del alumnado, puesto que las familias cambian de entorno si surgen en otro lugar mejores oportunidades laborales o facilidad de vivienda. Las plazas libres son ocupadas por nuevo alumnado que acaba de llegar al pueblo o ciudad. La segregación funciona, por tanto, como un círculo vicioso.
Centros homogéneos. Encontramos así cada vez más centros con poca heterogeneidad social, en los que cada familia se junta con otras de su clase social y de su origen, y esta es también una de las razones más importantes a la hora de decidir a dónde enviar a las y los hijos hoy en día, sobre todo para aquellas familias que realmente tienen la posibilidad de elegir: a qué clase o grupo social pertenecen quiénes acuden a ese centro.
Tras estas dinámicas sociales, se encuentran, por un lado, el deseo o necesidad de las familias en desventaja de encontrar solidaridad y seguridad entre quienes se encuentran en una situación similar. Aunque hay también muchas familias de origen extranjero que no desean acudir a centros donde casi solamente hay familias como ellas, y huyen de la guetización a entornos con mayor mezcla social. Al mismo tiempo, algunos rasgos de la sociedad mayoritaria explican que una parte de las familias de clase media local no desee esa mezcla para sus hijas e hijos: aporofobia, clasismo, racismo…
Dos décadas de medidas insuficientes y de denuncia. La segregación escolar viene siendo señalada y denunciada desde hace más de quince años por una parte de la comunidad educativa (aquella a la que le afecta) y por diversos agentes y organismos (Ararteko, sindicatos, Save the Children…), al tiempo que ha sido ignorada por una gran parte de la sociedad. Se trata de una discriminación naturalizada, algo «normal», que ha ocurrido siempre en esta y en otras sociedades. Por otro lado, se puede hablar de negacionismo durante años por una parte de la ciudadanía y de la administración educativa.
Sin embargo, ya en los documentos del Departamento de Educación de 2003 sobre la atención al alumnado inmigrante se recogen cifras que muestran el desequilibrio en su escolarización. La realidad es que la administración no ha puesto en marcha medidas eficaces para paliar el fenómeno, que se agudiza de año en año y sigue adelante. Hasta el día de hoy, las medidas que se han ejecutado han sido fundamentalmente de carácter compensatorio (para atenuar algunos efectos en los centros que sufrían la segregación) y no de carácter trasformador (para «desegregar» unos centros y hacer otros más heterogéneos).
El movimiento social contrario a la segregación se ha visibilizado sobre todo en los últimos tiempos, debido fundamentalmente al activismo ciudadano. Destaca la labor de la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca (creada en 2016), desde la reivindicación, la movilización y la formulación de propuestas. La Iniciativa Legislativa Popular de la plataforma ciudadana Zubiak Eraikiz, por su parte, se propuso llevar la cuestión de la segregación escolar al Parlamento Vasco. Esta iniciativa se presentó en el Parlamento en noviembre de 2018 con hasta 17.000 firmas y un conjunto de propuestas; su tramitación, sin embargo, fue rechazada con los votos de PNV, PSOE y PP.
Necesidades de los centros. No es difícil darse cuenta de que los centros con mayor diversidad social necesitan más recursos, y particularmente más profesorado: atender a familias que todavía no dominan el idioma ni el sistema, ayudarlas en las gestiones, facilitar su participación, adaptarse a las necesidades del nuevo alumnado en diversos terrenos… suponen una mayor cantidad de esfuerzo y tiempo. La gestión de entornos con diversidad social demanda más recursos que la de entornos homogéneos de alumnado autóctono de clase media. Ante estas necesidades, los centros han sentido durante largo tiempo la falta de respuesta adecuada de la administración educativa. Es uno de los factores que explican que una parte del profesorado no desee trabajar en estos centros y haya una gran movilidad dentro de los claustros, a lo que se une la dificultad para encontrar personas dispuestas a formar equipos directivos ilusionados y estables.
¿Cuáles son sus efectos? La segregación tiene efectos bien conocidos por la investigación educativa. Repercute negativamente en la cohesión social, pues implica un déficit en las relaciones entre diferentes: supone perder la ocasión de experimentar y aprender la convivencia y de desarrollar las competencias interculturales en el medio más adecuado para ello, el escolar. De conocerse, de perderse el miedo, de colaborar, de hacer amistad…
Por otro lado, la concentración de alumnado en desventaja tiene como consecuencia que ese alumnado obtenga un menor rendimiento escolar, rendimiento que aumentaría en un medio más heterogéneo debido a lo que se conoce como «efecto compañero» o «efecto par», sin que por ello se vean perjudicados académicamente quienes parten con ventaja social.
Paradójicamente, aquellos centros que muestran un mayor compromiso social y están afrontando el reto educativo, social, lingüístico y cultural que supone trabajar con la infancia de la inmigración y en desventaja, se han convertido en centros estigmatizados de los que huye una parte de las familias autóctonas payas de clase media, lo que contribuye a una mayor segregación. La falta de reconocimiento social hacia estos centros es otro fenómeno que se ha naturalizado en nuestra sociedad y en otras.
Si para la sociedad vasca es tan importante la recuperación y normalización del euskara, cabe preguntarse cómo es posible que estos centros que están contribuyendo en primera línea a la euskaldunización del alumnado en contextos complejos, casi todos centros públicos de modelo D, carezcan del reconocimiento social que merece esa necesaria labor.
¿Y las medidas posibles? Por falta de espacio, me referiré únicamente a algunas de las medidas más a menudo mencionadas con el objetivo de desagregar los centros. Una de las medidas básicas es la gratuidad real, es decir el no cobrar cuotas a las familias. El modo de lograrlo no obtiene el consenso de los agentes: por un lado, se ve la necesidad de incrementar los fondos que recibe la escuela concertada para que no precise de la colaboración económica de las familias; por otro, hay temor a la sobrefinanciación de la concertada y a que esta mantenga servicios y estrategias informales que sigan implicando cobros. También despierta dudas el coste del mantenimiento de las instalaciones de lujo de algunos centros.
Otra de las medidas más importantes es la creación de oficinas municipales de matriculación, de modo que las familias obtengan la información y el acompañamiento necesarios a la hora de matricular a sus hijos e hijas sin tener que acudir a los centros concretos y padecer procesos informales de segregación (falta de información, acogida insuficiente, consejo de ir a otra escuela más adecuada a sus necesidades…).
El fin de la concertación universal es otra medida frecuentemente mencionada. Hasta el día de hoy, todas las solicitudes de concertación de centros y aulas han sido aceptadas por el Departamento de Educación sin reparar en condiciones. Se plantea, por tanto, que los centros sean financiados por la administración atendiendo a su implicación social, es decir, en relación con su respuesta a las necesidades de la sociedad y la atención que prestan la diversidad.
También se mencionan la desaparición de los puntos que cada escuela otorga a cada solicitud de matrícula en baremación, la reorganización de la zonificación escolar, la distribución equilibrada del alumnado que llega fuera de plazo a lo largo del curso, el establecimiento de un número máximo de alumnos y alumnas fuera de plazo que puede acoger cada aula y cada centro, la reserva de plazas en todos los centros para ese alumnado llegado durante el curso… Se trata de medidas «transformadoras» o «desegregadoras», que deben combinarse con las «compensatorias», es decir, las destinadas a paliar, mientras tanto, los efectos de la segregación, al tiempo que responden a las necesidades del alumnado diverso, como son los diversos programas de atención a la diversidad que actualmente están en marcha: Programa Hamaika Esku, EUSLE, Bidelaguna, Programa de Refuerzo Língüístico…
Si realmente la diversidad llegara a casi todos los centros, habrá que pensar en el proceso que necesitarán algunos de ellos para desarrollar en adelante una cultura o ambiente de centro realmente inclusivos, donde esas nuevas familias y ese nuevo alumnado se sientan a gusto y deseen permanecer.
¿En el futuru? En los próximos años, ¿seguirá siendo este un alumnado no deseado en muchos centros? Se está produciendo un cambio de escenario. En una época en que la tasa de natalidad está cayendo en picado –lo que implica ir cerrando aulas y acaso centros en los próximos años– y, según los datos, cada vez hay más alumnado con madre de origen extranjero, quizá ese alumnado hasta ahora poco deseado en muchos centros se convierta en «interesante» en un futuro cercano y se lleven a cabo campañas para atraerlo.
En el momento de redactar estas líneas, está en marcha el proceso que ha de desembocar en la redacción de una nueva ley vasca de educación y se están llevando a cabo negociaciones por parte de partidos, sindicatos y otros agentes, al tiempo que se están haciendo públicos documentos de diverso carácter, así como continuas declaraciones a los medios sobre aspectos educativos fundamentales. A estas alturas, en dichas declaraciones, combatir la segregación se ha convertido en una cuestión central.
En este contexto, hay algunas cuestiones sobre las que merece la pena pensar. Mientras llega la nueva ley y se pone en marcha, ha de pasar un tiempo aún considerable. Sería posible que la administración educativa mostrara ya desde ahora un nuevo estilo en este terreno, estilo que diera credibilidad a la nueva formulación de intenciones.
Cabe preguntarse si la nueva ley será más eficaz contra la segregación que el marco legislativo actual, donde, en realidad, no existe nada que justifique o promueva las situaciones de segregación que padecemos. Baste señalar que el marco legal actual ya dice que la educación obligatoria ha de ser gratuita en todos los centros financiados con fondos públicos, algo que no se cumple y que no se ha hecho cumplir. Por otro lado, no hay más que ver las noticias que se publicaban hace escasos meses en todos los medios de comunicación de Cataluña, donde, después de varios años de la firma del Pacto contra la Segregación Escolar (marzo de 2019), los datos señalan que la segregación ha ido gravemente en aumento porque la administración no ha puesto en marcha las medidas que se acordaron para combatirla y que se comprometió a llevar a cabo. Parece claro que, para afrontar la segregación escolar, más que producir documentación y nueva normativa, sería necesario que existiera la voluntad política real para poner en marcha medidas eficaces.
Para terminar. Recordemos unas palabras de F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, que han investigado la cuestión en profundidad (2020, revista REICE): «No seamos inocentes. La segregación no es un efecto colateral indeseado producto de inocentes políticas educativas que solo buscan mejorar la calidad de la educación. La segregación escolar es un acto consciente y deliberado de opresión […] por el cual los grupos que ostentan el poder separan, excluyen y marginan a colectivos minoritarios, impidiéndoles, de esta forma, recibir una enseñanza de calidad. […] Los oprimidos de la educación son los niños, niñas y adolescentes recluidos en guetos por su situación de pobreza, por haber nacido en otro país, por pertenecer al pueblo gitano o algún otro grupo étnico-cultural minoritario, o por su discapacidad. Los opresores son los grupos económicos y políticos que generan, favorecen y alientan la segregación, o que no ponen los medios para compensar las desigualdades que se producen con esta situación. Las administraciones públicas, educativas y económicas, son corresponsables de esta situación; corresponsables por acción u omisión, por fomentarla o por no evitarla.»
