(Galde 04, otoño 2013). Serbia iniciará en unos meses las conversaciones para el ingreso en la Unión Europea (UE); para rehabilitar su imagen internacional ha buscado un avalista de altura inspirándose acaso en dos baluartes ibéricos del emprendedurismo. Ha contratado como ellos a un ex-director del FMI, aunque con un nombre un rato más ceremonioso: Dominique Straus-Khan, un socialdemócrata de carné, asesor muy solicitado y presidente del grupo financiero luxemburgués Anatevka. La desgracia de estas anécdotas es su falta de gracia: no dejan resquicio para la ironía. Si ni a Telefónica ni al Banco de Santander les ha escocido la conciencia al reclutar al sepulturero de Bankia, el viceprimer ministro Aleksandar Vucic adujo que renunciar al asesoramiento de Strauss-Kahn sería como negar el genio de Picasso por su trato a las mujeres. La antiejemplaridad cotiza fuerte en la bolsa de los tiburones. Poco después, el gobierno albanés nombraba al también socialista y pluriempleado Tony Blair como “consejero especial para la integración europea”. (Recordemos que hace 15 años Pinochet estaba detenido en Londres y que Blair y su segundo, Jonathan Powell –muy atareado también ahora en otras asesorías–, concertaron con los gobiernos español y chileno su vuelta a casa, es decir, su impunidad). En julio pasado Croacia se convirtió en el miembro número 28 de la UE. Desde donde uno escribe siente vergüenza propia al recordar que las encuestas sobre la corrupción sitúan mal a ese país. El año pasado el ex-primer ministro croata, Ivo Sanader, fue condenado a 10 años de cárcel por corrupción. Es el mismo que declaraba siendo viceministro de Exteriores al final de la Operación Tormenta, que ‘limpió’ de población serbia la Krajina, que “los serbios de Croacia ya no necesitan autonomía, se han ido todos” (El País, 29/10/1995). El pasado octubre (2013) el gobierno socialdemócrata croata de Zoran Milanovic anuncia una campaña de privatización a gran escala, que iba en la letra pequeña del ingreso en el club (Le Courrier des Balkans, 15/10/2013), mientras que en Serbia afloran las inmundicias de la connivencia entre policía, medios políticos, criminales y financieros enriquecidos con la privatización rampante. Tales avatares son bendecidos por los eurócratas, seguros de la devoción a la ortodoxia neoliberal de aspirantes y asesores.
La UE tampoco ha mostrado inquietud aparente sobre los avatares recientes del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY). Según un experto en la zona, el ministro de exteriores sueco Carl Bildt, “cada vez es más difícil encontrar lógica o consistencia entre las diferentes sentencias” del TPIY (The Economist, 01/06/2013). La falta de lógica se refiere a que, aunque se ha establecido por encima de toda duda razonable la responsabilidad de los escalones superiores políticos y militares en Croacia y Serbia, los imputados de más alto rango fueron puestos en libertad en segunda instancia; lo que equivale a una exoneración en toda regla de los regímenes criminales de Milosevic y Tudjman. En una primera sentencia Momcilo Perisic, jefe del Estado mayor del ejército yugoslavo, fue condenado a 27 años, y los generales croatas Ante Gotovina –ex miembro de la Legión Francesa y relacionado con la organización de extrema derecha Honos– y Mladen Markac a 24 y 18 años. Tras apelar, fueron puestos en libertad, lo mismo que Jovica Stanisic y Franko Simatovic (jefes de la policía secreta serbia) y Ramush Haradinaj, jefe de la guerrilla albanokosovar. La justificación técnica de la liberación es la adopción, con motivo del recurso de Perisic, de una nueva doctrina según la cual “proporcionar asistencia general que podría haber servido tanto para actividades legales como ilegales no será condición suficiente por sí misma para establecer que tal ayuda estuvo expresamente dirigida a la comisión de crímenes por los perpetradores principales”. Dos días después de la llegada a Zagreb en loor de una multitud de la ‘guerra patria’ –otro tanto ocurrió en el funeral de Milosevic en 2006, y en la acogida reciente a Momcilo Krajisnic a su vuelta a Pale y Ramush Haradinaj a la suya a Pristina, lo que indica un déficit moral severo en sectores amplios de la sociedad, y no sólo de allí según el elocuente título de un artículo de Fatos Lubonja (“Kosovo: l’impunité pour les crimes, ‘au nom de l’Europe”’, Le Courrier des Balkans, 17/07/2013)–, el dibujante Korax mostraba la otra cara de la sociedad croata en una viñeta en Danas: Pavelic, Hitler y Tudjman siguen en directo el veredicto desde el infierno, luego levantan los brazos como diciendo “¿Bueno, y nosotros qué?”. No es chiste. Chuck Sudetic, buen conocedor del TPIY y coautor de un libro con la ex-fiscal principal Carla del Ponte, ha declarado: “si Hitler fuera juzgado por los crímenes del Holocausto sobre la base de la doctrina sobre la cooperación e instigación aplicada ahora por el TPIY, podría muy bien haberse ido de rositas. […] No es justicia ciega. Es ceguera” (The Economist, 01/06/2013). De acuerdo con Sudetic, esta doctrina destruye los precedentes establecidos en Nuremberg y castra la capacidad de las instituciones de la justicia internacional para encausar a los escalones superiores por crímenes de guerra, confinando la responsabilidad a los ejecutores materiales.
¿A qué obedece este cambio de doctrina coincidente con los casos de alto rango? Según una fuente de The Economist, Stanisic mantenía una relación estrecha con la CIA y amigos de Gotovina vinculados con Honos habrían amenazado con revelar las implicaciones norteamericanas en la Operación Tormenta. Cuando el gobierno croata pidió ayuda al Pentágono, este desvió la petición a una empresa de consultoría militar (MPRI), integrada por ex-generales y cuyo cliente principal era el ejército (The Observer, 08/07/2001). Cuando Gotovina sentía que el cerco se estrechaba amenazó con llamar a declarar a dos prominentes diplomáticos norteamericanos, Peter Galbraith y Richard Hoolbroke. Según el testimonio de un activista de los derechos humanos de Croacia recogido por D. Hipkins (IWPR, 16/10/2001), existía ya entonces la convicción de que si se condenaba a Gotovina saldría a la luz la implicación de EEUU.
¿Cómo se tradujeron los intereses de la Realpolitik en la liberación de los criminales? El presidente del Tribunal, el estadounidense –antes israelí y superviviente del Holocausto– Theodor Meron, parece haber ejercido presiones al respecto (El País, 01/07/2013). La prueba más clara es una carta del juez danés Frederik Harhoff, que arroja luz sobre las incoherencias que inquietaban a Carl Bildt. En ella leemos: “podría pensarse que el establishment militar de países poderosos (como EE.UU e Israel) sentía que la práctica penal se estaba acercando demasiado a las responsabilidades de los altos mandos militares”. Pero hay afirmaciones más concretas: “informes de la tenaz presión del mismo Presidente sobre sus colegas en los casos de Gotovina y Perisic hacen pensar que estaba decidido a conseguir su puesta en libertad”. Termina Harhoff exponiendo el profundo dilema moral y profesional que le supone la carta-denuncia. Ni el Tribunal ni la UE ni ninguno de los estados miembros ha pedido explicaciones al respecto. Acaso pensando que no había fundamento para dar crédito a las sospechas denunciadas. En todo caso, otro de los acusados de fuste, el radical Vojislav Seselij, ha aprovechado el viento para impugnar a Harhoff y en una iniciativa sin precedentes el Tribunal le ha apartado del caso. Por otro lado, Meron ha sido reelegido (octubre 2013) como presidente para otros dos años. Pero la carta de Harhoff no es la única evidencia para mi línea de lectura. El intento de secuestro de la justicia viene de lejos, como señala en su monografía J. Subotic (Hijacked Justice. Dealing With the Past in the Balkans, 2009) y han denunciado desde dentro figuras como Sudetic, Del Ponte o F. Hartmann. Pero hay un elemento indicial particularmente llamativo: un cable de Wikileaks (23/07/2003) da cuenta de una queja del también entonces presidente Meron a un embajador norteamericano contra la fiscal Del Ponte por su empeño demasiado decidido y ambicioso, así como de la petición de que no se renueve su mandato. Tal iniciativa, de un alcance difícil de exagerar, no ha tenido ninguna respuesta. Hay otro dato de peso que las instancias internacionales han obviado a pesar de que tanto se insiste en el protagonismo de la sociedad civil. Dos semanas después de hacerse pública la carta de Harhoff, tres docenas de organizaciones de derechos humanos de los Balcanes y decenas más de juristas e intelectuales dirigen una carta al Secretario de la ONU Ban Ki-moon en la que se hacen eco de “sospechas razonables de irregularidades y parcialidad en el proceso de decisión de algunas sentencias recientes”. La carta termina pidiendo una investigación. No tengo noticia de que haya habido ni investigación ni respuesta.
Aunque, con escollos, el TPIY ha desempeñado una valiosísima tarea y ha aportado consuelo a muchas víctimas, la doctrina reciente que niega el principio de responsabilidad de mando, verosímilmente por sentar un precedente universal incómodo (E. Gordy, The New York Times, 02/06/2013) no augura nada bueno en el desenlace de los casos de Karadzic –protegido durante años por el ejército francés–, Mladic o Seselj. Para Marek Edelman, superviviente del gueto de Varsovia, el genocidio de Srebrenica constituía una victoria póstuma de Hitler. La impunidad de los responsables de esos crímenes es una victoria añadida por cuanto las democracias inmolan las víctimas a las hienas. Es también un indicio inquietante de la salud del imperio de la ley y el estado de derecho. La coalición fáctica de elites corruptas, políticos sin moral y criminales inconfesos, que traslucen estos avatares, dibuja un cuadro alarmante sobre la profundidad de los males que nos afligen.
Martín Alonso.
