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Feminismo, neoliberalismo y Agenda 2015

Autor 10 abril 2015 by inaki

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Begoña San José, (Galde 09, invierno 2015).

Seis años después del estallido de la burbuja financiera en 2008, el neoliberalismo gobierna al 80% de la población mundial, recortando los dos grandes mecanismos de redistribución: el empleo digno y el gasto público social. El Informe A/69/62 del Secretario General de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo en 2014 considera insostenible e incompatible con la universalidad de los derechos humanos “un mundo en el que el 8% de la población acumula el 82% de la riqueza, como parte de una tendencia de acusado aumento de la desigualdad de riqueza en los últimos 20 años”.

En la respuesta al insoportable aumento de la desigualdad, confluyen importantes movimientos sociales y políticos. Así, en este año 2015 -inaugurado por la victoria de Syriza en Grecia, preñado en España de expectativas ante las elecciones locales, autonómicas y generales, y enrocado en la austeridad en la Unión Europea-, Naciones Unidas emplaza a la implantación de modelos de producción y consumo contra el agotamiento medioambiental y a la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030. Por otra parte, del 9 al 20 de marzo, en Nueva York, se hará la evaluación Beijing+20, sobre la aplicación de la Plataforma de Acción allí aprobada por 189 estados en 1995 que, junto a la CEDAW (Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer) de 1979, es el referente mundial del derecho de las mujeres a la igualdad. Además, dos órganos de Naciones Unidas emitirán en 2015 informes sobre la situación de las mujeres en España: en junio el Consejo de Derechos Humanos y en julio el Comité CEDAW.

Naciones Unidas no está inmunizada contra la epidemia neoliberal, ni, como organización de 193 gobiernos, contra la burocratización. Pero su Carta fundacional (art. 71) mantiene desde hace setenta años vías de participación de las ONG insólitas en nuestro país e imprescindibles para su legitimación social. En esa línea, la CEDAW obliga a los gobiernos a informar cada cuatro años de sus actuaciones para eliminar la discriminación, y favorece la participación crítica de las ONG con “Informes Sombra”, a lo que las organizaciones feministas de España, a diferencia de las de otros países, estamos poco acostumbradas. La elaboración autónoma de informes nos obliga a unir fuerzas, nos politiza, porque pone el foco en la situación social y su transformación, y dignifica nuestra relación con los poderes públicos, abriendo vías de ciudadanía activa, de incidencia sobre los poderes central y autonómicos e incluso locales.

El Informe CEDAW Sombra sobre las políticas contra la discriminación de las mujeres en España 2009-2014 (https://cedawsombraesp.wordpress.com), expuesto al Comité de expertas independientes en Ginebra, en noviembre de 2014, por dos representantes de las 277 ONG feministas, de desarrollo y de derechos humanos que lo firman, tendrá el examen definitivo en julio de 2015. Señala que el Estado central ha bajado tres rangos su organismo para la igualdad, de Ministerio a Dirección General, ha estado más de la mitad de su mandato sin el Plan de Igualdad al que le obligan la Ley de Igualdad (art. 17) y la Plataforma de Acción de Beijing (M. 203) y ha recortado el 49% el gasto en igualdad (programa 232B del Presupuesto del Estado) y el 23% el de Violencia de Género (programa 232C). Las Comunidades Autónomas, también obligadas a aplicar la CEDAW, lo han recortado un 32,5%, y los Ayuntamientos -por la ley 27/2013 de reforma del Régimen Local, excepto en el País Vasco- sólo podrán prestar servicios sociales y de igualdad de las mujeres si logran delegación y financiación autonómicas, lo que amenaza la pervivencia, entre otros, de los servicios de atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia de género.

El Informe Sombra al CEDAW cifra las políticas de igualdad en el 0,005% del Presupuesto estatal, 0,09% de los autonómicos y 0,24% de los municipales; un total consolidado de unos 150 millones de euros, el 0,04 % del gasto público y el 0,01% del PIB, según los boletines oficiales. Sin embargo, el gobierno de España contestó en mayo 2014 al cuestionario de la ONU para el Informe Beijing+20, que su presupuesto es casi cien veces mayor: 1.042 millones anuales para igualdad de género y 390 millones para violencia.

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Fuente: Informe Sombra CEDAW 2014, sobre Secretaría de Estado de Presupuestos

Como denuncia la economía feminista, el impacto sobre la realidad social no es sólo el medido por los indicadores de trabajo y riqueza, la EPA y el PIB, sino también el que afecta al trabajo doméstico no pagado, especialmente, el imprescindible cuidado de la infancia y las personas en situación de dependencia, realizado mayoritariamente por mujeres, cuya valoración incrementaría el PIB en un 30%.

Por eso, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se presentan a la Asamblea General de la ONU en 2015 -sobre pobreza, hambre, salud, educación, agua, energía, empleo, industria, igualdad entre países, ciudades, consumo, cambio climático, ecosistemas y financiación-, es importante que el referido a la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas añada al reconocimiento y valoración del trabajo doméstico no remunerado (Medida 165.g. de la Plataforma de Acción de 1995) el reparto de dicho trabajo, “mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social”.  En la crisis actual, la pérdida de ingresos de los hogares y el recorte de servicios públicos se suplen con el “colchón familiar” tejido de cuidados no pagados y de nuevas desigualdades de género, que absorbe el retraso en la emancipación de los jóvenes, la agrupación de generaciones o de familias en una vivienda, el sostenimiento por personas jubiladas de familiares en edad laboral, el descenso en un 21% del número de matrimonios y en un 18,1% del de nacimientos, la pérdida de 2011 a 2014 de 32.350 plazas de educación infantil y de 9.274 casos atendidos por dependencia.

El empleo con derechos es esencial para la independencia económica de las mujeres y, pese a esa sobrecarga oculta, al desempleo y al descenso de los salarios, durante esta crisis 734.600 mujeres se han incorporado a la población activa (de 9,9 a 10,6 millones) y las “inactivas” por “labores del hogar” han bajado un llamativo 32% (de 782.500 a 251.400). El papel de mano de obra de reserva, en esta crisis, lo han jugado los y las inmigrantes, marchándose silenciosamente 570.000 -el 44,3% mujeres-, y los y las  jóvenes. Sin embargo, desde 2013 la tasa de actividad femenina ha empezado a bajar y en la recuperación de 433.800 empleos en 2014 crece la feminización del tiempo parcial, aún no medido en proporción o tasa de empleos completos, y ahí subyace el empleo con pobreza.

El movimiento feminista afronta este intenso 2015 revitalizado por una ola de mujeres jóvenes del movimiento 15M y por las acciones contra la reforma del aborto, pero dividido entre quienes -en los términos de la polémica Fraser-Butler-, priorizan el reparto o el reconocimiento, el trabajo o la sexualidad, y con estrategias diferentes para el seguimiento e incidencia en las instituciones y las políticas públicas. Pero todas, y todos, tenemos el reto de optar entre dos modelos de cuidados y de empleos: uno basado en la dualidad hombre proveedor/mujer cuidadora, el tiempo parcial, el anunciado ‘plan de familia’ ya apuntado en la reforma 2014 del IRPF -con deducciones y desgravaciones por esposa, hijos o familiares-, medidas que privatizan y feminizan los cuidados. O, frente a ese, el modelo de hombres y mujeres trabajadores y cuidadores e igualdad, que saca a la luz y al reparto familiar y social la atención universal a las personas en situación de dependencia y a la educación infantil desde los 0 años, creando empleos dignos financiados con impuestos generales y progresivos e invirtiendo de verdad en igualdad social y de género.

Begoña San José, Fórum de Pólitica Feminista

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