Galde 37, uda 2022 verano. Mary Mc Dermott.-

La Educación Superior, en comparación con las otras etapas educativas, es especialmente susceptible a la comercialización. No es que las etapas educativas anteriores se libren de la aplicación de la lógica del mercado a su funcionamiento o de los procesos de privatización, tanto encubiertos cómo manifiestos, que las diversas leyes educativas han ido introduciendo al sistema educativo en su conjunto. Sin embargo, la educación básica es menos susceptible a la comercialización simplemente porque hay menos posibilidades de negocio a causa de su obligatoriedad, universalidad y gratuidad. Estos principios están reconocidos formalmente – aunque en la práctica hay mucho trabajo que hacer- en las constituciones de la mayoría de los países del mundo gracias a que el derecho a la educación se incluye en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los grandes avances en materia de educación básica han impulsado la demanda por la educación superior. Así, millones de alumnos cada año deciden avanzar en el sistema educativo y obtener un título superior. Esto se ha convertido en una meta para todas las clases sociales, incluso para las más castigadas por los recortes salariales y sociales que se han venido implementando desde la irrupción del neoliberalismo hace más de 40 años. Las familias, incluso en los países más empobrecidos, asumen cada vez una mayor participación económica en la formación de sus hijos e hijas, endeudándose si hace falta, ya que lo conciben como una inversión para el futuro.

Indudablemente lo es, pero no se puede reducir la educación superior a una serie de beneficios privados, ya que es un bien público que beneficia a la sociedad en su conjunto. El acceso a ella, aunque no universal, sino condicionado por el mérito académico, se deriva del principio de Igualdad. Es un derecho de toda la ciudadanía que el Estado debe prestar para facilitar el progreso social, económico, político y cultural. Esto nos lleva a preguntarnos en qué se justifica el papel subsidiario que desempeña el Estado actualmente en la provisión de la educación superior y porqué ha sido tan fácil convencer a la gente que la educación superior es un bien privado, cuyos costes deben ser asumidos por el alumnado. En otras palabras; ¿cómo ha pasado de ser considerada como un bien público a convertirse en un bien privado, y a la vez, comercializable?

En primer lugar, la susceptibilidad a la mercantilización de la educación superior viene dada, en parte, como hemos señalado antes, por la gran demanda que hay de plazas universitarias. Esta demanda no tiene pinta de detenerse en el futuro previsible, a pesar de la crisis demográfica que experimentan los países del capitalismo avanzado. Actualmente en el mundo hay aproximadamente 220 millones de estudiantes universitarios en el mundo, para el año 2030, se calcula que habrá unos 377 millones. La forma de hacer frente al desafío resultante de la demanda es a través de la participación del sector privado, la racionalización del gasto educativo mediante la transferencia del gasto al alumnado, y, además, la estrategia de la movilidad internacional estudiantil, es decir, la captación del talento de los países del Sur Global para que cursan sus estudios en las universidades del Norte. Rara vez se plantea suplir la demanda mediante la creación de universidades públicas, excepto cuando así lo exigen las necesidades de la producción.

En segundo lugar, un título universitario es concebido como una oportunidad de ascenso social que se traduce en mayor estatus e ingresos para las personas. De hecho, se podría decir que es conditio sine qua non para tener éxito en el mercado laboral. A pesar de la precarización del empleo, así es, las personas con titulación universitaria ganan más dinero y tienen menos dificultades de inserción laboral. Esta situación ha facilitado la reducción del financiamiento por parte del Estado y la consiguiente transferencia del gasto al alumnado. De hecho, este, ante la falta de alternativas, está cada vez más dispuesto a pagar, con tal de diferenciarse en el competitivo mercado laboral. La existencia de un gran número de estudiantes a quienes no le queda más remedio que pagar más, ha transformado la educación superior en una excelente oportunidad de negocio, alentando la liberalización del sector y la continuada entrada de nuevos actores con fines de lucro para complementar la oferta pública.

En consecuencia, se han creado mercados y cuasi-mercados de educación superior, que operan en el marco de la Organización Mundial de Comercio, en los que las universidades públicas no solo compiten con las privadas, sino entre sí. Para hacer frente al desafío de la competición y la reducción del gasto público, se han ido aplicando mecanismos de gestión empresarial, llevándolas a comportarse como verdaderas empresas, con su merchandising, sus conciertos con empresas privadas, y, una obsesión por los rankings, las patentes y los índices de impacto.

Así pues, la oferta y la demanda que dan lugar a los competitivos mercados de educación superior son la expresión de la libertad de enseñanza entendida como la libertad de creación de centros y la libertad de elección del centro. Esta circunstancia encaja perfectamente con el neoliberalismo, en cuyo corazón está el valor de la libertad de mercado sobre todos los demás valores, especialmente la libertad de elección. No es de extrañar que la libertad de cátedra, también conocida como la libertad de ciencia, haya quedado marginada en esta concepción de la libertad de enseñanza. A fin de cuentas, la autonomía de las universidades en los ámbitos de la investigación y la docencia se ha puesto en tela de juicio debido a la presión ejercida por parte de los financiadores.

La conquista del derecho a la educación es fruto de una larga pugna entre dos valores, a veces antagónicos; la Igualdad y la Libertad, y este derecho se ha ido consiguiendo a lo largo de la historia a base de luchas sociales y, más tarde, concesiones del capital, ya que las sociedades modernas precisan de una fuerza de trabajo cualificada para competir a nivel global. Esta conquista histórica culminó en la masificación de la educación superior, primeramente, en los países del capitalismo avanzado, y más tarde el fenómeno se extendió por casi todo el mundo.

El enfrentamiento de valores viene dado por el carácter doble de la educación, que responde a las posiciones antagónicas de la izquierda y la derecha respectivamente. Si analizamos este enfrentamiento de principios, veremos que las raíces filosóficas que subyacen en la posición de la izquierda están en la concepción de la educación como un compensador de desigualdades, un servicio público de neutralidad ideológica, prestado por el Estado a través de la creación de centros. Por el contrario, lo que subyace la posición de la derecha es la concepción de la educación como un bien privado, en el que el Estado es un actor subsidiario. En el contexto actual, se va imponiendo el valor de la Libertad, o, en otras palabras, las tesis de Thatcher y de Friedman: ¡si quieres ir a la universidad, la pagas!

Desafortunadamente, esta situación será difícil de revertir mientras no se recupere el principio de Igualdad en las políticas educativas que regulan el acceso a la educación superior. Además, mientras se siga reduciendo la formación universitaria a una serie de competencias a adquirir para acceder al mercado laboral en detrimento de los contenidos que componen las materias, también será difícil transmitir la vertiente pública de la universidad y del conocimiento a los graduados y graduadas del futuro.

Mary Mc Dermott. Investigadora predoctoral del Instituto Hegoa (UPV/EHU)