Venezuela: el protectorado del siglo XXI

Edgardo Lander
Profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, integrante del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y de la Plataforma Ciudadana en defensa de la Constitución
Santiago Arconada Rodríguez
Escritor, e integrante de la Plataforma Ciudadana en defensa de la Constitución

Ante la creciente pérdida de su hegemonía incuestionada en el sistema mundo, en ese mundo unipolar que se fue conformando a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y se consolidó con el colapso del bloque soviético, desde hace varios lustros, sectores conservadores han venido argumentando que la ventana de oportunidad para impedir que el poder de China se equipare, o supere al de Estados Unidos, se está estrechando, y que es necesario utilizar todos los medios posibles, incluso el militar, para frenar a China antes de que sea demasiado tarde.
Esta caracterización de lo que está en juego se ha convertido en el determinante principal de la política exterior del gobierno de Trump, tal como ésta se expresa en la aplicación agresiva de aranceles contra enemigos y aliados, sus intentos de impedir a China tener los chips más avanzados requeridos en la competencia en el campo de la Inteligencia Artificial, y restringirle el acceso a recursos energéticos y minerales indispensables. Se expresa en el contenido de la nueva doctrina de seguridad nacional, dada a conocer a finales del año 2025, en las amenazas contra Canadá, Groenlandia y Cuba, y en las sucesivas acciones bélicas que han sido llevadas a cabo. E, igualmente, en la exigencia que le ha formulado al Congreso de incrementar en un 50% el presupuesto militar para el próximo año, a pesar de que el presupuesto actual es superior a la sumatoria del gasto militar de los diez países que le siguen.
La elevada probabilidad de que el Partido Republicano pierda el control de la Cámara de Representantes, o incluso la posibilidad de perder en las dos cámaras en las elecciones de medio término, le genera a Trump una urgencia adicional que lo hace cada vez más peligroso. El poder, sin contrapeso alguno, con que ha gobernado hasta ahora, quedaría de alguna forma limitado, y por eso acelera la implementación de su agenda, aunque ello implique la violación de la Constitución de Estados Unidos y el derecho internacional, así como contrariar la opinión de la mayoría de la población.
Primero Gaza, Venezuela después y ahora Irán, es el despliegue ante nuestros ojos del nuevo orden mundial en el cual las normas jurídicas globales (siempre de eficacia limitada), están siendo abiertamente reemplazadas por la ley del más fuerte. Eso nos está pasando a todas y todos y reconocerlo es pertinente. Esto se expresa, por ejemplo, en la exigencia que le hace este poder, al Estado español, de reducir los gastos en salud, educación, protección ambiental, seguridad social… para incrementar su presupuesto militar de 2% a 5% de su producto interno bruto.
Tras meses de despliegue de un extraordinario operativo naval frente a las costas venezolanas, en la madrugada del 3 de enero, las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron una operación militar mediante la cual destruyeron instalaciones civiles y militares, asesinaron a más de cien personas, y secuestraron a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores.
A partir de ese momento, Venezuela se convirtió en un protectorado de Estados Unidos. Trump reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, No sabemos si este nombramiento había sido previamente negociado. A partir de ese día, estos dos jefes de Estado, han intercambiado sucesivos mensajes de amistad. Trump, una y otra vez ha declarado estar muy satisfecho con Delcy Rodríguez, afirmando que se está portando muy bien.
Los objetivos que se propone el gobierno de Estados Unidos para Venezuela han sido anunciados por Marco Rubio en términos de tres etapas o fases: Primero estabilización; segunda recuperación; y en tercer lugar, transición. Esto quiere decir que se trata, en primer lugar, de iniciar un conjunto de transformaciones institucionales, sobre todo en las normativas referidas a los hidrocarburos y la minería, en función de los intereses de Estados Unidos, en condiciones lo menos conflictivas posibles (Trump: “El botín es para el ganador”). En segundo lugar, sobre la base de esta nueva Institucionalidad, avanzar en la recuperación económica y, posteriormente, en un futuro no definido, lo que sería propiamente la transición política y la posibilidad de elecciones. Los tiempos y ritmos serían definidos por el Departamento de Estado.
En lugar de intentar un profundo cambio de régimen que hubiese requerido tropas sobre el terreno, y con seguridad, hubiese generado resistencia e inestabilidad, se optó por realizar estas transformaciones preservando lo fundamental de la estructura del gobierno madurista. Esto ha operado, hasta ahora, como una jugada magistral. Esto explica por qué ocurre algo que muchos analistas se han cuestionado. ¿Por qué, en lugar de colocar a María Corina Machado como jefa de Estado, después de imponer su control sobre Venezuela, Trump optó por preservar lo fundamental de la estructura del Gobierno de Maduro? Con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se están realizando los cambios deseados, evitando lo que hubiese podido ser una situación de gran tensión, violencia e inestabilidad. Se ha conservado la estructura prexistente, pero ahora totalmente subordinada y al servicio de otros intereses. En este nuevo orden de protectorado colonial, a pesar de que los personajes sean, en lo fundamental, los mismos -les han cambiado el chip ideológico- las políticas ya no son “revolucionarias”, sino que son definidas desde Washington. A pesar de que es amplio el malestar existente entre sectores populares identificados con el chavismo, éstos no han encontrado formas de expresión. Y, en lo fundamental, los profundos cambios que está implementando el gobierno de Delcy Rodríguez, cumpliendo la tarea que le ha sido asignada, operan en una sociedad desmovilizada, con poca posibilidad de resistencia, incluso con limitada capacidad de entender qué es lo que ocurre, y cuáles podrían ser sus consecuencias para el futuro del país.
A los pocos días del 3 de enero, comenzaron a llegar altos funcionarios del gobierno de Trump con sucesivas exigencias. En primer lugar, cambiar la legislación sobre los hidrocarburos. En forma inmediata, con solo dos debates, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la ley que, violando la Constitución, limita el papel del Estado en la regulación y explotación de los hidrocarburos, y le otorga pleno control sobre esta industria a Washington. El nuevo poder imperial decide qué empresas pueden operar en Venezuela, a qué países no puede vendérsele. En la nueva legislación, se le otorga prioridad a los derechos de las empresas trasnacionales. Operarán de acuerdo a la legislación estadounidense, y los desacuerdos serán dirimidos en tribunales de dicho país. En la actualidad, los ingresos son administrados por Washington que, sobre la base de presupuestos presentados mensualmente por el gobierno venezolano, decide cuáles gastos financiar y cuales no, y los montos correspondientes.
A continuación, se exigieron modificaciones igualmente radicales en la legislación minera. Nuevamente, con el voto unánime, obedeciendo a la voz del nuevo amo, la Asamblea Nacional, aprobó la apertura desreguladora solicitada.
En términos geopolíticos, Trump ha impuesto a su protectorado una radical reorientación de su inserción internacional, desplazando sus relaciones con China, Rusia, Cuba, Irán y Turquía, por una plena subordinación a los dictados de Washington, comenzando por el corte total del suministro de petróleo a Cuba.
En estas nuevas condiciones de protectorado, la situación interna ha cambiado poco. Se han producido cambios parciales de ministros y en el Alto Mando militar, reemplazando Delcy Rodríguez a algunos de los funcionarios más identificados con Maduro por gente de su confianza. Las expectativas de amplios sectores de la población de que podrían mejorar sus condiciones de vida se han ido diluyendo. Se han levantado algunas sanciones económicas, ha comenzado a elevarse (levemente) la producción petrolera, Venezuela ha sido readmitida al Fondo Monetario Internacional, pero nada ha cambiado en la cotidianidad de la población.
Hay una limitada moderación en el control de los medios y en la represión de las movilizaciones de calle. A pesar de que se aprobó una Ley de Amnistía, el gobierno la ha manejado a su conveniencia, hasta el punto de que Delcy Rodríguez declaró que ésta ya no tenía vigencia. De acuerdo al Foro Penal, para mediados de abril, había 477 presos políticos.
Hasta finales del año pasado, para el futuro inmediato del país aparecían dos opciones como posibles: o la continuidad del régimen autoritario represivo, o la pérdida de la soberanía nacional ante una intervención estadounidense. No imaginábamos que no eran futuros excluyentes. Hoy tenemos la continuidad, con muy pocas alteraciones, del régimen autoritario, pero ahora en la forma de un protectorado en el cual todas las principales decisiones sobre el presente y futuro del país no se toman en Caracas sino en Washington. Tanto el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, como la oposición liderada por María Corina Machado, están hoy, de hecho, tuteladas por Washington. Esto tiene severas consecuencias para el país porque ni la democracia, ni las elecciones son prioridades para Trump.
No se puede entender lo ocurrido el 3 de enero de 2026, cuando Venezuela perdió la soberanía nacional, sin retroceder al 28 de julio de 2024 cuando, tras el clamoroso fraude electoral ejecutado por el gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV, Venezuela perdió la soberanía popular. Tras el fraude del 28 de julio de 2024, se desató una violenta represión contra las protestas espontáneas que se desarrollaron en por lo menos 20 de los 23 estados del país, con saldo de 25 muertes y más de 2.200 presos. La presunta paz que se impuso estuvo sustentada en la represión, en la censura de prensa, en la violación masiva de los derechos constitucionales.
Aquella Venezuela, más que desunida y polarizada, rota y desvencijada, había llegado a un nivel de desesperación frente a lo que se sentía como una dictadura corrupta y criminal, que hacía creer a un sector significativo de la población, que cualquier cosa era mejor que su continuidad. Para éstos, los discursos que apelaban a la soberanía nacional sonaban como categorías abstractas que nada tenían que ver con su cotidianidad.
Sectores democráticos y de izquierda, en Venezuela, repudian igualmente la traición histórica de Nicolás Maduro y el PSUV a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como la vergonzosa entrega de nuestro país a los pies de Donald Trump, protagonizada por María Corina Machado con sus sucesivos llamados a la intervención militar. Hacen daño quienes, en la izquierda internacional, como, por ejemplo, portavoces de Podemos en España, que lejos de reconocer la dramática situación de violación sistemática de derechos humanos, los severos niveles de desnutrición infantil, un salario mínimo mensual que es hoy de menos de un dólar, el colapso de la educación y la salud pública, la inexistencia de la seguridad social, y la clausura de toda opción electoral, han priorizado el apoyo al gobierno autoritario sobre la solidaridad con el pueblo venezolano. Esta prolongada crisis humanitaria ha sido consecuencia tanto de las severas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, como por la ineficiencia y sistemática corrupción que ha caracterizado a los gobiernos venezolanos de las últimas décadas. El rechazo al proyecto imperial para Venezuela, de modo alguno puede implicar el apoyo a un gobierno que es rechazado por aproximadamente el 80% de la población.
La poca capacidad de reflexión autocrítica sobre las propias experiencias y la limitada posibilidad de aprender de éstas, ha sido históricamente un problema en las izquierdas. Si el gobierno autoritario, represivo, extractivista y corrupto de Nicolás Maduro es presentado como el modelo a seguir, y como ejemplo de lo que las izquierdas y el socialismo ofrecen como futuro, se está contribuyendo activamente a los desplazamientos hacia la derecha y extrema derecha que ocurren en todo el mundo.