(Galde 02, primavera/2013). Los Centros de Internamiento de Extranjeros son una monstruosidad jurídica que sólo se entiende el que no provoque una reacción en la opinión pública y en la intelectualidad, porque se lo aplicamos a «los otros». Es un recurso de excepción que limita derechos fundamentales a personas que no han cometido delito alguno. Y no sólo ven limitada su libertad de movimiento, que es lo que la normativa de extranjería prescribe, sino otros muchos derechos que llevan a caracterizar a estos centros como lugares peores que las cárceles.

Son ya muchos los informes, de todo tipo de instancias, que documentan las violaciones de derechos que en estos centros tienen lugar. No son problemas puntuales. Es algo estructural. No pocas de las personas que pasan por esos centros han denunciado violencias físicas, vejaciones sexuales, restricciones de derechos, condiciones materiales humillantes, y algunas de ellas incluso han perdido la vida. Y a todas ellas, se les ha truncado sus expectativas de futuro. Nosotros sí tenemos derecho a buscarnos la vida, para nosotros y nuestros familiares, allí donde podamos. Pero se lo negamos a quienes no esté claro que suponen un beneficio para nuestros intereses.

Y lo más grave es que no son medidas necesarias ni siquiera para el sistema de expulsión que han montado y con el que pretenden justificar lo. No sólo por el alto porcentaje de personas que acaban sin poder ser expulsadas, pero que han tenido que pasar por ese calvario, sino porque pueden arbitrarse otro tipo de medidas menos lesivas de derechos dirigidas a la misma finalidad. El que no se recurra a ellas muestra que el objetivo perseguido es otro: atemorizar a las personas que quieren venir e instalarse entre nosotros, criminalizarlas ante la opinión pública y dar, ante ésta, la sensación de «autoridad» por parte de los distintos gobiernos.

Los CIE, inevitablemente, desaparecerán. Pero, entre tanto, son una fuente de sufrimiento.

MUGAK