(Aitor Idígoras)
Las “nuevas” pedagogías, la tecnocracia y la burocracia, los liderazgos unipersonales y la necesaria neolengua para que el profesorado trague el nuevo modelo educativo que está siendo impuesto están copando el debate educativo, ahondando en un modelo neoliberal cuyos objetivos se alejan mucho de lo que debería ser el epicentro de la escuela: los derechos del alumnado.
El documento de la Comisión Europea de noviembre de 2012 presentó un “nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para animar a los Estados miembros a que tomen medidas inmediatas destinadas a garantizar que los jóvenes desarrollen las capacidades y competencias necesarias para el mercado de trabajo y para alcanzar sus objetivos en materia de crecimiento y empleo”.1 Este modelo neoliberal, que subordina el derecho a la educación a planteamientos economicistas, con las “competencias” como eje, se lleva tejiendo más de dos décadas y está arrinconando a la escuela como garante del derecho a la educación de todo el alumnado. Muestra de ello es toda la normativa educativa, tanto vasca como estatal, que se ha desarrollado durante la última década. Desde Heziberri hasta la última Ley Vasca de Educación no es más que homilía pedagogista y privatizadora que invade la autonomía pedagógica de las escuelas públicas y que impone un corsé pedagógico a los centros educativos. Así mismo, prioriza determinadas asignaturas, relegando a un segundo plano a aquellas áreas más humanísticas que aportan conocimiento en torno a la cultura, el pensamiento, la historia o el euskera.
La educación humanista, la igualdad de oportunidades, la necesidad del conocimiento y la transmisión de las culturas y lenguas propias como prioridad han desaparecido de las leyes que regulan los sistemas educativos. Estos conceptos sobreviven en muchas escuelas e institutos públicos vascos gracias a la implicación, los principios y la militancia que siempre ha mostrado el profesorado de la escuela pública vasca.
La orientación que se está pretendiendo dar al sistema educativo vasco no hubiese sido posible sin un relato que ha caricaturizado la educación impartida, denostando, por ejemplo, la necesidad de los conocimientos y la importancia de la memorización. Nadie niega la necesidad de reformar el sistema educativo en muchos aspectos, pero el Departamento de Educación no ha sabido poner el foco en el sitio adecuado, ha desconfiado de las aportaciones y experiencia de los educadores y no ha querido construir sobre lo que ha funcionado durante décadas (el modelo de inmersión lingüística, por ejemplo). Ha convertido en dogma la educación por competencias, no ha enfrentado el aprendizaje de la lengua vasca como prioridad fundamental y ha subordinado la organización del sistema educativo a los intereses de los centros privados y a su modo de entender la educación.
El sistema educativo vasco presenta niveles elevados de segregación y vulnerabilidad vinculados al origen extranjero y la pobreza, situándose junto a Cataluña como una de las comunidades en la que las decisiones tomadas por sus gobernantes más segregan al alumnado según su nacionalidad o procedencia. La segregación escolar es consecuencia directa de decisiones políticas que impulsan la desregularización, la privatización y la competitividad entre centros. Quien considere que con pedagogías mágicas, con algoritmos incomprensibles en la admisión del alumnado que convierten a niños y niñas en números o con políticas paternalistas y asistencialistas se va a solucionar el problema se equivoca. Todas y cada una de las teclas que toca el Departamento de Educación influye, en un sentido u otro, en la segregación escolar. La segregación no es una cuestión tangencial sino estructural que condiciona el sistema educativo en todos sus aspectos, perjudica a todas las comunidades que formamos el sistema y deteriora la convivencia social.
El tratamiento de las lenguas fue el principal escollo a la hora de aprobar la ley vasca de educación en la CAV. Finalmente, hubo un falso acuerdo que ni los propios partidos políticos implicados fueron capaces de explicar. Lo que sí pudimos constatar es que cada centro puede seguir haciendo lo que le venga en gana siempre y cuando garantice unas “competencias” mínimas. De nuevo, en lugar de regular el tratamiento de las lenguas, tanto en cada centro como en el sistema, atendiendo a criterios profesionales que garanticen el derecho de todo el alumnado, se apela a la “autonomía de los centros” y a la “libertad de elección de las familias”, al histórico laissez faire que todos los partidos políticos que han gestionado el sistema han aplicado, el punto de encuentro de los partidos vascos y los centros concertados de titularidad privada, la salida fácil: que cada escuela decida. Paradójicamente, el Departamento de Educación pretende regular cómo debemos trabajar en el aula poniendo en cuestión la autonomía pedagógica de los centros públicos y la libertad de cátedra; pero, a su vez continúa con políticas desreguladoras en cuestiones básicas que deberían ayudar a unificar el sistema educativo y reducir la segregación escolar (admisión del alumnado, oferta de modelo lingüístico, actividades extraescolares, digitalización, contratación del profesorado en centros concertados…)
El derecho del alumnado vasco a conocer las dos lenguas oficiales es un derecho que no puede depender de los deseos de determinadas familias o de la ideología o “carácter propio” de cada centro escolar. Pero tampoco puede quedar al albur de acuerdos políticos. Al igual que nadie puede negar el derecho a aprender matemáticas o ciencias a nuestro alumnado, nadie ni ningún “acuerdo” político puede poner en cuestión este derecho.
Durante décadas el sistema educativo vasco ha evolucionado hacia un modelo de inmersión lingüística que ha demostrado ser muy efectivo. Miles de niños y niñas de familia no euskaldun han aprendido euskera en el modelo D y sus resultados académicos han sido buenos. La anterior Ley de Escuela Pública Vasca y la normativa desarrollada, impulsaron la inmersión lingüística dentro de un marco que hablaba de enraizamiento de todo el alumnado. La escuela pública vasca ha demostrado que la inmersión en entornos diglósicos, con recursos suficientes, en un entorno escolar motivado y con una normativa que acompañe, funciona. Este ha sido el camino para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado vasco, con el aprendizaje de las dos lenguas oficiales.
Sin una planificación coherente contra la segregación escolar que fortalezca la escuela pública, sin una estrategia multifactorial que impulse el aprendizaje del euskara y sin confianza en la capacidad de profesionales y centros para mejorar y avanzar imponiendo un corsé pedagógico asfixiante, no será posible enfrentar los retos actuales de nuestro sistema educativo. El yugo ideológico que la red privada concertada pone a cada Departamento de Educación, y que este gustosamente asume, está condicionando los derechos del alumnado y el futuro del país. A pesar de lo evidente de la situación y de que llevamos décadas tropezando con la misma piedra, hoy existe menos regulación y más segregación que nunca. Por eso no es una exageración decir que los derechos de nuestro alumnado en cuestiones fundamentales están en riesgo.
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Aitor Idígoras es maestro en la educación pública
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1 www.educacionfpydeportes.gob.es/inee/indicadores/indicadores-internacionales/union-europea/2012/rethinking.html.
