(Alberto Surio)
El presidente afronta el desgaste de su ciclo político mientras intenta convertirse en el gran referente del centroizquierda europeo frente al avance de la ultraderecha
La crisis de Ceuta ha hecho algo más que poner a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno. Ha acelerado una percepción que empieza a extenderse por la política española y que, hasta hace poco, parecía reservada a sus adversarios: la de que el ciclo de Pedro Sánchez entra en su recta final. No significa que el Gobierno central vaya a caer mañana ni que las próximas elecciones estén decididas, porque la política española ha demostrado demasiadas veces que los pronósticos sobre Sánchez suelen quedarse cortos. Pero sí parece evidente que algo ha cambiado. El presidente ya no tiene delante un horizonte de expansión política, sino una sucesión de obstáculos que debe superar para mantener con vida una legislatura que comienza a mostrar signos inequívocos de agotamiento.
Ceuta ha sido el último episodio, pero el verdadero problema de La Moncloa es la acumulación. Una crisis territorial de enorme gravedad, contradicciones entre Interior y Defensa, un choque entre poderes del Estado difícil de explicar, una oposición que aprovecha cada dificultad del Ejecutivo para acelerar su desgaste y unos socios parlamentarios que ya no parecen compartir una estrategia común. A todo ello se añade un frente institucional especialmente delicado: la percepción, cada vez más extendida entre sectores progresistas, de que determinados ámbitos de la Justicia han quedado demasiado contaminados por la batalla política. No se trata de cuestionar la independencia judicial, que constituye una garantía esencial del Estado de derecho, sino de advertir sobre un problema distinto y cada vez más visible: cuando determinadas actuaciones judiciales son interpretadas de inmediato en clave partidista y la propia Justicia termina convertida en uno de los escenarios de confrontación entre bloques, la confianza ciudadana en las instituciones también se resiente.
La estrategia de la oposición. La derecha ha sabido explotar ese terreno con eficacia. Cada conflicto institucional se presenta como una prueba de la supuesta deriva autoritaria del Gobierno, mientras cualquier crítica a determinadas actuaciones judiciales es interpretada como un intento de someter a los jueces. El resultado es un bucle perverso en el que la discusión sobre la independencia judicial queda atrapada en la misma lógica partidista que debería evitar. Una democracia sólida necesita jueces independientes, pero también necesita que la ciudadanía pueda discutir sobre el funcionamiento de las instituciones sin que cualquier discrepancia sea presentada como un ataque al Estado de derecho. Sánchez ha tenido que gobernar en ese terreno embarrado y no siempre ha sabido, o podido, salir indemne.
A todo ello se suma una Europa que se mueve rápidamente hacia la derecha más extrema. Los resultados en el land alemán de Sajonia con la ultraderecha al borde de la mayoría absoluta, son reveladores.Y aquí aparece una de las grandes paradojas de la situación del presidente: cuanto más difícil resulta su posición dentro de España, mayor puede ser su margen para intentar desempeñar un papel relevante fuera de ella. Sánchez puede reivindicarse como uno de los últimos grandes adalides del centroizquierda europeo en un momento en el que la socialdemocracia atraviesa una de sus etapas de mayor debilidad. No es una cuestión menor. Mientras otros partidos socialdemócratas han perdido gobiernos, se han desplazado hacia posiciones cada vez más centristas o han sido desbordados por nuevas fuerzas progresistas, la derecha europea ha incorporado buena parte de los argumentos de la ultraderecha y ha conseguido situar la inmigración, la seguridad, la identidad nacional, la soberanía y el miedo al cambio en el centro de la conversación política.
Frente a ese desplazamiento, el centroizquierda europeo sigue buscando una respuesta. Y Sánchez puede intentar ocupar ese vacío. Esa posibilidad explica que su futuro político pueda tener dos lecturas aparentemente contradictorias: en España puede estar viviendo el final de su ciclo y, al mismo tiempo, en Europa puede aspirar a representar uno de los pocos espacios políticos capaces de disputar a la derecha el relato sobre el futuro del continente. Puede ser, por tanto, un presidente desgastado en casa y, simultáneamente, uno de los dirigentes socialistas con mayor capacidad para levantar una bandera contra el avance de la ultraderecha.
Pero para que esa estrategia funcione tendrá que demostrar que ser el último adalid del centroizquierda europeo no es simplemente una operación de supervivencia personal. Tendrá que ofrecer una respuesta política. La batalla contra la ultraderecha no puede limitarse a denunciar sus discursos; exige atacar también las condiciones sociales que permiten que esos discursos prosperen. Significa hablar de salarios, vivienda, servicios públicos, derechos laborales, fiscalidad, protección social y de una transición ecológica que no deje atrás a las clases trabajadoras. Significa también ser capaz de hablar de seguridad sin convertir al inmigrante en enemigo y de defender una Europa abierta sin ignorar las preocupaciones reales de quienes sienten que los cambios económicos y sociales se producen siempre a costa de los mismos.
Ahí Sánchez todavía tiene algo que decir, pero antes tendrá que sobrevivir a España. La batalla inmediata serán los Presupuestos, que han dejado de ser una cuestión meramente contable para convertirse en una prueba de supervivencia política. Aprobarlos significaría demostrar que la mayoría que permitió la investidura todavía puede funcionar y, sobre todo, comprar tiempo. Quizá hasta marzo; con un enorme esfuerzo parlamentario, incluso hasta julio. Pero el tiempo solo será útil si el Gobierno consigue convertirlo en iniciativa política. Una legislatura puede sobrevivir durante meses a golpe de acuerdos puntuales, pero difícilmente puede hacerlo indefinidamente cuando empieza a instalarse la sensación de que ya no existe un proyecto detrás de la resistencia.
Ese es probablemente el principal riesgo para Sánchez: que el Gobierno deje de ser percibido como una fuerza transformadora y empiece a ser visto simplemente como una estructura dedicada a mantenerse en pie. La dificultad es aún mayor porque el desgaste no procede únicamente de la oposición. También existe dentro del propio espacio progresista. Una parte del electorado puede considerar que las reformas impulsadas durante estos años no han sido suficientes o que el Gobierno ha quedado atrapado demasiadas veces en la gestión de sus propias contradicciones. Y esa frustración no conduce necesariamente a la derecha. Puede conducir a la abstención, alimentar a otras fuerzas de la izquierda o sencillamente provocar que quienes en anteriores elecciones acudieron a las urnas para impedir un Gobierno conservador ya no encuentren una razón suficiente para hacerlo.
La izquierda debería tenerlo presente. El miedo a la derecha puede movilizar una vez, pero la esperanza de un proyecto propio puede movilizar muchas más. Sánchez no puede pedir eternamente a sus votantes que voten para evitar algo. Necesita ofrecerles una razón para votar a favor de algo. Y esa diferencia será fundamental cuando llegue el momento de medir si el ciclo político está realmente agotado o si todavía existe capacidad para abrir una nueva etapa.
Una de las principales cartas del presidente puede encontrarse, paradójicamente, en uno de los problemas que más han dividido a España durante la última década: Cataluña. El eventual regreso de Carles Puigdemont puede alterar el tablero político. No resolverá el conflicto territorial ni hará desaparecer el independentismo, pero sí podría contribuir a cerrar una etapa marcada por la excepcionalidad y permitir que la política vuelva a ocupar el espacio que durante demasiado tiempo ha ocupado el enfrentamiento. Sánchez sabe que la cuestión catalana no puede resolverse por decreto, pero también sabe que España no puede permanecer eternamente atrapada en el mismo bucle.
Por eso una futura mayoría progresista podría intentar avanzar hacia una fórmula más abiertamente plurinacional, con una relación estable con los nacionalistas vascos y catalanes y una negociación más ambiciosa sobre el modelo territorial. No tendría por qué significar una cesión permanente al independentismo; podría significar, precisamente, buscar una forma de Estado capaz de integrar su diversidad sin convertirla en una amenaza. Una España en la que ser vasco, catalán, gallego o español no tenga que plantearse como una elección excluyente y en la que la descentralización pueda entenderse como una forma de fortalecer la convivencia y no como una amenaza permanente a la unidad.
Para la izquierda, esa debería ser una batalla política propia y también una batalla democrática. El problema es que el debate territorial continúa siendo utilizado por la derecha como una herramienta de movilización electoral. Cualquier acuerdo con Cataluña o Euskadi es presentado inmediatamente como una amenaza a la unidad nacional, mientras cualquier intento de normalización es interpretado como una concesión. El resultado es un terreno político en el que la discusión racional sobre el modelo de Estado queda subordinada a la lógica del agravio. Sánchez podría intentar romper esa dinámica, pero tendría que asumir el coste político de hacerlo, incluido el que pueda producir dentro de su propio partido.
Porque el debate territorial atraviesa al PSOE. Una parte de los socialistas entiende que la España autonómica necesita evolucionar hacia un reconocimiento más claro de su pluralidad, mientras otra teme que cualquier movimiento en esa dirección sea interpretado como una cesión ante el independentismo. La cuestión, por tanto, no será simplemente negociar con los nacionalistas para conservar una mayoría parlamentaria, sino construir una propuesta capaz de explicar al conjunto de España por qué una nueva relación territorial puede ser beneficiosa para todos. Negociar puede permitir a Sánchez conservar el poder; solo una propuesta política más amplia puede permitirle conservar una mayoría.
Y aquí es donde Europa vuelve a aparecer como la gran baza del presidente. El 4 de mayo, con la segunda vuelta de las presidenciales francesas, puede convertirse en un momento especialmente significativo para un continente que se encuentra ante una disyuntiva cada vez más evidente: aceptar el desplazamiento de la política hacia posiciones cada vez más próximas a la ultraderecha o reconstruir un espacio progresista capaz de disputar el futuro desde la democracia, la redistribución y los derechos.
Sánchez puede intentar presentar las próximas elecciones españolas no únicamente como una disputa entre partidos nacionales, sino como parte de esa batalla europea. Puede reivindicar que España representa una excepción en un continente donde la derecha avanza y donde la socialdemocracia ha perdido buena parte de su antigua hegemonía. Puede intentar aparecer como uno de los últimos dirigentes europeos dispuestos a plantar cara a una derecha que ha asumido cada vez más argumentos de la ultraderecha y a defender que la respuesta a la inseguridad, la desigualdad y la incertidumbre no puede ser simplemente más nacionalismo, más exclusión y más miedo.
Pero convertir Europa en la gran carta electoral también entraña riesgos. Ningún marco europeo puede sustituir indefinidamente una gestión convincente de los problemas nacionales. La ciudadanía puede comprender que existe una batalla continental contra la extrema derecha y, al mismo tiempo, seguir preocupada por el precio de la vivienda, los salarios, los servicios públicos, la seguridad o la calidad de las instituciones. Ninguna bandera europea puede ocultar indefinidamente esas preocupaciones.
Por eso la estrategia de Sánchez solo funcionará si consigue unir ambas dimensiones: la defensa de un proyecto progresista dentro de España y la reivindicación de un centroizquierda europeo que parece haber perdido buena parte de sus referentes. Su desafío consiste en demostrar que ambas cosas forman parte de la misma batalla. Que defender los servicios públicos es también combatir a la ultraderecha. Que garantizar derechos laborales es también combatir a la ultraderecha. Que ofrecer vivienda y seguridad económica es también combatir a la ultraderecha. Que construir una Europa social es, en definitiva, una de las mejores maneras de impedir que el miedo se convierta en la principal fuerza política del continente.
