Una interpretación intencionada patriarcal de los crímenes sexuales

Galde 31, negua/2021/invierno. Bárbara Tardón Recio.-

Existe una falsa premisa —creo que intencionadamente elaborada— que apunta al hecho de que los crímenes sexuales contra las mujeres han sido secundarios en su consideración social. Aunque es evidente que el control de la libertad sexual de las mujeres y de sus cuerpos siempre fue, y es, el fin instrumental central al orden político patriarcal, como historiadora, parto de que aún sigue latente que la violación y las múltiples violencias sexuales han sido siempre motivo de preocupación en la Historia de la Humanidad.

La perturbación que ha generado la violación de los cuerpos de las mujeres no es empática, sino que se constituye bajo una finalidad intencionada y, sobre todo, racionalizada: seguir perpetuando el control de la libertad y de la autonomía sexual de las mujeres mediante disciplinas que buscan distraer de lo que de verdad debe ser erradicado. De hecho, el neoliberalismo clasista —racista y punitivista— es desde hace décadas un gran aliado de esta misma estrategia. Por eso, en todos los lugares, la ultraderecha —y parte de la derecha— está ofuscada con la pena de muerte y la cadena perpetua, también para los agresores sexuales.

Siempre ha existido una obsesión hacia una respuesta penal ejemplarizante frente a las violencias sexuales, que termina conquistando, silenciosamente, parte del discurso sobre los propios crímenes sexuales —incluso dentro del feminismo—, ensombreciendo así los elementos centrales sobre los que debe pivotar una política feminista dirigida a erradicar las violencias sexuales.

Desgraciadamente, el neoliberalismo también ha seducido a algunas feministas juristas, que han considerado, por ej., que en la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (dic. 2019) —que condenaba a tres acusados a 38 años de cárcel por una violación grupal—, existe para los agresores grupales algo llamado “efectos disuasorios”.

La Historia nos demuestra, sin embargo, que una pena más alta jamás ha disuadido a ningún hombre para dejar de cometer un delito ni, mucho menos, uno de los más prevalentes y normalizados: la violación. Focalizar la batalla en los delitos obvia centrar el análisis en lo que necesita ser sacudido. De este modo, se evita hablar de la cultura de la violación, de los mitos y prejuicios naturalizados que arropan la ideología que sostiene el ejercicio de cualquier forma de violencia sexual.

Lo mismo ocurre cuando obviamos exigir al Estado su responsabilidad incuestionable de poner a disposición de las víctimas y supervivientes recursos especializados de atención integral. Por ello, cuando nos atrevemos a formular, casi instintivamente, que un agresor sexual merece la pena de cárcel más estratosférica posible, lo que hacemos es seguir inmortalizando una de las grandes falacias patriarcales: considerar que sólo el sistema penal puede determinar el daño que infringe la violencia sexual en sus víctimas. Y, al mismo tiempo, forjamos otro de los intocables mitos neoliberales, aquel que subraya la responsabilidad individual como premisa central, invisibilizando la responsabilidad del Estado, de la sociedad y, en especial, de las estructuras que integran el sistema patriarcal.

Por último, centrar el debate en la respuesta penal hacia los agresores sexuales —como hacen muchos medios, ciertos grupos políticos y algunas feministas— apuntala también la histórica percepción de considerar que los condenados son “los otros”, “los desviados”, “los violadores incontrolables”, “los que no respetan la ley” (K. Bumiller). Frente al hecho de que el 99% de los agresores sexuales son hombres (Macroencuesta de violencia de género, 2019), sólo un ínfimo número de ellos han sido condenados. Entre otros motivos, porque el sistema judicial sigue siendo un espacio sombrío para las víctimas, que no se atreven a llamar a su puerta.

Hay que seguir pensando en el impacto que los mitos asociados a las violencias sexuales causan en la vida de las mujeres y, sobre todo, en la de las víctimas. Esos mitos llevan siglos sometiendo a las mujeres a un escrutinio, casi inquebrantable, que privilegia las palabras y la experiencia de los hombres. Por ello, los delitos sexuales, se significan como “terroríficos”, pero se interpretan desde una lógica masculina y patriarcal, que ennoblece el sistema penal como central a la respuesta (Clare McGlynn). Los falsos mitos consiguen sembrar una “duda patriarcal” sobre la víctima y sobre la gravedad de los actos que comete el agresor. Y la huella de esa duda es tal, que convierte en más culpable a la víctima que al propio «delito».

El deliberado discurso punitivista provoca que la voz de las víctimas vuelva a estar silenciada. Por ello, focalizar la respuesta solamente en el punitivismo está expresando que, como siempre, las mujeres son sospechosas hasta que no se demuestre lo contrario. “La verdad” sólo dependerá del sistema penal. Se afirma incluso —en nombre de las víctimas— que ellas desean un castigo lo más ejemplarizante posible.

Pero las investigaciones realizadas durante años por expertas y asociaciones feministas apuntan a elementos que no se corresponden con ese imaginario social. Lo primero que desea la mayoría de las víctimas que llegan al sistema judicial es que las crean. Para muchas de estas mujeres, una sentencia favorable es per se un acto de reparación del daño sufrido, aunque algunas afirman que, de haber sabido lo doloroso que es el proceso judicial, nunca hubieran denunciado (Amnistía Internacional). Pero también hay que preguntarse si las mujeres sólo quieren la condena del agresor. ¿No desearán también que las instituciones las traten dignamente? ¿no preferirán recibir una compensación del agresor o del Estado? Posiblemente, como algunas señalan, necesiten el perdón y reconocimiento del daño del propio agresor, que será también central en su proceso de reparación, como les sucede a algunas de las que ha sufrido, durante largo tiempo, abusos sexuales de un padre o de un hermano.

El derecho es a veces perpetuador de mitos y estereotipos. Así, la propia asociación que se hace entre la violación y la violencia física es una evidencia del fracaso del sistema penal para proteger a las mujeres de su autonomía sexual. Lo han constatado las demandas del movimiento feminista, que no deben de ser manipuladas ni por el derecho, ni por las instituciones, cuyo deber es prevenir y asistir íntegramente a todas las víctimas.

Las políticas penales punitivistas y populistas únicamente van a seguir generando un profundo daño en las mujeres y, sobre todo, van a seguir perpetuando su falta de reconocimiento. Es decir, van a seguir encubriendo y normalizando las violencias sexuales.

Bibliografía

-AMNISTÍA INTERNACIONAL (2018). Ya es hora de que me creas. Madrid: Amnistía Internacional España.

-DURÁN, M, (2012). Valoración social de la violencia sexual. IX Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género.

-ERIKSSON, M. (2011). Defining Rape: Emerging Obligations for States under International Law?. Leiden-Boston: M. Nijhoff Publishers.

-McGLYNN, C. (2011). Feminism, Rape and the Search for Justice. Oxford UP, 31, pp. 825