José Manuel Martínez Fernández y Maribel López de Luzuriaga Alonso
(Euskal Eskola Publikoaz Harro)
A día de hoy, el balance de la ley de educación de la CAV y de las medidas que la han acompañado no puede ser más negativo por parte de quienes abogamos por un sistema público universal.
Fotografía del sistema con la segregación en primer plano
La segregación escolar es escasa en países donde la escuela pública es muy mayoritaria y aumenta allí donde el peso de la enseñanza privada es mayor. En la CAV casi la mitad (48%) del sistema educativo es privado-concertado, y hay estudios que dicen que es la comunidad que más segrega al alumnado en función del origen de su familia y la segunda por segregación socioeconómica; lo que tiene influencia directa y negativa en la integración social y en la normalización del euskera. Entre los aspectos positivos de nuestro sistema están el gasto público por alumno más elevado (9.868€), la segunda menor tasa de alumnado repetidor (5,6%), el menor porcentaje de abandono escolar (3,6%) y la mayor tasa bruta de personas graduadas en ESO y en Bachillerato del Estado español.
Paisaje al fondo: el sector privado forma parte del servicio público
En abril de 2022 vio la luz un farragoso “Acuerdo de bases para la transformación de la educación vasca” donde se recogían declaraciones de principios contradictorios entre sí. Es probable que cada uno de los partidos políticos firmantes (PNV, EHBildu, PSE, IU-Podemos, el 90% de la representación parlamentaria) viera suficientes elementos positivos como para no quedarse fuera. La Ley de Educación que derivó del Acuerdo sólo contó con el apoyo de los miembros del gobierno PNV-PSE. Tanto EHBildu como Podemos afirmaron que se habían traicionado los principios del acuerdo original en lo referente a la enseñanza pública y a la euskaldunización. Lo cierto es que aquel Acuerdo ya afirmaba que “la prestación del Servicio Público Vasco de educación se realizará a través de los centros públicos y concertados”. Sobre esta piedra angular se construyó la Ley y todo su desarrollo normativo, añadiendo que la titularidad de los centros es indiferente y todos merecen financiación y trato equiparable. Todo esto no es sino una patraña para favorecer a una red privada que venía perdiendo peso dentro del sistema año tras año.
Así, en vez de restringir los conciertos educativos con la enseñanza privada a lo estrictamente necesario, la ley garantiza la financiación y la concertación educativa permanente al 100% y aumenta las cuantías y la extensión de los mismos. La zonificación y la planificación escolar benefician a la red privada so pretexto de tratar a las dos redes de forma igualitaria, y se atribuye el trato ventajoso que recibe la red privada a la decisión de las familias, como si tuviese la misma responsabilidad cualquier familia que debe escolarizar a una criatura que el Departamento de Educación. Es el mismo disparate que guía algunas políticas en sectores como la sanidad, pensiones o cuidados, pero en esos ámbitos la ciudadanía aún es más reacia a morder el anzuelo.
La gratuidad y la no segregación en la enseñanza concertada son una quimera
Tras décadas de financiación total de la enseñanza privada-concertada desde los 3 años (ahora desde los 2) a los 18, casi la mitad de nuestro sistema educativo lo conforman centros que compiten entre sí y con la red pública, que ofertan horas y servicios extras en la más pura lógica de mercado, que adoctrinan a un alumnado lo más homogéneo posible, que imparten modelos lingüísticos que no euskaldunizan, que contratan profesorado a dedo y que cobran cuotas obligatorias, es decir, que segregan. Los sucesivos gobiernos han permitido estas prácticas, algunas de ellas contrarias a la ley. Digamos lo que es obvio: la gratuidad de los centros concertados y el carácter inclusivo irían en contra de su propia identidad y de su voluntad de diferenciación. Las declaraciones de las patronales de la enseñanza privada son claras: “Las cuotas son imprescindibles”. Creemos, además, que los servicios públicos deben ser gratuitos y universales, no así los privados.
En la buena dirección, pero en sentido contrario
La administración manifiesta tener el objetivo de que la composición de cada centro escolar coincida lo más posible con la población de su entorno, es decir, de reducir la segregación escolar al mismo nivel que la segregación residencial. Compartimos ese objetivo y proponemos una vía sencilla: promover decididamente la matriculación en la red pública, que es la más inclusiva y de proximidad, y restringir progresivamente la enorme sobreoferta de la red privada, ofreciendo vías de publificación para los centros que lo deseen. Queremos justicia social y racionalización del gasto público.
La administración, en cambio, ha optado por repartir a una parte del alumnado entre los centros para evitar que se concentre en exceso, lo que implica varias tareas: elegir qué tipo de alumnado hay que dispersar (el vulnerable, aunque se matricula en el centro más cercano), cuantificarlo (en vez de los habituales referentes del 25% de ISEC más bajo, o el 30% becario, han elegido la tasa AROPE1, que ronda el 15%) identificarlo (mediante encuesta a las familias sin contraste de datos objetivos) y adjudicarle centro (mayoritariamente privado) contra su voluntad. Esto, a su vez, genera problemas porque los centros privados exigen pagos que ese alumnado no puede asumir, y ahí viene otro aumento de financiación a esos centros: la “mochila” por cada criatura vulnerable que acogen. Si el objetivo es destinar la mayor cantidad posible de dinero público a manos privadas, la cosa va bien, y así lo atestigua el amplio consenso que consigue el Departamento de Educación cada vez que convoca algún foro de agentes educativos en el que las voces defensoras de lo público o no están o son ninguneadas, el último ejemplo ha sido la “Mesa contra la Segregación – Eskola bikaina denontzat” del curso 25/26.
Hablando euskara en castellano (o en inglés)
La Ley de educación y el Acuerdo de bases previo contienen consideraciones interesantes y declaraciones de intenciones que cualquiera de nosotras suscribiría, pero ya desde el Acuerdo se establece que el euskara, el castellano y una lengua extranjera vehicularán aprendizajes, es decir, la inmersión en euskara no existe, y la Ley ratifica la continuidad de los modelos lingüísticos. Ciertamente también estipula el nivel B2 para las dos lenguas oficiales al terminar la enseñanza obligatoria, pero la reacción de la Consejera cuando personas que han superado el Bachillerato fracasa en euskara en la PAU parece indicar que el asunto del nivel no hay que tomarlo en serio. Paralelamente han adelantado la introducción del inglés de los 4 a los 3 años aun cuando la conveniencia de su impartición en la etapa infantil lleva años cuestionándose por parte de expertas, y han desmantelado el programa de formación del profesorado IRALE.
Queremos apuntar que el grueso de los modelos A y B se mantienen en la red privada, mientras la red pública sigue haciendo un enorme esfuerzo por hacer del euskara factor de integración de todo el alumnado. Atacar a la pública también es atacar la normalización del euskara.
Laicidad cristiana
Consideramos la laicidad un requisito necesario para que el sistema educativo sea realmente comprensivo y respetuoso con todas las creencias. La ley afirma simultáneamente que la educación es laica y que se respetará el carácter propio de los centros concertados (de los cuales las dos terceras partes son religiosos). En la práctica nada cambia, aunque en nuestra sociedad desciende progresivamente el número de creyentes y de practicantes.
Hay movimiento, hay esperanza
En la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro nos enorgullece la escuela pública que tenemos, y sobre todo la pelea que cada día libran miles de familias y profesionales del sector para sostenerla y mejorarla. No sobra nadie.
