Koldo Unceta (Catedrático jubilado de Economía Aplicada de la UPV/EHU)
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Cuando se firmó el tratado de Roma, constitutivo de lo que hoy es la Unión europea, en 1957, el panorama económico en el mundo occidental estaba caracterizado por el auge de las políticas keynesianas, basadas en la idea de la redistribución y la regulación estatal como formas de garantizar la estabilidad y la reproducción del sistema capitalista. Además, la Comunidad Europea representaba, en sus inicios, un muro de contención frente a la supuesta amenaza del comunismo, de la mano de políticas capaces de propiciar un amplio acuerdo social apoyado tanto por la socialdemocracia como por las fuerzas políticas demócrata cristianas.
Sin embargo, la inspiración que animó la construcción europea en sus primeras dos décadas y media de existencia, comenzó a difuminarse a principios de los años 80. A partir del manifiesto debilitamiento del bloque soviético y del paulatino declive de del partidos comunistas occidentales, las élites europeas comenzaron a tener menos estímulos para seguir impulsando esas políticas de corte social, y fueron poco a poco, abrazando los postulados neoliberales propiciados en un primer momento por el gobierno de Margaret Tactcher y asumidos poco después por el gobierno alemán de Helmut Kohl en lo que fue el comienzo del fin de la democracia cristiana tal como había sido conocida hasta entonces. Todo ello tomaría forma en el Acta Unica europea, adoptada en 1986, en la que se propiciaba la supremacía de la competencia sobre la regulación, y se abría la puerta a la privatización de servicios públicos, marcando el inicio de una fase de globalización que propició la preeminencia de la competitividad económica sobre las políticas de gasto social.
Pero si el Acta Unica marcó el inicio de la nueva inspiración de la UE, la manera en que, unos años después, fue concebida y llevada a cabo la Unión Monetaria, supuso la consolidación definitiva de dicha tendencia. En efecto, el impulso de la unión monetaria se basó en una visión neoliberal que acabó por desbaratar el proyecto de postguerra de priorizar el bienestar y los derechos sociales como rasgo fundamental de la identidad europea. Ello se plasmó en el Tratado de Maastricht de 1992, en el cual quedaron fijadas las condiciones para la convergencia (Inflación, déficit público, deuda…) que los países deberían cumplir antes de poder abrazar la moneda única. El modelo adoptado supuso que la disciplina fiscal, o la autonomía del Banco Central Europeo (BCE) a la hora de priorizar el control de precios, se convirtieran en ejes centrales de actuación, limitando las posibilidades de intervención estatal, y favoreciendo la competitividad del mercado como objetivo principal.
El resultado de todo ello fue un régimen monetario centralizado que ha devenido en un proyecto autoritario y antidemocrático. Por un lado, porque las instituciones supranacionales que lo regulan, como el BCE, se hayan protegidas de las presiones y exigencias populares, como se ha visto en muchas ocasiones, y como quedó ampliamente demostrado durante la gestión de la crisis griega. Y, por otra parte, porque dichas instituciones fueron concebidas para separar la democracia ejercida en los ámbitos estatales respecto al ámbito de la economía política, dejada en manos de los mercados internacionales y las fuerzas dominantes en los mismos.
Con la estrategia adoptada, se privó a los estados de herramientas fundamentales de política económica capaces de fomentar el crecimiento del empleo o la redistribución, sin que, a cambio, se diseñaran nuevos instrumentos a escala europea capaces de llenar ese vacío. Se adoptó una política monetaria única, dictada por el BCE, sin contar con una política fiscal europea, a la vez que se privaba a los estados miembros de la autonomía necesaria para tener la suya propia. De esa manera se separaban las decisiones económicas del ámbito de la política, creándose un poder gobernado por las élites sin contrapeso democrático alguno.
Unos años después, el proyecto de Constitución Europea, formulado en 2004, quiso dar carta de naturaleza política -elevando a rango constitucional-, la libre circulación de capitales, la ortodoxia monetaria, y una idea de la competencia fuera de cualquier control democrático. De esa manera, se pretendía asegurar la desregulación y la privatización en la UE, limitando o anulando la capacidad de los Estados para impulsar y aplicar políticas económicas alternativas. Ello provocó un fuerte rechazo al proyecto constitucional en muchos sectores sociales y políticos, lo que se plasmó en los referéndums celebrados en Francia y en los Países Bajos en 2005, impidiéndose de esa manera que el proyecto fuera finalmente aprobado. En el fondo, lo que el rechazo de la Constitución Europea vino a representar fue la oposición a que los Estados perdieran competencias a la hora de dictar la política económica, en un contexto en el que las instituciones europeas no sólo no estaban garantizando la equidad, sino que estaban generando nuevos desequilibrios territoriales y nuevas desigualdades sociales.
Pese a los rechazos habidos, no se produjo una rectificación, sino que se vino a apuntalar lo mismo en el Tratado de Lisboa, firmado en 2007. Los años posteriores, atravesados por la grave crisis financiera, y seguidamente por la crisis griega, se caracterizaron por una vuelta de tuerca en las políticas tecnocráticas y autoritarias de corte neoliberal. Bajo la presión de Alemania y otros países, la burocracia de Bruselas optó por la austeridad -lo que se llamó el austericidio-, mediante “reformas estructurales” orientadas a destrozar el Estado del Bienestar, poniendo el déficit cero como objetivo ideal de su política.
En ese contexto, el referendum de Grecia de julio de 2015 vino a certificar lo que ya se sabía: la imposibilidad de los Estados miembros (especialmente de los más débiles) de tomar decisiones propias en política económica si las mismas son contrarias a los dogmas de la burocracia europea. Grecia tuvo que dar marcha atrás, olvidarse del resultado del referéndum, y plegarse a los dictados de Bruselas y Francfort.
Dentro de la negativa a impulsar una unión fiscal, uno de los tabúes impuestos por las élites que dirigen la política económica europea ha venido siendo el rechazo rotundo a emitir deuda pública mutualizada, es decir, respaldada por el conjunto de países que forman la Unión. Sin embargo, lo que parecía intocable -e imposible según los más dogmáticos- demostró que podía llevarse a cabo en el marco de la profunda crisis desatada por la pandemia del Covid. Tuvo que haber una brutal recesión del PIB en los países de la Unión, para que los burócratas de Bruselas pusieran en marcha lo que se suponía era inviable: la emisión de eurobonos -conocidos en un primer momento como coronabonos-, es decir, de títulos de deuda pública mutualizada, al objeto de propiciar la recuperación de la maltrecha economía europea -que en algunos países como España llegó a perder nada menos que el 11,3% del PIB-, en el marco de los llamados Fondos Next Generation.
Pero si alguien pensaba que la emisión de estos bonos iba a abrir la puerta a una nueva etapa en la política económica impulsada desde Bruselas, nada más lejos de la realidad. Bien se han encargado algunos de recordarnos que dichos fondos fueron un instrumento excepcional y, pese a los buenos resultados obtenidos, no está previsto que vayan a repetirse. Durante el próximo año, este asunto acaparará buena parte del debate económico en Europa, en el marco de la definición del nuevo Marco Financiero Plurianual, correspondiente al período 2028-2034. De momento, Alemania y otros firmes defensores de la austeridad presupuestaria ya han avisado de que en ningún caso se plantean un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales. Nada de avanzar en medidas de política fiscal compartida.
En este contexto, en la actualidad, se ha acabado por imponer en la UE una suerte de neoliberalismo de corte autoritario y corporativo, hecho a la medida de los intereses de los grandes grupos empresariales, cuyos lobbies ejercen una fuerte presión en las instituciones comunitarias. Ello ha propiciado un aumento notable de la desigualdad económica, de los desequilibrios entre territorios, y una sensación de precariedad que se ha instalado fuertemente en buena parte de la población de distintos países europeos. Como consecuencia, ha ido creciendo la desconfianza en hacia la UE en numerosos sectores, al constatarse que las instituciones Europas no han traído más prosperidad sino más precariedad, alimentando de esa forma un nacionalismo que reclama la vuelta al estado nación. De esa forma, el mencionado neoliberalismo autoritario y corporativo se ha convertido en una bomba de relojería de cara a avanzar en la unión económica y política.
Como bien señala Sami Naïr, existe una relación directa entre neoliberalismo y neopopulismo. Las desigualdades entre países dentro del mercado único, la desindustrialización, o el grave deterioro de los servicios públicos nacionales han provocado un profundo malestar y generan el auge del escepticismo antieuropeo.
El neoliberalismo tiende a ser, para poder imponerse, un proyecto antidemocrático, basado en la desregulación y en la eliminación de las reglas de juego capaces de ejercer como contrapeso del mercado y garantizar un mínimo de justicia social. Pero si, en general, el neoliberalismo se ha venido llevando mal con la democracia, en el caso europeo, la prioridad otorgada al funcionamiento de un mercado único diseñado a la medida de las grandes corporaciones, sin ninguna institución capaz de controlarlo, ha derivado en un déficit democrático insoportable que amenaza con arruinar definitivamente el proyecto de la Unión.
En un contexto como éste ¿qué margen de maniobra pueden tener las ideas europeístas? ¿Qué pueden hacer las fuerzas políticas de izquierda, o los verdes, para avanzar en una auténtica unión económica, de inspiración social, respetuosa con los derechos humanos y los valores que inspiraron los inicios del proyecto europeo?
El populismo antieuropeista de derechas o de izquierdas no puede ser una alternativa, pero tampoco lo es seguir apoyando en abstracto la idea de la Unión Europea. Parece evidente que, durante las últimas décadas, la socialdemocracia ha ido asumiendo, de forma bastante acrítica, el marco teórico neoliberal y autoritario en el que se han construido el mercado único y la unión monetaria. En ese marco, seguir sosteniendo el ejecutivo de Von der Leyen es en cierta forma hacerse cómplice de esas políticas y de otras, como es el caso de los vergonzosos acuerdos comerciales con Trump, del progresivo desmantelamiento del Pacto Verde Europeo, o de las políticas antiinmigración. En mi opinión, los partidos socialistas deberían salir del ejecutivo comunitario y dejar que la derecha se las apañe sola a la hora de imponer esas políticas, ejerciendo una oposición firme a las mismas, en el parlamento europeo y en la calle, al objeto de poder revertirlas.
¿Y el resto de la izquierda? ¿Y los verdes? Partiendo de que la salida de la UE, como a veces parecen insinuar algunas fuerzas, no es una alternativa -pues solo favorecería a la extrema derecha-, la única opción progresista pasa por un nuevo internacionalismo europeo, por construir una gran coalición rojiverde a escala continental, basada en un programa mínimo común que proponga una reforma de los tratados de la Unión, desde una inspiración ecológica y social, y ponga los derechos de las personas por encima de los derechos de los grandes grupos empresariales. Hasta el momento, los intentos que se han planteado -como el Movimiento por la Democracia en Europa (DIEM 25) de Varoufakis, o la Alianza Europea de Izquierdas por los pueblos y el planeta- no han sido muy fructíferos, pero, en buena parte, ello se ha debido a la falta de impulso en los respectivos países y a escala continental de esas alternativas. Sin embargo, es el único camino. Hoy en día, la idea de Europa no levanta ningún entusiasmo entre la población. Pero la vuelta al Estado-nación no es ninguna alternativa.
