(Clara Wolfram Perez, Agente de Igualdad)
“Yo soy feminista”, decía la campaña de las tres Diputaciones de Euskadi, de Eudel y de Emakunde el 8 de marzo el año pasado. Carteles morados con letras llamativas ocupaban marquesinas y paredes en todos los pueblos. Carteles feministas sin firma feminista. Me llamó la atención, y me pregunté si sería señal de que las instituciones realmente confían en el feminismo como agente de cambio. O acaso se trataba tan solo de apropiarse de un término “feminismo”, y hacer un poco de “purplewashing” de la fachada institucional.
Las declaraciones en junio de 2026 de los máximos responsables autonómico, foral y partidista, respecto a la gestión de dos situaciones diferentes de acoso sexual en Errenteria me han sacado de dudas. Dos situaciones diferentes, pero con elementos comunes: la intervención del movimiento feminista a la hora de acompañar a las mujeres, y proponer intervenciones comunitarias respetando sus deseos; y el respeto y respaldo mostrado por la Alcaldía, liderada por Aizpea Otaegi, a estas estrategias feministas comunitarias, tomando a la vez y como institución medidas concretas para prevenir que estas situaciones se puedan volver a producir. Tanto movimiento feminista como ayuntamiento han querido colocar la voluntad y la reparación de las mujeres afectadas en el centro, y en coherencia han actuado. En el caso de las mujeres que denunciaban actitudes machistas por parte del bailarín Jon Maya (situación que se remonta a 2024), se respetó un proceso en el que se le pedían responsabilidades al bailarín, quien las asumió, y se comprometió a un proceso para cambiar sus actitudes, todo ello sin hacer una declaración pública sobre el asunto, a petición expresa de las víctimas. Y en el caso de la joven acosada por un profesor de bertso, se hizo una denuncia pública y concentración en el pueblo, liderada por el movimiento feminista de Errenteria y de Oiartzun, y por el propio Bertsozale elkartea. Es decir, que se actuó acorde a la vía elegida por las mujeres que habían padecido el daño, lo que es lo mismo que poner a la víctima en el centro.
Sin embargo, quienes lideran esas mismas instituciones que promovían hace un año ese “Yo soy feminista”, se posicionan en 2026 comparando la actuación en Errenteria con la actuación de la Iglesia Católica, la cual ha ocultado y negado de forma sistemática durante décadas (y seguramente siglos) la violencia sexual a miles de niños y niñas en sus instituciones.
Afirman que “no podemos permitir que haya sistemas paralelos”, refiriéndose a la gestión de las denuncias de Errenteria. “Sistemas paralelos”, para referirse a acción comunitaria feminista que no pasa por denuncia policial y vía judicial, y que respeta la voluntad de las víctimas. Diferente posición toma la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, quien se desmarca de la campaña para desprestigiar la intervención feminista. Preguntada en una entrevista al Diario Vasco de junio 2026 por la intervención del movimiento feminista, responde que “aquí no sobra nadie”, y que «la decisión de efectuar una denuncia en una comisaría le corresponde únicamente a la víctima”.
La utilización mediática del asunto ha sido tal, que resulta conveniente empezar por el principio, para entender lo que realmente ha ocurrido en Errenteria. En mayo de 2026, una joven bertsolari de 17 años busca apoyo en el movimiento feminista para denunciar el acoso ejercido por un bertsolari que le dobla la edad, y que la tutelaba para “mejorar su rendimiento”. Otra bertsolari más mayor le comunica que atravesó lo mismo algunos años atrás. Pronto se sabe que el acosador tenía un protocolo abierto en Bertsozaleen Elkartea en el que se comprometía a abandonar todos los espacios vinculados a esta actividad, algo que no cumplió. El ayuntamiento, tras contrastar la información con Bertsozaleen Elkartea, decide tomar medidas: suspender el contrato que tenía con la asociación Xenpelar Bertso Elkartea para la gestión de la Bertso Eskola Municipal. El bertsolari desde hacía ya dos años no trabajaba como profesor de la bertso eskola, pero seguía vinculado a la asociación, e incluso dinamizaba alguna actividad informal, razón por la que el Ayuntamiento decide poner fin al contrato. El caso de Jon Maya se remonta a 2024, y fueron las mujeres afectadas las que pidieron un proceso confidencial y de mediación. La información sale ahora por el interés de algunos partidos municipales en cuestionar la gestión municipal.
Pareciera que los partidos políticos han querido utilizar este asunto con fines partidistas. Y al hacerlo, no han tenido reparos en provocar la revictimización de la víctima. La joven bertsolari de 17 años se ha visto obligada a tener que responder a las preguntas de la Ertzaintza y la Fiscalía de Menores. Ella tenía muy claro que no quería hacer una denuncia policial ni judicial. Pero, aun así, bajo el argumento de ser “menor” (17 años), se la obligó a pasar por este aro. Presionar a una mujer para que interponga una denuncia judicial supone una revictimización dolorosa. La ley estatal hace ya 8 años que obliga a las administraciones públicas a respetar las decisiones de las mujeres agredidas, y a prestarles el mismo apoyo denuncien o no ante los tribunales (Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, Real Decreto-Ley 9/2028).
Pero nos podemos preguntar si toda esta historia convertida en mediática es realmente la historia importante a contar. Por desgracia, no creo que haya una mujer que pueda decir que jamás se haya sentido acosada. Cuando no fue un profesor en la escuela, fue un tío, o un jefe o compañero de trabajo, o sencillamente un baboso en fiestas. Es una experiencia común de la que difícilmente nos libramos, ya que no depende ni de nuestra actitud ni de nuestro físico. Es un acto de dominación masculina demasiado común y corriente, que por desgracia no ha desaparecido del panorama actual. Y ahora que ha comenzado el verano, y una y otra vez se denuncian agresiones sexuales en fiestas, sería de agradecer que las instituciones tan interesadas en estos asuntos centraran su atención en lo que realmente importa. ¿Tenemos las mujeres derecho a decidir cómo queremos denunciar y actuar de forma colectiva para prevenir las agresiones? ¿Qué necesita la agredida para la reparación del daño sufrido? Y hablando en términos más amplios sobre violencia machista, ¿qué apoyo institucional falla para que las mujeres que sufren violencia machista cotidianamente se puedan separar de los agresores? Porque hay mujeres que no se separan, porque la administración pública no les ofrece alternativas de vivienda de alquiler social. No existen apenas recursos, y los pocos existentes están saturados. No parece que estos temas tan reales estén en boca de los dirigentes políticos que se declaran “feministas”. Esto, que sería tan importante, parece ser que no interesa.
A quienes aprovecharon la ola para criticar la gestión municipal de Errenteria, tan sólo les diría lo siguiente: ojalá tuviésemos un sistema policial y de justicia realmente feminista y reparador. Si así fuera, sin duda acudiríamos más a él. Pero esta no es la experiencia de muchas mujeres que han interpuesto denuncias, y se han visto ellas mismas cuestionadas, o atrapadas en un proceso judicial que se prolonga a veces años. Y no todos los problemas sociales se tienen ni se deben resolver en tribunales. Las mujeres tenemos derecho a decidir cuál es la vía de denuncia y sobre todo de reparación. Apropiarse de nuestra decisión es, una vez más, violencia institucional.
