(Francisco Luna)

En la Unión Europea, el 83,6 % de los estudiantes de Educación Primaria y más de dos tercios en la Educación Secundaria estudian en centros de titularidad pública. En la mayoría de los países europeos la escuela pública no es una opción más, sino la infraestructura educativa básica: presente en todos los territorios, la que recibe a cada estudiante con independencia de su origen, renta, lengua familiar o necesidad de apoyo. La que hace efectivo el derecho fundamental a una educación de calidad.
Sin embargo, nosotros somos una auténtica excepción: nuestra enseñanza pública no universitaria supera levemente el 50% del sistema educativo e incluso en Secundaria está por debajo. Desde hace décadas vivimos en un equilibrio de redes inestable y ficticio, mientras la escuela pública acumula problemas y le pedimos lo que probablemente no puede dar.
Una escuela pública no es solo un centro financiado y gestionado por la Administración. De hecho, la práctica totalidad de los centros privados vascos están concertados. Sus rasgos esenciales e irrenunciables, los que le dan sentido, son: acceso universal, gratuidad real, inclusión, laicidad, participación de las familias y del profesorado, transparencia y rendición de cuentas. Sin duda, ha de garantizar buenos aprendizajes y competencias, así como evitar que la desigualdad social se traduzca en fracaso escolar, pero también ha de asegurar la convivencia entre personas de características y orígenes diversos y formar ciudadanos capaces de participar en una sociedad democrática y plural. En definitiva, su radical necesidad se basa en que es la red que ha de confirmar que el derecho a aprender existe también cuando resulta más difícil hacerlo efectivo.
La realidad de la escuela pública vasca
Sería absurdo negar que los centros públicos disponen de condiciones y recursos significativos, solo algunos datos: la media de estudiantes por docente en 2023-24 era de 8,3 (7,1 en ESO), con una reducción progresiva de las ratios de alumno por grupo; un gasto por estudiante de 12.484 € de la red pública, más de 4.500 € por encima de la media de España y, entre otros detalles, un buen contingente de personal especializado en educación especial, apoyo y orientación, así como una potente implantación en todos los territorios.
Con todos esos recursos, el sistema público acoge a la mayoría del alumnado de nivel socioeconómico bajo -el 40% de sus estudiantes recibe beca-, al 74% de todo el alumnado de origen extranjero (casi 10 puntos más que la media de España), distribuido además de forma heterogénea ya que cerca del 60% de este alumnado se concentra en solo el 29% de los centros públicos y a la mayoría del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Una complejidad educativa creciente que hace que, como señala el Plan estratégico para la transformación de la escuela pública (en adelante Plan estratégico) sea evidente la “falta de recursos para abordar las problemáticas más complejas de los estudiantes” y “se complejice el proceso de seguimiento de las familias”.
Todos estos datos no deben entenderse solo como una debilidad, sino como una clara muestra de su papel como espacio de acogida e integración: en sus aulas se encuentra buena parte de la Euskadi plural de hoy. Sin embargo, ninguna escuela puede compensar por sí sola las desigualdades de ingresos, vivienda, empleo, idioma o acceso a actividades culturales. Cuando un centro acumula de manera creciente una proporción elevada de alumnado vulnerable, muy superior a su representación en el sistema educativo, aumenta el riesgo de segregación y de trayectorias académicas desiguales, como estamos constatando en nuestro sistema educativo desde hace tiempo.
De hecho, estas supuestas buenas condiciones no son suficientes para garantizar un aprendizaje de calidad a todo su alumnado. De manera reiterada, muchas evaluaciones y estudios nos indican que el sistema educativo vasco no va bien, tanto en su evolución propia como en la comparación con otros territorios, con porcentajes superiores a la media europea en los niveles bajos de rendimiento y porcentajes reducidos en los niveles de excelencia. Las propias evaluaciones de diagnóstico nos indican que en el modelo D (el 95% de la red pública) un alto porcentaje de alumnado de ESO no consigue alcanzar una competencia suficiente en euskara para garantizar un buen aprendizaje en esa lengua.
No hay duda de que la red pública ha sido y es el tronco básico del proceso de euskaldunización de la población vasca. No solo es quien más ha contribuido cuantitativamente al contacto y aprendizaje de esa lengua, sino quien lo ha hecho en contextos más difíciles. Sin embargo, el propio Plan estratégico señala que hoy “se detecta una reducción generalizada de la competencia lingüístico-comunicativa del alumnado en todas las etapas” y añade que por parte del profesorado “la adhesión a la lengua y a la cultura vasca resulta desigual”. Un dato claro de la lentitud de los cambios es que, también según el Plan estratégico, a pesar de los esfuerzos desde hace décadas, solo “el 54,5% de los centros cuenta con Proyecto Lingüístico consensuado” y solo el 23,8% de los centros “han integrado firmemente el enfoque competencial”, clave en el currículo vigente.
¿Y qué se puede hacer?
En el breve espacio disponible sería atrevido presentar un plan de mejora y transformación de nuestra educación pública. No partimos de cero, ya que el Gobierno Vasco ha aprobado el ya señalado I Plan Estratégico 2025-2028 (de una excesiva y poco útil complejidad que en muchos casos no responde a los problemas detectados) y ha puesto en marcha una Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados Educativos. Por ello, solo me limito a enunciar cinco transformaciones que podrían ayudar a construir un modelo coherente de fortalecimiento de la escuela pública vasca, pasando:
a) De una escuela que escolariza a todos a una escuela que consigue que todos aprendan: La escuela vasca tiene que dejar de medir su éxito por su capacidad para escolarizar, promocionar o titular al alumnado y empezar a medirlo por su capacidad para conseguir que todos alcancen unos aprendizajes fundamentales, independientemente de su origen social, económico, cultural o lingüístico.
b) De una distribución desigual de la vulnerabilidad a una escolarización socialmente equilibrada: Esta es probablemente la transformación más importante desde el punto de vista de la equidad, porque no se puede pedir a los centros que compensen desigualdades que el propio sistema de escolarización produce o concentra. La segregación escolar no es un problema de determinados centros, es un problema de planificación del sistema que exige corresponsabilidad real y evaluable en todo el sistema.
c) De una financiación uniforme a una financiación basada en las necesidades, de forma que a mayor complejidad, mayor financiación y mayor dotación profesional como derecho asociado a la composición del alumnado.
d) De una profesión docente sobrecargada a una profesión con tiempo, formación, carrera y reconocimiento. Ningún cambio llega al aula si no varían las condiciones en las que trabajan los docentes, con menos burocracia, más tiempo para actuar colectivamente, disponiendo de una carrera profesional docente basada en competencias, con una potente mentoría para docentes noveles que convierta el conocimiento acumulado de los mejores docentes en capital profesional del sistema.
e) De una política basada en programas a una política basada en objetivos, evidencias y evaluación. El sistema educativo vasco tiene demasiados programas, planes y estrategias, el problema no es la falta de iniciativas, sino la dificultad para saber qué funciona, para quién, dónde y en qué condiciones.
Para acabar, defender lo público es proteger lo que es común, por ello, si Euskadi quiere una escuela pública fuerte, tiene que actuar para convertirla en el tronco estratégico preferente y no ser tratada solo como una de las dos redes que compiten por el alumnado.
Francisco Luna.
Consejo Escolar del Estado.
Ex director del ISEI-IVEI.