Conversando sobre los Derechos Humanos. Entrevista a Carlos Beristain. 
Antonio Duplá.- Dada tu implicación directa en el proceso de recuperación de la memoria del genocidio en Guatemala, con tu participación en los años 90 en el proyecto REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), parece obligado iniciar esta entrevista con una pregunta sobre el juicio al general y ex-presidente Ríos Montt. Este juicio y la condena a 80 años, mínima en relación con los crímenes de los que es responsable, pero que había suscitado muchas esperanzas por el precedente que establecía, está ahora suspendido por la Corte Constitucional guatemalteca. ¿Cuál es tu impresión al respecto y qué crees que puede suceder finalmente?

En un país con una historia de profunda impunidad, lo primero que habría que resaltar es el enorme esfuerzo de los organismos de defensa de los DDHH y de las víctimas, en este caso sobre todo la población ixil, durante todo este tiempo para actuar ante la justicia, sin mecanismos ni garantías legales suficientes. Tiene un enorme valor para las víctimas haber sentado en el banquillo a Ríos Montt y su Jefe de Inteligencia, y que escucharan todo su sufrimiento. Es una lección para la sociedad guatemalteca y para el mundo entero y muestra que Ríos Montt y otros genocidas están fuera de la historia cuando pretenden justificar sus actos. Se trata del primer país en que se da una demanda por genocidio a un ex-presidente, aunque tiene sus partidarios, claro: sectores militares o el CACIF, la patronal, opuestos al juicio desde el primer momento. En otros juicios previos también se han utilizado mecanismos y triquiñuelas procedimentales para obstaculizar el proceso, ¡treinta y seis recursos de amparo en los casos de Myrna Mack o las Dos Erres! Pero los hechos están demostrados, pues el testimonio de las víctimas y la contundencia de las pruebas han sido incontestables.

La justicia mira también hacia el presente y muestra la transformación de la población indígena y su nuevo papel en la sociedad y su protagonismo en la defensa de los derechos humanos.

De hecho ahora se está promoviendo un Manifiesto «Sin justicia y sin dignidad para las víctimas no es posible la paz», para denunciar las presiones que están poniendo en riesgo ese proceso judicial.

Claro, probablemente habrá que repetir el juicio y, entonces, a ver qué estrategia plantea la defensa de Ríos Montt. Mientras tanto, desde ámbitos muy amplios y diversos, surge la solidaridad con las víctimas, con sus abogados. Es clave defender el trabajo de esas víctimas, porque las presiones y amenazas se han hecho más evidentes.

Dentro de tu denso currículum de defensor de los DDHH, has publicado recientemente un libro sobre la situación en el Sahara (con Eloísa González Hidalgo, El oasis de la memoria, Bilbao, 2012).¿Qué pretendías-pretendíais con el libro?

En primer lugar, ofrecer un panorama de las agresiones a los DDHH contra la población saharaui desde 1975. El primer caso, el bombardeo de febrero de 1976 contra la población civil, se conocía pero todavía no se había estudiado. Ahora se ha realizado un listado de víctimas, se han contrastado los testimonios, se han hecho entrevistas a personal de salud que atendió a las víctimas, etc. Durante los primeros 15 años se dan casos de pillaje y concentración de la población, también casos de desapariciones forzadas, incluso desapariciones en centros clandestinos de internamiento. Todavía a día de hoy hay 407 desaparecidos.

A partir de 1993, encontramos detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, la represión ha sido continua cuando la gente se ha tratado de movilizar, siempre con una dimensión colectiva. El propio Estado marroquí propuso en 2006 una “Instancia de Equidad y Reconciliación”, a modo de Comisión de Verdad, y en una publicación posterior de un listado de víctimas en 2010, reconoció 207 desaparecidos dados por muertos y otros cerca de 200 de los cuales no daba siquiera el nombre.

Nuestro trabajo, al igual que en el proyecto REMHI, hace hincapié no ya sólo en la mera relación cuantitativa de casos, sino en el impacto global de las violaciones de los DDHH sobre la comunidad, en este caso una comunidad dividida en dos desde hace casi cuarenta años.

Y la situación parece no tener salida a corto y medio plazo, parece enquistada, ¿no?

Pienso que el tema de los DDHH es clave para cualquier salida política. El tema del Sahara es visto como un problema humanitario, pero no como un caso de agresión a los DDHH y ese cambio de perspectiva es fundamental. El del Sahara es el único caso en el mundo en el que un alto el fuego no ha ido seguido de un proceso de paz, con Comisión de la Verdad, testimonios de las víctimas, búsqueda de desaparecidos, exhumaciones (como en Chile, Argentina, Sudáfrica, Guatemala, etc.). Y la situación sigue siendo muy grave, con la militarización del territorio, la represión violenta o la criminalización de la demanda de autodeterminación. No se puede ni discutir públicamente sobre eso, a riesgo de que te apliquen el código penal por amenaza a la integridad territorial. De ahí la irritación de Marruecos ante el apoyo estadounidense a la ampliación del mandato de la MINURSO para la verificación de los DDHH en el territorio y los campamentos de refugiados. Estoy convencido de que la focalización de todos los agentes implicados en el tema de los DDHH puede desbloquear el conflicto e, incluso, ayudar a superar esa idea de impotencia que pueda existir.

Otro de los conflictos violentos históricos, el de Colombia, parece que está entrando en su recta final, gracias a las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. Recientemente, parece que se ha llegado a acuerdos en torno a la reforma agraria, problema clave en casi todas las sociedades iberoamericanas y en los conflictos violentos correspondientes. Ese acuerdo ha provocado grandes críticas de la patronal, también del ex-presidente Uribe. ¿Cómo ves el proceso de paz?, ¿puede llegar a buen puerto?

Me parece muy interesante lo que implica de ruptura del discurso antiterrorista impuesto por el entonces presidente Uribe durante 8 años. Muestra que hay otra realidad social en Colombia, la de gente que no aguanta más la promesa de más guerra, más pobreza y que quiere otra realidad. La estrategia militar de Uribe llegó a un techo a finales de los años 90, la época más dura, y ahora se están desvelando los horrores de los paramilitares, apoyados por determinados sectores del Estado, militares, terratenientes y políticos. Por su parte, las FARC también se encuentran en una fase de deslegitimación por diversas razones, los secuestros, el uso de minas, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, etc. Es decir, que una serie de razones, entre otras, el cansancio social, la necesidad de superar una estrategia antiterrorista agotada, la búsqueda de relegitimación por las FARC y de salidas políticas para las demandas de transformación social y la paz, han auspiciado esta nueva etapa.

Quizá ha pillado algo a contrapié a la sociedad civil colombiana, por la falta de discusión de estos temas en los últimos años, y ahora resulta fundamental la construcción de un nuevo sujeto protagonizado por la sociedad civil. Paradójicamente, una ley pensada en realidad para aplicar penas más bajas y la impunidad de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz, aprobada al final del primer gobierno de Uribe, provocó la aparición pública de las víctimas en las llamadas “audiencias libres” de los perpetradores, donde exponían sus testimonios. La emergencia entonces de las víctimas como sujeto protagonista se ha mostrado como un instrumento fundamental para la reparación social y la recuperación de la memoria.

En principio soy optimista, hay datos que muestran que algo puede cambiar, incluyendo la visión en la tradición colombiana de los procesos de paz como procesos solo de desarme e integración de excombatientes a una perspectiva más amplia. Visto el tema en perspectiva, resulta imprescindible que haya gente que empuje en la dirección de hacer que las cosas cambien y que crea en la necesidad y la posibilidad de esos cambios. Aunque es un proceso que tiene potentes enemigos, y hay que protegerlo para que pueda avanzar.

El pasado mes de abril se hacía público el “INFORME AL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE LA VISITA A ESPAÑA REALIZADA POR EL COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES” (CPT, dependiente del Tribunal Europeo de DDHH de Estrasburgo), visita llevada a cabo del 30 de mayo hasta el 13 de junio de 2011. Como suele suceder, al Gobierno español no le ha gustado mucho. La tortura no aparece como práctica sistemática, pero se recogen casos, también de malos tratos, especialmente con la población inmigrante, el tema de los Centros de Internamiento, etc. ¿Qué importancia tienen estos informes?

Esos informes se elaboran desde hace 20 años, aunque algunos no se han publicado, pues es el Gobierno español quien debe dar permiso para su publicación. El inicio de este tipo de informes nos lleva al año 1984, cuando Amnistía Internacional publica sus 12 puntos para la prevención de la tortura, por cierto muchos de ellos todavía sin cumplir aquí. Un caso bien reciente es el de la mujer brasileña violada en la comisaría de Indautxu, un caso demostrado, pero sin castigo a los perpetradores, por la falta de colaboración de los miembros de la policía para señalar al responsable tal y como señala la sentencia del Tribunal Supremo.

El problema fundamental ante estos informes, que tienen una enorme importancia, es la falta de voluntad política, la negación del problema por parte del Estado, que no asume su contenido y no investiga. No hay cambios en la cultura política que impliquen la asunción del problema y la adopción de protocolos de intervención (que han demostrado su eficacia cuando se han aplicado). Se mantiene una actitud que considera que aceptar esas críticas contribuye a deslegitimar la democracia o a ofrecer argumentos al enemigo.

El reconocimiento de la pluralidad del sufrimiento, de las violaciones de derechos humanos cometidas y el asumir la responsabilidad del Estado en ello no tiene por qué suponer igualar los mecanismos de victimización ni aceptar simetrías o decir que todo ha sido igual, sino asumir con respeto la importancia del tema como marco de legitimidad para la reconstrucción del tejido social.

Acercándonos a nuestro pequeño país, el tema de la memoria también está en la agenda política y social. ¿Qué opinas a propósito del relato, o relatos, de lo sucedido, que parece ser un elemento previo fundamental a una posible, y deseada, convivencia (reconciliación parece un término demasiado ambicioso por ahora), superado el fenómeno del terrorismo?

En primer lugar, supongo que habrá muchos relatos, no un relato. En otros lugares, se ha propiciado un relato extenso o general, como visión global de lo sucedido, como los informes de las Comisiones de la Verdad.

Aquí me parece fundamental la construcción de una memoria incluyente, no defensiva, con un suelo ético básico que sea el reconocimiento de las violaciones de los DDHH cometidas. Probablemente haya dificultades para encontrar términos comunes en un contexto tan polarizado como este y con un impacto tan grande en el tejido social. Ahí están las polémicas en torno al uso de términos como terrorismo o violencia política por parte de unos y otros.

Éste es un país de muchos órdagos y pocos procesos. Frente a eso, me parece imprescindible cuidar los procesos. Un ejemplo de ello, ha sido la experiencia Glencree ¹, que muestra cómo cuidando los procesos se pueden buscar espacios comunes. En Glencree se buscaron seis puntos compartidos por todos quienes habían sufrido una victimización injusta, y se llegó a puntos de encuentro. Se evitaron ciertamente los temas o elementos que favorecieran la polarización, pues los desacuerdos surgían a la hora de intentar definir o etiquetar y se pretendía, precisamente, evitar la utilización política del sufrimiento. En ese sentido, se primaba el proceso frente a etiquetas o titulares, en un país donde lo político se convierte rápidamente en un eslogan.

En relación con las políticas públicas de la memoria, ¿qué opinión te merecen los proyectos del Instituto de la Memoria y el Memorial de las Víctimas del terrorismo, proyectos ambos que parecen congelados, o, por lo menos, de los que no se habla mucho últimamente. ¿Son otros proyectos que la crisis ha obligado aparcar o los problemas son más políticos?

Es evidente que para avanzar es necesario el máximo consenso posible, y ahí está el tema de la integración de Bildu al nuevo escenario político. Es necesario discutir sobre criterios y reconducir posiciones bastante sectarias por parte de muchos actores políticos. Otros proyectos anteriores, como el Observatorio de los DDHH de Ibarretxe no prosperaron. Ahora resulta imprescindible superar el contexto de la “resistencia frente al represión” y de la “lucha contrainsurgente” para reconstruir el tejido social. Así, ETA debe reconocer el daño causado, y el Estado debe reconocer las violaciones de derechos humanos de la estrategia antiterrorista (GAL, BVE, tortura, etc.).

Pero Euskadi es un país muy de txokos, hay poca gente que esté dispuesta a pasar al otro lado. La labor del Instituto puede ser importante en ese proceso, ciertamente un proceso que está en sus inicios, no es algo de un día para otro.

Ha surgido ahora una polémica a propósito del término “preso político” aplicado a los presos de ETA. A mí me parece innegable la dimensión política de sus acciones, pero también su carácter criminal, pero no sé si “criminales políticos” sería una etiqueta aceptable, me temo que no. ¿Qué opinas tú?

La polémica es un ejemplo de cómo los términos se utilizan para legitimar o deslegitimar, en el fondo es una lucha por la legitimidad. Los presos de ETA no son presos de conciencia, sino responsables en diferente grado de extorsiones, secuestros o asesinatos. Otros presos, acusados de ser de ETA, lo han sido por motivos políticos, bajo la premisa de “todo es ETA”. Pero la discusión es un tanto absurda y puede llevar a un callejón sin salida: la izquierda abertzale intentando legitimar a quienes ejercieron la violencia y la derecha empeñada en caracterizar una especie de delincuencia común sin dimensión política. Me parece más importante un cambio en la lógica política, que supere la bipolarización terrorismo de Estado-violencia política, y se centre más en evitar la violencia y tener una sanción moral frente a las violaciones cometidas. Ahora mismo, por ejemplo, poner fin a la dispersión, el primer grado, liberar a los presos que ya han cumplido condena y facilitar su reintegración, y que ETA entregara las armas y reconociera el sufrimiento causado a las víctimas que merecen respeto y reconocimiento.

Acabas de salir de una reunión de la Comisión de las así llamadas “otras víctimas”, comisión que comenzó en la anterior legislatura y que sigue un mandato del Parlamento Vasco. ¿Cuál es el balance que haces de su trabajo y qué planes tenéis hacia el futuro?

Un primer problema es que deben dejar de ser consideradas como “las otras”, porque eso supone una minimización de su sufrimiento. La Comisión tiene unos límites cronológicos, años 1960-1978, marcados por el decreto que la crea, que habría que superar. Su objetivo es el reconocimiento de unas víctimas no escuchadas hasta ahora, para quienes la dimensión de verdad y reconocimiento es fundamental. La Comisión ha optado por entrevistar a esas víctimas, escucharlas, transmitirles empatía y el compromiso en la investigación de los hechos, reconociendo la dificultad de la identificación de los perpetradores (por ejemplo cuando actuaban como “incontrolados”), pero intentando que ese aspecto no suponga una merma en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Son un elemento fundamental en el proceso de construcción de memoria compartida, para formar parte de un centro de la memoria y para socializar su experiencia.

La Comisión no es un tribunal, no juzga, escucha, evalúa, da credibilidad a los testimonios, los estudia y propone reconocimientos pendientes, es decir, hace aportaciones a la construcción de una memoria colectiva. Se trata de otro proceso social y político en marcha.