(Víctor Aparicio)

Todo oficio dispone de sus propias herramientas. El fonendoscopio es inseparable de nuestra imagen construida del especialista en medicina. En carpintería, serrucho, escuadra, lijadora y formón forman parte del elenco de instrumentos básicos para el trabajo de la madera, que constituye la materia prima de la profesión. La historiografía no representa excepción alguna, por muy especiales que a veces nos pensemos quienes nos dedicamos a ella. En este caso, cierto es que herramienta y materia prima se confunden e hibridan en ocasiones. Olfateamos carne humana, robando la expresión de Marc Bloch, pues nuestra materia prima no es otra que la experiencia vivida –y construida– por nuestros semejantes en el pasado. Imposible compartir, por desgracia, nuestra experiencia actual con la de un molinero friulano del siglo XVI, una campesina del XVIII en la dinastía Qing o un antifranquista preso en el ecuador del XX. El espacio-tiempo y las leyes básicas de la física impiden cumplir el sueño de cualquier historiador/a –y, me atrevería a decir, de más de uno de los mortales ajenos a esta disciplina–. Pero contamos con la ayuda de eso que llamamos fuentes, donde la materia prima se mezcla con la herramienta y nos abre un portal inmenso hacia el tiempo pretérito. En ellas, las fuentes primarias, podemos encontrar –algunas– respuestas a la infinidad de dudas, curiosidades e inquietudes que nos despiertan las sociedades pasadas. Con paciencia y con cautela, quienes nos dedicamos a la historia analizamos el grito infinito de la fuente histórica y, sobre ella, construimos nuestra profesión.

Estas fuentes pueden ser muy variadas, desde restos arqueológicos milenarios analizados bajo las inclemencias del tiempo hasta el testimonio de un protagonista ofrecido entre ruidos de tazas y cucharillas en una cafetería. No obstante, existen espacios concretos en los que se conserva una parte relevante de las fuentes históricas disponibles: los archivos. Legajos, expedientes, dosieres, cajas…; papeles y más papeles, materia prima fundamental del oficio de historiador, son custodiados en edificios pensados y construidos para su conservación, sometidos a normativas específicas que regulan su acceso. En el momento en que uno decide convertirse en una suerte de Sherlock Holmes que trata de recomponer el puzle del pasado a partir de los papeles de un archivo, se suceden multitud de anécdotas y experiencias vividas entre sus paredes. La pasión y la felicidad, no exentas de decepciones, también caracterizan al oficio de historiador cuando se introduce –recluye quizás sería más apropiado– en estos lugares¹.

Pero no siempre es sencillo el acceso a los archivos. Como hemos mencionado, existen una serie de leyes y normativas que regulan la custodia y consulta de las fuentes archivísticas y establecen un equilibrio entre conservación documental y patrimonial, protección de datos y derecho de acceso a la información. En algunos casos, dicho equilibrio se rompe de forma flagrante en detrimento de este último, como ocurre en la actualidad con el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI). En marzo del presente año, el periódico digital elDiario.es publicaba una «Tribuna Abierta» firmada por varios historiadores, algunos de ellos de reconocida trayectoria –Ángel Viñas, Carme Molinero, Antonio Rivera, Helen Graham…–, en la que denunciaban una serie de irregularidades y carencias que rodean la gestión del AGMI². La iniciativa, que recogía reclamaciones anteriores de similares características, abrió la puerta a nuevas quejas sobre las enormes dificultades de acceso a la documentación custodiada por este archivo que aparecieron en numerosos medios de comunicación en los meses posteriores –El País, La Razón, La Sexta, Cadena Ser, etc.–. Medio millar de académicos y académicas de todas las Universidades públicas del país firmaron una «Carta Abierta» a la atención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para hacerle llegar las reclamaciones unánimes respecto al AGMI³.

La denuncia señala los principales aspectos que dificultan o, directamente, proscriben el acceso a los fondos del archivo. El AGMI, caracterizado según la legislación como archivo general o central, solo ha de guardar documentación hasta los 30 años de su producción, momento en el que esta habrá de trasladarse a un archivo intermedio, siendo el Archivo General de la Administración (AGA) el principal destino antes de pasar a formar parte de los archivos históricos. El problema es que, desde hace tres décadas, las transferencias desde el AGMI hacia el AGA están prácticamente paralizadas, y el archivo atesora documentación perteneciente incluso al siglo XIX. Con esta situación, las investigaciones pasan obligatoriamente por el AGMI. Sin embargo, el incumplimiento del régimen de acceso es constatado de forma permanente.

El investigador, la investigadora no cuenta en el AGMI con otra herramienta clave de su trabajo, los instrumentos de descripción (IDD), es decir, los listados y detalles de la documentación custodiada por el archivo. De este modo, la solicitud se realiza a ciegas, sin saber realmente de qué documentación se dispone, y confiando en que el personal del archivo facilite aquella de mayor interés para la investigación sin descartar nada relevante. Por otro lado, el plazo de respuesta a la solicitud, que no debiera demorarse más allá de un mes –con silencio administrativo positivo–, suele superar el año y alcanza, en ocasiones, hasta los dos años de espera. Esta situación genera un perjuicio enorme para el colectivo de investigadores, especialmente aquel que se encuentra en el periodo de realización de una tesis doctoral –el futuro de la disciplina–, que dispone de tiempos muy reducidos para la finalización de su trabajo. Asimismo, con alta frecuencia la documentación finalmente otorgada por el AGMI al investigador/a incorpora anonimizaciones de datos abusivas, aun en aquellos casos donde, según la legislación vigente, esto no debiera ser así, pues todo documento transcurridos 25 años desde la muerte de la persona implicada o 50 de su producción, caso de no conocerse la fecha del fallecimiento, puede consultarse libremente, según la Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE).

Esta situación, como es sencillo adivinar, vulnera los principios más básicos del derecho de acceso a la información y contradice leyes como la de Memoria Democrática (2022), que prevé la catalogación y puesta a disposición de un censo online –con los IDDs correspondientes– con la documentación relativa a la represión franquista alojada en los diferentes archivos públicos y privados del país –art. 26 y 27–. En este punto el lector, la lectora de estas líneas ya se habrá percatado de la importancia que tienen los fondos del AGMI para el conocimiento de los mecanismos represivos de la dictadura franquista. En un momento crucial para las sociedades contemporáneas, que enfrentan situaciones que ponen en riesgo su cohesión y la continuidad de derechos y libertades individuales y colectivos, analizar los «pasados sucios» y cumplir con las exigencias de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición se antoja un imperativo. Estudiar en profundidad las violencias de Estado en el siglo XX español contribuiría notablemente a esta tarea. Para ello es imprescindible que el AGMI modifique la praxis de su gestión, transfiera la documentación correspondiente y, entretanto, facilite la consulta de los fondos custodiados. De este modo se garantizaría el desarrollo del oficio de historiador, en una época como la actual en la que, como tantas otras cosas, también se ve amenazado.

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