(Antonio Duplá y Ricardo Arana)
La comunidad educativa, entendida en sentido más amplio, está conmocionada tras la publicación del último informa PISA, que ha arrojado unos resultados particularmente negativos en el caso vasco. Es posible que estos informes sean unilaterales, producto de una institución, la OCDE, con objetivos propios, y que no ofrezcan una imagen ajustada de la realidad educativa vasca, como se ha dicho por parte de algunos. Es cierto que solamente se analizan datos sobre ciencias, matemáticas y comprensión lectora de una determinada franja de edad y con insuficiente contextualización. No obstante, los datos que presentan son irrefutables, el ejercicio comparativo con otras comunidades autónomas u otros países es ilustrativo y, lo que es peor, llueve sobre mojado, es decir la tendencia de los últimos años es desalentadora y obliga a una reflexión seria y reposada por parte de todos los sectores implicados. No hace sino agudizar el problema el hecho de que la CAPV sea la que más invierte por alumno en la educación universitaria y, como variable paradójica (¿o no?), la que más ha fomentado el recurso de las tecnologías digitales en el aula. El propio Gobierno Vasco, a través de alguno de sus miembros, ha mostrado su preocupación y la necesidad perentoria de revertir esta situación
Es cierto que este dossier sobre la escuela pública vasca, sobre sus problemas y sus retos, se comenzó a gestar mucho antes de estas noticias recientes sobre el último informe PISA y, de hecho, sus artículos fueron entregados antes de la publicación de sus resultados. La información y el revuelo de los últimos días sobre esta evaluación simplemente confirman el alcance social de cualquier noticia relativa al sistema educativo. Precisamente estos días hemos seguido leyendo otras informaciones de alcance en este campo. Por una parte, el Departamento de Educación convocaba una jornada sobre “Evaluación educativa y mejora del sistema: evidencias, centros y estrategia compartida”, con la participación de varios centenares de equipos de dirección de centros educativos. Por otra, hemos podido leer cómo el Gobierno Vasco ha perdido recursos europeos destinados precisamente a reforzar la oferta pública de la red de educación infantil, las haurreskolak; al mismo tiempo Educación aumenta para este nuevo curso lectivo la partida destinada a la educación concertada, ya muy generosamente subvencionada.
Recordemos las peculiaridades del sistema educativo vasco. En los primeros años de la democracia existían tres redes, la pública, la privada, tradicionalmente con gran peso de los colegios religiosos, y las ikastolas, con el euskera como eje definitorio. Particularmente a finales de los años ochenta y primeros noventa se realiza un enorme esfuerzo por adecuar esta peculiaridad al habitual binomio pública-privada en un proceso no exento de enormes dificultades por su dimensión sociocultural y traumático en no pocos casos y lugares. Bueno será recordar el protagonismo en este impulso a la publificación de quien fuera consejero de Educación y después vicelehendakari, el socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en febrero del año 2000.
En buena medida por sus esfuerzos y los de su equipo, antes también de José Ramón Recalde, la realidad educativa se homologó a otras con la existencia de dos redes, pública y privada, eso sí, con enorme presencia de la privada, en muchos casos enmascarado el carácter segregador y discriminatorio de muchos de esos centros bajo el manto del euskera y con la generosa aportación pública que supone la concertación.
Algunos datos nos pueden ilustrar la realidad actual.
Más de 200.000 alumnos cursan sus estudios no universitarios en alguno de los casi 800 centros públicos educativos del País Vasco. Una gran mayoría inicia su andadura en el Consorcio de haurreskolak, participado por los ayuntamientos y el Gobierno vasco, aunque en el segundo ciclo de la Educación Infantil la escolarización se realiza prácticamente a partes iguales entre centros de titularidad pública y centros de titularidad privada, concertados estos en casi su totalidad. En la Educación Primaria, se escolariza un mayor porcentaje de alumnado en centros públicos (52%), situación que se invierte en la ESO (48%). En Bachillerato, la enseñanza privada sigue siendo mayoritaria, mientras que en la Formación Profesional lo es la enseñanza pública.
En la franja de enseñanza obligatoria, esto es, la Educación Primaria y la ESO, la inmensa mayoría del alumnado escolarizado en la enseñanza pública lo está en modelo D, con el euskara como lengua vehicular, en una proporción que va desde el 97% en Primaria hasta el 94% en ESO. Y es una proporción creciente, dado que este modelo ya cubre la práctica totalidad de la Educación Infantil pública. En Bachillerato, la proporción del modelo D en la red pública se mantenía todavía en el 87% este pasado curso y en la Formación Profesional este porcentaje se rebajaba notablemente hasta llegar al 43%.
El alumnado de origen extranjero representaba en 2024 el 31% del alumnado en el segundo ciclo de la Educación Infantil de titularidad pública, el 28% en Educación Primaria y el 22% en ESO. Una situación que contrasta, cada vez en mayor medida, con la de la red concertada. De hecho, el diferencial entre ambas redes se situaba ese año entre los nueve puntos de diferencia en ESO hasta los 16 puntos de diferencia en Infantil. La enseñanza pública es asimismo la que acoge en mayor medida al alumnado con necesidades educativas especiales, un 57% del mismo, y con necesidades específicas de apoyo educativo, un 63% del total.
Es claro que el alumnado más vulnerable se concentra en mayor medida en la enseñanza pública. Como consecuencia, existe en esta red un mayor número de centros de gran complejidad. En 2025, 81 centros educativos públicos tenían reconocida esta condición en la Educación Primaria, un 24% del total de esta red en esta etapa, por 11 centros de titularidad privada, un 5%. Y aunque la proporción no era tan acusada en la ESO, lógico por otra parte, dado el mayor peso de la red concertada en este tramo educativo, también eran claramente mayoritarios en este nivel los centros públicos de alta complejidad (34), un 26% del total de centros públicos, frente a los concertados que constaban con la misma condición (16), que suponían el 8% del total de centros privados concertados. Como dato añadido, aunque ya ha dejado de publicarse por parte del Gobierno, entre los primeros 55 centros con mayor nivel socioeconómico y cultural que impartían ESO en el País Vasco en el año 2019, no existía ningún centro público.
A día de hoy los problemas centrales a los que se enfrenta la enseñanza pública son la segregación escolar, con índices escandalosamente altos en el País Vasco, y el problema lingüístico, con diagnósticos y estrategias encontradas sobre la mejor manera de impulsar el euskera atendiendo a las realidades sociolingüísticas de una sociedad compleja como la vasca. Otro tema importante, que también queríamos tratar siquiera mínimamente en el dossier a la vista de nuestra historia reciente, es el de los derechos humanos en el aula y las víctimas de la violencia política. Sin perder de vista en ningún momento un problema central al que se enfrenta la enseñanza pública, esto es, la tradicional falta de sensibilidad del PNV hacia lo público, algo evidente en todos los niveles, de infantil a la universidad.
Para hablar de todo ello hemos invitado a une serie de colaboradores y colaboradoras, a quienes agradecemos vivamente su participación en el dossier. Les caracteriza a ellos y ellas su experiencia práctica de muchos años y su conocimiento del medio y si todas las miradas no son coincidentes en el diagnóstico o en las posibles soluciones, sí hay una coincidencia básica fundamental, que es la defensa de lo público como elemento cohesionador imprescindible para conseguir una sociedad más justa y solidaria.
