(Hilaria Vianeke)
El único país africano que integra el G20, el único del continente que ha logrado organizar una Copa Mundial de Fútbol y el mismo que dio al planeta una lección imperecedera de igualdad al desmantelar el apartheid de la mano de Nelson Mandela, atraviesa hoy un preocupante retroceso histórico.
Desde hace varios meses, Sudáfrica es escenario de una alarmante violencia que expulsa a machetazos a la ciudadanía africana. Se trata de una amarga paradoja: muchas de estas personas provienen de naciones que dieron su apoyo incondicional al pueblo sudafricano en sus años más oscuros de lucha comunitaria. Estos brotes xenófobos contra la población migrante negra ya se han cobrado múltiples vidas, proyectando imágenes deplorables que avergüenzan al mundo y resquebrajan el incuestionable legado de Madiba.
Gran parte de la sociedad sudafricana parece ignorar un dato demográfico crucial: de sus 63 millones de habitantes, los extranjeros —incluidos los indocumentados— apenas representan el 5%. Es decir, la raíz del desempleo masivo y la escasez de recursos no reside en la inmigración, sino en una deficiente gestión interna. Sudáfrica sufre una desigualdad obscena: el 10% más rico de la población, predominantemente blanca, concentra el 80% de la riqueza nacional.
Mientras tanto, el Banco Mundial señala que el 24% de los migrantes africanos malvive en los townships (los barrios marginales), donde se ven forzados a competir por mínimos servicios básicos con los sudafricanos más desfavorecidos. Este es el sector vulnerable que se siente abandonado por el Estado desde que Mandela dejó el poder en 1999.
Desde entonces, ninguno de los cinco jefes de Estado que han sucedido a Mandela —en su mayoría pertenecientes al Congreso Nacional Africano (CNA)— ha logrado corregir estas profundas asimetrías estructurales entre la minoría blanca y la mayoría negra. Este estancamiento social terminó por pasarle factura al CNA en las urnas: el histórico partido perdió su mayoría absoluta y se vio obligado a formar un inédito gobierno de coalición para sostener las riendas del país.
Las cifras de esta crisis son demoledoras: el desempleo general alcanza el 32% y escala hasta un alarmante 58% entre la juventud, a lo que se suma una de las tasas de criminalidad más altas del planeta. Incapaz de realizar una autocrítica interna, la población de a pie ha convertido a los inmigrantes en el chivo expiatorio de sus propios males.
Grupos xenófobos radicalizados operan bajo la consigna de «Sudáfrica para los sudafricanos», desatando una trágica guerra de pobres contra pobres que evoca los peores fantasmas de 2008, cuando las manifestaciones terminaron con el asesinato de 60 extranjeros. Entre estas organizaciones destacan el movimiento March and March, impulsado por la locutora Jacinta Ngobese Zuma, y el partido ultranacionalista Operación Dudula; ambos coinciden en exigir un blindaje fronterizo, deportaciones masivas y una política de estricta prioridad nacional.
Ante este escenario de polarización, destaca la oposición liderada por Julius Malema. Este líder, que se autodefine como panafricanista, marxista-leninista y ultranacionalista de izquierda, inició su carrera muy joven en el CNA, llegando a presidir su Liga Juvenil entre 2008 y 2012. Sin embargo, su retórica extremista y las acusaciones de sembrar la división racial provocaron su expulsión fulminante del partido.
Tras su salida, Malema capitalizó en 2013 el descontento de las clases bajas negras y fundó los Luchadores por la Libertad Económica (EFF). Bajo una estética paramilitar de boinas y camisas rojas, se posiciona como un defensor radical de Palestina, antisionista y militante por la expropiación de tierras fértiles a los blancos bóeres sin compensación, además de exigir la nacionalización de las minas de diamante y platino.
A pesar de haber sido condenado por instigar al odio racial en el pasado, la voz de Julius Malema es, actualmente, la que más se opone dentro de la oposición a los ataques xenófobos contra la población negra africana. Malema denuncia la parálisis del presidente Cyril Ramaphosa, a quien acusa de instrumentalizar el descontento social como una cortina de humo para desviar la atención de sus propios escándalos de corrupción y lavado de activos, especialmente tras el hallazgo de millonarios fajos de dinero ocultos en una de sus propiedades.
Asimismo, la administración de Ramaphosa ha fallado en dar respuesta al desabastecimiento de medicamentos para pacientes con VIH y tuberculosis, una crisis agudizada tras la retirada de los fondos de la agencia estadounidense USAID. Esta suspensión responde a las profundas tensiones diplomáticas entre el magnate Elon Musk, Donald Trump y el propio Ramaphosa. Trump llegó a recriminar públicamente al mandatario sudafricano que, al poseer una fortuna personal valorada en más de 400 millones de euros, debería ser su propio gobierno quien financie la atención de estas patologías endémicas.
Por su parte, Malema sostiene que el apartheid no ha desaparecido, sino que se ha sofisticado. Denuncia que los bóeres retienen de forma desproporcionada el control agrario, que los empleos de calidad están reservados para la población blanca o las élites negras alineadas con el poder, y que la educación de élite queda confinada a reductos de mayoría blanca como Ciudad del Cabo o Johannesburgo.
El colapso del sistema sanitario público replica este esquema segregacionista: las ambulancias asisten con prontitud a los barrios acomodados, pero ignoran sistemáticamente las emergencias en los townships. Esta precaria realidad se fractura aún más con la llegada de flujos migratorios de países vecinos empobrecidos, forzados a disputar el mismo suelo y los mismos recursos con los locales marginados. La oposición exige ahora que los líderes tradicionales, muchos de ellos alineados de forma peligrosa con las protestas ciudadanas, demanden al Ejecutivo una estrategia realista y la valentía política necesaria para afrontar las reformas estructurales pendientes.
A nivel internacional, el rechazo del continente hacia la xenofobia sudafricana se ha hecho notar con fuerza, incluso durante la participación de los Bafana Bafana (la selección sudafricana de fútbol) en los torneos internacionales. En las redes sociales y en las calles de muchos países vecinos, la reprimenda ha sido clara: buena parte de la ciudadanía africana se ha posicionado históricamente a favor de cualquier selección que juegue contra Sudáfrica.
Además, la opinión pública echa de menos que figuras clave del deporte, las artes y otros sectores de la sociedad civil sudafricana se posicionen firmemente sobre lo que ocurre en el país más al sur del continente. Mientras tanto, los gobiernos de países como Nigeria, Malaui y Mozambique, en lugar de emitir condenas diplomáticas enérgicas, se han limitado a enviar vuelos para repatriar a sus ciudadanos.
La ciudadanía africana reprocha la actitud de los líderes tradicionales sudafricanos, quienes en sus discursos justifican la situación exigiendo a las demás naciones que mejoren sus economías y sistemas educativos para dejar de emitir emigrantes hacia Sudáfrica. Con esta postura hostil, se les acusa de haber perdido definitivamente el espíritu Ubuntu africano —la filosofía del «yo soy porque nosotros somos»—, traicionando la unidad, la hermandad y el patrimonio ético de la humanidad que un día defendió Nelson Mandela.
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Hilaria Vianeke es Doctora en Admón. y Políticas Públicas por la EHU. Asesora en las Juntas Generales de Bizkaia.
