Artur Colom: Profesor de la Universitat de Barcelona
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La deuda externa de África es uno de los temas recurrentes en los debates sobre las perspectivas económicas del continente, y que también tiene sus derivadas geopolíticas. De entrada, conviene señalar que endeudarse no es en sí mismo negativo, especialmente en países en desarrollo que necesitan financiar infraestructuras y políticas con impacto a largo plazo. El problema surge cuando la capacidad de generar recursos para devolver esos préstamos es limitada y depende en exceso de factores externos no controlables. A ello se suma que muchos créditos incorporan condiciones que restringen la capacidad de decisión de los gobiernos. Además, en el caso africano la mayor parte de la deuda externa está denominada en dólares, lo que reduce el margen de maniobra y acentúa la dependencia respecto a los mercados financieros internacionales.

En este artículo se analizan tanto los factores recientes como los condicionantes más profundos que explican la recurrencia de estas crisis.

En los últimos años se ha vuelto a hablar de una nueva crisis de deuda en África. Se habla de “nueva” porque existe un precedente claro: la crisis de los años ochenta, que se profundizó durante los noventa y cuya resolución llegó a través de programas de alivio y condonación impulsados por el G7, el Banco Mundial y el FMI. Acompañados de fuertes condicionalidades, cabe añadir. A ello se sumó el incremento del precio de las materias primas entre 2000 y 2014, que alivió temporalmente las cuentas externas de muchos países africanos.

Sin embargo, la irrupción del COVID-19 en 2020 agudizó una tendencia al alza de los indicadores de endeudamiento que se venía gestando desde años anteriores en el continente. Aunque los volúmenes de deuda, la composición de los acreedores y la vulnerabilidad macroeconómica varían considerablemente entre países, la diversidad no impide identificar una tendencia común: una nueva crisis de deuda externa está en marcha y afecta de manera particularmente intensa a algunos países.

A mediados de 2025, y según las métricas del Fondo Monetario Internacional, 23 de los 54 países africanos se encontraban en situación de impago o en alto riesgo de impago. Las causas más inmediatas de esta nueva ola de endeudamiento tienen que ver, en primer lugar, con la pandemia del COVID-19, que erosionó los ingresos fiscales por la caída de la actividad, deterioró las balanzas de pagos debido al descenso de las exportaciones y obligó a aumentar el gasto social y sanitario para hacer frente a la emergencia.

En segundo lugar, el conflicto en Ucrania, iniciado en 2022, disparó los costes de la energía y los alimentos. Ese shock inflacionario llevó a una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, con subidas de tipos de interés que encarecieron el refinanciamiento de la deuda denominada en dólares. Para países que ya arrastraban vulnerabilidades externas, el impacto fue inmediato.

Por último, en los últimos años ha crecido el recurso a los mercados internacionales privados de capital. En ellos, los países africanos afrontan primas de riesgo más elevadas, lo que se traduce en tipos de interés más altos y plazos de devolución más cortos. Esta mayor presencia de acreedores privados en el endeudamiento público, además de elevar el volumen de deuda complica los procesos de reestructuración, al fragmentar las negociaciones y reducir el margen de coordinación.

El problema no se limita a los desequilibrios macroeconómicos. En muchos países africanos, la devolución de la deuda externa implica un elevado coste de oportunidad en términos de desarrollo. El servicio de la deuda (es decir, el pago de intereses y la amortización del capital) absorbe recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructuras básicas.

Según datos de diferentes organismos internacionales, incluso antes de la pandemia, más de treinta países africanos destinaban más recursos al pago de la deuda que al gasto sanitario. La comparación entre los pagos a acreedores bilaterales, multilaterales y privados y el gasto público en salud y educación muestra hasta qué punto la prioridad presupuestaria está condicionada por los compromisos financieros externos. El caso de Senegal es ilustrativo: en 2023 dedicó un 11,8% de su presupuesto al servicio de la deuda, frente a un 3,57% destinado a gasto sanitario. En este contexto, el riesgo no es solo el impago financiero, sino lo que podemos denominar un “default de desarrollo”: la imposibilidad de invertir lo suficiente en desarrollo humano y transformación productiva debido al peso de la deuda.

La arquitectura internacional de resolución del problema de la deuda que se activó con el COVID-19, el llamado “Common Framework” del G20, ha mostrado limitaciones evidentes hasta la fecha: lentitud, ausencia de obligatoriedad para acreedores privados y falta de un mecanismo multilateral vinculante. Mientras tanto, los países deudores afrontan años de incertidumbre que desalientan la necesaria inversión y dificultan la planificación de políticas de desarrollo.

Otro de los debates centrales es si estas crisis de deuda son episodios coyunturales o la expresión de un problema más profundo. La fuerte dependencia de las materias primas no solo expone a las economías africanas a la volatilidad de los precios internacionales, sino que limita de forma persistente su capacidad para generar divisas estables y ampliar su base productiva. Cuando los precios caen, se reducen los ingresos externos y reaparecen las tensiones sobre la deuda. Esta vulnerabilidad no es accidental: forma parte de una inserción internacional que dificulta la diversificación y tiende a reproducir la fragilidad financiera a lo largo del tiempo.

El problema no se agota en la estructura productiva. Otra cuestión clave es la subordinación financiera. La mayoría de los Estados africanos no pueden endeudarse en su propia moneda y dependen de financiación en dólares u otras divisas fuertes. Esta “peculiaridad” no es técnica sino jerárquica: refleja su posición periférica en el sistema monetario internacional. Cuando la Reserva Federal endurece su política monetaria, el coste del servicio de la deuda africana aumenta independientemente de las condiciones internas de cada país. El ciclo financiero global se impone como restricción externa.

En la última década se han explorado vías para reducir esta dependencia de los mercados financieros internacionales, como emisiones de deuda en moneda local y una mayor diversificación de fuentes de financiación. Entre ellas destaca China, cuya presencia ha ampliado el abanico de financiadores disponibles para los gobiernos africanos. Pese a la retórica que presenta a China como el principal responsable del endeudamiento del continente, su peso en el conjunto de la deuda externa africana ronda en torno al 11,5% del total. Eso sí, su exposición está concentrada en un número limitado de países, entre los que destacan Angola, Etiopía y Kenia. Esta concentración explica algunas situaciones particulares, pero no el trasfondo común. Más que señalar a un acreedor concreto, conviene preguntarse por las reglas del sistema financiero internacional y por el lugar que en él ocupan muchas economías africanas.

La crisis actual de deuda en África no es solo el resultado de shocks recientes, sino la expresión de vulnerabilidades estructurales: dependencia de materias primas, subordinación financiera y endeudamiento en moneda extranjera. Sin reformas profundas en la arquitectura financiera internacional y sin diversificación productiva, el riesgo de nuevos ciclos de endeudamiento sin duda persistirá.