Gonzalo Larruzea Román (Bilbao, 1955) es Licenciado en Filología Románica, Máster en Dirección y Gestión de Centros y Doctor en Didáctica y Organización Escolar. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la educación vasca en la que ha sido, en sucesivas etapas, docente, asesor, director e inspector hasta su jubilación, que no retiro. En su pasado también cuenta su experiencia como cooperante, sindicalista y actor en la política vasca. Fue uno de los principales impulsores de Zubiak Eraikiz, la Plataforma Ciudadana por la Participación y Cambio en Euskadi, promotora a su vez de una Iniciativa Legislativa Popular en 2018 para lograr una escuela inclusiva y en contra de la segregación escolar que consiguió reunir 17.030 firmas de apoyo. La primera iniciativa popular que pudo ser defendida (y rechazada) en el Parlamento vasco. Además de los artículos y entrevistas publicados en su blog personal, es autor de La autonomía de los centros escolares. Análisis y propuestas en clave de servicio público y equidad (2013), La dialéctica público-privado en la educación vasca (2016) e Inercias y sinergias en la educación vasca (2022), todas ellas publicadas por Grupo Editorial Círculo Rojo.

(Ricardo Arana)

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La Ley de Educación ha sido una oportunidad malograda para la Escuela Pública

Hace 15 o 20 años era habitual sacar pecho por la educación vasca, incluso se traían a colación referencias internacionales que alababan su modelo de éxito. ¿Por qué se ha deshinchado ese globo?

No hago investigación, que es lo que se necesita. Por tanto, lo que pueda decir son elucubraciones a partir de lo que otros están poniendo encima de la mesa. Se puede decir que el uso generalizado de las tecnologías en el aula, muy por encima de la mayoría de las autonomías, no ha reportado mejoras, antes, al contrario, ha podido jugar en contra del crecimiento. Se puede hablar también de la creciente incorporación de alumnado inmigrante, que en su mayoría trae niveles académicos más bajos, pero no es un fenómeno exclusivo nuestro. Lo que sí es nuestro es la creciente, casi abismal, diferencia de rendimiento respecto al alumnado autóctono, lo cual nos lleva de la mano a poner el foco en dos elementos cruciales: la segregación y la creciente generalización del modelo de inmersión. A mayor segregación, más se resienten los resultados del sistema. En nuestra comunidad la segregación es alta, afectando particularmente a la inmigración. Y en el tema lingüístico, frente a propuestas nacionalistas que de momento consiguen imponer su marco y que apuestan por un único modelo de inmersión para todo el sistema, van a apareciendo voces cualificadas, como Erramun Osa, Xabier Aierdi, Jon Sarasua, y otros, que hablan de la necesidad de tomarnos un tiempo para repensar las cosas. Si estas pueden ser explicaciones inmediatas, tengo para mí que nuestra crisis educativa es expresión de la crisis de nuestra sociedad vasca. Pero eso es harina de otro costal.

Tú tuviste la ocasión de conocer de cerca la gestación en abril de 2022 del Acuerdo Escolar titulado “Bases para la transformación de la educación vasca”. ¿Cuál fue su intrahistoria y cómo fue posible el hito parlamentario de que fuera aprobado por el 92% de la Cámara Vasca?

Se dieron unas circunstancias difícilmente repetibles para que se volviera a alcanzar tan alto grado de acuerdo, entre ellas la conciencia de estar ante un pacto clave para el futuro del país. También contribuyó al éxito que fuera un texto de aluvión y con importante grado de ambigüedad que permitía diferentes interpretaciones. Los acuerdos se ven si han sido buenos o malos al final de su desarrollo, no antes, porque con determinados aspectos, según quién los gestione, se puede llegar a una política o a su contraria.

El Acuerdo se interpretó con carácter instrumental. Lo importante era sacar la ley, no el cocinado lento y participativo que obligaba a seguir negociando y desarrollando cada propuesta. Se puso el carro de la ley antes de los bueyes de la transformación del sistema.

Por mi parte, tuve la suerte de tener interlocución a título personal con las cuatro fuerzas firmantes. El texto inicial que presentó Educación, al parecer, fruto de una larga negociación con Bildu, estaba lleno de retórica educativa buenista, pero contenía muy pocas concreciones. Fui incluido dentro del abanico de interlocutores que tuvo el Departamento, lo que le agradezco al anterior consejero. Ello me permitió presentarles mi propuesta de 40 puntos que trataban de concretar ese primer texto difuso. Esa propuesta también la expuse en el Parlamento. Sobre esa base se reunieron Educación y Elkarrekin Podemos para negociar, teniendo a bien ambas partes invitarme a la reunión. Fueron dos sesiones maratonianas, dejándose todo el mundo pelos en la gatera y, también, permitiendo algunas ambigüedades que posibilitaron que el Departamento y su partido y a la vez Elkarrekin Podemos llegaran a un acuerdo. Luego tanto Bildu como el PSE no pusieron obstáculos a añadir al texto inicial el resultado de aquellas negociaciones, si bien las diferencias del PSE con Bildu sobre el nivel lingüístico que debe alcanzar el alumnado al final de la ESO estuvieron a punto de dejar fuera a esta última fuerza.

¿Qué papel otorgaba a la Escuela Pública Vasca dicho acuerdo?

El Acuerdo era una oportunidad para superar el dualismo inveterado de la educación vasca hacia una posición más hegemónica de la Escuela Pública. En la formulación de los principios se repitió que la Escuela Pública era el eje vertebrador. Pero el primer texto concretaba poco. Las 40 medidas a la que me he referido, que terminaron siendo 43, contenían concreciones para haber logrado ese objetivo. Pero se ve que se estaba jugando con marcos diferentes. Una de mis propuestas era que en el plazo de 8 años la Escuela Pública alcanzara al menos el 65% de la cuota del alumnado, asemejándose a la proporción en el resto de Estado. Era una propuesta cuantitativa, pero significativa que no fue aceptada por Educación. A partir de ahí, en el desarrollo de las siguientes medidas de planificación enseguida se vio que algunas propuestas del Acuerdo iban a ser interpretadas de muy diferente manera por los firmantes.

¿Hasta qué punto la Ley 17/2023 de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca responde a lo acordado en aquel pacto de 2022 y qué ha supuesto esta Ley para la Escuela Pública Vasca?

Pese al formalismo de algunas reuniones periódicas, la gestión del Acuerdo no se llevó a cabo con la participación de los firmantes, sino que fue el Departamento de Educación quien lo gestionó. Se llegó a publicitar un cronograma sobre el desarrollo de las medidas del Acuerdo, pero Educación enseguida puso la proa hacia la aprobación de la ley, algo en lo que contó con la colaboración necesaria del PSE, en este caso por incomparecencia, y de Bildu, que creyó que iba quedar consagrado el reconocimiento del carácter público de las ikastolas en el camino hacia una única red pública vasca que dejaba fuera a Kristau Eskola. Al final, de nuevo las cuestiones lingüísticas obligaron a Bildu a votar en blanco un texto que reflejaba muchas de sus propuestas.

En conjunto, se puede decir que la Ley fue una oportunidad malograda de transformación de la estructura del sistema. Al contrario, sirvió para apuntalar aún más lo que se aspiraba a transformar. El ejemplo más revelador es el engendro pseudo jurídico del Servicio Público Vasco de Educación. Lo que se pactó era un servicio vasco de educación, sin la palabra público, con la idea de poner a cero el contador en la concertada. Se mandataba al Parlamento para que definiera qué era un centro de interés social para luego reservar la financiación a quienes cumplieran sus requisitos. Pero solo sirvió para dar pátina de pública a toda la concertada.

Euskadi es la comunidad autónoma con mayor peso de la enseñanza concertada, pero al mismo tiempo existe un discurso pro-pública que aboga por la desaparición de esta concertación y por acabar con la dualidad del sistema educativo vasco. ¿Cuál es tu posición al respecto?

Suelo decir que no somos la URSS, sino una democracia liberal y, por tanto, no es posible negar la existencia a otras opciones diferentes a la Escuela Pública. Ahora bien, una cosa es eso y otra diferente es que un país que aspira a la cohesión y a un desarrollo armónico de su sociedad debe ser capaz de poner en pie un proyecto hegemónico de Escuela Pública en el que las clases medias también se sientan a gusto y participen activamente del mismo.

Hay también otra línea de pensamiento que califica a las ikastolas como centros públicos, aunque su titularidad no lo sea. Sería la denominada “escuela comunitaria” junto a la escuela pública ¿Cómo te sitúas ante ese debate?

Aquí está el nudo gordiano de la vertebración del sistema vasco, que no quedó resuelto con la Ley. Es un tema con muchas aristas. Intentaré ser conciso. El sueño ilustrado, el de Condorcet, de un proyecto de educación universal, enseguida devino en algo mastodónticamente burocrático e inmovilista. Unas cohortes de alumnado institucionalizadas durante períodos cada vez más largos, organizados en rígidos compartimentos estancos por edades, materias y aulas concebidas como hueveras, que diría Fernández Enguita, aunque esto es común a toda la educación. Y, por otro lado, las cohortes de “servidores públicos” que buscan que su ejercicio esté más vinculado a la proximidad de casa, legítimo, que al proyecto educativo en el que se desempeñan, algo menos legítimo. El modelo estatal puro y duro no puede ser satisfactorio. Otra cosa es que, además, eso se mistifique con la poca o nula adhesión al Estado español por parte de amplios sectores. Pero eso mismo ocurriría si el Estado fuera vasco.

Por oposición a ello, las ikastolas pusieron en pie un proyecto que, al menos en sus fundamentos, es más cooperativo y participativo. Otra cosa es que no corran buenos tiempos para la “lírica” participativa, tampoco para las ikastolas. Ahora bien, ese proyecto contestatario en la dictadura con el paso de las décadas se ha hecho clasificatorio socialmente. Si mi proyecto cooperativo no acoge suficientemente alumnado pobre, alumnado inmigrante, ¿dónde queda mi pretensión de ser público?

Entre el Estado y el mercado debe haber capacidad para construir algo diferente. Y ese algo pasa por entender la educación como un bien común y, por tanto, gestionado por la sociedad, aunque regulado en sus posibles excesos por el Estado. Los países mediterráneos de tradición jacobina no lo tienen fácil. Y si hubiera un Estado vasco, no sería fácil reinventarse desde los poderes locales. Un debate irresuelto de la sociedad vasca es qué entendemos por público.

¿Cuál es tu análisis de la situación lingüística en la enseñanza vasca en general y en la Escuela Pública Vasca, en particular?

Ya me he referido a la generalización del modelo de inmersión como una posible causa, o al menos correlación, entre ese fenómeno y la bajada de los rendimientos académicos. Los límites de educar masivamente en una lengua diferente a la de casa o la del entorno van apareciendo cada vez con más claridad. La UNESCO ya ha advertido de la importancia de considerar la lengua de casa para la adquisición de los conocimientos. ¿Cómo compatibilizamos esto con una apuesta de la sociedad vasca por la revitalización del euskara por medio de la educación?

Desde luego ello no es compatible con el mantenimiento de los modelos lingüísticos, que ha sido funcional en su momento, pero que se ha convertido en un factor de segregación social y de reforzamiento de comunidades lingüísticas estancas. Pero la generalización de la inmersión puede también producir víctimas, especialmente entre quienes tiene menor capital cultural y económico. Hace poco, el euskaltzain y durante mucho tiempo responsable del Servicio de Euskara del Departamento de Educación Mikel Zalbide señalaba en Euskadi Irratia que no conoce ni un solo país que haya recuperado la lengua solo por su generalización en la enseñanza. Hasta ponía reparos al caso del hebreo.

No veo otro camino que el acuerdo, la gradualización, la consideración de las zonas sociolingüísticas, la planificación realista con diferentes plazos de cumplimiento, la aceptación proactiva de nuestra realidad, la interculturalidad, el translingüismo. Es posible ir midiendo el avance del euskara en la educación, pero no es posible apostar por que la educación de la noche a la mañana haga euskaldun completo a todo el alumnado. Más bien, las evaluaciones externas muestran que la expansión del modelo de inmersión —que es inmersión solo para una parte mayoritaria del alumnado, no se olvide—, no lleva aparejado un incremento del uso, ni del conocimiento del euskara.

¿Qué fortalezas y qué debilidades caracterizan a la Escuela Pública Vasca de hoy? ¿Está respondiendo a lo que cabría esperar de ella ante los nuevos desafíos?

Me gustaría hacer una reflexión previa: creo que la educación en su conjunto es muy funcional al sistema productivo capitalista, que libera a hombres y mujeres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la producción mientras la institución tiene un público cautivo cada vez más años, sobre todo quienes aspiran a la parte superior de la sociedad. Ese carácter funcional hace que la Escuela resista contra viento y marea en su burbuja, incluso ante una Inteligencia Artificial muy posibilitadora y amenazante a la vez. Le aquejan también otros males: es una maquinaria burocrática que se mueve conforme a sus propias inercias y se alimenta de sí misma, sigue reproduciendo desigualdades, gobiernos y empresas se la disputan, es credencialista y un largo etcétera más. Pero hoy día no tiene alternativa.

Dicho esto, hay que reconocer que, en particular, la Escuela Pública Vasca sigue siendo un escudo protector de los más débiles, como pudo comprobarse en la pandemia. Además de seguir siendo eso, creo que el futuro debe pasar por integrar más al profesorado, cuyo malestar creciente me preocupa, buscando su efecto tractor y colaborativo y haciendo que se sientan partícipes y escuchados. El Acuerdo no contempló políticas sobre el profesorado. También pasa por trabajar los niveles educativos micros y locales y por reforzar la participación comunitaria.

¿Quién representa a la Escuela Pública Vasca? ¿Tiene voz propia?

Cuando se desarrolló el Acuerdo, se llegó a plasmar una idea muy acariciada por los socialistas y que todavía no se ha desarrollado: Un Consejo de la Escuela Pública Vasca. ¿Es necesario? ¿No debería ser suficiente con que la Administración se tomara la Escuela Pública como propia? Hay que reconocer el esfuerzo de la actual Administración por impulsar y estabilizar las direcciones de los centros y por un “aggiornaniento” pedagógico, siempre de arriba abajo por lo que encuentra resistencias en muchos profesionales. Pero en cuanto a la vertebración del sistema, ha terminado imponiéndose la visión del PNV de una Administración que se eleva por encima de las redes y pretende jugar un papel arbitral entre ellas, relegando la importancia de la titularidad y subrayando que lo que importa es la calidad, no su titular. Con órgano o sin él, la Escuela Pública no tiene quien la represente y las voces de algunos de sus agentes no son lo suficientemente plurales. Y más allá de consignas ideologizadas sobre la Escuela Pública como red única, lo cierto es que la Escuela Pública no tiene quién la piense.

¿A partir del Pacto de 2022 y de la Ley 17/2023 se han dado avances en la lucha contra la segregación? ¿Qué debemos esperar del documento presentado este mes de junio, denominado Eskola Bikaina Denontzat?

Pues en lo que respecta a los índices que permiten medir los progresos, como el índice de disimilitud,¹ no parece que haya habido avances. Al menos no los había hace dos años. Educación hizo bandera del mecanismo de reparto de alumnado como la panacea en la lucha contra la segregación. Además de que la aplicación progresiva de la medida prevé un despliegue lentísimo en 14 o 15 años, ha recibido críticas de todos los sectores por la falta de transparencia con que se ha venido haciendo. En cualquier caso, se ha dado cuenta de que es una medida insuficiente si no va acompañada por un conjunto mucho más completo de medidas.

Eskola Bikaina Denontzat ha nacido con la pretensión de ser el Pacto contra la Segregación Escolar. No me gusta ser caustico por sistema, pero hay que reconocer que es un proyecto que nace débil. Por un lado, por los contenidos, porque los nueve “proyectos” que proponen no tienen el nivel de desarrollo, concreción y respuesta integral que tuvo el Pacto contra la Segregación Escolar de Cataluña con sus 30 actuaciones y sus 189 medidas. En general todas adolecen de la retórica propia de Educación poco proclive a la concreción. El segundo aspecto de debilidad es la ausencia de actores importantes de distinto signo entre los firmantes, como son STEILAS, LAB, ELA, EHIGE, Ikastolas. Habría un tercer aspecto de debilidad que tiene que ver con la credibilidad que merece este Departamento a partir de la Ley de Educación. El propio Banco Mundial, nada sospechoso de izquierdismo, reconoce que a mayor presencia de enseñanza privada hay más probabilidades de que un sistema educativo sea segregador y aquí ese aspecto no se ha querido tocar.

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