Preguntas sobre feminismo, responsabilidad y reparación

(Norma Vázquez y Oihane Zulet, Integrantes de Sortzen Consultoría)

Los debates suscitados en Errenteria en los últimos meses alrededor de distintas situaciones de violencia y comportamientos machistas son una buena oportunidad para la reflexión feminista. No para volver sobre los hechos concretos o valorar las actuaciones realizadas, sino para preguntarnos qué queremos conseguir cuando intervenimos ante una situación de violencia con una posición feminista.

Parte de la discusión ha girado en torno a la legitimidad de aquellos procedimientos feministas que se sitúan al margen del sistema penal. Desde posiciones institucionales se cuestiona que estos procedimientos puedan investigar hechos, atribuir responsabilidades o establecer consecuencias; desde el feminismo recordamos que muchas mujeres no denuncian, que otras no quieren hacerlo y que el contacto con el sistema policial y judicial puede producir nuevos daños. Ninguna mujer debería tener que denunciar penalmente para que su relato sea escuchado, recibir apoyo o encontrar una respuesta frente a la violencia. La denuncia tendría que ser una opción, no una obligación.

Pero el debate se empobrece si se reduce a quién tiene legitimidad para administrar justicia. ¿Pretendemos construir una justicia paralela? Nuestra experiencia nos lleva a formular la cuestión de otra manera: necesitamos detener el daño, proteger, escuchar, establecer responsabilidades, reparar cuando sea posible, transformar las condiciones que lo permitieron y encontrar una manera de seguir adelante. Eso exige mirar también al entorno que pudo facilitar, normalizar o sostener el daño.

Abrir procesos: ¿responsabilizar a quién y para qué?

Las feministas llevamos décadas discutiendo sobre derecho penal, castigo y violencia, sosteniendo posiciones que consideran la intervención penal una conquista frente a siglos de impunidad, pero también planteamientos críticos con el castigo y propuestas restaurativas centradas en el daño, la responsabilidad y la reparación, así como perspectivas transformativas y posiciones abolicionistas.

Todo ello forma parte de las tensiones que recorren el pensamiento feminista. Pero cuanto más nos alejamos de respuestas normativizadas y construimos procesos propios, más -y no menos- cuidado necesitamos poner en estos. Declarar su intencionalidad feminista no garantiza que toda actuación o proceso sea reparador: también podemos equivocarnos, producir daños o reproducir algunas de las lógicas que criticamos.

Tenemos una larga experiencia escuchando y acompañando a víctimas de distintas formas de violencia; mucha menos en el trabajo con quien ha ejercido una conducta machista, para que pueda reconocerla, asumir su responsabilidad y transformarla. Si afirmamos que el machismo es estructural y aprendido, debemos asumir ambas tareas.

Que sea estructural significa que la violencia no surge solo de individuos aislados: los entornos, grupos y comunidades pueden reproducirla, legitimarla, minimizarla o facilitar su repetición. Hablar de violencia estructural y, al mismo tiempo, concentrar toda la responsabilidad en un individuo es contradictorio. La comunidad debe preguntarse qué permitió, toleró o no quiso ver, y asumir un papel activo en la reparación y la no repetición.

Que el machismo sea aprendido implica reconocer que atraviesa la socialización masculina. Sin embargo, cuando construimos la figura del “monstruo” -un hombre distinto de los demás, definido por su conducta negativa- situamos el problema en este individuo y dificultamos la comprensión sobre cómo se producen y sostienen las violencias y qué debe cambiar.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué margen dejamos en estos procesos para la transformación de quien ha producido un daño? Establecer responsabilidades y consecuencias de los hechos no debiera implicar que estos determinen de manera definitiva la identidad de la persona que los realizó.

Cuando el rumor ocupa el lugar de los hechos

Los debates sobre los sucesos de Errenteria plantean otra cuestión difícil en comunidades y espacios donde las personas se conocen: ¿cómo protegemos la confidencialidad sin crear un vacío que termine siendo ocupado por el rumor?

Cuando sabemos que “algo ha ocurrido” pero no sabemos exactamente qué, se activa un mecanismo difícil de controlar: alguien conoce una parte, otra persona ha oído otra, alguien interpreta un silencio y cada cual completa lo que desconoce con sus hipótesis. La persona señalada puede acabar respondiendo socialmente no por los hechos establecidos, sino por lo que la comunidad imagina que hay detrás de lo que no se cuenta.

El rumor no puede convertirse en un mecanismo feminista de sanción. No porque la reputación de los hombres deba prevalecer sobre la protección de las mujeres -ese sería un falso dilema-, sino porque una política emancipadora no puede renunciar al rigor y la proporcionalidad. El rumor tampoco protege necesariamente a las mujeres: puede multiplicar versiones y mantenerlas durante años vinculadas a unos hechos que quizá ellas mismas querían dejar atrás.

Sabemos que las garantías procesales se utilizan a menudo para desacreditar a las mujeres o exigirles pruebas imposibles. Pero no deberíamos abandonar principios como la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el contraste o la proporcionalidad, porque no son patrimonio exclusivo del derecho penal: son límites frente al ejercicio arbitrario del poder, también cuando nuestros procedimientos tienen consecuencias importantes.

Por otro lado, intervenir en una situación de violencia implica algo más que recoger testimonios y apoyar a las víctimas, Toda intervención exige asumir responsabilidades por sus consecuencias, de ahí que los procedimientos feministas necesiten formación, metodología, funciones delimitadas, contraste, proporcionalidad, confidencialidad, supervisión y criterios claros, para no convertirlos en tribunales faltos de garantías y, por tanto, carentes de legitimidad.

Sabemos abrir procesos. ¿Sabemos habitarlos y cerrarlos?

Las feministas hemos desarrollado una creciente capacidad para romper silencios y abrir procesos de responsabilización. Pero abrir es solo el comienzo; habitar un proceso exige tiempo, energía, recursos y capacidad para sostener la incomodidad, la vulnerabilidad y el dolor. Es más sencillo acordar una medida inicial que acompañar lo que viene después.

Si pedimos a un hombre que ha cometido conductas inapropiadas o agresiones machistas que asuma compromisos de cambio, tenemos que establecer qué indicadores mostrarán que estos se han cumplido y que, por tanto, el proceso puede darse por cerrado.

Pero “cerrar” no significa olvidar, minimizar lo ocurrido ni exigir a quien sufrió el daño que perdone o se reconcilie con el perpetrador. Significa reconocer que las responsabilidades establecidas se han asumido, las medidas acordadas se han cumplido y el proceso puede terminar. La memoria y la responsabilidad permanecen; lo que no debería prolongarse indefinidamente son las consecuencias impuestas por el proceso.

Y aquí aparece otra cuestión incómoda: el tiempo también castiga. Una medida inicialmente proporcionada puede convertirse, por su duración, en exclusión permanente; un señalamiento puede seguir circulando cuando el proceso que lo originó terminó, y un rumor repetido durante años puede funcionar como una sentencia que nadie dictó y que nadie sabe cómo levantar.

No existe una receta ni una única posición feminista sobre qué hacer con los hombres que ejercen violencia machista. Por eso, si intervenimos en un caso, necesitamos procesos muy cuidados, capaces de revisar sus propios efectos y de asumir que la comunidad también tiene responsabilidades en las condiciones que hicieron posible el daño y en los procesos que se abren después.

Cuando intervenimos sobre una herida, nuestra responsabilidad debería ser contribuir a que cicatrice, no mantenerla permanentemente abierta.