Nuria Blázquez Sánchez (Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción)
________________________________________________

Las legislaturas del Parlamento Europeo duran un lustro, pero parece un siglo el tiempo que ha pasado desde que empezara la pasada legislatura de 2019. En aquellos tiempos las calles se llenaban de gente joven (y no tanto) demandando justicia climática, el partido Verde alemán conseguía el 20 % de los votos, Greta Thunberg fue la persona del año y, en general, las políticas ambientales y climáticas tenían apoyo social y político.

Este ambiente propició que la conservadora presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, acabara presentando, con gran emoción, el Pacto Verde Europeo. Este paquete legislativo, con todas sus carencias, es el más ambicioso en la historia de la Unión Europea en lo que a medio ambiente y clima se refiere. El Pacto incluyó políticas como el Objetivo 55, para reducir un 55 % de las emisiones en 2030; la Ley de Restauración de la Naturaleza; o el Plan de Contaminación Cero, que pretende conseguir un aire limpio, agua sin contaminación química y una importante reducción de residuos tóxicos en general, entre otras muchas.

La presentación del plan coincidió con la COP de Madrid, donde solo cinco días antes se habían batido marcas de asistencia a una Marcha por el Clima. El lema era “El mundo despertó ante la emergencia climática” y, en ella, miles de personas se quejaban de la inacción política ante la evidencia de la crisis climática. El anuncio de la Comisión no era suficiente para paliar la crisis ecológica, pero sí era un buen punto de inicio, y el momento de presentación situaba a la UE como ejemplo a seguir a escala internacional.

Las cosas cambiaron mucho en 2020, con la pandemia de coronavirus, que quitó el foco del clima. Aun así, el Pacto Verde continuó su andadura. Pero, sin duda, el gran mazazo al compromiso ambiental llegó tras la invasión rusa de Ucrania.

El sector primario fue uno de los más afectados por las medidas tomadas por la UE tras la invasión de Ucrania, como la subida de los precios de los fertilizantes o la de los combustibles. Al mismo tiempo, la importación sin aranceles de cereal ucraniano hacía bajar los precios de estas materias primas. Este descontento se unía a anteriores demandas del sector, como la dependencia de las subvenciones y la gran cantidad de burocracia que supone su relación con la UE.

La ultraderecha capitalizó el descontento emergente en el sector primario, señalando como responsable de la crisis a las políticas verdes de la UE, criticando el Pacto Verde, las normativas sobre pesticidas o transición energética y abogando por reducir la burocracia. Estos partidos apoyaron e incluso auspiciaron las protestas agrícolas, que se materializaron en grandes tractoradas en la mayoría de las capitales comunitarias durante los primeros meses de 2024, pocos meses antes de la cita electoral europea.

Y, en cinco años, el olvido que todo destruye mató la ilusión por la lucha climática y ambiental. Los partidos conservadores dieron un giro inaudito, llegando a criticar el Pacto Verde, una propuesta que habían defendido e incluso liderado desde sus partidos.

Este apoyo político antiambiental estaba sustentado por una base social, y esto se acabó materializando en las urnas. En mayo de 2024, los resultados de las elecciones europeas dieron un 26 % de los votos a partidos de ultraderecha y un 52 % a la derecha más tradicional, ahora radicalizada y en gran parte antiambiental.

El cambio de rumbo se vio rápido: desde junio de 2024 empezaron con una política de lo que han llamado simplificación o eliminación de la burocracia, pero que en realidad es un enorme ejercicio de desmantelamiento de políticas ambientales, a menudo ligado a intereses empresariales.

La aprobación de directivas y reglamentos europeos lleva años, en los que se consulta a la sociedad civil, se negocia cada coma en comisiones parlamentarias y después se renegocia cada punto entre Parlamento, Comisión y Consejo. Sin embargo, el desmantelamiento de estas políticas se está realizando por un procedimiento exprés, mediante paquetes ómnibus, o leyes que enmiendan o modifican múltiples actos legislativos de manera rápida.

Con la excusa de reducir el papeleo, la Comisión Europea ya ha eliminado los requisitos ambientales de la PAC, ha pospuesto la implementación de la regulación contra la deforestación importada o ha eximido a muchas corporaciones de obligaciones de transparencia en materia ambiental.

Así las cosas, en el sexto aniversario de la presentación del Pacto Verde, en diciembre de 2025, lo que hubo fue una concatenación de presentaciones de propuestas de leyes ómnibus, con propuestas para deshacer compromisos tan importantes e icónicos como el del abandono del vehículo de combustión interna para 2035; para posibilitar evaluaciones de impacto ambiental exprés, que obviamente van a ofrecer menos garantías; o facilitar la persistencia del glifosato sin evaluaciones periódicas.

Lo peor es que esta ola de desmantelamiento no pretende solo desmontar el Pacto Verde: quieren ir más allá y atacar a la Directiva Marco del Agua, de la que depende que tengamos agua limpia para beber, y a las principales leyes que protegen nuestras especies y ecosistemas: las Directivas Aves y Hábitats.

Pero quizá sea justo aquí, en la lucha por las leyes básicas sobre naturaleza, donde tengamos nuestra oportunidad. Porque no es tan sencillo desmontar leyes consolidadas. Así lo muestra la oposición creciente que se está mostrando ante cualquier cambio en la Directiva Marco del Agua. En este caso, la comisaria de Medio Ambiente, la sueca Jessika Roswall, había dejado claro previamente que la industria minera mostraba dificultades para obtener permisos para ejercer su actividad dentro de la Unión Europea, causadas, según la industria, por las restricciones que impone la Directiva Marco del Agua. Sin embargo, la primera de las consultas para introducir cambios en la directiva ha mostrado una fuerte oposición popular, con más de 3.000 respuestas de la ciudadanía, pero también de gobiernos, industrias que dependen de la calidad del agua y, por supuesto, organizaciones ambientales.

Esta primera respuesta es una barrera para una comisaria que no estaba preparada para obstáculos en el camino. Roswall llegó a la Comisión Europea sin experiencia previa alguna en gestión ambiental y con mucha influencia del entorno sueco, con una importante industria minera que sus gobiernos han querido potenciar. Probablemente no conocía con suficiente profundidad el contexto de otros países y regiones, como el Estado español, donde hemos sufrido las consecuencias de las actuaciones mineras, pero no poseemos una fuerte industria minera propia.

Esto se une a las dificultades que están encontrando las corrientes defensoras de las energías fósiles debido al shock provocado por la guerra contra Irán, que ya ha hecho subir notablemente los precios de los fertilizantes y combustibles y podría llegar a provocar problemas de entregas y abastecimiento.

Estos ejemplos, así como recordar las movilizaciones de 2019, deben servir a la sociedad civil como aliento. No está todo perdido. Las políticas ambientales son necesarias para la vida, incluso para el mantenimiento de la economía, y hay una gran parte de la sociedad que lo sabe. Debemos hacer uso de todas las herramientas de movilización a nuestro alcance y, lejos de permitir retrocesos, exigir esas políticas necesarias para garantizar una buena calidad de vida a nuestras hijas y nietas.