Urkullu busca la bandera de la reforma del Estatuto pero tropieza con el fantasma de la crisis y del colapso económico

Galde 36 – primavera/2022. Alberto Surio.-

La reforma del Estatuto de Gernika se ha convertido en la eterna asignatura pendiente del autogobierno vasco y amenaza con enquistarse como si fuera la piedra de Sísifo que vuelve a caer por la pendiente de la montaña cada vez que llega a la cumbre. El lehendakari Iñigo Urkullu ha pedido a los partidos vascos que exploren la posibilidad de actualizar el autogobierno con el mayor consenso posible. Urkullu sabe que el actual Estatuto, el único que no se ha reformado del Estado español, está en la fase final si se procede a cumplir el calendario tasado de las transferencias pendientes. Tras los traspasos de las Instituciones Penitenciarias y del Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno Vasco se dispone ahora a abrir la compleja batalla de la reivindicación de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Un capítulo que se antoja largo, duro y difícil.

Urkullu necesita un marco, un mantra, un relato que le proporcione cierta épica en su probable pretensión de repetir como candidato a la reelección. Los jeltzales aún no han tomado una decisión pero es evidente que una disposición favorable a repetir condiciona por completo al PNV a la hora de concurrir, en lo que sería su cuarta legislatura, con una candidatura de estabilidad, que le granjea el apoyo de sectores no nacionalistas del PP y del PSE, que le permiten tener un anclaje en la centralidad de la sociedad vasca. Es decir, el lehendakari se envuelve en la bandera de una reforma realista y viable del ordenamiento estatutario, algo que pueda ser metabolizado por la política española, en donde la resaca de nacionalismo español que supone la llegada de Vox y los alargados efectos del procés soberanista catalán reducen el campo de maniobra de Pedro Sánchez a la hora de reabrir el debate del melón territorial de la España autonómica.

Desde el PNV se observa este movimiento con extrema cautela. La formación que lidera Andoni Ortuzar está convencida de que no es el momento para abrir una discusión de fondo que ponga sobre la mesa un debate sin complejos sobre la naturaleza confederal del Estado español. Es decir, que lleve la demanda del derecho a decidir y reactive la espinosa discusión doctrinal sobre la soberanía. «No hay agua en la piscina», insisten en el Euskadi Buru Batzar, convencidos de que no hay condiciones sociales ni políticas para abordar el asunto.

El efecto de la pandemia ha trastocado por completo el eje de las prioridades y ha colocado en el epicentro de la discusión el debate social frente a una deriva identitaria que ha perdido fuelle ante esa realidad multinacional y de cogobernanza. Por si fuera poco, la guerra de Ucrania introduce una nueva e inesperada variable que va a rebajar a la fuerza la pulsión soberanista. Europa no puede permitirse el lujo de un frente sur alterado que rompa los equilibrios frágiles de la frontera meridional. El PNV ha entendido el mensaje de Bruselas, a pesar de que quiere incentivar un debate sobre la necesidad de abordar a medio y largo plazo una directiva de claridad que trasplante a la UE el modelo de la doble ecuación principio de legalidad-principio democrático, que es la base de la solución dibujada para Quebec en el seno de Canadá. Es decir, si existe una mayoría clara en un determinado territorio de la Unión Europea a favor de la secesión, el PNV pide que se arbitren mecanismos de consulta democrática para que se lleve a cabo una pregunta clara, que con un resultado claro, active un proceso de negociación que no se equipare al derecho unilateral de secesión.

Pero no es el momento. La pandemia dejó fuera de juego la estrategia defendida por los sectores más soberanistas del PNV, que ven que el tándem Urkullu-Ortuzar ha situado al nacionalismo institucional lejos de cualquier aventura rupturista. El PNV sacó en su momento una lección clara de la experiencia de Juan José Ibarretxe, que le llevó a perder el poder después y a distanciarse de sectores económicos. Ahora, esos puentes se han reestablecido y lo que se vislumbra en el horizonte es un duelo entre jeltzales y EH Bildu para liderar el nacionalismo en Euskadi. Los peneuvistas se envuelven en la bandera del realismo y de la gestión y esgrimen el estandarte de la ‘seriedad’ frente a la estrategia de EH Bildu.

Hay dos factores que emergen en el horizonte y que serán definitorios. El primero es el conflicto soberanista de Escocia, en donde el SNP, el Partido Nacional Escocés, gobernante, ha manifestado su voluntad de llevar a cabo un referéndum sobre la independencia en 2023, Se trata de un anuncio que las autoridades del Reino Unido no tienen en consideración porque no tienen ninguna voluntad de acordar una nueva fecha sobre esa consulta independentista. Pero la llegada de la guerra también ha complicado la estrategia soberanista al permitir que afloren discrepancias sobre la oportunidad de convocar un nuevo referéndum en un contexto de guerra en el corazón de Europa y ante un desafío sin precedentes a las democracias liberales occidentales.

El segundo ingrediente que debe analizarse en este contexto es el empuje de los movimientos ultranacionalistas de extrema derecha, que cuestionan a las democracias liberales europeas, que ven en la ‘euroburocracia’ la fuente de todos los males, que se envuelven en la bandera del populismo extremista y soberanista y que ahora se ponen de perfil ante la agresión de Vladimir Putin a pesar de los evidente coqueteos que han tenido durante años con el máximo responsable de la autocracia rusa.

El colapso catalán. El otro frente abierto es el de Cataluña, en donde el colapso del procés independentista y el aumento del rechazo a la secesión detectado en los últimos sondeos han planteado un nuevo escenario de evidentes consecuencias. El nacionalismo vasco mira con interés la evolución de Cataluña, sobre todo porque intuye una tendencia acelerada hacia el desgaste social en el seno del independentismo, muy elocuente con la fractura estratégica que se libra en su seno entre ERC y Junts. De hecho, el entendimiento entre Esquerra y EH Bildu coloca la defensa de la vía unilateral hacia la ruptura del marco jurídico en una posición incómoda en Euskadi, con un único aliado, que a la vez resulta muy poderoso. El sindicato ELA, embarcado en una dinámica abierta de confrontación social y política, que en este momento recoge la tradición rupturista de la que hizo gala, con enormes contradicciones, la izquierda abertzale al inicio de la Transición, eso sí, con la diferencia de que entonces estaba el siniestro concurso de ETA en la recámara para quebrar los mecanismos democráticos de decisión.