Itziar Guerendain*, defendiendo la RBI en el Parlamento Vasco.

Komm, Komm,
Grundeinkommen(1) «Ven, ven, Renta Básica»

Galde 37, ura 2022 verano. Stijn Callens.-

El 5 de mayo de 2022 se pronunció en el centro del hemiciclo del Parlamento Vasco un discurso de 15 minutos en defensa de la implantación de una Renta

Básica Incondicional (RBI) en Euskadi. El discurso impactó tanto por su contenido como su tono: una voz serena e imperturbable exponiendo una argumentación clara y consistente a favor de una renta individual, universal e incondicional pagada por la Administración pública a todas las personas residentes en la CAPV, y que tuviera el carácter de un derecho básico similar al que se atribuye a la educación y sanidad públicas. Fue el punto de culminación de una Iniciativa Legislativa Popular cuya tramitación comenzó en marzo 2021.

Resultó que Elkarrekin-Podemos y EH Bildu votaron a favor de la tramitación parlamentaria de la propuesta. No suficiente para que el proceso siguiera adelante (EAJPNV, PSE-EE, PP + Ciudadanos y Vox votaron en contra de la iniciativa con una argumentación basada en la defensa de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como «modelo de éxito» y del empleo como principal herramienta de inclusión) pero sí para poder sacar la conclusión que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) había facilitado que la izquierda vasca se posicionara claramente a favor de la RBI como proyecto social y político a desarrollar en los próximos años.

Como suele ocurrir cuando proyectos de cierta envergadura terminan, se siente la necesidad de hacer un «balance» que reconozca las limitaciones pero también los éxitos que de ella han podido derivarse: la concienciación de la población, la demostración del apoyo en la sociedad así como la clarificación de la posición de quienes juegan un papel en el terreno político y social.

El contexto no necesariamente jugó del todo a favor. A pesar de que la Comisión Promotora presumió tener el viento en popa por los efectos socio-económicos provocados por la crisis del COVID, eso no acabó siendo realmente así. Poco a poco la pandemia se recondujo a la categoría de mera «emergencia sanitaria» con efectos transitorios y las autoridades lograron mantener viva la perspectiva de una recuperación económica no muy lejana en el tiempo. Además, las medidas que se tomaron para paliar los efectos socio-económicos de la crisis resultaron suficientes para «disimular» los fallos estructurales del vigente sistema de protección social.

Por muy «mala» que haya sido la gestión del Ingreso Mínimo Vital en un primer momento, con el tiempo primó la expectativa que dicha nueva prestación -junto a una RGI «reformada»– fuera a fortalecer el sistema de protección social vasca. De hecho, este argumento fue la principal «excusa» que esgrimieron los partidos políticos gobernantes para no admitir a trámite la proposición de ley incorporada a la ILP.

Plantear una ILP no está exento de riesgos. En ocasiones la iniciativa puede resultar «contra-productiva» en la medida en que lo único que se consigue es mostrar la falta de apoyo.

En este sentido, creo que la comisión promotora de la ILP por una RBI en Euskadi ha mostrado una disposición admirable para asumir riesgos, especialmente tomando en cuenta su forma particular de plantear la iniciativa.

Resulta aclarador hacer una comparativa con la ILP por una Carta de Derechos Sociales (entre otros, el derecho a una «renta básica») que se llevó a cabo a finales de los años 90. En aquel caso, el texto articulado de la ILP fue fruto de un trabajo previo realizado entre un número de movimientos y organizaciones sociales lo cual aseguró de antemano un apoyo suficiente para que la iniciativa en ningún caso «fracasara».

En esta ocasión el trabajo con los movimientos y organizaciones sociales se desarrolló a posteriori, lo que pudo afectar a la capacidad de incidencia y alcance de la iniciativa.

En cualquier caso se logró una adhesión de más de 80 organizaciones sociales y se vislumbró un reto interesante: fortalecer un trabajo en red que permita que la RBI sea leída desde distintas perspectivas y movimientos (feminismo, antirracismo, ecologismo, etc.) como un proyecto a incorporar en sus respectivas agendas a corto y medio plazo.

Ahora bien, no se podía esperar que el apoyo brindado por ESK fuera a extenderse rápidamente a todo el mundo sindical. Dicho esto, se valoró muy positivamente la reivindicación de la RBI por parte de UGT así como el hecho que el resto de las fuerzas sindicales ya tienen el debate sobre ella en sus filas. En cualquier caso, todo indica que las organizaciones sindicales no van a poder eludir dicho debate por mucho más tiempo.

En cuanto a los medios de comunicación «convencionales», sabiendo que en su gran mayoría están en manos de bloques ideológicamente contrarios a la RBI, era bastante previsible que los mismos iban a utilizar su arma más temible: ignorar la iniciativa. A pesar de todo ello, la ilusión de «meter» la RBI en la agenda pública prevalecía sobre cualquier otra consideración.

Puede que, objetivamente hablando, 22.075 firmas no sean «muchas» pero, esta cifra tiene que leerse en un determinado «contexto»: por una parte, las circunstancias bastante adversas en las cuales tuvo que llevarse a cabo la recogida de firmas (me refiero a las restricciones impuestas por la pandemia) y, por otra, el hecho de no haber podido contar con un equipo de trabajo muy amplio.

No cabe duda de que por estos dos motivos no se alcanzó el potencial de apoyo para la ILP que existe realmente en la sociedad vasca.

Ahora bien, el mayor éxito de la ILP ha sido sin duda que dos partidos políticos que juntos representan a un tercio del electorado vasco se han pronunciado a favor de la tramitación del texto articulado de la ILP. Aunque no puede negarse que dicho «voto» a favor de la ILP admite un margen de interpretación, es difícil evitar la conclusión que la RBI ha «llegado» al Parlamento Vasco para quedarse. En otras palabras, gracias a la ILP la RBI ha dejado de ser un mero modelo «académico» para convertirse en un proyecto político tan respetable como cualquier otro que pretende mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la ciudadanía.

Dicho esto, podemos preguntarnos si la ILP llegó en el mejor momento. ¿La sociedad vasca estaba suficientemente preparada para ella?

La verdad es que la sociedad y la política vasca necesitaban un «empujón» en esta dirección y eso es lo que la ILP les ha dado. Gracias a ella la situación ha cambiado significativamente para la defensa de la RBI. Ahora bien, los «resultados» de la ILP no pueden interpretarse de forma «estática», es decir, no cabe duda de que se requieren nuevos esfuerzos -y muchos para rentabilizar los mismos.

Para que la RBI coja más fuerza como proyecto social y político hace falta que se siga trabajando duramente en la superación de las «resistencias» culturales e ideológicas, en particular, el «empleo-centrismo» (o, dicho de forma más radical, el «trabajismo»). Al mismo tiempo es imprescindible hacer todo lo posible para «conectar» la RBI con los intereses y aspiraciones de amplios grupos sociales («mujeres», «personas empleadas», «jóvenes», «pensionistas», etc.).

La relación entre la RBI y la erradicación de la pobreza ha quedado muy clara como mensaje, pero el vínculo de la misma con otros problemas sociales y políticos igualmente apremiantes quizás no tanto.

Además, existe otro frente abierto: la perversión neoliberal de la propia idea de una RBI que hace que para una parte de las fuerzas izquierdistas la misma se convierta en un auténtico caballo de Troya.

Finalmente, cabe también destacar el papel de «Europa».

A menudo se defiende la tesis que la implantación de una RBI en Euskadi requiere la «bendición» de la Unión Europa. Viendo los resultados de la Iniciativa Ciudadana Europea a favor del establecimiento de una RBI en todos los estados miembros, nos podrían entrar ciertas dudas acerca de esa posibilidad a corto o medio plazo. Después de un periodo de 21 meses de recogida de firmas –iniciado el 25 de septiembre de 2020 y con fecha prevista de cierre el 25 de junio de 2022se habrá logrado más o menos el 25% de la meta global (un millón de firmas).
Dicho esto, los resultados por estado miembro son bastante dispares y no parecen obedecer a una «lógica» clara. Entre los estados miembros que alcanzan en gran medida su «cuota» figuran Eslovenia (119,20 %), Italia (111,32 %), España (102,86 %) y Alemania (93,59 %). En la «cola» andan Malta (2,15 %), Polonia (4,46 %), Luxemburgo (4,49 %), Chequia (4,49 %), Chipre (4,99 %), Eslovaquia (5,51 %), Rumania (9 %), Dinamarca (11,27 %), Bélgica (11,52 %), Croacia (13,66 %) y Irlanda (16,78 %). El resto de los países de la UE presentan valores entre 21,67 % (Francia) y 69,80 % (Letonia).

Un análisis pormenorizado de esos datos permitiría situar la ILP llevada a cabo en Euskadi en una perspectiva más amplia y quizás también algo más «realista».

El trabajo para que la RBI sea una realidad, es aun largo, no menor que lo que ha exigido la conquista de otros derechos. Para llevarlo a cabo hace falta una buena estructura organizativa que, basándose en objetivos claros, continúe de un modo u otro la labor realizada por la comisión promotora de la ILP. Está claro que hemos entrado en una nueva fase de la lucha por una sociedad vasca más justa, igualitaria y libre.

Stijn Callens. Argilan–ESK y Gipuzkoako SOS Arrazakeria.

Notas:

(1) Parte del título de un documental dirigido por el economista austriaco Christian Tod (Fecha de estreno: 5 de mayo de 2017). Traducción literal: «Ven, ven, Renta Básica».

*Itziar Guerendain, de la promotora de la RBI en Euskadi.