Galde 36 – primavera/2022. Antonio Antón.-
El día 3 de febrero se convalidó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley firmado por el Ejecutivo el pasado 28 de diciembre sobre la reforma laboral, aprobado tras la prolongada negociación y el acuerdo tripartito entre el Gobierno, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme).
Un avance significativo
Esta reforma laboral, aunque limitada, es un avance significativo (no cosmético) para los derechos laborales. Sus medidas se pueden clasificar en tres campos. 1) Mejora las relaciones contractuales de las representaciones sindicales en la negociación colectiva con beneficios para la gente trabajadora y menor subordinación al poder empresarial, particularmente en las pymes: ultraactividad del convenio colectivo, convenios sectoriales para evitar la mayor indefensión respecto de la devaluación salarial en las empresas, mayor capacidad e influencia de la representación sindical… 2) Avance en los derechos y condiciones sociolaborales, particularmente en los sectores más vulnerables ante la contratación precaria (jóvenes, mujeres…) con reducción de la temporalidad e incremento de la inspección de trabajo. 3) Mejor regulación de la flexibilidad interna -ERTES- para frenar la externa -despidos- y evitar la destrucción de tejido productivo y mayor desempleo.
Ninguna medida tiene un carácter regresivo para la gente trabajadora, a diferencia de prácticamente todas las reformas laborales en estas cuatro décadas y, especialmente, la de 2012 del Gobierno del Partido Popular y las otras tres grandes reformas estructurales.
Por tanto, la valoración sustantiva debe ser positiva: es una mejora para la mayoría popular y sus derechos laborales y sindicales. Tras una década de conflictos sociales, negociación tripartita y reequilibrios políticos e institucionales es lo que ha dado de sí, con la percepción realista de los factores estructurales, relacionales y sociohistóricos que posibilitan la orientación y la dimensión de este cambio.
Está claro que esta norma, desde el punto de vista del cambio de progreso, se ha dejado cosas en el tintero incluido aspectos recogidos en el acuerdo de coalición, que ya había desechado derogar algunos puntos lesivos como las causas y condiciones del despido, y que ya no aparecía en el programa de Gobierno apoyado por los socios de investidura. Pero lo que se convalida es un paso positivo, no se legitima el conjunto de la situación del mercado de trabajo y de la normativa laboral. Habrá que abordarlos en otra fase en la que se mejore la correlación de fuerzas progresistas, también en el seno del Gobierno y con la presión cívica y sindical para promover reformas más ambiciosas.
Al borde del precipicio, recomponer la unidad progresista
La decisión gubernamental, impuesta por el Partido Socialista, de infravalorar una negociación política paralela para asegurar una votación parlamentaria favorable y suficiente y relegarla para el final, con el condicionamiento ya plasmado del acuerdo social, tenía varias deficiencias: sobrevaloraba la capacidad persuasiva de su bondad como avance social consensuado con la patronal y los sindicatos, destacaba el propio protagonismo gubernamental en todo el proceso y sus efectos legitimadores y desconsideraba los equilibrios políticos y de impacto político-electoral de los distintos actores, en particular de PNV y ERC. Su opción implícita era la de reconstruir la operación centrista, avalada por la propia patronal y la Unión Europea, con sus correspondientes efectos simbólicos y políticos, en particular incrementar la deseada autonomía socialista respecto de los grupos nacionalistas (y UP).
Se ha comprobado la importancia de la agenda social y que el proceso de articulación de los acuerdos políticos es más complejo y precisa, aparte de la firmeza en la política social y laboral como respuesta a los graves problemas de la sociedad, de un horizonte más claro y compartido respecto de la plurinacionalidad y un avance federal/confederal.
La votación sobre la reforma laboral ha expresado una relación de fuerzas parlamentarias minoritaria para las fuerzas favorables a su aprobación, salvada por el error de un diputado del PP. Frente a las expectativas optimistas se ha constatado una cruda realidad: la fragilidad de los apoyos gubernamentales.
A punto ha podido terminar en fracaso. La legitimidad cívica y del acuerdo social tripartito no han permitido al Gobierno conseguir los apoyos imprescindibles para su convalidación y no ha sido capaz de conformar una mayoría parlamentaria segura, decisiva para su operatividad. La suerte ha salvado la derrota y, afortunadamente, para la población trabajadora, el Gobierno de coalición y las fuerzas progresistas se puede celebrar la superación de esa adversidad que sitúa esta nueva etapa más esperanzadora.
Pero la enseñanza es que no se puede repetir el bordear el precipicio a expensas de la diosa Fortuna; hay que aprender de estos acontecimientos para ajustar la estrategia. Hay que seguir construyendo con tiempo y suficiencia una mayoría social y política que avale e impulse este compromiso reformador de progreso, particularmente en sus momentos clave, como esta reforma laboral o los pasados Presupuestos Generales.
La cuestión para responder es, partiendo de esa fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, ¿cuáles han sido los errores analíticos de la relación de fuerzas con la inadecuación estratégica en el Gobierno y las fuerzas progresistas y los grupos nacionalistas que habrían abocado a una derrota importante, sin la fortuna del error del diputado del PP?
En primer lugar, la creencia en la suficiencia del acuerdo tripartito, del Ejecutivo con los agentes sociales y económicos, con la legitimidad de un significativo avance social.
En segundo lugar, ha sido evidente el desencuentro con los socios nacionalistas, sin capacidad mutua para recomponerlo.
Estos grupos nacionalistas (y algunos sectores radicales) infravaloraban que a una reforma más ambiciosa se le oponía más del 80% del Parlamento (incluido el PSOE), por no hablar del poder económico y empresarial, los poderes fácticos, institucionales y mediáticos correspondientes y las instituciones europeas.
Dada esa relación de fuerzas, el avance limitado de la reforma laboral aprobada refleja el techo posible más alto, al menos a corto plazo, lo que no quita para mantener el objetivo transformador y la dinámica sociopolítica por un modelo sociolaboral más avanzado, conformando las fuerzas sociales para ello, así como porfiar en medidas progresivas complementarias.
En tercer lugar, lo evidente ha sido que la derrota parlamentaria (escenificada en medio minuto y de haber evitado el error del diputado del PP) suponía la ventaja y prepotencia para las derechas, el fiasco para el Gobierno y, sobre todo, el cierre del (limitado) avance social progresivo con perjuicio para amplios sectores de la población trabajadora, especialmente precarizada; o sea, no habría una oportunidad de salida por la izquierda.
En cuarto lugar, debía combinarse la legitimidad cívica y del acuerdo tripartito con la legitimidad parlamentaria, cosa difícil de conjugar pero imprescindible, especialmente, cuando el Ejecutivo no tenía las garantías de una mayoría legislativa y ésta era imperativa y una necesidad ineludible como se ha demostrado.
Ligado a la propia debilidad parlamentaria, otro error gubernamental ha sido el optimismo sobre el posible apoyo de los socios nacionalistas (principalmente PNV y ERC), al menos para la abstención. Dicho de otra manera, se ha mantenido un tacticismo inmediatista o una indeterminación estratégica y de alianzas, con expectativas de consensos centristas, que dificultaban la articulación de intereses comunes progresistas. Es la tarea pendiente: garantizar un proyecto reformador unitario en el doble ámbito, social y territorial.
Antonio Antón
Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
