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La soberanía alimentaria, un concepto a debate

Autor 10 abril 2015 por inaki

Eduardo Malagón, (Galde 09, invierno 2015). Durante las últimas décadas, el proceso de globalización económica ha generado profundos cambios en el sistema agroalimentario internacional, cambios que han estado caracterizados por un control creciente de las cadenas de valor, de distribución y del comercio mundial de alimentos por parte de las grandes corporaciones de la industria y de la distribución agroalimentaria. De forma paralela, las fuerzas de la globalización y de la modernización han acelerado la desaparición progresiva de los pequeños productores y productoras agrarios del tejido productivo rural de muchos países, mientras que los desequilibrios económicos, sociales y medioambientales se agudizaban. Las hambrunas, la volatilidad de los precios, la distribución desigual de la tierra, el “land-grabbing”, la pobreza rural, la marginación de las mujeres rurales,  las migraciones, la contaminación del suelo y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, la dependencia de los combustibles fósiles, el acceso a las semillas y la extensión de los cultivos transgénicos, etc. son algunas de las expresiones de esas tensiones crecientes.

En este contexto, surge el concepto de Soberanía Alimentaria (SA), como paradigma de respuesta y de resistencia a las consecuencias de la globalización neoliberal sobre la alimentación y la agricultura. La SA fue acuñada con el fin de que se reconocieran las dimensiones política y de poder económico inherentes al debate sobre la alimentación y la agricultura, adoptando una posición proactiva identificando esas cuestiones. El término fue utilizado por primera vez en 1996 por la coordinadora mundial de campesinos y campesinas Vía Campesina (que ha sido la impulsora de su extensión). En su declaración de Roma, la Vía Campesina establecía los principios de la SA: se reclamaba el derecho al alimento como un derecho humano básico, que todos los países deberían garantizar a la vez que se les reconocía el derecho a proteger a su sector primario. Para poder garantizar ese derecho y el derecho de los agricultores a producir alimentos “sanos, nutritivos y culturalmente apropiados”, se tornaban vitales aspectos como el acceso a la tierra, la protección de los recursos naturales, la reorganización del comercio y la gobernanza y el control democrático. En resumen, se afirmaba que la seguridad alimentaria (esto es, la garantía de acceso al alimento) a largo plazo estaría en manos de aquellos que producen alimentos y cuidan del medio ambiente.

El alumbramiento de la SA reflejaba que, para muchos movimientos sociales, campesinos y de otra índole, el crédito de los planteamientos basados en la seguridad alimentaria para la resolución de los problemas globales relacionados la alimentación estaba agotado. Desde que fuera utilizada por primera vez a principios de la década de los setenta, la seguridad alimentaria, definida como “una situación que existe cuando todas las personas, durante todo el tiempo, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades de dieta y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable” 1[1], había sido el objetivo o principio orientador de las políticas públicas contra el hambre. Sin embargo, este objetivo se tradujo en una praxis orientada, bajo el impulso de gobiernos y corporaciones, en la maximización de la producción y la liberalización del comercio de alimentos. Las devastadoras consecuencias de estas políticas y de las importaciones en condiciones de dumping sobre los sistemas agrarios de muchos países en desarrollo motivó la respuesta de los movimientos campesinos, que veían en esa aplicación del principio de seguridad alimentaria restringida a los términos del acceso no hacía sino agravar las injusticias y desigualdades inherentes al sistema.

SinCampesino

Desde 1996, el desarrollo posterior del concepto de SA se ha ido nutriendo de las aportaciones de nuevos agentes que han ido engrosando una red de acción política que incorpora una agenda de transformación del sistema agroalimentario global. Ese proceso tuvo su cumbre con la celebración del Foro de Nyeleni (Mali) de 2007, donde participaron más de quinientos representantes de ONGs y movimientos sociales, además de la Vía Campesina. En Nyeleni se reconocieron los vínculos entre los alimentos y la cultura local, y abrió la discusión y la agenda a aspectos no solo vinculados a la producción, sino también al consumo y la distribución.

A partir de Nyeleni, la SA se ha incorporado plenamente  al acervo político internacional sobre alimentación y la agricultura, incluida la propia FAO. Pero las aspiraciones de los defensores más ortodoxos de la SA no se colman con una agenda reformista, sino que pretenden una superación del sistema actual bajo un nuevo paradigma, un nuevo modelo para una “modernidad alternativa” 2[2]. Este paradigma abogaría por una democratización del sistema agroalimentario global, que sería además reconstruido sobre unas relaciones de género igualitarias y bajo sistemas de producción agroecológica orientados hacia los mercados locales. En este intento de cambiar la agenda política, los defensores de la SA han alcanzado durante los últimos años notables éxitos parciales al conseguir que se incluyera como principio en las Constituciones de países como Bolivia y Ecuador. Sin embargo, en Ecuador el gobierno de Correa diluyó prontamente su aplicación con leyes y actuaciones que respondieron  a intereses económicos muy alejados de los principios de la SA. Pero, fuera del ámbito político, también tienen lugar movimientos “aguas abajo” que evidencian cambios relevantes en los hábitos de consumo y producción bajo la inspiración de principios muy cercanos a la SA.  En este sentido, la proliferación de iniciativas en los países desarrollados dirigidas la creación de canales de cortos de comercialización, incluso en los propios EEUU (como reconoce el propio Departamento de Agricultura) 3[3], evidencian que las demandas de los consumidores y las estrategias de adaptación de los productores están tejiendo un nuevo marco de relaciones entre ambos más igualitario, ambientalmente respetuoso y socialmente justo.

Pese a su irresistible atractivo como “idea-obús”, la SA ha estado sujeta a controversias. El término “soberanía” y su propia génesis parecen incorporar, de forma implícita, una condición de autosuficiencia en los distintos territorios, dejando fuera del debate las cuestiones referidas al intercambio comercial entre los mismos.  Ello obvia algunas cuestiones complejas como el posible papel del comercio de alimentos en la seguridad alimentaria, especialmente en periodos de escasez o malas cosechas, así como algunos asuntos relativos a las dietas y su variedad o, incluso, en ciertos casos, consideraciones sobre la eficiencia ecológica y la posibilidad de una distribución más inteligente de las tensiones medioambientales sobre los recursos naturales en algunas zonas geográficas.

Además, las propuestas sobre la SA tienden a dejar al margen los problemas asociados a las transiciones. Ya se han mencionado antes las contradicciones  observadas en este sentido en el caso de Ecuador. Pero, más en general, cabe señalar que, en el corto plazo, algunos cultivos de exportación constituyen la principal fuente de ingresos para muchos millones de pequeños productores, cuyas aspiraciones se concretarían en una mejora de su capacidad de negociación económica dentro de la cadena de valor, tal como sostienen Burnett y Murphy 4[4]. De ahí que el paradigma de la SA pueda no resultarles especialmente atractivo, al menos en un horizonte cercano. Otra cuestión relacionada con las transiciones es la que señala Bernstein 5[5], sobre la viabilidad que ofrecen -al menos a  corto plazo- los sistemas agroecológicos y de producción a pequeña escala para satisfacer en cantidad y precio las necesidades de alimentos de los grupos de población más vulnerables, reflexión que puede ampliarse a los requerimientos de una población que en su mayoría vive ya en grandes núcleos urbanos.

En conclusión, la SA se ha erigido como un poderoso argumentario político que pretende cuestionar el sistema agroalimentario que han cimentado las grandes corporaciones y la liberalización del comercio agrario. En ella, las dificultades de desarrollar una estrategia política de transformación global tratan de ser superadas por múltiples acciones a escala local, promoviendo la construcción de nuevas relaciones entre campo y ciudad, entre productores y consumidores, sobre bases más justas, equitativas y solidarias. Sin embargo, la transición hacía ese nuevo sistema presenta aún notables incógnitas y contradicciones, cuya resolución no parece sencilla a corto plazo.

Eduardo Malagón

Profesor del departamento de Economía Aplicada V e investigador del instituto HEGOA (UPV/EHU)

Notes:

  1. FAO (2001): El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2001. Roma
  2. Desmarais, A.A: La Vía Campesina: Globalization and the Power of Peasants. Halifax. Fernwood Publishing.
  3. USDA (2013): Why local food matters: The rising importance of locally-grown food in the U.S. food system – A national perspective. 4th Annual Virginia Women’s Conference.
  4. Burnett, K. y Murphy, S. (2013): What place for international trade in food sovereignty. International Conference about Food Sovereignty: A critical dialogue. 14-15 septiembre de 2013. Conference paper. Yale University.

  5. Bernstein, H. (2013): Food sovereignty: an skeptical view. International Conference about Food Sovereignty: A critical dialogue. 14-15 septiembre de 2013. Conference paper. Yale University

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