Agustín Unzurrunzaga. (Galde 07, verano 2014). Algunos retos europeos en el tema de la inmigración. Destacaría cinco: la política de fronteras exteriores, especialmente la frontera sur; las migraciones en el interior de la Unión y las prestaciones sociales; la política de asilo y refugio en unos tiempos de recrudecimiento de conflictos y desplazamientos de personas; la política ante la minoría rom y las migraciones hacia los países occidentales de la Unión de una parte de ella; el auge de las formaciones de derecha extrema, nacional populistas, neopopulistas xenófobas, y la extensión del discurso de la prioridad nacional, del “welfare chovinismo”. Por razones de espacio, abordaré una parte de ellos.

Según la ONU, en el mundo hay actualmente unos 235 millones de personas migrantes internacionales, y unos 740 millones de migrantes internos, es decir, que se desplazan de unas zonas a otras en el interior del mismo Estado. Los migrantes internacionales representan algo más del 3,2% de la población mundial.

De esos 235 millones de migrantes internacionales, unos 125 millones se dirigen hacia el norte, en un desplazamiento sur-norte y norte-norte, y 110 millones se desplazan hacia el sur, en un movimiento sur-sur y norte-sur.

En la Unión Europea se dan los tres tipos de movimientos, es decir, migraciones internacionales que vienen hacia Europa; migraciones de europeos hacia otros países del norte y cada vez más hacia países del sur; y migraciones en el interior de la propia Unión Europea. La Unión Europea tiene que responder a los tres tipos de movimientos migratorios, y a los diferentes problemas que van con ellos.

La frontera sur

En la Unión Europea convergen varias líneas de fractura migratoria, siendo la más importante la del sur de Europa, la de las riberas del Mediterráneo y la que nos separa de África

¿Cuantos miles de personas migrantes han muerto en los últimos quince o veinte años ante las fronteras de la Unión Europea, intentando acceder a alguno de los países de la Unión, especialmente a España, Italia, Grecia o Bulgaria? Nunca se sabrá con exactitud. Sí sabemos que entre 1998 y 2012 murieron o desaparecieron 19.142 personas en las costas del sur de Europa, más de 1.000 personas por año. Y la sangría ha continuado durante 2013 y continúa en 2014. Y continuará en los años que vienen si las cosas no se modifican profundamente.

Después de la tragedia de Lampedusa del 3 de octubre 2013, en la que fallecieron ahogadas 345 personas de entre las 500 que iban en el barco, con edades comprendidas entre 15 y 25 años, la U.E constituyó un Grupo de Trabajo para reflexionar y hacer propuestas sobre las medidas que convenía adoptar. Se creó EUROSUR, una especie de Frontex dedicada exclusivamente a la frontera Sur, y propusieron treinta y ocho medidas agrupadas en cinco apartados: medidas de cooperación con terceros países; protección regional, reasentamiento y vías legales de acceso a Europa; lucha contra la trata de seres humanos, el contrabando y la delincuencia organizada; asistencia y solidaridad; vigilancia fronteriza para ayudar a salvar vidas.

Como punto de partida, creo que, en buena medida, es más o menos lo de siempre. Y, a la vista de la experiencia, mucho me temo que también ocurra lo de siempre. Es decir, que las cosas se queden como están y con un reforzamiento material y represivo de las fronteras: más vallas, más concertinas, más sistemas de vigilancia, más policías en las fronteras.

África es el único continente en el que a la totalidad de sus habitantes se les exige visado para venir a cualquier país de la Unión Europea. No hay ningún país africano al que se le exima de visado para entrar en el espacio Schengen. A modo de comparación, en América Latina, desde México hasta Chile, solo a las personas provenientes de cuatro estados (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia) se les exige visado de estancia para entrar en el espacio Schengen, y a dos de ellos, a Perú y Colombia, en breve se les quitará esa obligación. Las redes de transporte, de las que eventualmente echan mano las personas inmigrantes, crecen sobre la base de la prohibición, sobre la imposibilidad de salir legalmente de un país para llegar a otro. Y eso ocurre en el sur de Europa y en la frontera con los Estados Unidos de América. Son, en buena medida, la consecuencia directa de la política que se aplica, y no el origen de las penurias de las personas que migran.

Sin una profunda revisión de la política de visados aplicada hasta ahora, este apartado quedará muy rápidamente en letra muerta. E, inevitablemente, aumentará la faceta policial-represiva. Y todo se mirará, como en buena medida se hace ya, desde un punto de vista criminal, metiéndolo en el gran saco de la lucha contra las mafias ¹.

EUROSUR ha permitido salvar vidas, es un hecho. Pero sigue siendo una manera muy parcial de abordar el problema, tal y como viene insistiendo el propio Gobierno italiano, pues es Italia el país del sur de Europa con mayor presión migratoria desde sur en este momento.

Asilo y refugio

Los países de la Unión Europea, unos más que otros, en concreto España, tienen que comprometerse bastante más en materia de asilo y refugio, mostrando, más allá de las palabras, que de verdad quieren aplicar lo que dice el artículo 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

En el año 2013, se tramitaron en el conjunto de la Unión Europea 435.000 peticiones de protección internacional. El 70% de ellas se concentraron en cinco países: 109.580 en Alemania; 60.100 en Francia; 54.260 en Suecia; 29.190 en el Reino Unido y 27.830 en Italia. En España, muy lejos de esas cifras, a la cola de la Unión, las solicitudes ascendieron a 4.502, el 1,03% del total. En proporción al número de habitantes, es Suecia el país que recibe más solicitudes de asilo.

En el primer trimestre de 2014, en el conjunto de países de la Unión, se adoptaron 82.275 decisiones en esta materia, 36.455 positivas y 45.820 negativas.

El maltrato institucional y social hacia las personas roms

Un problema a destacar, que habitualmente queda olvidado y con el que es urgente acabar, es el del maltrato sistemático que se les da a las personas rom, procedentes fundamentalmente de Rumanía y Bulgaria, en el conjunto de países de la U.E. Son ciudadanos y ciudadanas de la Unión, comunitarios a todos los efectos legales, pero que en ningún país son tratados con la mínima atención que requiere su situación de doble marginalidad, social y étnica, que padecen desde hace muchísimo tiempo.

Las personas roma o gitanas están presentes en la totalidad de los países de la Unión Europea. Es una comunidad compuesta por algo más de 6 millones de personas, pero con un claro sentido de pertenencia nacional y, sobre todo, familiar. Por lo tanto, además de roms, son migrantes rumanos o búlgaros.

Ante las migraciones, más bien pequeñas en números globales, de roms del Este de Europa hacia la parte occidental, acelerada, como es normal, con la entrada de Rumanía y Bulgaria en la Unión, algunos políticos relevantes, como el primer ministro francés Manuel Valls, se han apuntado a la estúpida teoría de su inintegrabilidad en los países de Europa occidental. Teoría que utilizan como argumento de fondo para propugnar el desmantelamiento de los asentamientos que van construyendo. Así, en el año 2013, en el país vecino se desmantelaron 165 asentamientos, que afectaron a 19.380 personas, algo más del doble que en el año anterior.

El 90% de las personas gitanas del conjunto de la Unión Europea viven en situación de pobreza. En el ámbito educativo, en algunos países, como Hungría, Grecia o Eslovaquia, se aplican políticas de segregación, que habitualmente van acompañadas de políticas de segregación espacial.

Desgraciadamente, los ejemplos de trato positivo en su periplo migratorio hacia el oeste, son muy escasos. No es fácil encontrar ejemplos como los de Balda Txuría y Balda Berdea en Astigarraga y Hernani, con procesos de cinco años, con apoyo municipal y de otras instituciones, o como el del “Village de la solidarité” en Indre, pequeño pueblo de 4.000 habitantes en el Departamento de Loira Atlantique, que acoge en bungalows a cinco familias rom desde hace cuatro años.

Y, sin embargo, creo que son ese tipo de experiencias, por pequeñas y locales que sean, las que marcan otro camino, el de la búsqueda de su inserción social e integración.

Migración intercomunitaria

La crisis que padecemos desde hace ya seis años ha acelerado las migraciones en el interior de la Unión, especialmente desde los países del sur de Europa hacia los del norte, y a otros fuera de Europa, como Estados Unidos y Canadá.  Emigran o reemigran mayoritariamente personas jóvenes, con altas cualificaciones. Y como siempre ocurre, quienes emigran o reemigran son personas que, además de buscar un trabajo y trabajar, viven. Y como comunitarias que son, esperan ser tratadas como tales, sin que se les apliquen criterios de prioridad nacional, bandera histórica de las derechas extremas europeas, que cada vez más, dejando de lado la vergüenza, es enarbolada por algunos dirigentes de las derechas clásicas.

Pero la realidad empieza a ir por el lado de la discriminación. El 2 de julio de 2012, la Comisión Europea remitió al Parlamento una comunicación sobre orientaciones para una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Es esa comunicación la que introduce o interpreta la Directiva en el sentido de que las personas extranjeras, incluidas las comunitarias, beneficiarias del derecho de residencia no podrán ser expulsadas mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social. Por lo tanto, podrán ser expulsadas, u obligadas a abandonar el país si se convierten en una carga excesiva. ¿Y que es una carga excesiva, como se mide? Pues nadie sabe muy bien, pero permite a los gobiernos aplicar el criterio restrictivo. Ya lo ha hecho Bélgica, calculando que a partir de los tres meses la carga es excesiva, y en breve lo hará Alemania, que eleva el plazo a seis meses. Y gran Bretaña va en la misma dirección. Y muy probablemente, otros les seguirán. Necesitan mano de obra cualificada, al tiempo que empiezan a aplicar criterios de prioridad nacional en materia de prestaciones, incluidas las personas comunitarias. Por un lado se busca la movilidad laboral de la mano de obra cualificada, y por otra se recortan derechos.

Como siempre que quieren recortar derechos y prestaciones, utilizan el señuelo de poner por delante a las personas más estigmatizadas, en este caso a las provenientes de Rumanía y Bulgaria. Pero es  un juego macabro, pues el recorte no va a afectar sólo al grupo más estigmatizado, sino a la totalidad de las personas extranjeras, incluidas las comunitarias que vivan allí.

Dentro de ese ambiente general, el domingo 9 de febrero, las y los electores suizos votaron en referéndum contra la libertad de desplazamiento en el ámbito de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, decisión que afecta de lleno a las personas migrantes de los países comunitarios que trabajan en Suiza ². Aunque todavía queda por ver como se plasmará en normas esa decisión, es evidente que va a tener repercusiones tanto para unos como para otros, pues la Unión Europea no puede dejar sin respuesta una restricción proveniente de un país cuyos habitantes gozan del derecho a la libre circulación en el interior de la Unión.

Estamos en una fase restrictiva, en la que los discursos neoconservadores y populistas de derecha extrema condicionan fuertemente las políticas de inmigración y extranjería en el conjunto de la Unión Europea. Pero, por otro lado, todo apunta a que la mundialización y la regionalización de los flujos migratorios se acentuarán Por lo que, digan lo que digan quienes abogan por políticas discriminatorias de prioridad nacional, tendremos que seguir hablando y abordando la cuestión de cómo vivir mejor juntos.

Donostia, 7-9-2014

Agustín Unzurrunzaga