Recursos públicos para el futbol

Javier Olaverri Zazpe. (Galde 07, verano/2014). El caso de Anoeta. Supongo conocido el hecho de que una sentencia ha anulado el planeamiento urbanístico que permitía remodelar Anoeta, a fin de eliminar las pistas de atletismo y, sobre todo, ubicar 15.800 m2 de oficinas. Este plan urbanístico, aprobado por unanimidad de los partidos, pretendía financiar el nuevo campo con el producto de la recalificación urbanística y junto con la financiación pública del nuevo campo de San Mamés Berria, refleja la capacidad de los clubs de fútbol de imponer a los políticos gastos superfluos incluso en épocas de tantas penurias económicas como las actuales.

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El hábito de financiar públicamente a los clubs de futbol es proverbial. El Tribunal de Cuentas acaba de publicar que en el quinquenio 2007-2011 las diputaciones han subvencionado al Athletic y a la Real con 13,4 millones y 7,7 millones de euros respectivamente. De estos últimos ya fueron declarados ilegales por el propio tribunal los 6 millones concedidos por la Diputación guipuzcoana en el 2009, al igual que ya se habían declarado ilegales otros 11,3 millones dados en el año 2002 para financiar el 100% de las obras de Zubieta.

No están incluidas en esas cifras las cuantiosas sumas que las diputaciones han pagado en concepto de patrocinio, algo declarado ilegal por el mismo tribunal a principios de siglo. Pero, pese a esa ilegalidad, nos enteramos con sorpresa de que en el año 2012 la Diputación volvió a “patrocinar” a la Real con 847.457 euros. Lo curioso es que el citado patrocinio inicialmente estaba cifrado en 1,2 millones pero no llegó a ser aprobado por la corporación del PNV, pese a la cual Bildu ha decidido pagarla, eso sí, rebajando la cantidad como si eso fuera un signo de rupturismo. (¡)

Tampoco están incluidos en esos cálculos las condonaciones fiscales y otros tratos de favor fiscal realizados por la hacienda vasca. En Bizkaia hay una normativa especial en el IRPF de los futbolistas profesionales, cuyo coste anual se desconoce pero que es muy significativo. En el año 2009 la Diputación condonó a la Real una sanción fiscal de 6,4 millones de euros y al año siguiente, dentro del proceso concursal, aceptó nuevas condonaciones por valor de 1,5 millones, además de convertir en créditos participativos a 25 años y un tipo de interés de tan solo el 0,4% otros 22 millones de deuda fiscal preferente. Para comparar lo que significa ese trato de favor, baste decir que en los 40.000 concursos realizados en los últimos años, la hacienda estatal ha condonado de media solo 1.900 euros.

Pero no acaba ahí la panoplia de ayudas. La administración pone a disposición de los clubs, a precios ridículamente bajos, los campos de futbol que son de propiedad pública. Según reconoce la propia memoria de la Real, el Ayuntamiento le subvenciona de esta manera con 1,5 millones de euros anuales. En el caso del Athletic, la cantidad supera ampliamente los 3 millones de euros.

No resulta fácil de comprender la razón por la que las administraciones, habiendo tantas necesidades de gasto social, acceden a subvencionar tan generosamente unos equipos que pagan sueldos millonarios a los jugadores. Solo conozco dos argumentos:

a.- La Real es Gipuzkoa y viceversa, por lo que la administración debe ser generosa.

Este argumento es una verdadera ignominia intelectual pero es muy usada por los directivos y algunos aficionados, como forma de eludir el debate. Me parece un insulto a los ciudadanos, que por lo que se ve no tenemos nada más valioso que nos une y además roza el ridículo cuando el Eibar sube a primera. ¿Qué hacemos con los seguidores del Eibar, o del Athletic, que hay en Gipuzkoa? ¿Los quemamos por herejes? ¿Y también quemamos como ateos a los que no son aficionados a la Real?

b.- Los clubs profesionales de futbol mueven mucho dinero para la economía local, por lo que se les debe compensar.

Para ello se suele sumar el verdadero impacto económico del club, en el caso de la Real 45 millones de euros y en el caso del Athletic 68, con los gastos indirectos y la cadena de arrastre económico que conlleva cualquier actividad empresarial, de manera que finalmente se “aparenta” mucho mayor efecto económico. La falacia del sistema consiste en olvidar que si no hubiera fútbol la gente gastaría ese mismo dinero en otras actividades distintas, las cuales también generarían gasto indirecto y arrastrarían a otros sectores de la economía. Y que es más útil para la sociedad: ¿gastar dinero vasco en pagar sueldos a futbolistas extranjeros o destinarlos, por ejemplo, a actividades locales de cultura, deporte, o investigación? Y la respuesta no es favorable al fútbol precisamente.

Frente a esos argumentos de los clubs se levantan los de la racionalidad pública. ¿Cómo es posible pedir la destrucción de un campo seminuevo, como es Anoeta, por el capricho de quitar las gradas para ver un poco más cerca a los jugadores? En la televisión se ve muchos partidos internacionales que se juegan en estadios con pistas de atletismo. La propia Real ha conseguido el subcampeonato de liga y la clasificación para Europa con el actual estadio, o sea que no debe ser tan malo el campo. Es solo desde una soberbia propia de las antiguas ordenes mendicantes como se puede pedir a la administración, que ya le está regalando a la Real su actual campo, que haga el despilfarro de destruirlo y que le cofinancie, con recalificaciones urbanísticas y con dinero, el capricho de tener un campo más cómodo y proporcionalmente más grande que el Athletic.

Y si los políticos tragan es porque creen que los hinchas de futbol les castigarían electoralmente si no aceptan las exigencias de los clubs. Y yo creo que eso es falso, pues tras la sentencia han sido muchos más las personas desconocidas que se me han acercado a felicitarme por la sentencia que a reprochármela. Y muchos de los que me han felicitado se han identificado expresamente como seguidores de la Real.

Por lo tanto ya es hora de reaccionar ante esta degradación de la res pública y recordar a los funcionarios que tienen responsabilidad en velar por la legalidad de los actos de la administración, fiscales incluidos, que no pueden seguir haciendo el Tancredo. Que si el tribunal de cuentas dice que algo es ilegal hay que tomar medidas para recuperar ese dinero mal gastado y para que no se repita. Y si los funcionarios no funcionan, los ciudadanos tendremos que protestar y acudir a los tribunales para evitarlo, o a la Unión Europea, cuya división de competencia tiene la tarea de evitar que el dinero público falsee la igualdad entre los clubs.

Y está la reflexión política. ¿Cómo se puede haber dejado Bildu abducir tan pronto por la Real? Con la legalidad vigente en Anoeta no se puede hacer ninguna obra porque el Plan General no lo permite y además porque la cláusula decimoprimera, apartado 1, del contrato que liga al Ayuntamiento con la Real señala que las obras del estadio que respondan a un interés del club deben ser pagadas íntegramente por el mismo. ¿A qué viene por lo tanto ese anuncio del gobierno Bildu de un concurso para remodelar el estadio en septiembre y donde se supone que habrá 10 millones de dinero público para ayudar a esa remodelación? ¿Es que acaso no sabe Bildu que ese concurso es ilegal, porque además de que no que se puede modificar el estadio, tampoco hay concurrencia posible, al tener la Real el derecho a usar el estadio gratis hasta el año 2033? ¿A qué jugamos?.

Y a estas alturas solo se me ocurre una pregunta: ¿No sería bueno consultar a la ciudadanía sobre si está dispuesto a remodelar Anoeta, aclarando previamente el coste de la operación y la forma de financiarlo? ¿Estaría Bildu dispuesto a ello? Yo desde luego creo que es un tema fácil de explicar, de interés evidente y donde la opinión pública está dividida. Y creo que, salvo que la Real acepte pagar el 100% de la obra, ganaríamos por goleada quienes nos oponemos a la remodelación.

 

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Una pregunta capciosa sobre el coste de la obra.

La Real viene manejando diversas cifras para el coste de remodelar Anoeta. Inicialmente en el expediente municipal  hablaba de un coste (sin IVA)  de 71,545 millones de euros, de los que el coste de las torres era 7,25 millones. En la versión definitiva lo bajó a 62,5 millones. Cuando salió la sentencia, el Sr. Alperribay dijo que el coste total era de solo 48 millones de euros, de los que 5 millones se debían al coste de  las oficinas. Prometió que rebajaría el coste de los 43 millones resultantes a 40 millones. Posteriormente en la prensa se habla de que el coste será de 50 millones.

Por el contrario los datos históricos son elocuentes. El campo actual costó en su día 12,6 millones de euros, que equivalen a 24 millones de euros actuales. ¿Cómo es posible que aumentar el aforo en un tercio de lo existente cueste 50 millones, es decir el doble de lo existente?. ¿Cómo es posible que construir San Mames Berria, que es solo 1,8 veces mayor que el primitivo Anoeta, cueste 170 millones, es decir,  7 veces más? En este país donde vemos que junto al coste de la obra  hay casi siempre un coste añadido en sobres, vale hacerse la pregunta en voz alta.

Javier Olaverri Zazpe

Categorized | Economía, Política, Sociedad

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